Karla Lorraine Martínez López

Expediente 898/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
898/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Karla Lorraine Martínez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado actual que guarda el presente juicio, se advierte que la parte agraviada adjuntó a su escrito de demanda diversos documentos; asimismo, que el asunto en que se actúa se encuentra totalmente concluido, razón por la cual resulta innecesaria la retención de dichos anexos. En consecuencia de lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificada, a efecto de recoger los documentos en comento, previa constancia de su recibo que se deje en autos; apercibida de no hacerlo en el plazo indicado, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se remitirán al archivo con el cuaderno en que se actúa. Notifíquese personalmente a la accionante del amparo. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    III. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo notifico a la quejosa Karla Lorraine Martínez López, el proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Karla Lorraine Martínez López, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el dos de octubre del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de amparo signado por Karla Lorraine Martínez López, a través del cual, comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y la autoridad que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 898/2019-III, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así las cosas, la parte quejosa señala como autoridad responsable, a la siguiente: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Asimismo, como actos reclamados: "A) La negativa a iniciar, tramitar y dar seguimiento a las quejas aperturadas bajo el numero 0216799082, 0216798144, 0216797476, 0216862276, 0216887088, 0216886638, 0216967366, 0216967361 y 0218680381. B) La negativa de iniciar, tramitar y dar seguimiento de inmediato a la queja presentada físicamente el día 23 de Septiembre de 2019. C) El ilegal embargo de mi salario efectuado y que tengan relación con el crédito número 2818316190 (dos, ocho, uno, ocho, tres, uno, seis, uno, nueve, cero), tramitado ilícitamente a mi nombre Karla Lorraine Martínez López, con número de Seguro Social 32967610729 y RFCMALK761113MD8." De las anteriores transcripciones y del contenido integral del escrito de demanda, se desprende que el motivo de disentimiento de la peticionaria de amparo es la orden de descuentos de su salario con motivo del crédito 2818316190, mismo que fue concedido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como administrador del fondo de vivienda; asimismo, intenta combatir la negativa de dicho instituto de tramitar y resolver diversas quejas que presentó en relación al citado crédito. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de garantías que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I y 5°, fracción II, interpretados a contario sensu, todos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no constituye uno de autoridad. Ahora bien, los numerales citados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del texto del último de los preceptos transcritos se advierten dos supuestos a saber: a) Con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto; y, b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Asimismo, es necesario tener en consideración lo dispuesto en los artículos 2, 3, 42, fracción II, 43 primer párrafo, 44, primer párrafo, 47, 52 y 53, todos de la Ley del Instituto Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los cuales dicen: "Artículo 2. Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con domicilio en la Ciudad de México." "Artículo 3. El Instituto tiene por objeto: I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a). La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, b). La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y c). El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y IV. Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del Artículo 123 Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece." "Artículo 42. Los recursos del Instituto se destinarán: . II. Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el Instituto: a) En línea dos a la adquisición en propiedad de habitaciones; b) En línea tres a la construcción de vivienda; c) En línea cuatro a la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones, y d) En línea cinco al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores. Asimismo, el Instituto podrá descontar a las entidades financieras que cuenten con la respectiva autorización emitida para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los créditos que haya otorgado para aplicarse a los conceptos señalados en los incisos anteriores. Estos descuentos serán con la responsabilidad de esas entidades financieras." "Artículo 43. En los términos de la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores estará a cargo del Instituto. ." "Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados. ." "Artículo 47. El Consejo de Administración expedirá las reglas conforme a las cuales se otorgarán en forma inmediata y sin exigir más requisitos que los previstos en las propias reglas, los créditos a que se refiere la fracción II del artículo 42. Dichas reglas deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Las reglas antes citadas tomarán en cuenta entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la subcuenta de vivienda del trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma, si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su salario o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los interesados. Asimismo, el Consejo de Administración expedirá reglas que permitan tomar en cuenta, para la determinación del monto de crédito, ingresos adicionales de los trabajadores que no estén considerados como parte integrante de su salario base, siempre y cuando la cuantía, periodicidad y permanencia de tales ingresos sean acreditables plenamente y se garantice la recuperabilidad de dichos créditos. El trabajador tiene derecho a recibir un crédito del Instituto, y una vez que lo haya liquidado podrá acceder a un nuevo financiamiento por parte del Instituto en coparticipación con entidades financieras. Para este segundo crédito el trabajador podrá disponer de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda y su capacidad crediticia estará determinada por la proyección de aportaciones subsecuentes." "Artículo 52. En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el Instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del Instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio Instituto un recurso de inconformidad. El Reglamento correspondiente, determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este artículo." (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) "Artículo 53. Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por los Tribunales federales en materia laboral una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior. Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al Instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso, el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los tribunales competentes. (REFORMADO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios, agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente a los Tribunales federales en materia laboral o a los tribunales competentes." De las disposiciones legales transcritas se desprende que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es un organismo del Estado que tiene por objeto administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, entre otros, para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones y el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores. Además, que esos recursos los destinará al otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el Instituto, entre otros, en línea dos a la adquisición en propiedad de habitaciones y que el saldo de los créditos otorgados a los trabajadores se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados y que el Consejo de Administración expedirá las reglas conforme a las cuales se otorgarán en forma inmediata y sin exigir más requisitos que los previstos en las propias reglas, los créditos a que se refiere la fracción II del artículo 42, esto es, para la adquisición en propiedad de habitaciones. Finalmente, cuando exista inconformidad de los trabajadores sobre la inscripción en el Instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del Instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, podrán promover ante el referido Instituto un recurso de inconformidad; en el entendido de que las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por los Tribunales Federales en materia laboral una vez agotado, en su caso, el indicado recurso y las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al Instituto por créditos concedidos, una vez agotado el multirreferido recurso, se tramitarán ante los tribunales competentes. De todas las precisiones anteriormente realizadas, se puede afirmar que se actualiza la causa de improcedencia antes precisada, en virtud que de los antecedentes del acto reclamado reseñados en el escrito de demanda, así como de las documentales anexadas a la misma, se desprende la existencia del crédito 2818316190, otorgado a nombre de la aquí quejosa, respecto del bien inmueble ubicado en la calle Décima, número 709, manzana 9, sección tercera, lote 33, colonia Granjas Económicas del Norte, en Reynosa, Tamaulipas, por lo que los descuentos que refiere la quejosa son con motivo de dicho crédito, ya que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, funge como ente administrador de fondos para la vivienda, que deriva de una relación contractual realizada en un plano de igualdad y no de supra subordinación, porque los descuentos surgen con motivo del pago de un crédito, lo que igual sucede respecto a la negativa de tramitar y resolver las quejas presentadas, en tanto que éstas se encuentran encaminadas precisamente a controvertir ese crédito de vivienda, de manera que los actos reclamados no están investidos de las facultades de imperio, pues la impetrante del amparo se encuentra en un plano de igualdad por tratarse de prestaciones de recursos de vivienda; además de que en términos del artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se establece que las controversias entre los asegurados y el Instituto, podrán ventilarse ante los tribunales laborales, lo que denota que la relación jurídica que une a dicho instituto con sus beneficiarios no es en carácter de autoridad sino como ente asegurador, dentro de la relación tripartita con el empleador. Así, dado que el reclamo se encuentra íntimamente ligado con las funciones del Instituto como ente administrador de fondos para la vivienda, los sujetos relacionados deben acudir a los tribunales ordinarios para dirimir sus controversias, en el caso, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo -hasta en tanto sean creados los Tribunales Federales en Materia Laboral, tal como lo prevé la norma-. En ese orden de ideas, en la especie se está ante una relación que se encuentra en un plano de igualdad y de coordinación ya que los descuentos de que indica el inconforme, son con motivo del crédito 2818316190, los cuales derivan de la solicitud de inscripción de crédito para adquirir una vivienda ubicada en Reynosa, Tamaulipas, lo que actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo. Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 9/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1283 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El referido Instituto, como organismo descentralizado, tiene la atribución de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda, integrado con las aportaciones realizadas por los patrones en favor de sus trabajadores y que forman parte del patrimonio de éstos, quienes para disponer de esos recursos deben sujetarse a las modalidades establecidas en las leyes. Por ello, cuando un trabajador le solicita un crédito o la información prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica de ente administrador, en cuanto no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores, de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados. Por tanto, la circunstancia de que tal institución niegue la entrega de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda respecto de los que figura como su administrador, por considerar que aún no se cumplen los supuestos en que esté obligado a su entrega, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, porque la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del quejoso, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos, es decir, no está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, ya que no es quien decide con imperio sobre el destino de los recursos de vivienda, sino que ello compete a los órganos de justicia laboral, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Así, las relaciones jurídicas entre el trabajador o sus beneficiarios frente al mencionado Instituto, tratándose del derecho a disponer de los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados, se dan bajo un plano de coordinación, a diferencia de cuando aplica el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, caso en el que actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que unilateralmente, con fundamento en el mencionado artículo transitorio, transfiere los fondos citados al Gobierno Federal, lo que presupone el ejercicio de una facultad inexcusable prevista en ley, situándolo en una relación de supra a subordinación con el particular, sin que para ello requiera acudir a los órganos jurisdiccionales." De ahí que si afirma desconocer el descuento por el concepto indicado e incluso reclama que se dispuso de la cantidad que tenía en la subcuenta de vivienda, debe acudir a la vía laboral a dirimir dicha controversia. Y no como lo pretende a través de la vía constitucional, pues como se vio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es autoridad para efectos del juicio de amparo, en el marco fáctico que aquí se presenta. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 328 (H), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en la página 3353 del Apéndice de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Tercera Parte, Históricas Segunda Sección, Materia Común, Novena Época, que dice: "INFONAVIT. SUBCUENTA DE VIVIENDA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE LA INTEGRAN, SI PREVIAMENTE NO SE PROMUEVE JUICIO LABORAL ANTE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE [TESIS HISTÓRICA]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.144/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 327, de rubro: "INFONAVIT. CUANDO A ESTE ÓRGANO FEDERAL SE LE DEMANDA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS APORTADOS A LA SUBCUENTA DE VIVIENDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY QUE LO REGULA, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LITIS SE SURTE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PORQUE DICHA PRESTACIÓN ES PRINCIPAL.", sostuvo que cuando los trabajadores o sus beneficiarios demandan de ese organismo descentralizado, en términos del artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la transferencia a la Administradora de Fondos para el Retiro de los recursos de la subcuenta de vivienda que no se hubiesen aplicado en términos del artículo 43 Bis del mismo ordenamiento, la prestación relativa tendrá el carácter de principal, por afectar el patrimonio del indicado instituto, de ahí que la competencia para conocer de la litis se surte a favor de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En ese sentido, se concluye que, cuando en la demanda de garantías, el acto reclamado se hace consistir en la devolución de los recursos que integran la subcuenta de vivienda (Régimen 97), el juicio de amparo indirecto es improcedente, conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, en relación con el artículo 53, de la ley del referido instituto, por lo que procede su sobreseimiento con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque el agraviado, para cumplir con el principio de definitividad, debió formular su reclamación ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la instancia ordinaria de defensa a la que debió acudir, antes de promover el juicio de garantías. Salvo que se reclame la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, contra el cual sí procede el amparo indirecto." Sin que pase inadvertida la argumentación de la quejosa en el sentido de desconocer el crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al aseverar que no es la persona que realizó dicha solicitud, pues esa cuestión es lo que, en su caso, tendrá que dilucidarse ante la Junta Federal correspondiente, al ser ésta la instancia ordinaria de defensa a la que debe acudir con el propósito de controvertir que le están haciendo retenciones por concepto de crédito Infonavit que ella no ha solicitado, desvirtuando con pruebas idóneas que no es la persona que lo contrató y así lograr la restitución de lo descontado. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Karla Lorraine Martínez López. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda, facultando para que las reciba a la persona que refiere en el mismo y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Fabiola de la Cruz Contreras Bocanegra, quien se encuentra registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto a lo solicitado por la agraviada de mérito, en cuanto a la autorización para que tenga el acceso al expediente electrónico la profesionista que refiere, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que no proporciona el nombre de usuario que se le brindó ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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