KARLA JACQUELINE GUTIÉRREZ MOLINA y Otros.
Expediente 708/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- KARLA JACQUELINE GUTIÉRREZ MOLINA y Otros.
- DIANA KUKENE SALGADO RIVERA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Calificación de cumplimiento de sentencia. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que en sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintitrés de agosto del año en curso (fojas 43-58), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por **************. Ahora bien, de las constancias antes reseñadas, se evidencia que la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio se encuentra cumplida. A efecto de evidenciar lo anterior es preciso realizar una comparación entre las consideraciones que sustentan el fallo protector, y lo actuado por la autoridad responsable, con la que se da cumplimento a la concesión del amparo. En resolución de veintiocho de junio de la presente anualidad (fojas 45-63), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de la parte quejosa, en virtud de que el artículo 416 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, así como la emisión del oficio ********************, transgredió sus derechos reconocidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a los tópicos de libre personalidad, identidad, realidad social, trato diferenciado o discriminatorio, toda vez que dichas porciones normativas y comunicado imponen un trato diferenciado basado en una categoría sospechosa, es decir, no prevén una vía idónea y efectiva para que una de las quejosas pueda reconocer de manera voluntaria el hijo de su pareja -aquí también solicitante del amparo, con motivo de la comaternidad en unión familiar que ejercen. Por su parte, la oficial del Registro Civil número 13, Santa Teresa, de la ciudad de Guanajuato capital, remitió oficio del que se evidencia lo siguiente: Comunicado de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que dejó insubsistente el oficio ********************, de ********************; asimismo, indicó que desaplicó a la parte quejosa, en el presente y en el futuro, el artículo 416 del Código Civil del Estado de Guanajuato, en la parte que fue declarado inconstitucional en la sentencia dictada en autos; e, informó que aplicó los preceptos legales que establecen el proceso de registro de nacimiento, pero interpretados en los términos indicados en el fallo protector (foja 76). Copia certificada del acta de nacimiento del infante cuyo nombre lleva por iniciales ********************, de la que se aprecia el reconocimiento que expresa y voluntariamente realizó la pareja quejosa, de la madre biológica (foja 78). Constancias remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio. Lo antepuesto se encuentra corroborado con el dicho de la parte quejosa, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en sus manifestaciones en el sentido de estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (foja 82). En tales condiciones, se consideran que se colman los requisitos que establecen los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, para efecto de tener por cumplida en su totalidad la sentencia de derechos fundamentales, puesto que se reitera que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, fue otorgada para que la autoridad responsable dejara insubsistente el oficio ********************, de ********************; desaplicara a la parte quejosa, en el presente y en el futuro, el artículo 416 del Código Civil del Estado de Guanajuato, en la parte que fue declarado inconstitucional en la sentencia dictada en autos; aplicará los preceptos legales que establecen el proceso de registro de nacimiento, pero interpretados de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación, con base en las consideraciones que fueron expuestas en la ejecutoria de amparo; y, finalmente, expidiera el acta de nacimiento del infante de forma definitiva, con el reconocimiento que expresa y voluntariamente realice la pareja del mismo sexo, de la madre biológica. Por tanto, si en acatamiento al fallo protector, la autoridad responsable indicó que dejó insubsistente el oficio ********************, de ********************; asimismo, refirió que desaplicó a la parte quejosa, en el presente y en el futuro, el artículo 416 del Código Civil del Estado de Guanajuato, en la parte que fue declarado inconstitucional en la sentencia dictada en autos; informó que aplicó los preceptos legales que establecen el proceso de registro de nacimiento, pero interpretados en los términos indicados en el fallo protector; y, emitió el acta de nacimiento del infante cuyo nombre lleva por iniciales ********************, de la que se aprecia el reconocimiento que expresa y voluntariamente realizó la pareja quejosa, de la madre biológica; se colige que la autoridad responsable atendió en sus términos los lineamientos dados en la ejecutoria de mérito, de ahí que se tiene por cumplida en su totalidad la sentencia de amparo, para los efectos legales correspondientes. Comuníquesele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberán presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.
- Principal
Parte quejosa realiza manifestaciones en torno a vista con cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado electrónicamente por Daniel Cruz Cano, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de las quejosas Karla Jacqueline Gutiérrez Molina y Diana Kukene Salgado Rivera, a través del cual, en atención a la vista otorgada en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso (foja 80), realiza manifestaciones inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. En atención a lo anterior, téngasele realizando diversas manifestaciones, las que serán tomadas en consideración al momento de calificar el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo.
- Principal
Autoridad informa y se da vista a la parte quejosa. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta presentado por la oficial del Registro Civil número 13 de Santa Teresa, Guanajuato, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite constancia para sustentar su dicho. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiéndosele correr traslado con el oficio de cuenta y anexo, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en cuanto a dicho cumplimiento; transcurrido el aludido plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; entendiéndose que la ejecutoria está cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.
- Principal
Causa ejecutoria resolución de veintitrés de agosto del año en curso (fojas 43-58). En este caso, se concedió la protección de la Justicia Federal, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria en sus términos dicha determinación. En dicha ejecutoria, se concedió la protección constitucional. Se requiere cumplimiento de ejecutoria de amparo. Toda vez de que el oficial del Registro Civil número 13, Santa Teresa, de la ciudad de Guanajuato capital; fue quien incurrió en la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa; en consecuencia, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio con el cual se le notifica el contenido de este proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, en virtud de que es esa autoridad a quien corresponde hacer que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la trasgresión a los derechos fundamentales de los impetrantes. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la referida autoridad que en caso de incumplimiento con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); y de igual forma, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con apoyo en el penúltimo párrafo, del artículo 192 de la Ley de la Materia vigente, se requiere al director general del Registro Civil, con residencia en Guanajuato capital, en su calidad de superior jerárquico, a fin de que ordene al oficial del Registro Civil número 13, Santa Teresa, de la ciudad de Guanajuato capital, a cumplir con la ejecutoria; apercibido que de no demostrar que requirió, apercibió e hizo efectivo el apercibimiento decretado contra la citada responsable en caso de desacato, se impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior con fundamento en los artículos 238 y 258 de la Ley de la Materia, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable, puesto que el artículo 194, in fine, de la propia legislación, es categórico en cuanto que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos, incurren en responsabilidad por falta de incumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. En el entendido de que no basta que emita un oficio en el que indique que giró una orden directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñir a la citada responsable. Por último, con sustento en el ordinal 193, párrafos primero y segundo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adviértaseles a las indicadas autoridades en el sentido de que si la sentencia no queda cumplida en el plazo fijado al efecto, este Juzgado hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos a la Superioridad, lo cual será notificado a las autoridades responsables y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; en el entendido de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Una vez cumplimentado lo anterior, informen a este órgano jurisdiccional sobre el particular, con las respectivas constancias que acrediten todo lo anterior, con el fin de deducir, que las cosas ya se encuentran en el estado en que se hallaban antes de la violación cometida a los derechos fundamentales de la parte quejosa.
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