Karla Ivon Villegas Ciprian

Expediente 634/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
634/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Karla Ivon Villegas Ciprian

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en la carátula del expediente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contado a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos del artículo 22, párrafo tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. En ese tenor, téngase por recibido el escrito destacado a través del cual la quejosa ********, desahoga la prevención formulada en auto de veintisiete de junio del año en curso, y al efecto manifiesta que la fecha de la orden que reclama es diecisiete de junio del dos mil veintidós. DESECHAMIENTO Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral a la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo invocado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." El artículo transcrito establece que antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se debe agotar el recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto del acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que se haga valer, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, a efecto de demostrar la causa de improcedencia a que se hace referencia, es necesario plasmar lo establecido en los artículos 173 de la Ley Número 589 de Tránsito y Transporte, 260 y 280 del Código de Procedimientos Administrativos ambos del Estado de Veracruz, los cuales en su orden disponen: "Artículo 173. Contra los actos y resoluciones que se dicten en materia de tránsito y transporte procederá el recurso de revocación, en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave." "Artículo 260. Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como por los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: (.) II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; (.)." De los preceptos legales transcritos, se deduce que en el caso, de conformidad con los artículos 173 de la Ley Número 589 de Tránsito y Transporte, 260 y 280 del Código de Procedimientos Administrativos ambos del Estado de Veracruz, pueden modificarse, revocarse o nulificarse los actos de la administración pública estatal; es decir, todos aquéllos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar sus dependencias centralizadas y entidades paraestatales; los organismos municipales, entidades paramunicipales y el Órgano de Fiscalización Superior, que afecten los derechos de particulares. HECHOS Del análisis integral a la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La ilegal detención de fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós, que trataron de ejecutar Agentes de Transporte Público a su unidad dedicada a prestar el servicio de transporte público bajo el amparo de la concesión ******** de ********, cubriendo los requisitos previstos en los artículos 129, 152, 153 y 158 de la Ley de Tránsito y Transporte Público del Estado de Veracruz, trastocando sus derechos humanos establecidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 22, 33 y 123 de la Constitución General de la República, negándole el acceso a un debido proceso legal y humano y a una defensa adecuada. La continuidad de dicha orden de detención. Ahora bien, en los antecedentes que narró en el escrito de demanda, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente: Que de conformidad con lo previsto por el artículo 33 de la Constitución General de la Republica, se le otorgó una concesión de servicio público ********, en su modalidad de Taxi, para operar en la Ciudad de ********. Que radica en esta ciudad pero es originaria de ********; por lo que se traslada en dicho taxi hasta esta ciudad, por así convenir a sus intereses económicos. Que en fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós, se trató de realizar la detención de su unidad dedicada al Servicio Público en su modalidad de Taxi, por parte de elementos de la Delegación Regional de Tránsito y Transporte Público del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, quienes le marcaron el alto; sin embargo, su domicilio se encuentra cerca de donde se estaba realizando el operativo, por lo que su chofer estacionó dicha unidad vehicular dentro del domicilio de la quejosa. Que actualmente tiene el vehículo que nos ocupa, reguardado en su domicilio ubicado en esta ciudad, en razón que tiene el temor que si circula en las calles lo detengan. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye que este juicio de amparo indirecto es improcedente porque en contra de los actos reclamados la promovente debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 173 de la Ley Número 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el diverso 260 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, o bien el juicio contencioso administrativo, los cuales resultan idóneos para combatir los actos reclamados en este juicio de amparo. En consecuencia, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: "Registro digital: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902 Tipo: Jurisprudencia AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley ********* del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." "Registro digital: 2020596 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 126/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 326 Tipo: Jurisprudencia JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." En las relatadas consideraciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por *******, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a las partes...

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