Karla Mariana Morales Capistran

Expediente 21/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
21/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Karla Mariana Morales Capistran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de marzo del actual, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que se negó el amparo y la protección de la justicia de la unión. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Córdoba, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen; solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido y a la certificación de cuenta, se advierte que se dictó sentencia el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno auxiliar 162/2023-II, de su índice, formado con motivo del presente juicio de amparo 21/2023, promovido por ***************** En consecuencia, agréguese el oficio y anexo de cuenta; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); notifíquese a las partes dicha resolución; y acúsese el recibo correspondiente. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público adscrito, y por lista de acuerdos al tercero interesado; y por oficio a la autoridad responsable. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA LA SENTENCIA EMITIDA EN EL PRESENTE ASUNTO, LA CUAL DICE: SEXTO. Son infundados, inoperantes y fundados pero inoperantes, los conceptos de violación esgrimidos, sin que este juzgado advierta queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Para mejor comprensión del asunto, se estima necesario destacar los siguientes antecedentes del acto reclamado: (...) Ahora bien, en primer término, la impetrante expone en su demanda de amparo como conceptos de violación, lo siguiente: (...) A fin de emprender el análisis de dichos motivos de inconformidad, en primer término, debe destacarse que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las normas relativas a los derechos humanos se deben de interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, de modo que se otorgue a las personas la protección más amplia. En ese sentido, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de proteger el derecho humano de acceso a la justicia, señala que las autoridades responsables están obligadas a fundar y motivar debidamente, por escrito, cualquier acto de molestia que pueda afectar a una persona, en la inteligencia de que los fundamentos jurídicos y la motivación respectivos deben ser congruentes con el fondo de la decisión que se emita. Ahora, en cuanto a la pensión alimenticia provisional, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establece "Articulo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario. En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario". El transcrito precepto legal dispone que, en los casos en que se reclamen alimentos, en el auto en que se dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, el Juez podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia puede ser provisional o definitiva, y se presenta en dos etapas procedimentales: la primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; mientras que la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador está en mejores condiciones de normar su criterio. Dicho numeral también establece que cualquier reclamación sobre la pensión alimenticia provisional se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda y, previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado y que contra esta resolución no procede recurso ordinario. En este orden de ideas, es importante precisar que, respecto al tema de la pensión alimenticia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterio por contradicción en el que sustentó que para determinar el monto por dicho concepto, se debe atender primordialmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva; lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, conforme lo que al efecto se señala, para el caso en análisis, en el artículo 242 del Código Civil en el Estado de Veracruz, que dispone "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos". Así, una vez decretados los alimentos en cierto porcentaje, en favor de los acreedores alimentarios, y éstos aleguen que dicho monto deviene insuficiente o, en su defecto, el deudor los considere excesivos; se deberá atender a a) Las particularidades del caso. b) Material probatorio existente en el sumario, mismo que deberá justificar el estado de necesidad de los acreedores. c) La capacidad del obligado para satisfacer esa necesidad. Ello, para efecto de considerar adecuada la conclusión arribada en la pensión primeramente fijada. Similares lineamientos imperan para el hecho de que el juzgador considere necesario regraduar el monto inicialmente decretado por concepto de pensión alimenticia provisional. Luego, tenemos que la modificación de la pensión alimenticia sólo procederá al acreditarse la existencia de causas supervenientes que tengan como consecuencia demostrar que las posibilidades del deudor o las necesidades del acreedor no son acordes con la pensión alimenticia provisional inicialmente fijada. Asimismo, es dable hacer especial énfasis en que, al resolver el recurso de reclamación, el Juez únicamente se encuentra facultado para disminuir o incrementar el monto o porcentaje de la pensión provisional decretada, pero no para cancelarla, esto, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación "..." Ahora bien, de la lectura integral del acto reclamado se advierte que la autoridad responsable citó los artículos del Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que regulan la obligación de dar alimentos, la procedencia y el trámite que se debe dar a la reclamación, de igual forma, expresó las causas que lo llevaron a adoptar la decisión combatida, así como la valoración de pruebas. Ante estas circunstancias, es evidente que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado, conforme a lo que dispone el artículo 16 de la Constitución General de la República. Además de que se advierte que el juez responsable sí consideró las documentales anexadas por la quejosa y les otorgó valor probatorio; empero, determinó que resultaban insuficientes para regraduar la pensión alimenticia decretada. Lo que se considera legal, porque se comparte lo establecido en el acto reclamado, relativo a que si bien en la clausula quinta del convenio celebrado en el juicio 4388/2016, se estipuló que la hoy quejosa en ese momento no contaba con empleo y que para cumplir con sus obligaciones alimentarias, se haría cargo de los gastos que sus hijos necesitaran los días que éstos se encontraran bajo su cuidado; lo cierto es que la impetrante no aportó algúna prueba que demostrara haber cumplido con ese convenio; aunado a que el hecho de que no contara o no cuente con empleo tampoco la exime de cumplir con sus obligaciones alimentarias. También es verdad que en la misma cláusula la aquí impetrante se compremetió a cubrir el cincuenta por ciento de los gastos de escuela, útiles escolares y cualquier otra erogación inherente al pleno desarrollo de los menores, sin que haya aportado alguna probanza que demostrara haber cumplido con dicha obligación. De igual manera, se comparte lo sostenido por el juez responsable, relativo a que el hecho de que la quejosa manifestara que se haría cargo de proveer alimentos a sus hijos cuando se le permitiera tenerlos, no la exime de dicha obligación que le es impuesta en el artículo 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz;lo anterior, en virtud de que los alimentos son irreunuciables, imprescriptibles y no pueden se objeto de transacción, según lo dispone el primer párrafo del artículo 251 del Código Civil para el Estado de Veracruz. Con base en todo lo anterior, se estima legal que en el acto reclamado se sostuviera que la quejosa no realizó manifestación alguna, ni ofreció prueba con la que demostrara imposibilidad para cumplir con la pensión alimenticia impugnada, debido a que los argumentos y documental que aportó resultaron insuficientes para tal efecto. En otro aspecto, la parte quejosa argumentó, en esencia, que el tercero interesado dolosamente dejó de vivir en el domicilio que tenía establecido en el convenio, sin dar aviso a la impetrante, según se desprende de la constancia de dos de diciembre de dos mil veintiuno, lo que trajo como consecuencia que ésta última incurriera en incumplimiento, al estar impedida para convivir con los menores y cumplir con su obligación alimentaria. Sin embargo, dicho motivo de inconformidad se considera inoperante, porque no fue motivo de agravio en los argumentos expresados al interponer el recurso de reclamación y, por tal motivo, la autoridad responsable no tuvo obligación de atenter tal aspecto al resolver dicho medio de impugnación. De modo que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para pronunciarse al respecto, debido a que al hacerlo se estaría sustituyendo indebidamente en las funciones propias del juez responsable. Apoyan lo anterior, por su contenido y alcance, los criterios de rubros, textos y datos de localización siguientes: "..." Finalmente, la quejosa argumentó que se violentó en su perjuicio el derecho humano a la justicia pronta y expedita, debido a que la autoridad responsable tardó más de seis meses en resolver el recurso de reclamación. Dicho motivo de inconformidad es fundado debido a que es verdad que en acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós (página 1 del anexo electrónico II), se turnaron los autos para dictar la resolución de reclamación y el acto reclamado se dictó hasta el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, es decir, más de seis meses despues, no obstante que el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establece que dicha resolución debió dictarse dentro del término de tres días. Sin embargo, dicho motivo de inconformidad es inoperante, porque no existe la manera de reparar esa violación, debido a que es materialmente imposible obligar a la autoridad responsable a que resuelva dentro de ese término. En mérito de lo anterior, al resultar infundados, inoperantes y fundados pero inoperantes los conceptos de violación formulados por la parte impetrante, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, cabe precisar, que los criterios citados a lo largo de esta ejecutoria son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la Ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. SÉPTIMO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto hayan causado estado, señalada en términos de los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. Esta consideración encuentra sustento en los criterios números 11/2009, 15/2009 y 1/2011, emitidos por la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en las respectivas sesiones de veinticinco de junio y uno de octubre de dos mil nueve, así como de veintisiete de enero de dos mil once, que resultan orientadores aun cuando se hubieren emitido dentro de un marco jurídico abrogado, por estar acordes con el contenido de las actuales Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; criterios cuyos rubro y texto, refieren "..." OCTAVO. Toda vez que se ha dictado la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto 21/2023, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, infórmese por oficio a la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de esta Región, para que realice las anotaciones correspondientes; finalmente, como se señaló en el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, en atención al Punto de Acuerdo 19/2021 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 162/2023-II de este juzgado. Por lo expuesto y con fundamento además en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ************ en el juicio de amparo 21/2023, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, contra la autoridad responsable y acto reclamado que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los fundamentos y motivos expuestos en el diverso considerando sexto de la misma. SEGUNDO. Queda esta sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta sentencia. TERCERO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 162/2023-II de este juzgado. CÚMPLASE.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintidós de febrero del año en curso, mediante el cual se declaró prescrita la garantía otorgada por el quejoso Mario Ramón Herrera Juárez, a favor del Erario Federal; por tanto, con fundamento en los artículos 2o. y 97, fracción I, inciso e), de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHO AUTO para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en cumplimiento al proveído de diez octubre de dos mil veintidós, se ordena remitir el billete de depósito N 649198, expedido a su favor, por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., por la cantidad de $6,728.80.00 (seis mil setecientos veintiocho pesos, ochenta centavos, moneda nacional), al Tesorero de la Federación, para que su monto sea aplicado en favor del Erario Federal. En ese entendido, se requiere al Tesorero de la Federación para que en el término de tres días contados a partir de la recepción del presente oficio, acuse de recibo, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese, por lista al quejoso por así estar ordenado en autos.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

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