Karla Lizeth Elías Domínguez

Expediente 74/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
74/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Karla Lizeth Elías Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio y anexo, remitido por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. En atención a su contenido; téngasele acusando recibo del oficio 4003-2 de diecinueve de mayo pasado; asimismo, informa que el veintinueve de marzo del año en curso, admitió la competencia, radicó y admitió la demanda promovida por Karla Lizeth Elías Domínguez, para lo cual remite copia certificada del auto admisorio emitido en el juicio de amparo 282/2022 de su índice; en tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, toda vez que se trata de un expediente en el que declinó la competencia para conocer del asunto; por lo que se establece como fecha probable el treinta y uno de mayo de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese...

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que mediante proveído de siete de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 74/2022, promovido por Karla Lizeth Elías Domínguez, declinando la competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, correspondiéndole conocer por cuestión de tuno al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, el cual radicó dicho expediente bajo el número de juicio de amparo 303/2022, sin embargo, mediante proveído de treinta de marzo del presente año, se le tuvo informando que no aceptó la competencia declinada toda vez que estaba señalada como autoridad responsable lo que le impedía conocer de la referida demanda, declarándose incompetente, por lo que, remitió dicho expediente a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para que fuera re-turnada dicha demanda. De tal manera, que al realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se obtuvieron diversas constancias de las que se evidencia que le correspondió conocer de la misma al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, el cual la tuvo por recibida el veintiocho de marzo de este año, y radicó con el número de juicio de amparo 282/2022. En tales condiciones, se solicita de la maneras más atenta al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, se sirva informar cuando tuvo por recibido el juicio de amparo 303/2022 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, formado con motivo del diverso expediente 74/2021 de la estadística de este órgano jurisdiccional, solicitándole que de no tener inconveniente remita copia certificada de las constancias que acrediten la radicación del mismo, toda vez que resultan necesarias para estar en posibilidad de archivar el presente juicio de amparo. Notifíquese...

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. En atención a su contenido, téngasele informando que no aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional en autos del juicio de amparo 74/2022, en razón de que dicho órgano jurisdiccional fue señalado como autoridad responsable, motivo por el cual se encuentra impedido para conocer de la demanda de amparo promovida por Karla Lizeth Elías Domínguez, por lo que remitió el expediente a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para que sea turnado al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con sede en esa Ciudad, para que conozcan del juicio de amparo mencionado, con excepción del Juzgado Segundo, Décimo Séptimo y Décimo Octavo de Distrito del Séptimo Circuito, toda vez que también fueron señalados como autoridades responsables. De lo anterior, el suscrito se da por enterado y se encuentra en espera de recibir el acuse de recibo de la incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito. Notifíquese...

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la cual se advierte que feneció el término a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiese desahogado la prevención realizada por acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, por lo que, se procede a proveer lo conducente con los elementos que obran en el presente expediente. En ese orden de ideas, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de los Jueces Segundo, Decimoquinto, Decimoséptimo, y Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en la ciudad de Xalapa; Jueces adscritos al Juzgado de Procesos y Procedimientos Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, anexos al Centro de Reinserción Social de la Congregación de Pacho Viejo, municipio Coatepec, Veracruz; Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz; Subdirector de Operaciones de Investigación Policial, dependiente de la Dirección General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ambos con residencia en la Congregación Las Trancas, Emiliano Zapata, Veracruz; Delegado Regional Zona Centro Xalapa, dependiente de la Dirección General de la Policía Ministerial, de la Fiscalía General del Estado de Veracruz; Jueces de Proceso y Procedimientos Penal y Oral del Distrito Judicial Zona Sur-Coatzacoalcos, Veracruz; Fiscal Regional Zona Sur-Coatzacoalcos, Veracruz, Fiscal encargado de la Sub Unidad Integral en Minatitlán; Fiscal encargado de la Unidad Integral Acayucan y Unidad Integral Coatzacoalcos, estas tres últimas autoridades con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, de quienes reclama ".la orden de aprehensión girada en contra del quejoso, así como la orden de detención fuera de todo procedimiento". Bajo esta perspectiva, previamente a la admisión de la demanda se debe precisar lo siguiente: En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez que carezca de competencia legal. Luego, primeramente debe atenderse a lo que la Carta Magna -máxima fuente del derecho interno en el país- establece respecto de la competencia, para después acudir a la ley de la materia. Entonces, conforme al artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, la competencia -por razón de territorio- recae en el juez de distrito, en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En congruencia con ese numeral, al crear el artículo 37 de la Ley de Amparo, el legislador ordinario estableció tres reglas para establecer la competencia, según si el acto requiere o no de 'ejecución material', entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado. De modo que la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo; sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Con base en esas premisas, la primera regla determina que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, indica que cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, la tercera, establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más Distritos. De ahí que (conforme a la primera regla) será competente el juez de distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso que nos ocupa se reclama una orden de aprehensión y, por tanto, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material. Además, al momento en que el quejoso promovió demanda de amparo, el mandato de captura reclamado no se había ejecutado ni se estaba ejecutando, puesto que no es un acto susceptible de ejecución parcial, porque la aprehensión se consuma en un solo momento, con lo que quedan excluidas las reglas de atribución de competencia relativas a los actos ya ejecutados y a los actos cuya ejecución se inició y se sigue ejecutando al promover el presente juicio de amparo. Por tanto, la regla para fijar la competencia en este supuesto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, estriba en el lugar en que ese acto deba tener ejecución o trate de ejecutarse. Así, se debe puntualizar que el quejoso, al realizar sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad, no precisó domicilio alguno en la ciudad de Veracruz, en el que pudiera tener ejecución el mandato de captura que reclama; tampoco señaló como responsable a alguna autoridad que se encuentre dentro de la jurisdicción de este juzgado. Además, a pesar de que este juzgador previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar autoridad o autoridades ejecutoras dentro de la jurisdicción de este juzgado de distrito, y precisar el lugar en donde se trataría de ejecutar el acto reclamado, no efectuó manifestación alguna dentro del plazo concedido o, incluso, fuera de él. En tales condiciones, dado que del escrito de demanda no se advierte que hubiera señalado como responsables a la totalidad de los jueces de Xalapa, el suscrito estima que la competencia declina se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Xalapa, por ser el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenece este órgano jurisdiccional, y porque no sería jurídicamente permisible que este juzgador conociera de la demanda de amparo respecto de un mandato de captura que de ningún modo se podría ejecutar dentro del territorio o por autoridades respecto de las cuales este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Robustece lo anterior la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 88, Volumen 217-228 Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, y que es del tenor siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Cabe precisar que, por cierto, la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, por lo que el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio; sin embargo, como ya se dijo, en el caso particular el quejoso no señaló domicilio dentro de la circunscripción territorial sobre la que ejerce jurisdicción este órgano, ni señaló como responsable a alguna autoridad que tenga su lugar de residencia en el ámbito territorial sobre la cual este juzgado ejerza jurisdicción Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004166, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En virtud de lo expuesto, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Xalapa, por tanto, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, remítanse los autos originales del presente juicio, copias de la demanda de derechos fundamentes, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en esa ciudad, para que a su vez la remita al juzgado correspondiente; por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, significando al Juez, que por turno corresponda conocer de este asunto, se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo e informar si acepta o no la competencia planteada. Finalmente, se precisa que no resulta dable proveer sobre la suspensión solicitada, dado que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en los artículos 22 de la Constitución General de la República y 15 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la promovente. ..

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