Karla Livier Castillo Gomez

Expediente 1057/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1057/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Karla Livier Castillo Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que le fue devuelto el tomo anexo relativo a las constancias que en su momento remitió a este órgano jurisdiccional. De lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, y toda vez que ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos las copias certificadas del expediente 653/2019, consistente en un tomo, el cual fue exhibido por la Junta responsable con su oficio 2358/2022; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, y solicítese a dicha autoridad que acuse el recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Agréguese el escrito signado por la quejosa Karla Livier Castillo Gómez, por medio del cual pretende ampliar su demanda de amparo en relación al nuevo acto que reclama del Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que hace consistir medularmente en: La omisión de auxiliar en sus labores a la autoridad exhortante, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado para emplazar a juicio al demandado laboral, en el juicio 653/2019. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que por acuerdo de diecinueve de agosto pasado, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como la constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.2" De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. 2 Visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época LIBIA BEATRIZ CUA MEJIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4c.05 20/07/23 21:43:27 En el caso, la parte quejosa reclama de la responsable, la omisión de emitir acuerdo de radicación que señale fecha de audiencia de conciliación demanda y excepciones, así como la omisión de acordar el escrito por el que se solicitó la revocación de los apoderados de la parte actora, dentro del juicio laboral 653/2019, así como la notificación de ambos acuerdos. En ese sentido, se tiene que las autoridades responsables adjuntaron a sus informes justificados, los proveídos de once de febrero del año en curso, notificado el veintitrés de mayo del año en curso, en el que se fijó fecha para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones; así como el diverso acuerdo de quince de junio de esta anualidad, en el que se acordó lo conducente a la solicitud de apoderados de la parte actora en el juicio de laboral de origen 653/2019, así como su notificación de misma fecha. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, pues por autos de once de febrero del año en curso, notificado el veintitrés de mayo del año en curso, se fijó fecha para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones; y por diverso acuerdo de quince de junio de esta anualidad, se acordó lo conducente a la solicitud de apoderados de la parte actora en el juicio de laboral de origen 653/2019, notificado en la misma fecha. Por consiguiente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia este juicio de amparo, en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional programada para celebrarse, a las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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