Karla Judith Catalán Tena

Expediente 1602/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1602/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
14/12/2016

Partes del expediente

  • Karla Judith Catalán Tena

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada por dicho tribunal, con motivo del recurso de queja interpuesto, contra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; asimismo, estese a lo resuelto por el Superior quedando al tenor de los siguientes puntos resolutivos: ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja Ahora bien, en vista de que dicha resolución no requiere de ejecución material alguna, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de destrucción, en términos del punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del diverso por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo del que deriva el cuaderno en el que se actúa, e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto, el que quedó registrado con el consecutivo 130/2016. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito que suscribe el representante legal del quejoso; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 y relativos de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer en contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que este juzgado efectivamente emitió la resolución impugnada, en los términos que en el informe justificado se precisan, y con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de lo actuado en el presente expediente para apoyar el contenido de dicho informe, en términos del referido artículo. Dentro del término legal remítase testimonio certificado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que corresponda, para la substanciación del mencionado recurso, en la inteligencia de que la entrega recepción de los autos al Tribunal de Alzada, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso que nos ocupa. Finalmente, atendiendo al diverso escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual allega copia certificada de diversas actuaciones del amparo 476/2016-I del Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, previa copia certificada que se deje en autos, únicamente del escrito, remítase este y su anexo al Tribunal Colegiado en Turno en Materia de Civil del Vigésimo Segundo Circuito. Notifíquese.

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a Karla Judith Catalán Tena, por conducto de su representante legal Noé Guerrero Hernández, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que anexa a su escrito, ello de conformidad con lo dispuesto por el numerales 6 y 10 de la Ley de Amparo, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Estado de Querétaro y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1602/2016, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por ser de estudio preferente, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio constitucional, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el diverso precepto 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Ahora bien, visto el escrito de demanda, se advierte que la acción de amparo intentada es improcedente y debe desecharse de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado en el juicio la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Así es, contra lo reclamado por el quejoso, procede un recurso ordinario de defensa. Como preámbulo, deben traerse a colación los antecedes siguientes que se extraen del ocurso constitucional. La parte quejosa demandó en la vía ordinaria civil el pasado doce de octubre de dos mil quince, la cual tocó conocer al Juzgado Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia de Querétaro, con el progresivo 1544/2015. El cuatro de enero del presente año, el demandado dio contestación a la demanda interpuesta, exponiendo reconvención a la actora. Mediante escrito presentado por la parte demandada, solicitó la entrega del vehículo marca BMW, versión X3, modelo 2014, que la actora tiene en su posesión. El trece de mayo del año que transcurre se proveyó de conformidad con su solicitud autorizándose la entrega del vehículo, apercibiéndole que de no entregar o imposibilitar la entrega en el domicilio señalado, se haría acreedora a una multa de treinta días el salario mínimo. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, previa petición del demandado, se hizo efectivo el apercibimiento al que fue conminada la aquí quejosa y ordenó girar oficio a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado a efecto de que mediante el procedimiento económico coactivo se haga efectiva, al no haber estado presente el día programado para la entrega del bien mueble en cuestión, siendo dicho proveído el acto del que se duele, y contra el cual la quejosa acude a la presente instancia constitucional. Plasmado el panorama fáctico, sigue traer a glosa el texto de la porción normativa en que se contiene la previsión de la causa de improcedencia, esto es, el primer párrafo de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo; dice así: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] --- XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." La reproducción que antecede pone de manifiesto que para estar en condiciones de instar el juicio de amparo es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitivo, esto es, que sea la última y final determinación ordinaria que provenga de la autoridad de la que emana el acto que agravia al particular; lo anterior, en razón de que el juicio de amparo tiene como fundamento esencial su carácter de recurso de defensa extraordinario, esto es, que ante la autoridad de control constitucional sólo se deben analizar aquellos actos respecto de los que ya no hay posibilidad jurídica procesal de que puedan cambiar, en otras palabras, que el acto materia de la violación de derechos fundamentales sea el pronunciamiento y decisión final de la autoridad responsable. Para satisfacer lo anterior, el gobernado tiene -como carga procesal- la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. La obligación de mérito la exige esencialmente la fracción reproducida en relación a los actos provenientes de autoridades encargadas de la administración de justicia, esto es, sean judiciales o materialmente jurisdiccionales del orden federal, estatal, municipal y de cualquier materia, civil, mercantil, administrativo, familiar, agrario, fiscal, entre otras; así, cuando una de dichas autoridades emita un acto contra alguna de las partes del juicio o procedimiento que estén instruyendo bajo su jurisdicción, el particular habrá de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria que al efecto estén dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que le causa el agravio de que se duela. En seguimiento de lo anterior, es también necesario precisar cuáles son las normas en que se prevé la procedencia del medio de defensa ordinario que en la especie no se hizo valer por la parte quejosa contra el acto del que se duele, previo a instar el juicio de amparo. Para lo anterior, se reproduce el texto de los siguientes artículos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro: "Artículo 64. Se entenderá por corrección disciplinaria: El apercibimiento o amonestación; y La multa que sea cuando menos de una vez el salario mínimo general diario vigente en la zona, sin exceder de sesenta, duplicándose en caso de reincidencia. Artículo 65. Dentro de los tres días de haberse hecho saber una corrección disciplinaria a la persona a quien se le impuso, podrá ésta pedir al juez que la oiga en justicia, en forma incidental, independientemente del expediente principal y se citará para la audiencia respectiva dentro del tercer día, en la que se pronunciará resolución, misma que será apelable en ambos efectos, si fuere dictada por un juez de primera instancia. Para substanciar la apelación, se expedirá a la quejosa copia certificada del documento en que conste el motivo por el que se aplicó la corrección y copia del auto en que ésta se impuso. Si la falta hubiere sido cometida en algún escrito, se incluirá con lo conducente." Pues bien, en el caso que nos ocupa se estima que la justiciable incumplió el principio de definitividad explicado en párrafos precedentes porque dejó de hacer uso de un medio de defensa ordinario consistente en el incidente y posteriormente en el recurso de apelación previsto en el artículo 65 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, precepto que contempla la posibilidad de que el acto reclamado pudiera ser revocado o modificado, y así desaparecer el agravio que dice sufre el quejoso, ello, antes de acudir a esta sede constitucional. Es así, puesto que el acto reclamado se hace consistir en el proveído de siete de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual el juez natural hizo efectivo el apercibimiento decretado por el Juez Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia en el Estado de Querétaro, por ende, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 65 transcrito, y en caso de no favorecerle la resolución dictada vía incidental procede el recurso de apelación en términos de lo que al efecto dispone el párrafo segundo del artículo 736 de la ley adjetiva local segundo párrafo. Con lo dicho, esta juzgadora federal estima que la justiciable tenía la carga agotar el incidente y posteriormente ejercer el recurso de apelación contra el proveído aquí reclamado, lo que no hizo, por ello, dejó de observar el principio de definitividad que debe cumplirse ineludiblemente a fin de establecer la debida procedencia del juicio de amparo; de ahí que se deba tener por actualizado el motivo de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Apoyan lo anterior, la tesis III.2o.C.4 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2113 del libro XVI, enero de dos mil trece, tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia". Sin que en el caso concreto se actualice ninguna hipótesis legal o jurisprudencial que signifique excepción a la observancia del principio de definitividad, porque como ya se vio, el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis mencionadas. No es óbice a lo anterior, la jurisprudencia que invoca la demandante de amparo, puesto que dicho criterio es preciso en establecer la procedencia del amparo indirecto respecto de la determinación que niega adjudicar en forma directa al ejecutante el bien embargado o hipotecado, una vez que se hace definitiva; hipótesis que, como se ha expuesto, no se actualiza en el caso concreto, precisamente porque la parte quejosa omitió agotar el medio de defensa y el recurso ordinario que la ley de la materia prevé para impugnar el acto que señala como reclamado y, por ende, la resolución que combate no tiene el carácter de definitiva. Por lo anteriormente expuesto y fundado, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda de amparo promovida por Karla Judith Catalán Tena, por conducto de su representante legal Noé Guerrero Hernández, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Gerardo Goyeneche Villalobos, Sergio Fernández Islas, Leonor Ivett Olvera Loarca, Alejandro López Viazcan, Iván Enrique Zamorano Lara; asimismo, en términos del numeral 24 de la invocada ley a las diversas personas que menciona, por no contar con cédula profesional registrada ante los tribunales que los acredita para ejercer con el carácter de licenciados en derecho. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos por el ocursante, previo cotejo y compulsa del mismo, debiéndose levantar la constancia respectiva al momento de su recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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