Karla Margarita Madrigal Medina
Expediente 271/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Karla Margarita Madrigal Medina
Actuaciones
- Principal
Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del diecinueve al treinta de octubre de dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veinte, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En cuanto al cuaderno de antecedentes único relativo incidente de suspensión se establece que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la medida cautelar y no existen documentos originales. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal es susceptible de destrucción y el cuaderno incidental de depuración, ya que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Destrucción del expediente. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del referido expediente y en su oportunidad, remítase el acta respectiva de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Depuración del expediente. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el artículo 18 del aludido Acuerdo General, dentro de los noventa días siguientes, procédase a la depuración del citado expediente y en su oportunidad, transfiérase a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Juzgado Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, el cuaderno de constancias que remitió, como complemento a su informe justificado rendido en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
trece de octubre de dos mil veinte La suscrita Marina Ivonne San Román Casas, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mi adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha.- Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, hoy trece de octubre de dos mil veinte.- Doy Fe.- Marina Ivonne San Román Casas Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En San Luis Potosí, capital, a las doce horas con treinta minutos del trece de octubre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado y Secretaria con quien actúa Marina Ivonne San Román Casas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 271/2020-1, promovido por Karla Margarita Madrigal Medina, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio ante el Juez Cuarto de Distrito en el Estado; constancias de emplazamiento a las partes; informe justificado rendido por la autoridad responsable; auto de doce de marzo de dos mil veinte por el que el referido Juez Federal ordenó la separación de autos; acuerdo dictado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, a través del cual este órgano jurisdiccional recibió los autos y se avocó al conocimiento del asunto; notificaciones a las partes respecto de este último proveído; y auto de veinte de agosto de dos mil veinte, por el que se determinó la reactivación del presente asunto. Finalmente, se da cuenta con la certificación de la Secretaria de esta fecha, en la que hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mi adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación de constancias, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con la documental exhibida por el juez responsable que obra en un cuaderno por separado, relativo a copias certificadas del expediente 181/2019, de su índice. Asimismo, hace constar que no obran diversas pruebas que relacionar, ni pendientes de desahogo. La Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas, mismas que serán tomadas en consideración al dictarse la sentencia respectiva. No habiendo pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. En periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta con los formulados por la parte tercera interesada Santander Vivienda, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Santander México, a través de su apoderado legal Julián Mendoza Vigil; asimismo, se hace constar que no obran diversas manifestaciones en vía de alegatos. Acto seguido, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de formular alegatos por parte de la quejosa y de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y a la parte tercera interesada se le tiene formulando los alegatos de su intención. Al no haber diversas manifestaciones qué relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, la Secretaria hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 271/2020-1, promovido por Karla Margarita Madrigal Medina, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, turnado el día hábil siguiente al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Karla Margarita Madrigal Medina, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y las autoridades que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. EN CALIDAD DE AUTORIDADES ORDENADORAS, lo son: El C. Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad de San Luis Potosí; El C. Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad de San Luis Potosí; El C. Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad de San Luis Potosí; El C. Juez Primero del Ramo Mercantil de esta ciudad de San Luis Potosí; El C. Juez Segundo del Ramo Mercantil de esta ciudad de San Luis Potosí; El C. Juez Tercero del Ramo Mercantil de esta ciudad de San Luis Potosí; El C. Juez Cuarto del Ramo Mercantil de esta ciudad de San Luis Potosí; El C. Juez Quinto del Ramo Mercantil de esta ciudad de San Luis Potosí; CC. Jueces de Oralidad Mercantil de esta ciudad de San Luis Potosí. EN CALIDAD DE AUTORIDADES EJECUTORAS, lo son: El C. Encargado del Área de Ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí; y, Los C.C. Actuarios Adscritos al Área de Ejecuciones de los Juzgados Mercantiles del Supremo Tribunal de Justicia de esta ciudad de San Luis Potosí. Las autoridades responsables tienen su domicilio ubicado en calle Luis Donaldo Colosio número 305, colonia ISSSTE, en esta Ciudad Capital." "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Lo son los siguientes: El ilegal emplazamiento, la falta de notificación, así como la ilegal orden de embargo que tratan de ejecutar y/o llevar acabo (sic) las Autoridades responsables en mi contra derivados de un supuesto procedimiento del cual no tengo conocimiento, y que jamás he sido legalmente notificado de esté (sic) o algún procedimiento que tenga como consecuencia las ilegales actuaciones de las responsables. De las autoridades responsables les reclamo los orígenes y todas las consecuencias que de hecho y por derecho generen los actos reclamados." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos violados los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Separación de juicios. La referida demanda de amparo fue registrada bajo el expediente número 100/2020-V del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, quien previo trámite, mediante auto de doce de marzo de dos mil veinte, ordenó la separación de autos, en la que se generaron tres demandas de amparo; una de ellas, respecto de la autoridad responsable y el acto reclamado, siguientes: "2. En el Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, se tramita el expediente 181/2019, relativo al Juicio Extraordinario Civil Hipotecario que promueve Julián Mendoza Vigil, en su carácter de apoderado legal de Santander Vivienda sociedad anónima de capital variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad Regulada, Grupo Financiero Santander México, en contra de Karla Margarita Madrigal Medina." "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Lo son los siguientes: El ilegal emplazamiento, la falta de notificación, así como la ilegal orden de embargo que tratan de ejecutar y/o llevar acabo (sic) las Autoridades responsables en mi contra derivados de un supuesto procedimiento del cual no tengo conocimiento, y que jamás he sido legalmente notificado de esté (sic) o algún procedimiento que tenga como consecuencia las ilegales actuaciones de las responsables. De las autoridades responsables les reclamo los orígenes y todas las consecuencias que de hecho y por derecho generen los actos reclamados." Por tanto, se ordenó remitir las copias relativas a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de este Circuito y sobre dicho reclamo, correspondió conocer a este juzgado por razón de turno. CUARTO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo por lo que respecta a los actos reclamados y autoridad responsable precisados en el considerando que antecede; se registró en el libro de gobierno bajo el número 271/2020-1; se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se determinó que no era necesario ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, dado que este ya obraba en autos; y se señalaron las nueve horas con treinta y dos minutos del veinte de abril de dos mil veinte para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional, sin que esto último hubiere acontecido ante la contingencia sanitaria suscitada por la propagación del virus SARS CoV-2 y por la suspensión de labores decretada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tal motivo. Por acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se ordenó la reactivación y continuación del trámite del presente juicio, por tanto, se levantó la suspensión de plazos y términos, de modo que las partes estarían en aptitud de promover lo que a sus intereses conviniese; y se citó para la celebración de la audiencia constitucional a través del uso de videoconferencia, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que ninguna de las partes se hubiera apersonado a la diligencia, por lo que su desahogo tuvo verificativo conforme con el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados se materializan en territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados, que se desprendes del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este expediente. Sirve de fundamento, la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, visible a folio 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con la totalidad de constancias que conforman el juicio, se obtiene que la parte quejosa reclama del Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad: La diligencia de emplazamiento practicada en el juicio extraordinario civil hipotecario 181/2019 de su estadística, promovido por Santander Vivienda, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Santander México, por conducto de su apoderado legal Julián Mendoza Vigil, en contra de la quejosa, a través del cual se le llamó a ese contencioso, y sus consecuencias legales, con motivo de la violación al derecho fundamental de audiencia, entre ellas, todo lo actuado en juicio, así como la orden de embargo que se pretende llevar a cabo sobre bienes de su propiedad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, toda vez que así se desprende de la lectura de su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que integran el juicio extraordinario civil hipotecario 181/2019 que remitió en copia certificada tal autoridad como justificación de los actos impugnados, las cuales obran en un cuaderno de pruebas por separado; documentos que tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas por funcionario autorizado para tal efecto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Atento a la técnica que rige al juicio de amparo, procede analizar las causales de improcedencia que se adviertan de oficio o las que hagan valer las partes, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, conforme a lo preceptuado por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Materia Común, Tomo VI, Parte TCC, página quinientos cincuenta y tres, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia deducida de lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, ésta última aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." Como puede apreciarse, el arábigo transcrito en primer término señala que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercitabilidad resulte de alguna otra disposición de la ley. Por su parte, de la lectura de la fracción VI del artículo 107, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos que afectan a personas extrañas al juicio de donde derivan; ahora, si esa porción normativa se interpreta en sentido contrario, es factible concluir, que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el solicitante de la protección federal basa su reclamo en la calidad de tercero extraño al juicio de origen, pero por alguna razón se desvirtúa ese carácter. En relación con esa temática, es necesario precisar que para los efectos del juicio de amparo, persona extraña a un juicio es aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por el desconocimiento de las actuaciones; quedando incluida en este concepto, por equiparación, la persona que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente a un juicio, lo que de igual manera, le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; por tanto, resulta evidente que también será extraño a todo lo actuado en el pleito. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Pleno del Más Alto Tribunal, en la jurisprudencia 7/98, consultable en la página cincuenta y seis, tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Entonces, se concluye que el tercero extraño por equiparación es quien formando parte de la controversia (por ejemplo, el demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque, debiendo serlo, no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley; sin embargo, el hecho de que esa persona se haya hecho sabedora del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al procedimiento en términos del último precepto legal transcrito. Es decir, la particularidad para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, parte de que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio", por tanto, aun cuando la parte quejosa se ostente como "tercera extraña por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa se ostenta como persona extraña por equiparación al juicio extraordinario civil hipotecario 181/2019 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad y reclama el emplazamiento que se le practicó en dicho controvertido. No obstante, de las constancias relativas al citado juicio de origen, se advierte que mediante escrito presentado ante el juez responsable el quince de agosto de dos mil diecinueve, la quejosa se apersonó al juzgado responsable, formuló contestación a la demanda entablada en su contra, oponiendo excepciones y defensas, ofreció pruebas de su intención y promovió reconvención en contra de la parte actora (fojas 143 a 169); y mediante acuerdo de veintiuno de agosto siguiente, se tuvo a dicha parte procesal contestando tal demanda, haciendo valer defensas y excepciones y promoviendo la respectiva reconvención (fojas 141 y 142). Luego, por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, la demandada aquí quejosa, interpuso recurso de revocación en contra del auto de veintiuno de agosto de esa anualidad (fojas 180 a 184); y por auto de seis de septiembre de ese año, se le tuvo por interponiendo tal medio de impugnación (foja 179), el cual fue resuelto parcialmente procedente mediante resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, decretándose la modificación respectiva en la parte conducente, del acto impugnado (fojas 200 a 208). En contra de la mencionada resolución interlocutoria, la quejosa promovió juicio de amparo indirecto, del cual correspondió conocer a este juzgado bajo el expediente 1180/2019-5 (fojas 2010 a 222), en el que, previa substanciación, se negó la protección constitucional solicitada mediante sentencia de doce de febrero de dos mil veinte (fojas 231 a 236). En ese orden de ideas y de conformidad con las constancias que conforman el contencioso de origen, las cuales quedaron reseñadas en párrafos precedentes, se advierte que la quejosa tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra, cuando menos desde la fecha en la que dio contestación a la demanda instaurada en su contra y promovió reconvención-quince de agosto de dos mil diecinueve-, procedimiento en el que además aún no se emite sentencia; razón por la que ya no puede considerarse que se ubica en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento. En efecto, de las razones ya expuestas y conforme con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basta que antes de que se dictara sentencia en el contencioso de origen, el promovente del amparo tuviera conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, al haber dado contestación a la demanda enderezada en su contra, para que perdiera el carácter de extraño al juicio, dado que es obvio que estuvo en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia; y en caso de no obtener resolución favorable, esperar a efectuar el planteamiento de las eventuales violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. Ese criterio se contiene en la jurisprudencia 47/2011 (10a.), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, tomo 2, página 1627, que dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Máxime, que la solicitante del amparo se impuso en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, de las constancias que el Juez Tercero del Ramo Civil en esta ciudad remitió en vía de justificación, sin que objetara la firma que calza el escrito de contestación de demanda que presentó el quince de agosto de dos mil diecinueve, así como el diverso ocurso en el que interpuso recurso de revocación contra el auto de veintiuno de agosto de esa anualidad, ambos presentados dentro del expediente de origen; además, de que no se advierte que tales rúbricas sean notoriamente distintas de la que calza la demanda de amparo relativa al presente juicio. En ese tenor, se concluye que la quejosa no se encuentra legitimada para promover juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que impone decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, acorde con el artículo 63, fracción V, de ese propio ordenamiento legal. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa no haya señalado como autoridad responsable a la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, quien fue la que realizó el emplazamiento reclamado, aun y cuando el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, la requirió para tal efecto en proveído de tres de marzo de dos mil veinte, mismo que quedó notificado a la solicitante de amparo el diez del mes y año en cita (fojas 48 a 50 y 70 de este expediente); y que este Juzgado al avocarse al conocimiento del asunto, no le hubiera reiterado tal requerimiento; toda vez que esos aspectos no trascienden al resultado del presente fallo, pues la causa de improcedencia que se estudió quedó plenamente demostrada, la cual no sería destruida aun cuando la parte quejosa hubiera señalado como autoridad responsable a la citada diligenciaria. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que exponen, la tesis (XI Región) 2o.2 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3286, que establece: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO EN AMPARO INDIRECTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. LA ACTUALIZA LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE DAR VISTA AL QUEJOSO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA, CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA Y REMITE LAS CONSTANCIAS DE LA DILIGENCIA RELATIVA, SIEMPRE QUE ELLO HUBIERA TRASCENDIDO AL RESULTADO DEL FALLO. Si bien la falta de emplazamiento y la diligencia relativa son actos estrechamente relacionados para efectos de su estudio en amparo, lo cierto es que su legalidad debe analizarse desde perspectivas diferentes, en tanto que, en el primer caso, basta con verificar su inexistencia o existencia, mientras que, en el segundo, dependerá de que satisfaga los requisitos y formalidades que prevea la ley de la materia. Bajo ese contexto, si en el amparo se reclama únicamente la omisión de ser emplazado a juicio y no la diligencia en sí misma, precisamente por el desconocimiento que aduce el quejoso, y la autoridad responsable rinde su informe en el sentido de que esa omisión en inexistente y remite copia certificada de la diligencia de emplazamiento, el Juez de Distrito deberá dar vista a aquél para que, en su caso, amplíe su demanda respecto a esa diligencia; de no hacerlo, incurre en una violación a las reglas del procedimiento, actualizando la hipótesis prevista en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en el entendido de que esa violación hubiese trascendido al resultado del fallo." Por virtud del sobreseimiento decretado, no se analizan los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, porque el sentido de mérito impide a este juzgado federal su estudio, lo anterior en apoyo a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." (Véase en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 335). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74 y 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política del País, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Karla Margarita Madrigal Medina, contra los actos reclamados al Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente sentencia. Notifíquese.
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- Karla Tatiana Aguilar Hernández1593/2023
- Karla Valeria Aldana Orozco1218/2017
- Karla Verónica Del Valle Espinosa451/2019