Karla Ivonne Soriano Roldán

Expediente 957/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
957/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Karla Ivonne Soriano Roldán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Karla Ivonne Soriano Roldán; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 957/2022-6, promovido por *********, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el trece de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el catorce siguiente, Karla Ivonne Soriano Roldán, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y las autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO ".La autoridad responsable Junta especial No. 36 de la Federal de manera indebida e ilegal señalo fecha lejana en el acuerdo dictado por la Junta responsable con fecha 23 de mayo de 2022, en la que se me señala fecha y hora para una audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones el día 19 de octubre de 2022, fecha de la diligencia demasiado distante y contrarias a lo dispuesto en los artículos, 1, 8 y 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en la parte de interés dispone: "Toda persona tiene derecho a que se le administre Justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial", así como contrario a lo dispuesto al principio de inmediatez que debe regir el procedimiento laboral de conformidad a los artículos 685, 686, de la Ley Federal del Trabajo, de igual manera las responsables han sido omisas en notificar y emplazar a juicio al demandado físico JAVIER CAMERA SOLÍS, ya que en cada audiencia han ordenado el mismo mediante exhorto sin que hasta la presente fecha exista razonamiento alguno y mucho menos el motivo de la falta de este, es por ello que se recurre ante este alto Tribunal, debido a que las responsables se encuentran lesionando mis derechos a diligencias en las que se me señalen audiencias para que las próximas fechas de las diligencias no sean señaladas demasiado distantes y contrarias al principio de inmediatez y celeridad que debe regir el procedimiento laboral, violando con todo ello mis derechos humanos." (.) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y SEIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 2 PRESIDENTE EJECUTOR DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y SEIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 3 ACTUARIO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y SEIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 4 JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA Y NUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN TUXTLA GUTIERREZ. 5 PRESIDENTE EJECUTOR DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA Y NUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN TUXTLA GUTIERREZ. 6 ACTUARIO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA Y NUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN TUXTLA GUTIERREZ. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de quince de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 957/2022-6, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, dada la naturaleza de la cuestión planteada, no se le reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, celebrada en el juicio laboral 3174/2015, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en la que se señala fecha distante (diecinueve de octubre de dos mil veintidós), para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LAS AUTORIDADES DOMICILIADAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. El Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla, Gutiérrez, y el Actuario de su adscripción, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado; sin que la parte quejosa haya aportado pruebas en contrario para desvirtuar dichas negativas. Lo que se corrobora, toda vez que su homólogo en esta ciudad, al rendir el informe justificado manifestó que el acto era cierto, toda vez que en proveído de veintitrés de mayo de este año, lo señaló. Sumado a que la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por ende, se considera inexistente el referido acto reclamado a las citadas autoridades responsables domiciliadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, visible a la página 1714, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Sin que sea óbice a la presente determinación que la quejosa haya exhibido copia fotostática simple de la audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, celebrada por la junta responsable, dentro del expediente laboral 3174/2015 de su índice. Sin embargo, este juzgador, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, considera que el precitado documento tiene únicamente el carácter de indicio, ya que no está adminiculado con otros medios de prueba, por lo que resulta insuficiente para demostrar la existencia del acto reclamado, al no obrar en autos otro elemento que lo corrobore. Al respecto, sirve de apoyo la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 132, del siguiente rubro y texto: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". En las relatadas circunstancias, por lo que respecta a las citadas autoridades responsables con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de la Junta y Actuario de su adscripción, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Por tanto, se tiene por cierto el citado acto reclamado a las autoridades responsables al haberlo reconocido en su informe de ley. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado en estudio, pues se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XI, en relación con la fracción X, ambas del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismas que citan lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" De lo anterior se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de otra ejecutoria de amparo, promovida por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Así, el principio implícito en la causal en cuestión, es el del respeto de la cosa juzgada, que tiene como finalidad evitar que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, lo que incidiría en detrimento de la seguridad jurídica. Ahora bien, la cosa juzgada encuentra su fundamento en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en las que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Por tanto, para que se configure la citada causa de improcedencia, se requiere la existencia de dos elementos, a saber: a) Que un juicio de amparo previo haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. b) Que los actos impugnados hayan sido materia de una ejecutoria en ese (otro) juicio de amparo. Así, la eficacia del efecto de la cosa juzgada impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos recursos o juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico pues, precisamente, ese contenido es la vinculación que rige la resolución de ambos juicios o, en su caso, la influencia del primero para que se resuelva sobre el segundo. En resumidas cuentas, la figura de la cosa juzgada se actualiza en los casos donde el acto reclamado, si bien no es aquel que fue materia de resolución definitiva en diverso juicio de amparo, sí guarda vinculación estrecha con el nuevo, por cuanto se trata de actuaciones derivadas del mismo expediente de origen, con el mismo fin jurídico y con efectos materiales iguales, por lo que aquél influye en el segundo juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 30/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala del más alto Tribunal, visible en la página 651, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia Civil, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 52/2011,(*) de rubro: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES.", consideró que el deber del juzgador de analizar de oficio la cosa juzgada se justifica de manera central, a partir de la inmutabilidad y autoridad de las sentencias ejecutoriadas, ya que debe privilegiarse la certeza jurídica, frente al derecho de oposición de las partes; y porque la necesidad de la certeza es imperiosa en todo sistema jurídico, de tal suerte que lo decidido en la sentencia ejecutoriada es el derecho frente al caso resuelto, que no podrá volver a ser controvertido, evitándose con ello, la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Ahora bien, este criterio es aplicable, en lo conducente y de manera analógica, respecto de la institución de cosa juzgada refleja, en cuanto a que el análisis de oficio de ésta, debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia. Pues al margen de las diferencias de una y otra, lo relevante es que ambas obligan al tribunal que conoce del juicio posterior a no resolver lo que ya fue definido en un juicio previo, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, sobre la base de que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes." Máxime que la fracción XI del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se refiere a la existencia de una sentencia ejecutoria y consigna la imposibilidad jurídica de someter nuevamente a análisis la constitucionalidad de los actos reclamados en un juicio anterior, consagrando así el respeto a la autoridad de la cosa juzgada que envuelve la ejecutoria pronunciada en un primer juicio de amparo y evitando resoluciones contradictorias; pues asumir una posición contraria implicaría que los aquí impetrantes de amparo pudieran válidamente promover una cadena interminable de juicios de amparos, en total detrimento no sólo de la impartición de justicia de las autoridades de instancia, que además de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplearía más recursos y material humano en analizar algo ya juzgado por la misma instancia Federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. En ese tenor, contra las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, en el caso de los actos que deriven del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, no procede el juicio de amparo, sino que deben hacerse valer los recursos ordinarios o medios de defensa que la propia Ley de Amparo contempla. A efecto de establecer con claridad cómo opera la citada causal en el caso concreto, es dable establecer, que la parte quejosa reclama la audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, celebrada en el juicio laboral 3174/2015, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, que señala fecha distante -diecinueve de octubre de dos mil veintidós- para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora bien, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que en este juzgado se tramitó el diverso juicio de amparo 585/2022-3, en el cual se reclamó la omisión de emplazar al demandado Javier Camera Solís, al juicio laboral 3174/2015, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, a fin de que esté en aptitud de acudir a la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Acto que ya fue analizado y mediante sentencia de veinte de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, contra el citado acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, para los siguientes efectos: (.) La Junta instructora responsable, realice las gestiones pertinentes para procurar la diligenciación del exhorto ordenado en proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, o, en caso de no haberlo remitido, librar un nuevo exhorto, a fin de emplazar al demandado Javier Camera Solís, debiendo dar seguimiento al exhorto girado, el cual tendrá que proveerse dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción y diligenciarse dentro de los cinco días siguientes, salvo en los casos en que por la naturaleza de lo que haya de practicarse, exija necesariamente un tiempo determinado y limitado, en que la autoridad requerida fijará el que crea conveniente sin que el término fijado pueda exceder de quince días. Asimismo, que en caso de demora en el cumplimiento del exhorto, deberá recordar de oficio o a instancia de parte, a la exhortada Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tal como lo dispone el artículo 759 del ordenamiento laboral; lo anterior, a fin de que las partes estén en aptitud de comparecer a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 3174/2015. Apoya a lo anterior, la tesis I.6o.T.361L sostenida por El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 1714, Novena Época, de rubro: "EXHORTOS EN MATERIA LABORAL. SI LA JUNTA INDEBIDAMENTE APERCIBE AL ACTOR CON ARCHIVAR EL EXPEDIENTE SI NO EFECTÚA LA DILIGENCIACIÓN RESPECTIVA Y LO HACE EFECTIVO, INFRINGE SUS GARANTÍAS Y ORIGINA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." Todo ello, en el entendido que en el supuesto de que la audiencia de referencia no pudiese llevarse a cabo en la fecha que se señale, fije una nueva dentro de los quince días como lo prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, adoptando las medidas legales conducentes para que el diligenciario correspondiente realice las notificaciones respectivas, en los términos previsto en la ley de la materia, a fin de que tal audiencia pueda celebrarse." Después, mediante auto de ocho de junio del año que transcurre, causó ejecutoria la sentencia dictada en auto y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la misma, el cual actualmente se encuentra en vías de cumplimiento del fallo protector. En ese contexto, se obtiene que la parte quejosa en el presente asunto reclama la audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, celebrada en el juicio laboral 3174/2015, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, que señala fecha distante -diecinueve de octubre de dos mil veintidós- para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, circunstancia que no puede ser valorada en esta instancia constitucional, porque está estrechamente relacionada con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo citado con antelación, del índice de este Juzgado de Distrito, toda vez que el efecto de dicha concesión fue, además de emplazar al demandado Javier Camera Solís, al juicio laboral de origen, para que de no haberse llevado a cabo la audiencia conciliatoria en la fecha señalada, la responsable fijara una nueva dentro de los quince días, de conformidad con el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, y se toma en consideración para proveer en el presente juicio. Sirve de apoyo la Jurisprudencia VI.1o.PJ/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". En esas circunstancias, la tramitación de otro juicio de amparo, no es dable en términos de la causa de improcedencia señalada anteriormente; por tanto, es indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la fracción X, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, la tesis I.5o.P.1 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2306, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse." En consecuencia, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en la fracción XI, en relación con la fracción X, ambas del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de quince de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. TERCERO. Toda vez que las autoridades responsables, se encuentran gozando de su periodo vacacional, déjese bajo resguardo del actuario judicial que corresponda, los oficios que al efecto se libren, para que sean entregados una vez que reanuden sus labores. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, por sí y en representación de la citada Junta y Actuario de su adscripción, con sede en Tuxtla Gutiérrez, autoridades señaladas como responsables, y anexo que acompaña consistente en diversas constancias que integran el expediente laboral 3174/2015 y con el contenido de éstos, dése vista a las partes para su conocimiento en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, de las que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficios 21227/2022, 21228/2022 y 21229/2022 de quince de junio de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades señaladas como responsables Junta Especial 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, Presidente ejecutor y Actuario de su adscripción, para que rindieran su informe justificado, el cual recibieron el seis de los actuales, pues así se advierte del rastreo realizado a las guías RM011721352MX, RM011721366MX y RM011721370MX, en la página electrónica https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx; por lo que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para ese efecto. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por sí y en representación de la citada Junta y Actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables, y anexo que acompaña consistente en diversas constancias que integran el expediente laboral 3174/2015 y con el contenido de éstos, dése vista a las partes para su conocimiento en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, de las que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.

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