Karla Itzel Ramos Hueso
Expediente 323/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Karla Itzel Ramos Hueso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
notificacion personal
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Colima, informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el documento de cuenta y anexos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, corriéndole al efecto traslado con copia simple del mismo. Apercibida que de no desahogar la vista que se le da dentro del término que se le concede, se acordará lo relativo en torno a dicho cumplimiento, tomando en consideración las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el comunicado telegráfico remitido por el cual el Jefe y el Director General de Registro Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos, informa que ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en autos, en cuanto a su parte corresponde, manifestando que la autoridad estatal es la que debe concluir con la materia del fallo protector. Del estado procesal que guardan los presentes autos se desprende que la sentencia dictada en el presente juicio causó ejecutoria el cinco de agosto de dos mil veintidós, requiriéndose en esa misma data a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días diera cumplimiento con el fallo protector, sin que a la fecha lo haya hecho; asimismo, en proveído de treinta de septiembre del año en curso, se requirió nuevamente el cumplimiento de la ejecutoria, omitiendo nuevamente las autoridades responsables dar el debido cumplimiento. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables Jefe y el Director General de Registro Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio que derive del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite que realizo la inscripción del trámite de la parte quejosa para la expedición del título de propiedad correspondiente. No se soslaya que la autoridad narra que adjunto el oficio RAN/DGRCD/DNR/7728/2022 en copia certificada, sin que del escrito se advierta documento alguno adjunto. En esa misma tesitura, requiérase a la autoridad responsable Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Colima, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio que derive del presente acuerdo, remita las constancias con las que acredite la emisión y entrega del título de propiedad de origen parcelario de la parcela número 44 del ejido La Playa, en el municipio de Minatitlán, Colima. Apercibidos que de no hacerlo, se les aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos) con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo y 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencia P./J. 54/2014 y P./J. 58/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, que dicen: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Apoya lo anterior, la tesis número I.3o.(I Región) 3 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, septiembre de dos mil doce, Tomo 3, página 2047, que es del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. De la reforma al párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos, atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas y así poder proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo constitucional, debe procurarse que la interpretación se haga conforme al principio pro persona, que también se encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. En estas condiciones, se concluye que el derecho a la administración pronta y expedita de justicia es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales en forma no limitativa sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir, inter país y a nivel internacional. Consecuentemente, si se atiende al artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración pronta y expedita de justicia, a fin de que se cumplan cabalmente las sentencias ejecutoriadas, se estima que los órganos de control constitucional tienen facultades, no sólo para precisar los alcances de esos fallos, sino también para requerir a autoridades diversas de las señaladas como responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento". Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 consultable en la página 144, Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". No se requiere al Superior Jerárquico, tal y como lo establece el citado numeral 192 de la ley de la materia, en razón de que el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, de acuerdo al organigrama estructura orgánica del Registro Agrario Nacional, también es autoridad responsable y el cinco de agosto en curso, se le requirió el cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo, sin que a la data se advierte el acuse del oficio por el cual se requirió el referido cumplimiento. Notifíquese por lista.
- Principal
C Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el comunicado telegráfico remitido por el cual el Jefe y el Director General de Registro Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos, informa sobre los trámites realizados a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el sentido que se encuentra en espera de la respuesta de una de las unidades de la Dirección General de Registro Control Documental, para proceder al cumplimiento de la ejecutoria. Del estado procesal que guardan los presentes autos se desprende que la sentencia dictada en el presente juicio causó ejecutoria el cinco de agosto de dos mil veintidós, requiriéndose en esa misma data a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días diera cumplimiento con el fallo protector, sin que a la fecha lo haya hecho; asimismo, en proveído de treinta de septiembre del año en curso, se requirió nuevamente el cumplimiento de la ejecutoria, omitiendo nuevamente las autoridades responsables dar el debido cumplimiento. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase nuevamente por última ocasión, a las autoridades responsables Jefe y el Director General de Registro Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional para que, dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá multa de cien veces el valor por unidad de medida y actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencia P./J. 54/2014 y P./J. 58/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, que dicen: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Apoya lo anterior, la tesis número I.3o.(I Región) 3 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, septiembre de dos mil doce, Tomo 3, página 2047, que es del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. De la reforma al párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos, atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas y así poder proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo constitucional, debe procurarse que la interpretación se haga conforme al principio pro persona, que también se encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. En estas condiciones, se concluye que el derecho a la administración pronta y expedita de justicia es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales en forma no limitativa sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir, inter país y a nivel internacional. Consecuentemente, si se atiende al artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración pronta y expedita de justicia, a fin de que se cumplan cabalmente las sentencias ejecutoriadas, se estima que los órganos de control constitucional tienen facultades, no sólo para precisar los alcances de esos fallos, sino también para requerir a autoridades diversas de las señaladas como responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento". Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 consultable en la página 144, Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". No se requiere al Superior Jerárquico, tal y como lo establece el citado numeral 192 de la ley de la materia, en razón de que el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, de acuerdo al organigrama estructura orgánica del Registro Agrario Nacional, también es autoridad responsable y el cinco de agosto en curso, se le requirió el cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo, sin que a la data se advierte el acuse del oficio por el cual se requirió el referido cumplimiento. Notifíquese por lista.
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