Karla María Munguía Córdova

Expediente 477/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
477/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Karla María Munguía Córdova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE INTERPONE RECURSO)

  2. Principal

    Juicio de amparo 477/2023 A-II Certificación. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico que los autos del presente asunto se integran por lo siguiente: 1) Informes justificados rendidos por el director de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora, en representación del gobernador del Estado de Sonora; director general del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora; director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, en representación del secretario de gobierno; director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora; y, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora,todos con sede en esta ciudad. 2) Emplazamiento de la representación social de la adscripción; y, 3) Prueba documental, ofertada por la quejosa en su escrito inicial de demanda; así como las documentales ofrecidas por el director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora (disco versión digital). Asimismo, hago constar que: 1) En el auto de radicación, este juzgado estimó que, dada la naturaleza del acto, no existía tercero interesado; y, 2) Ya transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impusieran de la totalidad de las constancias que integran el presente sumario. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy fe. María Guadalupe Noriega Vega Secretaria de juzgado Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las autoridades responsables. El juez acuerda: se tiene por hecha la anterior certificación. Por otra parte, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los informes justificados. Asimismo, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con la prueba documental ofertada por la quejosa en su escrito inicial de demanda; así como las documentales ofrecidas por el director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora (disco versión digital). El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para realizarlos; se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 477/2023 A-II; y, Resultando Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el tres de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el cuatro posterior, por razón de turno a este Juzgado de Distrito, Karla María Munguía Córdova solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Congreso del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Por proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Considerando Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la aplicación del artículo que se estima inconstitucional, tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: Del Congreso, gobernador, secretario de Gobierno y director general del Boletín Oficial y Archivo, todos del Estado de Sonora, en el ámbito de sus respectivas competencias: ? La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en específico los numerales 188, 246, fracción I, 249, 289 y 292 Bis. ? La discusión, aprobación y expedición de la Ley 94 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. c) Del director general de Recaudación, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad: ? La aplicación de los artículos referidos a través de la recaudación del impuesto y contribuciones referidas en los mismos, consignadas en el recibo de pago electrónico con folio 314C1-0001-379100276638, de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados al Congreso, gobernador, secretario de gobierno y director general del Boletín Oficial y Archivo, todos del Estado de Sonora, al así haberlo manifestado al rendir el informe justificado correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas es un hecho notorio que no está sujeto a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por encontrarse publicadas en el órgano de información local, desprendiéndose la participación de las autoridades en el proceso de creación de la norma. Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Igualmente, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." De igual forma, la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, se corrobora con la prueba documental exhibida por la propia parte quejosa, consistente en el recibo de pago electrónico con folio 314C1-0001-379100276638, de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, expedido por la dirección general de Recaudación, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. Causas de improcedencia Una vez que se fijaron los actos reclamados y se acreditó su existencia se procede al estudio de las causales de improcedencia, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente en el juicio de protección de los derechos fundamentales, tal como lo establece el precepto 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 observable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, Materia Común, Octava Época, de contenido: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este órgano de control constitucional advierte de oficio que respecto de los actos reclamados consistentes en el refrendo y publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, en específico los preceptos 188, 246, fracción I, 249, 289 y 292 Bis, imputados al secretario de Gobierno y al Director General del Boletín Oficial y Archivo, ambos del Estado de Sonora, se actualiza la causa de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con la parte final de la fracción III del diverso numeral 108, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues, contrario a lo expuesto por el quejoso, no fueron reclamados por vicios propios. En el caso, la parte quejosa reclamó por vicios propios el refrendo de la ley cuyos artículos se reclaman, sin embargo, del análisis íntegro de la demanda de amparo únicamente se hicieron valer argumentos dirigidos a cuestionar el contenido de la norma, sin que se haya atacado en forma destacada el refrendo del decreto promulgatorio o la misma publicación. De igual manera, en cuanto a la omisión de la publicación de la guía EBC en el boletín oficial, no realizó argumentos en el sentido de que ello fuera imputable al director del citado medio de difusión oficial; pues al respecto señaló que, por falta de disposición en la que se imponga la publicidad de las diversas guías o publicaciones que serán considerados como base del tributo, es que se encuentra en un ámbito de incertidumbre sobre la cuantía que debe soportar a fin de dar cumplimiento con el impuesto sobre traslación de dominio vehicular, documento que refiere desconoce por quién será expedido; empero, no alega que dicha omisión se deba a vicios propios de la actuación de la autoridad en mención. Por tales motivos, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables antes referidas. En diverso aspecto, la autoridad responsable director general de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, aduce que en el caso en particular se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII, XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. La responsable en cita, en esencia, expone, que en el caso en concreto la agraviada cuestiona la constitucionalidad de los artículos 188, 246, fracción I, 249, 289 y 292 Bis todos de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación que adujo fue el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, sin embargo, se autoaplicó el sistema tributario que tilda de inconstitucional, por tanto, es innegable que ha consentido tácitamente dicho sistema, por no impugnarlo dentro del término que se refiere la propia Ley de Amparo. Es fundado el argumento que hace valer la responsable por las razones que enseguida se expondrán. En efecto, con base en los dispositivos legales impugnados, es factible sostener que para efecto de determinar el cálculo del pago para el sostenimiento de las universidades del Estado de Sonora, para el fortalecimiento de la infraestructura educativa y contribuciones para el consejo estatal de concertación para la obra pública, las personas físicas o morales que realicen pagos por diversos conceptos previstos en la propia ley de ingresos del Estado de Sonora, se les aplicará las contribuciones referidas, que tienen el carácter de adicionales del impuesto principal denominado "impuesto sobre traslación de dominio de bienes muebles", es decir, la obligación de hacer el pago conducente que impone la ley, no surge en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación. En el caso, al ciudadano que reporte pago por concepto de traslación de dominio de bienes muebles, será a quien se le sujetará al cobro de las contribuciones adicionales tildadas de inconstitucional, por lo tanto, en el caso estamos ante una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, es en un caso concreto. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 55/9711, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 198200, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 5, con rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Precisado lo anterior, en el caso, se considera que emerge la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Para así considerarlo, es menester recordar que la parte quejosa reclama, en esencia, la inconstitucionalidad de los artículos 246, fracción I, 249, 289 y 292 bis, de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, específicamente, concretizado con el cobro en el recibo de pago electrónico con folio 314C1-0001-379100276638, de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se advierten los conceptos que le son aplicados y que reclama en esta vía constitucional. Sin embargo, de las constancias que integran el sumario, en específico de la copia certificada del recibo oficial 310C3-0001-378300165136, de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, exhibida por el director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se advierte que la parte quejosa consintió el pago de las contribuciones que reclama, consistentes en "Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora", "Contribución para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública" y "Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa", previstas en los artículos 246, fracción I, 249, 289 y 292 Bis, de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, ya que en la citada data realizó pagos por renovación de licencia de automovilista, y en dicho recibo se le cobraron las contribuciones adicionales contenidas en los numerales en cita, por lo que se autoaplicó las normas tildadas de inconstitucionales. Por tanto, el pago realizado mediante recibo oficial con folio 314C1-0001-379100276638, de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, no es el primero de aplicación de dichos preceptos, sino posterior al referido en el párrafo previo. En consecuencia, acorde a lo expuesto, debe decirse que si en la documental antes referida, para el pago de derechos por concepto del impuesto de expedición de tarjeta de circulación, revalidación de placas y sus accesorios, que la autoridad administrativa expide, en la cual se determina el importe de la obligación fiscal que debía pagarse y además se precisa el nombre del contribuyente, el concepto del trámite, la fecha de presentación de la solicitud y la orden de enterar dicha cantidad, resulta inconcuso que ello constituye un acto de aplicación de la ley, pues define de manera particular la situación jurídica de la causante frente al supuesto previsto en la norma, al determinar el importe de los derechos que deberá pagar por el trámite realizado. Es decir, desde el momento de su expedición materializa los efectos jurídicos de la norma, entonces, se tiene que la quejosa no reclamó los artículos que la constreñían a pagar los impuestos que reclama como inconstitucionales cuando se le patentizó el primer acto de aplicación, que lo fue al realizar el pago del recibo oficial 310C3-0001-378300165136, de veintiocho de abril de dos mil veintiuno. En esa intelección, es incuestionable que al menos desde esa fecha se enteró del cobro de las contribuciones que reclama, consistentes en "Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora", "Contribución para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública" y "Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa", previstas en los artículos 246, fracción I, 249, 289 y 292 Bis, de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, que reclama; de tal manera que si la demanda de amparo fue depositada el tres de abril del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es evidente que dicha presentación se realizó fuera del plazo de los quince días a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto que se reclama, que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la quejosa promueve el juicio de amparo reclamando una ley con motivo de su aplicación pero no en relación del primer acto, sino del segundo o subsecuente, el juicio de amparo en tal hipótesis es improcedente. Resulta aplicable a dichas consideraciones la jurisprudencia P. 30, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, que expresa: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial No. 273 de la Octava parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del |primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria." Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio alguna otra causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, en cuanto a la constitucionalidad de la normativa reclamada. Estudio de fondo respecto a la inconstitucionalidad de la ley En otra parte de sus conceptos de violación la parte quejosa aduce que los artículos 188, 246, fracción I, 249, 289 y 292-Bis, de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, así como la Ley 94 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Estado, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, transgreden en su perjuicio el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al gravar el cumplimiento del diverso tributo de traslación de dominio vehicular, sin que se atienda a la verdadera capacidad contributiva del gobernado, es decir, los artículos referidos son contrarios a la Constitución al enterar una contribución adicional a los pagos que se realizan. Es fundado el motivo de disenso sintetizado. Son fundados los motivos de disenso. V.I En relación con el artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora En principio, conviene precisar que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, a través del citado recibo de pago, en el que se le cobraron tanto el impuesto por traslación de dominio vehicular (cambio de propietario), así como las contribuciones adicionales consistentes en el impuesto para el sostenimiento de las universidades de Sonora, la contribución para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y la contribución para el fortalecimiento de la infraestructura educativa, también tildadas de inconstitucionales. Señala que el artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, contraviene en su perjuicio el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, Constitucional, pues no se encuentra regulada la base gravable. Ello, estima, toda vez que dicho precepto establece que tratándose de la traslación de dominio de automóviles de hasta diez años de antigüedad, la base gravable será el valor de compra que se determine en base a la guía "EBC", referencia oficial de información para comerciantes de automóviles y aseguradoras en nuestro país sobre precios de vehículos usados, vigente al mes de noviembre del año anterior al de la aplicación de la ley. Añade que la falta de disposición normativa que imponga la publicidad de la guía que será considerada como base del tributo, al no estar ordenada en la legislación relativa su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, le ha hecho desconocer el valor consignado en ésta para el vehículo que adquirió, pues se le impide conocer la forma en que se calculará la base gravable de donde depende esa carga impositiva. Y que si bien en el artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, se estableció que dicha guía debería publicarse en el Boletín Oficial del Estado, a la fecha del pago del impuesto no se había hecho. Lo anterior es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional, sin que sea necesaria su transcripción, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. A fin de explicar lo anterior, resulta oportuno invocar el criterio sustentado por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 37/2007. En la ejecutoria de la cual deriva la referida jurisprudencia, el Alto Tribunal resolvió la contradicción de tesis sustentada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, los cuales, al interpretar el artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, donde al igual que el arábigo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, se determinó que para establecer la base del impuesto sobre la transmisión de propiedad, tratándose de vehículos usados, debía atenderse al valor comercial del automotor, tomando como referencia el que apareciere en las guías y publicaciones de precios sobre automóviles usados que existen en el mercado. Del análisis de la ejecutoria de mérito destaca el criterio emitido sobre el tópico que se atiende por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el cual consideró que tomar como referencia las guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados existentes en el mercado, propiciaba la aplicación por la autoridad de criterios subjetivos, fuera de aspectos de vinculación económica y fiscal, que lleven a la realidad ideal de la base del impuesto, lo cual origina un margen legal indefinido que deja al arbitrio de la autoridad la determinación de un valor comercial, con peligro de apreciaciones meramente subjetivas. Al resolver la controversia planteada, el Alto Tribunal estimó que la disposición legal combatida no era violatoria del principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues en el precepto legal objeto de estudio sí se precisaba con claridad la base del impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos usados, tomando como referencia el valor comercial del vehículo que aparezca en las guías y publicaciones de precios sobre automóviles usados que existen en el mercado; máxime que es criterio de ese Máximo Tribunal el hecho de que una autoridad administrativa determine, calcule o publique alguno de los elementos que repercuten en el monto al que ascenderá una contribución, no constituye por sí mismo una transgresión al principio de legalidad tributaria, pues para acatarlo basta que la disposición formal y materialmente legislativa aplicable prevea y precise el procedimiento o mecanismo que dicha autoridad debe seguir, con tal precisión que, atendiendo al fenómeno que se pretende cuantificar, impidan su actuación arbitraria y generen certidumbre al gobernado sobre los factores que inciden en sus cargas tributarias. Asimismo, estableció que si la ley únicamente dispone que ese valor precio debe tomarse en cuenta para efectos tributarios, sin precisar el mecanismo que seguirá para conocerlo, ello no implica dejar al arbitrio de la autoridad la fijación del monto correspondiente, pues al señalar que debe considerarse el valor que las fuerzas del mercado fijan en un momento específico a un determinado bien o a un indicador económico, la actividad técnica de la autoridad administrativa se limita a capturar la realidad económica, lo que no significa comparar datos observados en diversos momentos, sino simplemente acudir a lo que en un momento dado revela el mercado, por lo que no queda al arbitrio de órganos ajenos al poder legislativo la determinación de los elementos que trascienden al momento de las cargas tributarias de los gobernados, pues será la realidad económica que se ordena valorar y no la voluntad de las autoridades administrativas la que determine la afectación patrimonial que una contribución o una obligación tributaria accesoria representa para los gobernados, sin desconocer que el órgano técnico competente puede incurrir en una aplicación incorrecta de la ley por una apreciación equivocada de esa realidad. Finalmente, precisó que las circunstancias antes indicadas operan para el artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, pues la autoridad recaudadora, para calcular el impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos usados, tomaría como base el valor mayor entre el de la operación (compra-venta) y el valor comercial (vehículo usado), pudiendo la autoridad administrativa utilizar para esto último el valor que se establezca en las diversas guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados que existen en el mercado, esto es, regirse por el principio de la oferta y la demanda, que por sí mismo no constituye una transgresión al principio de legalidad tributaria, pues al señalar que debe considerarse el valor que las fuerzas del mercado fijan en un momento específico a dicho bien (automóvil usado), la actividad de la autoridad recaudadora se limita a capturar la realidad económica, que significa atender lo que revelan los factores del mercado en la materia, y de ahí que no quede al arbitrio de órganos ajenos del legislador la determinación de los elementos que trascienden al momento de realizar la operación del cálculo del impuesto, ya que será la realidad económica la que se ordena valorar y no la voluntad de la autoridad administrativa la que determine la afectación patrimonial de la contribución. Tales consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia cuyos datos de identificación se precisaron en párrafos precedentes, de rubro y texto: "VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS. EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE PREVÉ LA BASE DEL IMPUESTO SOBRE LA TRANSMISIÓN DE SU PROPIEDAD, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto, al establecer que para calcular el impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos automotores usados, la autoridad recaudadora tomará como base el valor mayor entre el de la operación y el comercial, pudiendo utilizar como referencia para este último el establecido en las diversas guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados que existen en el mercado, y tratándose de vehículos no comprendidos en dichos documentos, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado practicará un avalúo para determinar el valor que sirva de base para el pago del impuesto. Lo anterior implica que regirse por el principio de la oferta y la demanda, no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no queda al arbitrio de órganos ajenos al legislador la determinación de los elementos que trascienden al realizar el cálculo del impuesto, ya que será la realidad económica que se ordena valorar y no la voluntad de la autoridad administrativa la que determine la afectación patrimonial de la contribución." No obstante, para dirimir en el presente asunto, resulta necesario destacar que en la citada ejecutoria el Alto Tribunal también realizó las consideraciones siguientes: "[.] Además, al establecer la norma que "la autoridad recaudadora podrá utilizar como referencia para determinar el valor comercial, el valor que se establezca en las diversas guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados, que existen en el mercado...", se refiere única y exclusivamente a aquellas que tienen indicadores reconocidos y generalmente aceptados en el ámbito mercantil, como son las guías y publicaciones utilizados en la materia por las distribuidoras de automóviles, aseguradoras de éstos, etcétera. En la inteligencia de que el contribuyente sujeto pasivo del impuesto, previa realización de la hipótesis normativa, tendrá el conocimiento del valor comercial respecto del automóvil usado con miras a su adquisición -elemento base del impuesto- mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. [.]" En ese tenor, queda manifiesto que si nuestro Máximo Tribunal consideró que el artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, al remitir a las diversas guías y publicaciones sobre precios de automóviles que existen en el mercado para calcular el impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos automotores usados, no transgrede el principio de legalidad tributaria, lo hizo partiendo de la premisa de que el contribuyente sujeto pasivo del impuesto, previa realización de la hipótesis normativa, tendría el conocimiento del valor comercial del automóvil usado -elemento base del impuesto- mediante la publicación de la respectiva guía o referencia en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. La anterior exigencia no se cumple en el caso concreto del artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, vigente a la fecha del acto concreto de aplicación, pues a diferencia de la legislación del Estado de Nuevo León, en ésta no se contempla la obligación para autoridad alguna de informar a los sujetos pasivos del tributo la cantidad que la autoridad hacendaria considerará como valor comercial del vehículo usado. La anterior circunstancia impone al gobernado un estado de incertidumbre jurídica, pues aun cuando la legislación local determine que la "guía EBC", también conocida como "libro azul", es la guía oficial de información para comerciantes en automóviles y aseguradoras en nuestro país sobre precios de vehículos usados, ello no implica que tal referencia sea de fácil acceso para el ciudadano común, al no estar ordenada su difusión mediante el Boletín del Estado, o diverso medio de carácter oficial; de igual forma, tampoco se especifica la empresa o editorial en cuya publicación se habrá de confiar, permitiendo dicha ambigüedad la posibilidad de que existan diversas publicaciones con el nombre de "guía EBC", y que éstas establezcan distintas referencias para una misma hipótesis. En tales condiciones, la falta de previsión en la ley respecto a la forma en que se hará del conocimiento de los contribuyentes las particularidades de la guía que se tomará en cuenta para establecer el valor en el mercado de los vehículos usados, de modo tal que los sujetos obligados tengan la plena certeza sobre la forma en que se puede consultar o adquirir dicha referencia, deja al arbitrio de la autoridad las circunstancias relativas a la fuente de la referida información, tales como su autor o compilador, la editorial que la distribuye, entre otros, lo cual genera incertidumbre para los gobernados, imprevisibilidad de la carga impositiva, y consecuentemente, transgresión al principio de legalidad tributaria. Lo anterior, sin que resulte factible tener por convalidada la ilegalidad antes destacada por el hecho de que nuestro más Alto Tribunal determinara que la circunstancia de que el artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, al establecer que la base del impuesto se calculará conforme a los indicativos que reflejen el valor del vehículo usado en el mercado, no implica una omisión de precisar en la ley la base del impuesto, así tampoco que se deje al arbitrio de la autoridad la fijación del monto correspondiente, y consecuentemente, no infringe la garantía de legalidad tributaria prevista en el en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues tal como se precisó en párrafos precedentes, dicho pronunciamiento partió de la premisa de que en la referida legislación sí se contempla la difusión en el Periódico Oficial del Estado de la guía que habrá de tomarse en cuenta para determinar la base del impuesto, permitiendo así a los gobernados tener con anticipación la plena certeza de la carga tributaria que deberán de cumplir. No pasa inadvertido para este jugador que mediante decreto publicado el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, se adicionó un segundo párrafo al artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado, en el cual, al igual que en la legislación de Nuevo León, se ordenó la publicación de la guía EBC sobre precios de automóviles usados en el Boletín Oficial, así como en la página electrónica oficial de la Secretaría de Hacienda, ambos de esta entidad federativa. Sin que lo anterior convalide la ilegalidad de la ley aplicada a la aquí quejosa, pues no obstante que la nueva disposición entró en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete y que la norma aquí combatida afectó la esfera jurídica de la solicitante de amparo hasta el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, lo cierto es que a la fecha de la presentación de la demanda, dicha disposición no había sido cumplida; por tal motivo, la existencia de la adición a la ley antes destacada, únicamente pone de manifiesto la voluntad del legislador de subsanar la violación al principio de legalidad tributaria incurrida en el artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia PC.V. J/5 A (11a.), Registro digital: 2024181, Instancia: Plenos de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Febrero de 2022, Tomo III, página 2156, con rubro y texto siguientes: "IMPUESTO DE TRASLACIÓN DE DOMINIO VEHICULAR. EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA QUE LO PREVÉ, AL ORDENAR LA PUBLICACIÓN DE LA "GUÍA EBC SOBRE PRECIOS DE AUTOMÓVILES USADOS" EN EL BOLETÍN OFICIAL, Y EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, SIN POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRIBUYENTE SE INCONFORME CONTRA LOS VALORES QUE CONSTITUYEN LA BASE PARA CALCULARLO, NI QUE ESTOS ÚLTIMOS SE ACTUALICEN ANUALMENTE, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes realizaron un examen interpretativo del artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, para determinar si vulneraba o no el principio de legalidad tributaria consagrado en el precepto 31, fracción IV, constitucional, lo que los llevó a asumir conclusiones distintas, únicamente en cuanto al punto relativo a la omisión de publicar la "Guía EBC sobre precios de automóviles usados", que contiene los valores que constituyen la base gravable para el cálculo del impuesto sobre traslación de dominio vehicular, en los medios de difusión oficiales señalados en la propia norma, aspecto sobre el cual uno resolvió que sí inobserva el indicado principio al no haberse dado la difusión señalada, ni haberse ordenado que tal difusión se diera con una periodicidad anual para su actualización y con la posibilidad de que el contribuyente pudiera inconformarse directamente ante la exactora con los valores fijados en la misma, mientras que el otro se pronunció en el sentido de que dicha omisión no constituye, por sí misma, una transgresión al principio constitucional mencionado, destacable en el propio precepto impugnado. Criterio jurídico: El Pleno del Quinto Circuito determina que el hecho de que a la fecha en que se aplica el artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, con motivo del entero del impuesto de traslación de dominio vehicular, no se hubiera publicado en el Boletín Oficial ni en la página oficial electrónica de la Secretaría de Hacienda, ambos del Estado de Sonora, la "Guía EBC sobre precios de automóviles usados", por no haberse ordenado que tal difusión se diera con una periodicidad anual para su actualización y con la posibilidad de que el contribuyente pueda inconformarse directamente ante la exactora con los valores fijados en la misma, a efecto de que dicha autoridad administrativa estuviera en posibilidad de establecer la base gravable sobre la cual aplicará la tasa del indicado tributo y de que el sujeto pasivo del mismo tenga plena certeza sobre cómo se calculará aquélla, previo a que se surta la hipótesis normativa, constituye una violación al principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General. Justificación: El artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, si bien establece que la "Guía EBC sobre precios de automóviles usados", que contiene los valores de compra que constituyen la base gravable del impuesto sobre traslación de dominio vehicular, será publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, así como en la página electrónica oficial de la Secretaría de Hacienda de la propia entidad federativa; sin embargo, tal mención es insuficiente para estimar satisfecho el principio de legalidad tributaria, en virtud de que además de que la publicación de dicha guía no ha sido llevada a cabo, no obstante que el legislador ordinario la estableció como un documento complementario para el cálculo de dicho impuesto, la orden de hacerlo no se emitió para que fuera actualizada al menos anualmente, ni se previó la posibilidad de que el contribuyente pueda inconformarse directamente ante la exactora con el valor respectivo contenido en dicha guía. De ahí que al no perfeccionarse tal previsión sobre uno de los elementos de la contribución contenida en la norma cuestionada, mediante la publicación de la mencionada guía en los términos indicados, es inconcuso que la autoridad exactora no cuenta con los factores necesarios a los que debe recurrir y se dejó a su arbitrio la determinación de la base gravable, a la cual debe aplicar la tasa correspondiente para calcular el mencionado tributo, en evidente vulneración del principio de legalidad tributaria tutelado por el artículo 31, fracción IV, constitucional, en tanto que ante la falta de difusión del documento de mérito se dejó a los contribuyentes en estado de incertidumbre, al no tener certeza sobre la forma en que deben contribuir al gasto público, por desconocer el valor que constituye la base del impuesto y, por ende, cómo es que se calculará el mismo. PLENO DEL QUINTO CIRCUITO. Contradicción de tesis 6/2021. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 9 de noviembre de 2021. Mayoría de cinco votos de los Magistrados David Solís Pérez, quien formuló voto concurrente, Ma. Elisa Tejada Hernández, Raúl Martínez Martínez, Gerardo Domínguez y Miguel Ángel Betancourt Vázquez. Disidente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Ponente: Miguel Ángel Betancourt Vázquez. Secretaria: Nadiehzda Ávila Avendaño." V.II En relación con los artículos 246, fracción I, 249, 289 y 292-Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. Del recibo de pago electrónico con folio 314C1-0001-379100276638, de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se observa el pago de las contribuciones accesorias consistentes en el sostenimiento de las Universidades de Sonora, contribución para el fortalecimiento de infraestructura educativa, y contribución para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. Los artículos que fundamentan el cobro de las referidas contribuciones accesorias establecen lo siguiente: "Artículo 246. Es objeto de este impuesto: I. La realización de pagos por concepto de ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado; y (.)" "Artículo 249. La tasa del impuesto será de 15% sobre su base. (.)" "Artículo 289. Para beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, se causará una cuota adicional sobre impuestos y derechos del Estado, equivalente a un 15% de su importe. (.)" "Artículo 292 Bis. Se causará una cuota adicional sobre los impuestos y derechos del Estado, equivalente a un 15% de su importe, con la finalidad de conservar, crear y mantener infraestructura educativa, equipamiento para la prestación del servicio de educación en todos los niveles, incluyendo el servicio de transporte escolar, así como el financiamiento del programa de apoyo escolar." De los numerales transcritos permite advertir que al establecer los impuestos adicionales en cuestión a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado, así como de impuestos y derechos de esta Entidad Federativa, violan el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque existe incongruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de dichos sujetos pasivos, en tanto que tienen por objeto gravar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones tributarias. Es así, en tanto la base sobre la que se calcula el monto de los referidos impuestos adicionales, se conforma con el importe de los pagos de las contribuciones estatales de referencia, al cual debe aplicarse la tasa del quince por ciento; por tanto, es inconcuso que la expresión económica elegida por el legislador local para estructurar el hecho imponible, de manera alguna refleja la capacidad contributiva de los causantes. En efecto, los tributos adicionales ?como lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación?, no se diseñaron para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza, que estuviese previamente sujeta a imposición a través de un impuesto primario, sino que fueron estructurados para gravar de manera global todos los pagos de ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado, así como de impuestos y derechos estatales efectuados por los causantes, por lo que se materializa precisamente al momento de cumplir con esa obligación tributaria. Por ello, no participan de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio sobre el que se calcula su monto, pues de manera alguna se encuentran circunscritos a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino que tienen por objeto todos los pagos por concepto de ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado, así como de impuestos y derechos del Estado de Sonora, salvo las exenciones previstas en la ley reclamada. Por lo tanto, los artículos 246, fracción I, 249, 289 y 292-Bis, de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, violan en perjuicio de la parte quejosa el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberá concederse el amparo para que se extraiga de su esfera jurídica la aplicación de tales numerales. V.III En relación con la Ley 94 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Estado, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. En cuanto a la Ley 94 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Estado, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en lo medular, es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir el gasto público del Estado de Sonora durante el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés. Ahora, es incuestionable que la referida ley, tiene una relación intrínseca con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, la cual, tiene por objeto regular los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y demás ingresos tributarios y no tributarios que corresponden al Estado, que estén previstos en esta Ley y en las disposiciones fiscales aplicables, para cubrir el gasto público. En ese contexto, por las razones vertidas en este apartado, la Ley 94 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Estado, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, viola en perjuicio de la parte quejosa el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Decisión y efectos de la concesión En las relatadas condiciones, en términos de lo previsto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitada por la quejosa, para el efecto de que el Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, realice lo siguiente: A) Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de las normas combatidas, esto es, la Ley de Hacienda para Estado de Sonora vigente a la fecha del acto concreto de aplicación -diecisiete de marzo de dos mil veintitrés?, específicamente los artículos 188, 246, fracción I, 249, 289 y 292-Bis; así como la Ley 94 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Estado, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Esta desincorporación rige también contra actos futuros de aplicación, conforme a la jurisprudencia 112/99, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, registro 192846, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". B) Restituya a la solicitante del amparo el importe que pagó por concepto de traslado de dominio vehicular que se consigna en el recibo de pago electrónico con folio 314C1-0001-379100276638, de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Cabe precisar que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de expedición y refrendo y publicación de la ley combatida, ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Con la precisión además de que la vinculación del Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en el ámbito de su respectiva competencia al cumplimiento de la presente sentencia, no obstante haberse sobreseído respecto al acto reclamado a la consabida responsable, lo cual, tiene sustento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada, con Registro digital: 251015, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 145-150, Sexta Parte, página 256, con rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCION DE. AUTORIDADES QUE NEGARON EL ACTO O NO INTERVINIERON EN EL JUICIO. Conforme a la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte visible con el número 99 de la página 179 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1975, están obligadas al cumplimiento de la sentencia de amparo todas las autoridades que de alguna manera tengan que intervenir en esa ejecución, aunque no hayan intervenido en el juicio de amparo, lo que incluye con mayor razón a aquéllas respecto de las cuales se hubiese sobreseído el juicio por haber negado intervención en los actos reclamados. Por ende, si el Juez a quo en una resolución de queja por defecto de ejecución incluye actos de una autoridad de las mencionadas, no basta para impugnarla que ésta en sus agravios de "queja de queja" alegue que no fue parte en el juicio, o que se sobreseyó respecto de ella, si no alega y prueba que ella no tiene ninguna injerencia directa ni indirecta, de hecho, ni de derecho, en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Karla María Munguía Córdova, respecto de los actos reclamados analizados en el considerando V, para los efectos precisados en el diverso VI de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y, por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe. Noriega En esta fecha se generaron los oficios 12050, 12051, 12052, 12053 y 12054, se asienta para constancia.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el informe justificado rendido por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental anexa al oficio que se atiende, consistente en un disco versátil digital; sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Delegados. Como lo solicita en su informe, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 de la ley de la materia, se le tiene por designado como delegados a las personas que menciona en su ocurso la autoridad señalada como responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el informe justificado rendido por el director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales anexas al oficio que se atiende. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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