Karla Lorena Guedea Piña
Expediente 269/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Karla Lorena Guedea Piña
Actuaciones
- Principal
Tribunal Colegiado remite testimonio de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de queja civil 62/2019; la que concluyó con el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO.- Es infundado el presente recurso de queja." En consecuencia, háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguese para que surta sus efectos legales el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de abril pasado, exhibe dos copias del recurso de queja interpuesto. En atención a lo anterior, téngase a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintinueve de marzo del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo. Por consiguiente, de conformidad con lo previsto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, y en consideración a que en el caso concreto se reclama un auto en el que se tuvo por desechada la demanda, por lo que no existen diversas partes a las cuales se deba notificar la interposición del recurso de cuenta, ríndase el informe sobre la materia de la queja, sosténgase la legalidad de la determinación impugnada y remítase como sustento copia certificada del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, para la tramitación del recurso de queja interpuesto, así como el original del escrito de agravios y copia del mismo para el agente del Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Agréguese el escrito signado por la apoderada de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja y acompaña agravios, en contra del auto de veintinueve de marzo del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo; sin embargo, omite exhibir las copias de traslado necesarias. Por tanto, con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente se le haga, exhiba dos copias de su escrito de mérito para la correcta integración en el juicio, ya que no acompañó ninguna, y se necesitan dos, según el desglose siguiente: una para el expediente y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Federal de alzada. Lo anterior, bajo el apercibimiento que en caso de ser omisa, se tendrá por no interpuesto dicho medio de impugnación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción XXIII, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del titular del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad. Del análisis integral de la demanda, se obtiene que en el caso se reclama la resolución dictada por el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario civil 155/2018-C, a través de la cual, confirmó el auto de siete de febrero pasado, en el que no se acordó de conformidad la petición del quejoso, de hacer efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada reconvencionista, en proveído de once de enero del año en curso, en relación al desahogo de la prueba pericial en contabilidad ofrecida en autos. Atento a tal reclamación, se estima actualizada a título manifiesto e indudable, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V interpretada a contrario sensu, en razón de que, tal determinación no produce una afectación material a derechos sustantivos, sino únicamente a derechos intraprocesales. Se explica lo anterior. Del último precepto citado, se obtiene que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho humano de que se trate; b) De modo que, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esa tesitura, cabe destacar que de acuerdo con la doctrina jurídica, los derechos sustantivos se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse como derechos sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etcétera. Por otro lado, los derechos adjetivos o instrumentales, también llamados procesales, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. En ese orden, debe decirse que las afectaciones de derechos sustantivos de las que se habla, deben entenderse sólo vistas desde la óptica del promovente del amparo y no de terceras personas. Delimitado lo anterior, el acto reclamado en esta instancia constitucional, no puede considerarse como de aquellos que generan de inmediato una afectación material a un derecho sustantivo, sino meramente de carácter procesal. Es así, pues de las afirmaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa en su demanda, se obtiene que dentro del juicio ordinario civil 155/2018-C, ésta ofreció la prueba pericial en contabilidad; una vez admitida por el juez responsable, requirió a la parte demandada reconvencionista para que en el término de tres días, exhibiera la documentación sobre la que versaría dicho medio de convicción, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrían por ciertos los hechos que se pretendían acreditar con la misma; por lo que, trascurrido dicho plazo, el promovente solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento en cita, lo cual fue negado por la autoridad responsable. Inconforme con lo anterior, el oferente de la prueba interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en el sentido de confirmar el auto recurrido. De ahí, que esa determinación no puede considerarse como un acto que produzca una afectación material a derechos sustantivos del promovente, pues sus consecuencias son meramente de carácter procesal, pero de ninguna manera afectan materialmente derechos sustantivos. Luego, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para controvertir mediante el juicio de amparo directo, la posible violación que cause la resolución reclamada, en el eventual caso de que su resultado le sea adverso. De ahí que, las consecuencias vinculadas con la determinación que se reclama, que esencialmente consiste en la resolución dictada por el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario civil 155/2018-C, a través de la cual, confirmó el auto de siete de febrero pasado, en el que no se acordó de conformidad la petición del quejoso, de hacer efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada, en proveído de once de enero del año en curso, en relación al desahogo de la prueba pericial en contabilidad ofrecida en autos, debe entenderse como acto de naturaleza intraprocesal que no afecta derechos sustantivos de manera irreparable, ya que si bien fue dictado dentro de juicio, éste puede repararse a través del dictado de una sentencia que sea favorable a la parte quejosa. Cabe mencionar que la causal de improcedencia cuya actualización se destaca, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes; verdad es que ello no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten derechos sustantivos. Además, dicho principio, concatenado con el derecho fundamental de acceso a la justicia, no puede tener el alcance de soslayar algún requisito de procedencia de la instancia del juicio de control de regularidad constitucional, como ha sido reconocido por jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la presente demanda.
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