Karla Leticia Camacho Chavarin y Otros.
Expediente 153/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Karla Leticia Camacho Chavarin y Otros.
- J. J. A. C. y Otros.
- J. J. A. C.
- Karla Leticia Camacho Chavarin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Téngase por recibido el oficio DJN/1450/2022, signado por Ana Lucía Carrión Román, en su carácter de representante legal del Doctor Cuitláhuac González Galindo, en su carácter de Secretario de Salud de Sinaloa y Director General de los Servicios de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, personalidad que acredita con la escritura pública número dos mil setecientos noventa (2,790), volumen séptimo (VII), en Culiacán, Sinaloa, de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, pasada ante la fe del Doctor Marco César García Bueno, Notario Público Número Doscientos Catorce (214) en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, por medio del cual desahoga el requerimiento que se le efectuó mediante proveído de veintiséis de mayo del año en curso; memorial y anexos, así como el diverso ocurso recibido en el auto en mención que, en atención a su contenido, únicamente se ordena agregar en autos para que obren como constancia, toda vez que el veintiuno de los cursantes, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, en torno a la devolución de documentos que solicita, se hace de su conocimiento que a efecto de recoger los mismos deberá mediar solicitud de una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", al que podrá acceder en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrara el sistema de "Agenda OJ", la generación de citas con la finalidad de consultar expedientes o desahogo de requerimientos o comparecencias exigidas por este juzgado, esto último, en los casos previstos en el numeral 6º del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia, de que, tomando en consideración la limitación del personal asignado para atención al público en el horario escalonado establecido para llevar a cabo la jornada presencial en este órgano jurisdiccional, el fotocopiado y entrega de documentos se llevará a cabo los días jueves de cualquier semana, en la medida que permita la carga de trabajo del personal asignado para tal efecto. En el entendido de que los interesados, previo a ingresar al órgano jurisdiccional y durante su permanencia en el mismo, debe observar las medidas sanitarias con motivo de la contingencia generada por la propagación del virus SARS COV2, como son, a manera enunciativa, más no limitativa, revisión de temperatura corporal, uso de cubrebocas, mascarilla, guantes, guarda de distancia mínima recomendada; sin perjuicio de que el tribunal pueda ordenar otras a fin de evitar el contagio y propagación del indicado virus tanto entre los comparecientes como entre el personal del Juzgado.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que en la demanda de amparo promovida por la menor de edad J.J.A.C., por conducto de su madre Karla Leticia Camacho Chavarin, se señaló como acto reclamado, el siguiente: "VIII. ACTO RECLAMADO. - a) La negativa de aplicar la vacuna a mi menor hijo de cinco años de edad, contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19. b) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que mi menor hija no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta o cualquier otra, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus." En ese contexto y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que se actualiza la prevista en el ordinal 61, fracción XXII, del propio cuerpo normativo. Del dispositivo en cita se desprende que se surte la causa de improcedencia ahí prevista, cuando el acto reclamado, aun quedando subsistente, no sea factible examinarlo en razón de que ya no puede surtir efectos, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En ese contexto, a la fecha en que fue presentada la demanda de amparo, esto es, el siete de marzo de dos mil veintidós, la menor quejosa de cinco años de edad, reclamó de las autoridades señaladas como responsables la negativa por parte de éstas de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, por no estar comprendido en la política pública de prevención de la enfermedad en virtud del grupo etario al que pertenece. Cuestión esta última que fue corroborada con el informe justificado que rindió el Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, donde textualmente precisó lo siguiente: "(.) Por su parte y como refiere la Coordinadora Jurídica y Consultiva, mediante la atenta nota de fecha 10 de septiembre de 2021, de asunto Opinión Vacuna COVID-19, conforme a las facultades con las que cuenta la Comisión de Autorización Sanitaria, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 14 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informa que se emitió la autorización temporal de diversas vacunas, con la finalidad de mitigar la situación sanitaria que atraviesa el país y la cual ha sido formalmente declarada como emergencia, entre ellas se encuentra la Vacuna denominada PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE (BNT162b2), la cual conforme a la normatividad aplicable se actualizó la indicación terapéutica a: "Vacuna para prevenir la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) para adolescentes mayores de 12 años y adultos", concluyendo con base en los elementos: a) Opinión Técnica del Comité de Moléculas Nuevas, bajo el tenor de estudios clínicos y de inmunogenicidad presentados se sustenta la modificación para la ampliación del uso de la vacuna BNT162b2 para prevenir la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) en individuos mayores a 12 años de edad y adultos. En materia de seguridad se concluyó que el medicamento es seguro para el grupo etario de mayores de 12 años. b) En consideración de los ensayos clínicos de fase 2/3 que tuvieron por objetivo determinar la seguridad y el definir el perfil de seguridad del BNT162b2 en participantes de 12 a 15 años de edad y como objetivo secundario de inmunogenicidad el demostrar la no inferioridad de la respuesta inmune al BNT162b2 en participantes de 12 a 15 años en comparación con participantes de 16 a 25 años, donde se utilizó vacuna seleccionada para la evaluación de la Fase 2/3 fue BNT162b2 a dosis de 30 µg, dos dosis separadas por un periodo de 21 días entre cada aplicación. Concluyendo que estos estudios demuestran la seguridad de uso únicamente en personas mayores de 12 años. Por lo anterior, se concluyó de la evaluación y dictamen de la información científica realizada por la Comisión, al ser favorable, procedió a autorizar el 24 de junio de 2021 la modificación a las condiciones de autorización por uso de emergencia, para incluir al grupo etario de adolescentes mayores de 12 años bajo el sustento técnico científico arriba mencionado y al no haber estudios científicos que avalen el uso de esta vacuna en menores de 12 años se declaró en el apartado de contraindicaciones de la misma autorización por uso de emergencia, es decir que bajo esta situación específica de menores de 12 años no se debe utilizar la vacuna referida Pfizer-Biontech COVID-19 Vaccine (BNT162b2). Aclarando que al momento que COFEPRIS emita una autorización de las modificaciones de las condiciones de uso de emergencia de la Vacuna Pfizer-Biontech, no se obliga a que el Programa Nacional de Vacunación contra Virus SARS-CoV-2 inicie la vacunación a este grupo. Esta autorización por uso de emergencia estará sujeta a las recomendaciones sobre los candidatos vacúnales así como la población que se vacunará y los criterios de elegibilidad, etapas y la logística de la estrategia, así como los ejes de priorización de la vacunación en México. (.)" De todo lo anterior, puede obtenerse que hasta el siete de marzo de dos mil veintidós, existía una negativa expresa por parte de las autoridades Sanitarias Federales de incluir en la política pública de prevención de la enfermedad derivada del virus SARS COVID-19, a través de la campaña nacional de vacunación, a las personas comprendidas en el grupo etario de cinco a once años, bajo el argumento toral de que no existían estudios científicos que avalaran el uso de la vacuna Pfizer-Biontech COVID-19 Vaccine (BNT162b2) en personas menores a los doce años. Sin embargo; constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador que -a la fecha en que se emite esta determinación- las autoridades Sanitarias Federales incorporaron en la Política Nacional de Vacunación a los menores pertenecientes al grupo etario comprendido de los cinco a los once años de edad, para la inoculación del biológico Pfizer-Biontech y cuyo registro en el portal nacional mivacuna.salud.gob.mx dio inicio a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós. Información que puede ser corroborada en la página oficial del titular del Ejecutivo Federal https://presidente.gob.mx/ninas-y-ninos-de-5-a-11-anos-seran-vacunados-contra-covid-19-recibiran-vacuna-pfizer/. Ahora bien, la materia del presente juicio consiste en establecer: (1) la constitucionalidad o no de la negativa de las responsables de incluir a la menor de edad quejosa, por razón de su grupo etario, en la política pública de prevención de la enfermedad derivada del virus SARS COVID-19, a través de la campaña nacional de vacunación y (2) la eficacia de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer-BioNTech en el grupo de menores de cinco a doce años, a la luz del derecho a la salud de J.J.A.C. en relación con las políticas internacionales adoptadas en materia de vacunación a personas pertenecientes al citado grupo etario. Ergo, si bien es verdad que a esta data la infante quejosa no ha sido inoculada en los términos pretendidos en su demanda de amparo; sin embargo, el motivo por el que las autoridades sanitarias federales no la incorporaba dentro del programa de vacunación y, específicamente, con la aplicación del biológico Pfizer-Biontech COVID-19 Vaccine (BNT162b2), dejó de tener existencia dentro de su esfera de derechos. Lo anterior es así, teniendo en cuenta que J.J.A.C. pertenece ahora al grupo etario incluido en la Política Nacional de Vacunación y tendrá acceso al biológico Pfizer-Biontech, conforme al sistema de registro para la obtención de su expediente clínico y en términos del calendario de aplicación que será establecido por las autoridades sanitarias en su oportunidad. De ahí que, aun cuando el acto reclamado se encuentra parcialmente subsistente, dejó de surtir sus efectos en perjuicio del derecho a la salud de la menor de edad quejosa. Sin que para arribar a la anterior conclusión obste que en términos de lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en los Estados Unidos de América, en la Ciudad de Nueva York, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, y promulgada por decreto de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en el Diario Oficial de la Federación, es un deber, tanto de los tribunales federales como de las autoridades responsables, velar por la exacta protección de los derechos humanos de los gobernados y especialmente de los niños. En tanto que los niños constituyen una parte sustancial de la población y enfrentan condiciones especiales de vulnerabilidad, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Más aun, en tratándose del derecho a la salud de los menores de edad en el marco global de la pandemia derivada del Virus SARS COVID-19; sin embargo, dicha tutela no exime la posibilidad de que se actualicen -como ocurre en la especie- causas de improcedencia que lleven al juzgador a decretar el sobreseimiento. De ahí que, al ser indudable y manifiesto que las responsables ya no trastocan el derecho a la salud de la menor de edad quejosa, por las razones dadas en el presente proveído, es innecesario entonces esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para examinar el estudio de la causa de improcedencia de que se trata. Por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada María Fernanda Morales Ríos, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. L´MFMR* FIRMADO ELECTRONICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas)
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo en vigor se hace del conocimiento de la parte quejosa el proveido de veintiuno de junio del año en curso en el que: Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que en la demanda de amparo promovida por la menor de edad J.J.A.C., por conducto de su madre Karla Leticia Camacho Chavarin, se señaló como acto reclamado, el siguiente: "VIII. ACTO RECLAMADO. - a) La negativa de aplicar la vacuna a mi menor hijo de cinco años de edad, contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19. b) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que mi menor hija no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta o cualquier otra, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus." En ese contexto y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que se actualiza la prevista en el ordinal 61, fracción XXII, del propio cuerpo normativo. Del dispositivo en cita se desprende que se surte la causa de improcedencia ahí prevista, cuando el acto reclamado, aun quedando subsistente, no sea factible examinarlo en razón de que ya no puede surtir efectos, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En ese contexto, a la fecha en que fue presentada la demanda de amparo, esto es, el siete de marzo de dos mil veintidós, la menor quejosa de cinco años de edad, reclamó de las autoridades señaladas como responsables la negativa por parte de éstas de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, por no estar comprendido en la política pública de prevención de la enfermedad en virtud del grupo etario al que pertenece. Cuestión esta última que fue corroborada con el informe justificado que rindió el Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, donde textualmente precisó lo siguiente: "(.) Por su parte y como refiere la Coordinadora Jurídica y Consultiva, mediante la atenta nota de fecha 10 de septiembre de 2021, de asunto Opinión Vacuna COVID-19, conforme a las facultades con las que cuenta la Comisión de Autorización Sanitaria, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 14 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informa que se emitió la autorización temporal de diversas vacunas, con la finalidad de mitigar la situación sanitaria que atraviesa el país y la cual ha sido formalmente declarada como emergencia, entre ellas se encuentra la Vacuna denominada PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE (BNT162b2), la cual conforme a la normatividad aplicable se actualizó la indicación terapéutica a: "Vacuna para prevenir la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) para adolescentes mayores de 12 años y adultos", concluyendo con base en los elementos: a) Opinión Técnica del Comité de Moléculas Nuevas, bajo el tenor de estudios clínicos y de inmunogenicidad presentados se sustenta la modificación para la ampliación del uso de la vacuna BNT162b2 para prevenir la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) en individuos mayores a 12 años de edad y adultos. En materia de seguridad se concluyó que el medicamento es seguro para el grupo etario de mayores de 12 años. b) En consideración de los ensayos clínicos de fase 2/3 que tuvieron por objetivo determinar la seguridad y el definir el perfil de seguridad del BNT162b2 en participantes de 12 a 15 años de edad y como objetivo secundario de inmunogenicidad el demostrar la no inferioridad de la respuesta inmune al BNT162b2 en participantes de 12 a 15 años en comparación con participantes de 16 a 25 años, donde se utilizó vacuna seleccionada para la evaluación de la Fase 2/3 fue BNT162b2 a dosis de 30 µg, dos dosis separadas por un periodo de 21 días entre cada aplicación. Concluyendo que estos estudios demuestran la seguridad de uso únicamente en personas mayores de 12 años. Por lo anterior, se concluyó de la evaluación y dictamen de la información científica realizada por la Comisión, al ser favorable, procedió a autorizar el 24 de junio de 2021 la modificación a las condiciones de autorización por uso de emergencia, para incluir al grupo etario de adolescentes mayores de 12 años bajo el sustento técnico científico arriba mencionado y al no haber estudios científicos que avalen el uso de esta vacuna en menores de 12 años se declaró en el apartado de contraindicaciones de la misma autorización por uso de emergencia, es decir que bajo esta situación específica de menores de 12 años no se debe utilizar la vacuna referida Pfizer-Biontech COVID-19 Vaccine (BNT162b2). Aclarando que al momento que COFEPRIS emita una autorización de las modificaciones de las condiciones de uso de emergencia de la Vacuna Pfizer-Biontech, no se obliga a que el Programa Nacional de Vacunación contra Virus SARS-CoV-2 inicie la vacunación a este grupo. Esta autorización por uso de emergencia estará sujeta a las recomendaciones sobre los candidatos vacúnales así como la población que se vacunará y los criterios de elegibilidad, etapas y la logística de la estrategia, así como los ejes de priorización de la vacunación en México. (.)" De todo lo anterior, puede obtenerse que hasta el siete de marzo de dos mil veintidós, existía una negativa expresa por parte de las autoridades Sanitarias Federales de incluir en la política pública de prevención de la enfermedad derivada del virus SARS COVID-19, a través de la campaña nacional de vacunación, a las personas comprendidas en el grupo etario de cinco a once años, bajo el argumento toral de que no existían estudios científicos que avalaran el uso de la vacuna Pfizer-Biontech COVID-19 Vaccine (BNT162b2) en personas menores a los doce años. Sin embargo; constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador que -a la fecha en que se emite esta determinación- las autoridades Sanitarias Federales incorporaron en la Política Nacional de Vacunación a los menores pertenecientes al grupo etario comprendido de los cinco a los once años de edad, para la inoculación del biológico Pfizer-Biontech y cuyo registro en el portal nacional mivacuna.salud.gob.mx dio inicio a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós. Información que puede ser corroborada en la página oficial del titular del Ejecutivo Federal https://presidente.gob.mx/ninas-y-ninos-de-5-a-11-anos-seran-vacunados-contra-covid-19-recibiran-vacuna-pfizer/. Ahora bien, la materia del presente juicio consiste en establecer: (1) la constitucionalidad o no de la negativa de las responsables de incluir a la menor de edad quejosa, por razón de su grupo etario, en la política pública de prevención de la enfermedad derivada del virus SARS COVID-19, a través de la campaña nacional de vacunación y (2) la eficacia de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer-BioNTech en el grupo de menores de cinco a doce años, a la luz del derecho a la salud de J.J.A.C. en relación con las políticas internacionales adoptadas en materia de vacunación a personas pertenecientes al citado grupo etario. Ergo, si bien es verdad que a esta data la infante quejosa no ha sido inoculada en los términos pretendidos en su demanda de amparo; sin embargo, el motivo por el que las autoridades sanitarias federales no la incorporaba dentro del programa de vacunación y, específicamente, con la aplicación del biológico Pfizer-Biontech COVID-19 Vaccine (BNT162b2), dejó de tener existencia dentro de su esfera de derechos. Lo anterior es así, teniendo en cuenta que J.J.A.C. pertenece ahora al grupo etario incluido en la Política Nacional de Vacunación y tendrá acceso al biológico Pfizer-Biontech, conforme al sistema de registro para la obtención de su expediente clínico y en términos del calendario de aplicación que será establecido por las autoridades sanitarias en su oportunidad. De ahí que, aun cuando el acto reclamado se encuentra parcialmente subsistente, dejó de surtir sus efectos en perjuicio del derecho a la salud de la menor de edad quejosa. Sin que para arribar a la anterior conclusión obste que en términos de lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en los Estados Unidos de América, en la Ciudad de Nueva York, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, y promulgada por decreto de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en el Diario Oficial de la Federación, es un deber, tanto de los tribunales federales como de las autoridades responsables, velar por la exacta protección de los derechos humanos de los gobernados y especialmente de los niños. En tanto que los niños constituyen una parte sustancial de la población y enfrentan condiciones especiales de vulnerabilidad, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Más aun, en tratándose del derecho a la salud de los menores de edad en el marco global de la pandemia derivada del Virus SARS COVID-19; sin embargo, dicha tutela no exime la posibilidad de que se actualicen -como ocurre en la especie- causas de improcedencia que lleven al juzgador a decretar el sobreseimiento. De ahí que, al ser indudable y manifiesto que las responsables ya no trastocan el derecho a la salud de la menor de edad quejosa, por las razones dadas en el presente proveído, es innecesario entonces esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para examinar el estudio de la causa de improcedencia de que se trata. Por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada María Fernanda Morales Ríos, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. L´MFMR* FIRMADO ELECTRONICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas)
- Principal
Visto el oficio 7537/2022, firmado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticinco de mayo del año en curso, en el recurso de queja 109/2022 del índice del referido órgano jurisdiccional, interpuesto contra el proveído dictado por este juzgado el ocho de marzo de la presente anualidad, en el juicio que nos ocupa, cuyo punto resolutivo señala: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente recurso de queja. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo a la Superioridad.
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