Karla Izbett Hernández Navarro

Expediente 58/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
58/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Karla Izbett Hernández Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual remite el diverso ocurso proveniente del Juzgado Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al respecto, se provee: Visto el oficio proveniente del Juzgado Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de catorce de enero del año en curso, remite copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 1001/2019; al respecto, se tiene por desahogado el requerimiento aludido y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Dado el volumen de dichas constancias, se ordena formar un legajo de pruebas debidamente identificado como tomo I. Incompetencia por materia Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, así como del estudio de la totalidad de las constancias del expediente, se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló los siguientes actos reclamados y autoridades responsables: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Secretario de Hacienda y Crédito Público. La emisión de la orden de aseguramiento y/o bloqueo de las cuentas bancarias de la parte quejosa. 2. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. 3. Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 4. Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. La ejecución de la orden de aseguramiento y/o bloqueo de las cuentas bancarias 0014528010 y 0678904958. Asimismo, por auto de catorce de enero del año en curso, se tuvo a la institución bancaria responsable informando que procedieron a la inmovilización de los productos financieros de la parte quejosa, en cumplimiento a la orden emitida por el Juzgado Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que la impetrante de amparo es parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1001/2019 de su índice. En consecuencia, en ese proveído se solicitó a dicho órgano jurisdiccional copia certificada del citado expediente a fin de corroborar la existencia de la orden de embargo de las cuentas bancarias de la parte quejosa, las cuales fueron exhibidas mediante la promoción de cuenta. Derivado de lo anterior, este órgano de control de constitucionalidad plantea la incompetencia por materia en el presente asunto conforme a los siguientes razonamientos. En principio, es necesario precisar que la competencia se entiende como el ámbito en el cual los tribunales pueden desarrollar válidamente la función jurisdiccional que tienen encomendada, esto es, el límite legal impuesto al desempeño de esa función jurisdiccional, por lo que se erige como un presupuesto procesal que debe satisfacerse para que la sentencia que se dicte pueda tener eficacia jurídica, lo que la coloca como una cuestión de orden público, no sólo por el presupuesto procesal que constituye, sino además porque tiene sustento jurídico en las fracciones V y VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la jurisdicción se define como el conjunto de poderes o funciones que ejerce cada uno de los órganos jurisdiccionales en que se distribuye el Poder Judicial de la Federación, que implica a la vez un cúmulo de deberes. Así, la función de los jueces que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer y resolver, en su caso, las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho, tiene límites señalados en sus atribuciones. Dicho en otras palabras, la jurisdicción se ejerce por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, y en esto radica justamente su competencia; por ello, si bien los órganos jurisdiccionales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de negocios, sino únicamente en aquéllos para los que están facultados en la ley, es decir, en los que sean competentes. En el caso, es de interés desarrollar lo referente a la competencia por materia, por ser parte del tema toral en análisis. Este tipo de competencia, es el criterio que se instaura en virtud a la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o por razón de la naturaleza de la causa, o sea de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso; o, es la que se atribuye según las diversas ramas del derecho sustantivo; o bien, es la naturaleza jurídica del asunto litigioso. Este criterio de distribución del quehacer judicial toma en consideración la creciente necesidad de conocimientos especializados, respecto de las normas sustantivas que tutelan los intereses jurídicos involucrados en el debate sujeto a juzgamiento; por ello, existen órganos jurisdiccionales que conocen de materia civil, mercantil, familiar, penal, constitucional, administrativa, laboral, agraria, fiscal, etcétera En cuanto a la competencia por materia de los Jueces de Distrito para la promoción de los juicios de amparo, -que es la que interesa para resolver el presente asunto-, los artículos 50 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen el conjunto de reglas para la distribución de competencias por diversas materias, a saber: penal, administrativa, mercantil, civil y de trabajo, con base en dos elementos fundamentales: La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral; y, El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Ahora bien, en la jurisprudencia P./J. 83/981, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si con motivo de la especialidad que detentan los órganos jurisdiccionales ocurre un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo Pero en todo caso, señaló, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis, constituye una cuestión relativa al fondo del asunto que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. En ese orden de ideas, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10ª) de la Segunda Sala, para determinar la competencia de los órganos de amparo es necesario atender a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, toda vez que este criterio es el que tomó en cuenta el legislador al delimitar la competencia de los juzgadores federales en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, en lo que concierne a la competencia de los Jueces Federales en Materia Administrativa y en Materia Civil, los artículos 52 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen lo siguiente: "ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo transcrito se destaca que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán de los actos dictados por autoridad judicial administrativa, por lo tanto, en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. De modo que, por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad de origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio, el competente será el juez en materia administrativa. Por su parte, a los jueces de distrito de amparo en materia civil les compete conocer de los actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. En este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado lo que define la competencia. Caso concreto. Del informe justificado rendido por el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, se advierte que inmovilizaron los productos financieros de la parte quejosa, con motivo de una orden emitida por el Juez Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, debido a que fue demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1001/2019 de su índice. Lo que se corrobora con el auto de veintitrés de enero de dos mil veinte, emitido en el juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 1001/2019 del cual derivó la orden de retener los productos financieros de la quejosa, hasta por la cantidad de $6,666,666.72 (seis millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 72/100 moneda nacional). En ese sentido, al acreditarse que la orden de inmovilización, embargo y/o congelamiento de las cuentas bancarias reclamadas en este asunto por la promovente tienen origen en una resolución del orden civil, su análisis de regularidad constitucional es competencia de un juez especializado en dicha materia. Circunstancia por las que este órgano jurisdiccional no podría analizar el acto reclamado desde la óptica de un asunto meramente administrativo, sino que para analizar su constitucionalidad se requiere verificar el cumplimiento de las normas de carácter civil. Por lo que con independencia de la naturaleza de las autoridades ejecutoras, debe considerarse que los actos reclamados corresponden a la materia civil, en principio, porque se trata de actos emitidos por una autoridad judicial en esa materia, que es el Juez Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, quien mediante auto de veintitrés de enero de dos mil veinte, ordenó retener los productos financieros de la quejosa. En ese sentido, debe considerarse que este juicio es materialmente civil, pues las autoridades administrativas únicamente actúan como órganos ejecutores de las órdenes dictadas por dicho órgano judicial en materia civil con motivo del cumplimiento de sus determinaciones. Es aplicable, por analogía de razón, la jurisprudencia P./J. 22/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. COMPETENCIA EN AMPARO EN REVISION, CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y NO A UNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando se promueve una demanda de amparo indirecto del que conoce un Juez de Distrito no especializado, reclamándose la orden de arresto decretada en un juicio ejecutivo mercantil, para el efecto de que se cumpla una determinación del Juez del fuero común, debe considerarse que resulta competente para conocer de la revisión un Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil y no uno en materia administrativa, pues el referido medio de apremio debe considerarse de contenido materialmente civil, pues fue dictado por un Juez Civil para hacer cumplir sus resoluciones sobre rebeldes y contumaces en un procedimiento de naturaleza civil y, en tal virtud, cobra aplicación la regla establecida por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que dispone que los Tribunales Colegiados especializados conocerán de las materias propias de su especialización Por lo tanto, este órgano de control de constitucionalidad se declara legalmente incompetente para conocer y resolver este juicio de amparo, debido a que los actos reclamados no encuadran dentro de alguno de los supuestos del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Remisión al juzgado competente Por las razones expuestas, este Juzgado de Distrito considera que es incompetente por cuestión de materia para conocer y resolver este juicio de amparo. Por tanto se ordena informar mediante oficio al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno. Habida cuenta de que el presente asunto le fue habilitado para su consulta electrónica, a efecto de que sea relacionado en el expediente bajo el cual se radique en su índice dicho medio de impugnación, con el fin de que en el módulo de "Integración de expediente electrónico", submódulo "Expediente electrónico relacionado", pueda visualizarse la totalidad de las constancias que obran en el expediente. Ahora, tomando en consideración que este expediente será habilitado para la consulta de la totalidad de las constancias que lo integran, resulta innecesaria la formación de cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en que se actúa. Se solicita boleta de turno a la Oficina de Correspondencia Común A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 1, fracción III, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y de conformidad con lo establecido en la circular DGGJ/0012/2020 de la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, en concordancia con los puntos a seguir respecto del turno de los juicios de amparo tramitados bajo el esquema de "juicio en línea", en virtud de las medidas de seguridad implementadas para evitar la propagación del virus COVID.19, se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través de la dirección de correo electrónico patricia.ruiz.trujillo@correo.cjf.gob.mx, la boleta de turno a fin de estar en posibilidad de remitir los autos al Juzgado de Distrito que este órgano jurisdiccional considera que es el competente para conocer del presente asunto. Se deja sin efectos la audiencia constitucional Finalmente, en atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Oficio Autoridad responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores Oficio vía correo electrónico contencioso@cnbv.gob.mx Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México Oficio vía correo electrónico

  2. Principal

    Autoridad responsable rinde su informe con justificación relativo a la ampliación de demanda, dígasele que mediante determinación de veintinueve de enero del año en curso se tuvo por satisfecha dicha carga procesal. No obstante, téngasele como prueba la documental que anexa, consistente en copia certificada del expediente administrativo CEAV/CIE/009/2020, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Finalmente, por lo que respecta al diverso oficio, no ha lugar a dictar mayor proveído en relación a su contenido, toda vez que se acordó lo conducente respecto del mismo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista

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