Karla Janeth Lopez Orduño
Expediente 440/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Karla Janeth Lopez Orduño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
En virtud de no haberse presentado la quejosa a notificarse personalmente del acuerdo de veintinueve de marzo del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que diceVisto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, con las constancias remitidas por el Procurador Fiscal del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el presente juicio constitucional, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este Órgano de Control Constitucional, de oficio, resolvería si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciara al respecto, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada por este Juzgado se resolvió lo siguiente: ".procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa reclamada, específicamente su artículo 50, fracciones II y III, dada su inconstitucionalidad, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignado en el recibo de pago expedido a nombre de la aquí quejosa Karla Janeth López Orduño con número de folio 11-000670956 de dieciséis de julio de dos mil veinte, que comprende -entre otro- el cobro de los conceptos 11-0854364 por la cantidad de $10,783.00 (diez mil setecientos ochenta y tres pesos moneda nacional) y 11-0854365 por la cantidad de $3,524.00 (tres mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), relativos al pago de derechos por servicios, con motivo de la compra venta e inscripción en el Registro Público de la Propiedad de las operaciones consignadas en ese recibo". (..) Sin que ello implique que la parte quejosa quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio y contrato de crédito cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cualquier grado, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medica y Actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin de que se devuelva a la peticionaria del amparo las cantidades que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignados en los referidos recibos de pago. La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por concepto de "Pro-Educ.", a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa. Ello, en atención a que dicho importe se encuentra íntimamente vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos; en el caso, los citados recibos de pago, a nombre de la parte quejosa, por concepto de compraventa y contrato de crédito donde se advierte que sobre dicho monto se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la educación a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberá devolverse a la impetrante de amparo, las cantidades de $980.00 (novecientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), y $320.00 (trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que al haberse declarado inconstitucional el artículo 50, fracción II y III de la ley en comento, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación. En el entendido que dichas cantidades se encuentran incluidas en los montos totales de los conceptos 11-0854364 y 11-0854365, del recibo 11-000670956 de dieciséis de julio de dos mil veinte, por las cantidades de $10,783.00 (diez mil setecientos ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), y $3,524.00 (tres mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente. Asimismo, la cantidad que proceda devolver a la parte quejosa deberá incluir actualizaciones". Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable efectuó los actos siguientes: a) oficio de ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual el Procurador Fiscal del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el cual informó que entregó el cheque a la quejosa por la cantidad de $13,438.20 (trece mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 20/100 moneda nacional), que comprende lo relacionado con el pago fundado en la norma declarada inconstitucional, asimismo, remitió las constancias que acreditan lo anterior. En resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se concluyó que la ejecutoria no estaba cumplida; toda vez que la responsable, en dicha resolución no se advertía que hubiese emitido la constancia mediante la cual determinó no aplicarle al quejoso en el presente y en lo futuro, el artículo 50, fracciones II y III de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, hasta en tanto dicho ordenamiento legal sea reformado de la disposición declarada inconstitucional. Por lo que al considerarse no cumplida en sus términos a lo ordenado como efectos concesorios, se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector. Ahora, con la finalidad de acatar con los lineamientos precisados en la sentencia de este juicio de amparo, en proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por el Procurador Fiscal del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el cual informó que no aplicará en perjuicio del quejoso, el artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, preceptos tildados de inconstitucionales, tanto en lo presente como en lo futuro hasta en tanto sea reformado. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y lo llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se le indicó en el fallo de amparo. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente. Se instruye a la Secretaria y al oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envió efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, con las constancias remitidas por el Procurador Fiscal del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el presente juicio constitucional, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este Órgano de Control Constitucional, de oficio, resolvería si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciara al respecto, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada por este Juzgado se resolvió lo siguiente: ".procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa reclamada, específicamente su artículo 50, fracciones II y III, dada su inconstitucionalidad, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignado en el recibo de pago expedido a nombre de la aquí quejosa Karla Janeth López Orduño con número de folio 11-000670956 de dieciséis de julio de dos mil veinte, que comprende -entre otro- el cobro de los conceptos 11-0854364 por la cantidad de $10,783.00 (diez mil setecientos ochenta y tres pesos moneda nacional) y 11-0854365 por la cantidad de $3,524.00 (tres mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), relativos al pago de derechos por servicios, con motivo de la compra venta e inscripción en el Registro Público de la Propiedad de las operaciones consignadas en ese recibo". (..) Sin que ello implique que la parte quejosa quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio y contrato de crédito cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cualquier grado, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medica y Actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin de que se devuelva a la peticionaria del amparo las cantidades que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignados en los referidos recibos de pago. La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por concepto de "Pro-Educ.", a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa. Ello, en atención a que dicho importe se encuentra íntimamente vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos; en el caso, los citados recibos de pago, a nombre de la parte quejosa, por concepto de compraventa y contrato de crédito donde se advierte que sobre dicho monto se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la educación a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberá devolverse a la impetrante de amparo, las cantidades de $980.00 (novecientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), y $320.00 (trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que al haberse declarado inconstitucional el artículo 50, fracción II y III de la ley en comento, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación. En el entendido que dichas cantidades se encuentran incluidas en los montos totales de los conceptos 11-0854364 y 11-0854365, del recibo 11-000670956 de dieciséis de julio de dos mil veinte, por las cantidades de $10,783.00 (diez mil setecientos ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), y $3,524.00 (tres mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente. Asimismo, la cantidad que proceda devolver a la parte quejosa deberá incluir actualizaciones". Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable efectuó los actos siguientes: a) oficio de ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual el Procurador Fiscal del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el cual informó que entregó el cheque a la quejosa por la cantidad de $13,438.20 (trece mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 20/100 moneda nacional), que comprende lo relacionado con el pago fundado en la norma declarada inconstitucional, asimismo, remitió las constancias que acreditan lo anterior. En resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se concluyó que la ejecutoria no estaba cumplida; toda vez que la responsable, en dicha resolución no se advertía que hubiese emitido la constancia mediante la cual determinó no aplicarle al quejoso en el presente y en lo futuro, el artículo 50, fracciones II y III de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, hasta en tanto dicho ordenamiento legal sea reformado de la disposición declarada inconstitucional. Por lo que al considerarse no cumplida en sus términos a lo ordenado como efectos concesorios, se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector. Ahora, con la finalidad de acatar con los lineamientos precisados en la sentencia de este juicio de amparo, en proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por el Procurador Fiscal del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el cual informó que no aplicará en perjuicio del quejoso, el artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, preceptos tildados de inconstitucionales, tanto en lo presente como en lo futuro hasta en tanto sea reformado. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y lo llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se le indicó en el fallo de amparo. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente. Se instruye a la Secretaria y al oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envió efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Procurador Fiscal del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintiocho de febrero informa que no aplicará en perjuicio del quejoso, el artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, preceptos tildados de inconstitucionales, tanto en lo presente como en lo futuro hasta en tanto sea reformado. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa por el término de TRES DÍAS, computados a partir de la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho legal convenga, en la inteligencia que las actuaciones antes mencionadas se encuentran disponibles en autos para su consulta; APERCIBIDA de que, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, para lo cual entréguesele copia del oficio y anexo.
- Principal
En virtud de no haberse presentado la quejosa a notificarse personalmente del acuerdo de nueve de marzo del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que dice:Agréguese a los autos el oficio signado por el Procurador Fiscal del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintiocho de febrero informa que no aplicará en perjuicio del quejoso, el artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, preceptos tildados de inconstitucionales, tanto en lo presente como en lo futuro hasta en tanto sea reformado. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa por el término de TRES DÍAS, computados a partir de la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho legal convenga, en la inteligencia que las actuaciones antes mencionadas se encuentran disponibles en autos para su consulta; APERCIBIDA de que, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, para lo cual entréguesele copia del oficio y anexo.
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