Karla Judith Alcalá Lara

Expediente 35/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
35/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Karla Judith Alcalá Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Se agrega oficio del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por el que acusa recibo del oficio 11007/2022, por el que se remitió la demanda de amparo promovida por **, para efecto de que ese colegiado se pronunciara respecto de dicha resolución, registrándola con el número de amparo directo 620/2022. Notifíquese.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de tres de octubre de la presente anualidad, emitida por este juzgado de distrito; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: PRIMERO. Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de tres de octubre de la presente anualidad, que sobreseyó en el presente juicio de amparo 35/2022-2, promovido por Carla Judith Alcalá Lara, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. TERCERO. Se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. CUARTO. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso en que se actúa, coindicen en su totalidad. SEXTO. Finalmente, virtud que en el considerando quinto de la sentencia de tres de octubre del año en curso, emitida en el presente controvertido constitucional, se determinó que una vez que causara ejecutoria la sentencia constitucional, se remitieran las constancias precisadas en dicho considerando al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para que resolviera lo conducente; por tanto, procédase a dar cumplimiento a lo ordenado y remítanse el original de la demanda de amparo e informe justificado y su anexo rendido por la autoridad responsable, al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimonoveno Circuito, con sede en la misma ciudad, para que se pronuncie respecto de la competencia escalonada que respetuosamente se le plantea. Notifíquese.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio número 5086/2022, firmado electrónicamente por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual, requiere a este juzgado para que a la brevedad posible se le informe el estado actual del amparo indirecto 35/2022-2 del índice de este órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior, infórmese a la superioridad que el tres de octubre del año en curso, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo 35/2022-2, promovido por Carla Judith Alcalá Lara, notificándose a las partes el cuatro de los actuales. Asimismo, en la resolución mencionada este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Carla Judith Alcalá Lara, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en el laudo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral 173/7/2020, por lo que una vez que causa ejecutoria, se dará cumplimiento a lo ordenado en el considerando quinto de la sentencia. En apoyo a lo anterior, remítase a la autoridad oficiante copia certificada de la sentencia emitida en este controvertido constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 35/2022-2, promovido por Carla Judith Alcalá Lara, por propio derecho; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el seis de enero de dos mil veintiuno ante la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, Carla Judith Alcalá Lara, promovió amparo directo contra la autoridad y acto siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Tiene ese carácter la siguiente: JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NÚMERO SIETE. IV.- LEYES Y ACTOS RECLAMADOS.- El inconstitucional Laudo dictado por la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado en Nuevo Laredo, Tamaulipas dentro del expediente Número 173/7/2020 en fecha 25 de noviembre de 2020." Una vez realizados los trámites correspondientes a la demanda de amparo directo presentada, en sentencia emitida el veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en Reynosa, Tamaulipas, resolvió declararse legalmente incompetente para conocer del juicio de garantías promovido por la quejosa, en virtud de que, no obstante que en la demanda de garantías se haya señalado expresamente como acto reclamado el laudo dictado en el juicio laboral de origen, lo cierto es que no solamente se plantean argumentos relativos a dicha resolución, sino que de dentro de éstos también se impugna el emplazamiento respecto, por lo cual se ostenta como persona extraña por equiparación, al aducir como afectación a sus derechos, la ausencia del llamamiento al juicio de origen, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque la efectuada presenta defectos tales que impidieron a la parte demandada el conocimiento del juicio seguido en su contra; motivo por el cual, declinó competencia a los Juzgados de Distrito en Nuevo Laredo, Tamaulipas. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer del amparo directo laboral 297/2021 a este Juzgado; en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, se avocó al conocimiento de la demanda; se registró con el número 35/2022-2 y se previno a la quejosa para que manifestara si era su deseo señalar a la Central de Actuarios de este Distrito, como autoridad responsable; la quejosa por conducto de su autorizado manifestó su deseo de no señalar a dicha autoridad como responsable, en virtud de que el acto reclamado no es competencia del citado Actuario. Atento a lo anterior, en auto de nueve de marzo de esta anualidad, se previno de nueva cuenta a la impetrante para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; proveído que fue notificado personalmente al autorizado de la quejosa. Transcurrido el término concedido con dicha prevención, sin que se hubiere desahogado, en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós se tuvo por no presentada la demanda; inconforme, la impetrante interpuso el recurso de queja, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, quien en ejecutoria de dos de junio de dos mil veintidós, determinó declarar fundado el recurso de queja. Así, en auto de catorce de junio de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se emplazó a la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, en razón de que las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad, en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, al informe justificado rendido por la autoridad responsable y a las constancias que obran en autos, se concluye que la quejosa reclama: De la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La diligencia de emplazamiento realizada el diecisiete de agosto de dos mil veinte, en los autos del expediente laboral 173/7/2020 y lo actuado con posterioridad, incluyendo el laudo. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en virtud de que así lo expresó al momento de rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó en apoyo a su informe justificado consistentes en copia certificada del expediente laboral 173/7/2020 del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mismas que en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, cuentan con valor probatorio pleno, por ser documentos públicos expedidos por autoridad legalmente facultada para ello. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En ese aspecto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, los que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables". De acuerdo con los numerales transcritos, se obtiene la regla general que corresponde a la parte quejosa precisar en la demanda de amparo, la autoridad responsable del acto que le irroga perjuicio, para que se esté en aptitud de llamarla a juicio, y por ende es improcedente el juicio de amparo indirecto si aquella a quien se atribuye el acto reclamado no es escuchada, pues para que se esté en condiciones de dirimir la controversia que se le plantea, es necesaria la audiencia de la misma. En efecto, el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por leyes o actos emitidos por una autoridad contraventores de la Constitución Federal y Tratados Internacionales, con el propósito de defender a los gobernados por las violaciones a sus derechos humanos, teniendo que la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En lo tocante al concepto de autoridad responsable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios que ha integrado, sostuvo que para efectos del amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación delimitó con precisión dicho concepto tal como se advierte de la tesis 97, consultable en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199459, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Establecido lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando no se señalan como autoridades responsables a las que ordenan y ejecutan los actos reclamados, ya que existe la imposibilidad jurídica para determinar su inconstitucionalidad, en tanto que aquellas que no fueron designadas como tales, no tienen la oportunidad de acudir al juicio de garantías en defensa de sus actos. Ahora, tratándose del emplazamiento a juicio laboral, el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, establece los lineamientos a seguir en caso de emplazamiento; de lo que se obtiene que es el actuario quien ejecuta dicha orden de emplazamiento, por lo que es el obligado a observar los dichos lineamientos, de ahí que la práctica de esa actuación sea de su exclusiva responsabilidad. Es aplicable a lo considerado, la jurisprudencia 33/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Página 186, Octava Época, registro 207115, cuyo texto es el siguiente: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos". Por tanto, si en la especie se controvierte la legalidad del emplazamiento a juicio que se practicó a la parte quejosa, en el juicio laboral 173/7/2020 del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto del Actuario adscrito a dicha Junta, entonces es al citado fedatario a quien le reviste el carácter de autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por haber sido quien ejecutó la diligencia emplazamiento cuya ilegalidad se controvierte. Al respecto cabe reiterar que mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós se previno a la quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; auto que le fue notificado personalmente a su autorizado, sin que dentro de la temporalidad concedida hubiere realizado manifestación alguna (fojas 84-86). Por tales motivos, al no ver sido señalado en la demanda de amparo ni en escrito aclaratorio como autoridad responsable, entonces es evidente la imposibilidad de examinar la constitucionalidad de sus actos, pues no se le llamó a juicio ni fue oída. Máxime que la quejosa, en su escrito de demanda, combate el emplazamiento efectuado en el juicio laboral, expresando que el mismo se realizó en contravención a lo dispuesto por el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia VII.A.T. J/6 del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, página 738, Novena Época, registro 202332, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICÓ. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Por lo anterior, se concluye, no procede examinar si el emplazamiento que le fue practicado a la parte quejosa al juicio laboral 173/7/2020 del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, es o no violatorio de sus derechos humanos, en tanto que no se señaló como autoridad responsable a la autoridad que ejecutó la diligencia emplazamiento cuya ilegalidad se controvierte. Bajo ese contexto se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción II, y 108, fracción III, y debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el normativo 63, fracción V, todos del ordenamiento legal en cita. QUINTO. En otro aspecto, debe decirse que este Juzgado Federal no realizará pronunciamiento alguno respecto del diverso acto reclamado destacado consistente el laudo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral 173/7/2020 reclamado a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dado que carece de competencia legal para conocer del mismo. Lo anterior es así ya que no obstante el sobreseimiento decretado respecto del emplazamiento practicado a la parte quejosa, lo cierto es que se advierten conceptos de violación encaminados a combatir el acto reclamado consistente en laudo definitivo emitido en el controvertido obrero de origen, acto de autoridad que subsiste y que se sitúa en la hipótesis a que se refiere el artículo 170, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Por tanto, se concluye que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver respecto del aludido acto reclamado; por ende, una vez que cause ejecutoria esta sentencia constitucional, deberá escindirse el original de la demanda de amparo e informe justificado y su anexo rendido por la autoridad responsable y remitirse al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para que resuelva lo conducente. Se cita por resultar aplicable al caso, el criterio aislado XXVII.1o.(VIII Región) 13 K (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1785, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2003568, cuyo rubro y texto rezan: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. " SEXTO. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley de la materia. SÉPTIMO. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Federal, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 35/2022-2, promovido por Carla Judith Alcalá Lara, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Carla Judith Alcalá Lara, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en el laudo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral 173/7/2020; ello, por los fundamentos y razones plasmadas en el considerando quinto del presente fallo. TERCERO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretario que autoriza y da fe.

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