Karla Ivonne Angeles Hernández

Expediente 584/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
584/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Karla Ivonne Angeles Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Por tanto, al ser un asunto totalmente concluido, se ordena el archivo del presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Asimismo, los actos reclamados no consisten en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal de la inconforme; ni el peticionario tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen. De igual manera, no se actualiza la hipótesis prevista en la última parte de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, es claro en determinar que las resoluciones dictadas fuera de la audiencia serán revocables. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Karla ******contra actos del Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, por notoria improcedencia.

  3. Principal

    Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que el ocursante pueda subsanarlas en tiempo. En ese contexto, en términos del artículo 108, fracciones I y V en relación con el diverso 114, fracciones I, II y III, ambos de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: PRIMERO. Deberá aclarar sí acude a la presente instancia constitucional, por propio derecho y/o en representación de su menor hijo de iniciales **** Se justifica lo anterior, porque si bien del proemio del líbelo de demanda la quejosa manifiesta expresamente que acude al amparo por propio derecho, también es cierto que de la lectura integral del ocurso que se atiende, se evidencia que el acto reclamado deriva de un juicio de controversia familiar en que se ven involucrados los derechos subjetivos del menor hijo de la promovente y su contraparte, y en especificó del capítulo de conceptos de violación la impetrante manifiesta lo siguiente "Se transgreden en mi perjuicio las garantías contenidas en los artículos 10 párrafo tercero de la Constitución ya que el JUEZ SEXTO CIVIL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NICOLÁS ROMERO ESTADO DE MÉXICO tenía la obligación constitucional de garantizar los derechos humanos reconocidos a la QUEJOSA y a su menor hijo de identidad resguardada con iniciales ****en atención al artículo 4 Constitucional y el interés superior del menor, ya que debía considerar que el menor de identidad resguardada con iniciales ***, cuenta con la edad de dos años cuatro meses y que el mismo desde su nacimiento a la fecha de la demanda se encontraba bajo los cuidados y protecciones de la QUEJOSA, al ser un derecho natural, el velar por la integridad del menor, por lo que el demandado *****al retener sin justificación al menor esta privando de un derecho fundamental a la QUEJOSA y afectando tanto emocional, física y psicológicamente al menor de identidad resguardada **** motivo por el cual la QUEJOSA. Del extractó transcrito, se concluye que la quejosa expresa que los actos que presume que transgreden su esfera jurídica, también violan los derechos subjetivos de su menor hijo. Lo anterior, es así conforme a la obligación constitucional de que en las determinaciones judiciales se atienda primordialmente al interés superior de los menores, lo cual implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida, buscando que la decisión tomada les beneficie directamente, para lo cual habrá de realizarse un escrutinio más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales, ya que son destinatarios de un trato preferente por su carácter jurídico de sujetos de especial protección. No obstante lo anterior, el procurar el interés superior del menor, no implica que se soslaye los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, en el que destaca en el presente caso el principio de ??? instancia de parte agraviada, contemplado por el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice; **** Así las cosas, para que la suscrita se encuentra facultada de velar por los intereses de los menores implicados en el sumario del que deriva el acto reclamado por la impetramte, estos, a través, de sus representantes legales, tutores y/o progenitores, en éste asunto, por conducto de su madre, aquí quejosa, deben solicitar dicha protección constitucional. En el entendido que, de promover el presente sumario en representación del citado menor, la promovente deberá acreditar con documento fehaciente ante este juzgado, la personalidad con la cual acude a esta vía, esto es, demuestre el parentesco y la minoría de edad de aquel, así como el nombre completo de la infante, cuya identidad será resguardada en términos del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación . Lo anterior es así, pues el artículo 17 constitucional prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, estos adquieren matices propios tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. Es decir, que si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de garantías, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al juez de amparo analizarla al considerar que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo cual explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la *****así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda ****, incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo.". Asimismo, *** La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa SEGUNDO. Amplíe de manera cronológica y sucinta los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, de los cuales se pueda advertir lo siguiente: a. El estado procesal en que actualmente se encuentra el expediente del que deriva el acto reclamado (etapa procesal), esto es, si el mismo se encuentra en trámite o bien, si ya se dictó sentencia y en su caso, la ejecución de la misma y de ser así, especificar el acto de ejecución, es decir, en que consiste dicha ejecución. b. Toda vez que la promovente es parte en el juicio de origen, y tiene acceso al mismo, remita copia simple de su escrito inicial de demanda que originó el sumario 507/2022 del índice del Juez responsable, auto de radicación y audiencia inicial celebrada en el referido juicio de origen. Lo anterior, a efecto de fijar correctamente la litis en el presente sumario. ***Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley.". Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por la promovente, no así por las personas que autoriza o por su apoderada, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. ***El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". ****. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes.??????? En la inteligencia que del escrito con el que cumpla lo solicitado, y en su caso, con el documento con el que acredite su personalidad, deberá de exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110 de la ley de la materia. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la promovente que de no cumplir con lo formulado en el requerimiento PRIMERO, en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá únicamente a la impetrante de amparo promoviendo por propio derecho y se acordará lo conducente únicamente respecto de los actos que le afectan a la misma; asimismo, en caso de no desahogar lo prevenido en el arábigo SEGUNDO, en el plazo otorgado, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda que originó el presente sumario

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