Karla Maria Medina Morales
Expediente 893/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Karla Maria Medina Morales
Actuaciones
- Principal
MESA"5" Ciudad de México, a dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Devolución de documento original Por otra parte, en atención a que de autos de advierte la existencia de un documento original exhibido por la parte quejosa, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos su legal notificación, acuda por sí o por cualquiera de sus autorizados a recogerlo, apercibido que de no hacerlo será destruido junto con el presente juicio, conforme a lo establecido en el párrafo que precede. Notifíquese.
- Principal
mesa"5" "...En razón de lo expuesto, y demostrada la causal de improcedencia aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Y así lo procedente sea dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil dieciséis, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Y esto es así porque de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, como lo es celebrar la audiencia constitucional y pronunciar el sobreseimiento relativo en dicha diligencia, resulta ocioso y en demérito del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia, acorde al contenido del numeral 17 constitucional; al advertirse desde este momento la causal invocada en líneas precedentes. Tampoco es impedimento que no se de vista a la parte quejosa para que manifieste si es su deseo señalar algún otro acto reclamado, en atención a que se está en presencia de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, porque en el caso, debe atenderse a que la parte quejosa como particular reclama el desaseguramiento y devolución de determinado bien, el cual está relacionado en la averiguación previa ya citada. Y si bien en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regulan diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado; en el caso, tratándose de averiguación previa, el tramite es seguido como procedimiento administrativo en forma de juicio, porque la obligación del ministerio público es, además de recibir la promoción, también lo es el emitir acuerdo y notificar dicha determinación, lo cual hace en el ejercicio de las funciones materialmente conferidas, lo que evidencia que su proceder se rige conforme los artículos 14 y 17 Constitucionales. Resulta aplicable la jurisprudencia 7/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con el número de registro 2008884, de la Primera Sala, que a la letra dice: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. A efecto de arribar a la anterior determinación, no se desatendió a la jurisprudencia 1ª./J 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en la que se determinó que cuando se advirtiera la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, el juez de distrito debe notificar personalmente al quejoso su contenido, así como prevenirlo para que si lo estima conveniente amplíe la demanda. Sin embargo, dicha jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto porque ésta abordó el tema específico del derecho de petición, previsto en el artículo 8° constitucional, que no constituye la litis en este juicio de amparo. En efecto, el mencionado criterio establece que cuando en una demanda de amparo se alegan violaciones al artículo 8° constitucional (derecho de petición) y durante la tramitación de ese juicio, la autoridad responsable emita un acto con el que le dé respuesta al quejoso, el juzgado de amparo está obligado a darle vista a fin de que amplíe su demanda de derechos respecto del acuerdo con el que se le dio respuesta a su petición. No obstante, como quedó asentado en párrafos anteriores, en la especie, el derecho en todo caso afectado no es el de petición previsto en el artículo 8°, sino que el contenido en el diverso artículo 17 constitucional (administración de justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes); es así porque la parte quejosa es parte en averiguación previa. Por tanto, en el caso, la litis constitucional no se centró en función de una violación al artículo 8° constitucional (derecho de petición) sino en función de una violación al artículo 17 (administración de justicia pronta), por lo que se reitera, este órgano constitucional estima que la aludida jurisprudencia no tiene aplicación y por tanto, resulta innecesario requerir a la parte quejosa a fin de que ampliara su demanda respecto de la determinación recaída. También no existe obligación de dar vista a la parte quejosa, con la actualización de dicha causa de improcedencia, advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA"5" Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil dieciséis. Admisión De conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por KARLA MARIA MEDINA MORALES, por conducto de sus apoderados, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo 893/2016-5. Genérese el expediente electrónico e impreso. Sin que haya motivo a formar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil dieciséis para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimientos a la autoridad responsable ? Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rindan sus informes justificados, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/555/2010, en el término de siete días contados a partir de que reciban el oficio relativo a este acuerdo....
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