Karla Itzamar Hernandez Garcia

Expediente 1242/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1242/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Karla Itzamar Hernandez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el trece de enero del año en curso, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a la autoridad responsable esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de trece de enero del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su oficio. Del mismo modo, como lo solicita la autoridad responsable citada, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Asimismo, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y punto 8, párrafo tercero, de la Circular SECNO/7/2020, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se deban realizar a la oficiante, se lleven a cabo a través del correo electrónico que menciona, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. Ahora bien, de dicho informe justificado y anexo que se acompañan al mismo, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliacio´n y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosi´, con sede en esta ciudad, la omisio´n de emitir sentencia correspondiente al incidente de competencia relativo al juicio laboral 38/2021/E-4. Al respecto, de las constancias que se acompañan al oficio de cuenta, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se aprecia que el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia del incidente de incompetencia, en el expediente laboral 38/2021/E-4.. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable emitió la sentencia correspondiente en el expediente laboral citado, cuya omisión se reclama en este juicio; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por las responsables, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobre lo expresado es aplicable, por las razones que la informan, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del tomo LXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.- Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley.". Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas del veintiuno de enero del presente año. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista; en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por Víctor Franco Maya, perito designado por este Juzgado, mediante el cual solicita la respectiva "SUSTITUCIÓN DE PERITO", toda vez que manifiesta los motivos por los cuales se encuentra en imposibilidad para seguir teniendo conocimiento del presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Delegado de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días, en auxilio de las labores de la Justicia Federal, se sirva proporcionar el nombre de una persona que funja como perito en materia de grafoscopía por parte de este Juzgado. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En diversa tesitura, con copia autorizada de la comunicación oficial de que se trata, dése cuenta en el juicio de amparo 958/2021-I, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, no ha remitido las constancias que le fueron requeridas en auto de seis de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, a efecto de integrar debidamente el presente asunto, gírese atento oficio a la Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, para que en el término de tres días que se le otorga de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, exhiba ante este juzgado en original diversos documentos públicos o diligencias judiciales que se hayan realizado entre los años de mil novecientos ochenta y cuatro y mil novecientos noventa y cuatro, en las que obren las firmas autógrafas de Gregorio Bravo Luna, Abraham Bravo Aranda, Narciso Flores Quintero, Juan Garci´a Leyva, Juan Fidel Cruz Campos, y Lorenzo Zavala Robles, los cuales le sera´n devueltos una vez que el presente asunto se haya resuelto, pues dichas documentales, son necesarias para que el perito oficial, se encuentre en aptitud de emitir el dictamen que le fue encomendado. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento con el que se conminó en auto de seis de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio al Delegado de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad y Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a resolver de plano si existe o no imposibilidad para que la autoridad responsable dé cumplimiento al fallo protector pronunciado en el expediente en que se actúa. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K, de la Décima Época, emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de dos mil dieciocho, tomo II, a fojas 1739, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente." En efecto, los artículos 193, párrafo cuarto y 196, párrafos segundo y quinto, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico." "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." De tales dispositivos se colige que, una vez que se reciba el informe de la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, se dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido el plazo otorgado a las partes, con el desahogo de la vista o sin ella, el órgano de amparo dictará una determinación fundada y motivada en la que declare si la sentencia fue o no acatada, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Cuando se estime que la sentencia no fue cumplida, no se acató totalmente o correctamente o resulta imposible su cumplimiento, el órgano jurisdiccional deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, siguiendo para ello las reglas a que se contrae el artículo 193 de la Ley de Amparo. Ahora bien, a fin de realizar el estudio correspondiente, debe tenerse presente que el siete de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dictara las medidas que fueran necesarias para dar oportuno seguimiento al exhorto que envió a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, para emplazar a la moral Corporativo de Acero y Servicios Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el expediente laboral 1245/2018. Concesión del amparo que se hizo extensiva a los subsecuentes actos jurídicos vinculados a dicha comunicación oficial, hasta en tanto fuera devuelto el citado exhorto. En ese orden, en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la misma. Luego, mediante oficio recibido el veinticinco de junio del año en curso, el presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada del acta de cumplimiento de convenio levantada con fecha catorce del citado mes y año, de la que se desprende que comparecieron el actor del juicio laboral de origen, aquí quejoso, asociado de su apoderado, el licenciado Jonatan Chávez Castillo, por parte del demandado Corporativo de Acero y Servicios Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable, Martín Loera López, así como diverso demandado, a fin de dar cumplimiento al convenio celebrado en dicho asunto, con fecha dos de junio de la misma anualidad, advirtiéndose en dicho acto, la entrega en efectivo al actor del juicio, de la cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 moneda nacional), así como la ratificación del anotado acuerdo de voluntades y la aprobación y sanción del mismo por parte de la autoridad responsable, en términos de los numerales 33, 53 fracción I, 876 fracción III y 939 de la Ley Federal del Trabajo. De igual forma se desprende que el aludido convenio fue elevado a la categoría de laudo consentido por las partes y el asunto se archivó por encontrarse total y definitivamente concluido. Con lo anterior se ordenó dar vista a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de junio pasado, sin que se hubiese recibido manifestación alguna por parte del quejoso. En ese sentido, como de las constancias que integran el presente sumario se desprende que existe una imposibilidad material para que se pueda dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en virtud del convenio celebrado por las partes en el juicio de origen, mismo que fue aprobado y sancionado por la responsable, elevándose a la categoría de laudo consentido, constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, al satisfacer los extremos ahí exigidos. Siendo las anteriores razones y circunstancias ajenas a la voluntad de la autoridad obligada al cumplimiento, por las cuales deviene imposible restituir la situación que imperaba antes de la violación que generó el fallo protector, como en la especie acontece; máxime que fue voluntad propia de las partes de esa manera concluir el juicio de origen. En consecuencia, con fundamento en el numeral 196, último párrafo de la Ley de Amparo se declara que existe imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, párrafo último, en relación con el diverso 193 de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a partir de la notificación que se realice del presente proveído, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, para que determine lo conducente; hecho lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; personalmente a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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