Karla Ilse López Omaña

Expediente 1162/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1162/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Karla Ilse López Omaña

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra los actos de *********, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1162/2023. Improcedencia de la demanda de amparo Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis de la demanda se advierte que la quejosa reclama en esta vía lo siguiente: "A) La resolución emitida por parte de la autoridad responsable en Audiencia Intermedia de fecha veinte de octubre del dos mil veintitrés dentro de la Causa Penal 2070/2021/PUEBLA; en el que se concedió un plazo de diez días sin sustento legal a efecto de que se llevara a cabo el descubrimiento probatorio por parte del Agente del Ministerio Público así como preparar la defensa, señalando para el desahogo de la Audiencia Intermedia con fecha siete de noviembre del año en curso, dejando en estado de indefensión a la suscrita, vulnerando el derecho a una adecuada defensa y el principio de imparcialidad con la que se debió conducirse la responsable. B) La resolución emitida por la autoridad responsable en audiencia de fecha siete de noviembre del dos mil veintitrés derivada de la Causa Penal 2070/2021/PUEBLA; donde concedió el término de diez días hábiles tomando en consideración el artículo 341 segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que entregó la totalidad del descubrimiento a la defensa el primero de noviembre de este año, sin tomar en consideración que mi defensor particular solicitó un plazo razonable para preparar el descubrimiento, esto en término del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual transgredió concediendo solamente el término reducido de diez días." De lo anterior, y del análisis integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados lo constituyen la resolución en audiencia intermedia de veinte de octubre del dos mil veintitrés dentro de la Causa Penal 2070/2021/PUEBLA, dictada por la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, en la que se concedió un plazo de diez días a efecto de llevar a cabo el descubrimiento probatorio por parte del agente del Ministerio Público, así como preparar la defensa, señalando para su desahogo el siete de noviembre del año en curso y, en ésta última, concedió el término de diez días hábiles tomando en consideración el artículo 341 segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin tomar un plazo razonable para preparar el descubrimiento, esto, en término del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales (señalando el próximo dieciséis de este mes y año para la celebración de la aludida audiencia intermedia, según se lee en la parte final del antecedente número 9) En efecto, cabe destacar que en el antecedente indicado la quejosa refirió que en audiencia de siete de noviembre del dos mil veintitrés derivada de la causa penal 2070/2021/PUEBLA, el defensor particular ********** solicitó a la autoridad responsable un plazo razonable para preparar una defensa completa, técnica y adecuada en su favor, esto en términos del artículo 337 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales que a la letra dice: Artículo 337. Descubrimiento Probatorio [...]En caso que el acusado su defensor, requiera más tiempo para preparar el descubrimiento su caso, podrá solicitar al Juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos." A lo que la autoridad responsable concedió una prórroga de diez días, tomando en consideración que el uno de noviembre se hizo el descubrimiento probatorio en su totalidad por parte del Ministerio Público a la defensa, fijando audiencia intermedia el dieciséis de noviembre del dos mil veintitrés a las ocho horas. Precisado lo anterior, debe decirse que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b) constitucional, ésta última interpretada a contrario sentido, preceptos que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan..." Como punto de partida, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo indirecto es procedente contra actos fuera de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Por su parte, la Ley de Amparo define las características de los "actos de imposible reparación", a saber: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; ..." Es decir, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Así mismo, el texto constitucional citado establece una regla de carácter general, que consiste en que precisa cuando se trata de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo será procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos cuya afectación sea de imposible reparación. Para ello, debe precisarse qué se entiende "actos de imposible reparación", los que se pueden resumir en dos características, a saber: ? Que produzcan una afectación material a los derechos del quejoso, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, ? Que esos derechos afectados tengan el carácter de derechos sustantivos, esto es antagónico a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es necesaria -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Esto, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, como la vida, libertad, propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En síntesis, para poder determinar si el acto que aquí se reclama constituye un "acto de imposible reparación", se debe establecer si comprende los siguientes requisitos: I. Que pueda implicar por sí mismo una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente procesales sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; y, II. Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. Como se indicó, los actos reclamados son las resoluciones dictadas el veinte de octubre y siete de noviembre del año en curso, emitida por la autoridad responsable en la Causa Penal 2070/2021/PUEBLA, cuyo contenido sintetizó la quejosa, en los términos antes citados. Al analizar tales determinaciones, es evidente que no afectan de manera directa e inmediata derechos fundamentales reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no generan una afectación material a derechos sustantivos, sino únicamente una afectación jurídica de naturaleza formal o procesal, la cual puede o no trascender, pues pueden ser reparados en la determinación que se emita en la audiencia que, posiblemente se lleve a cabo -dieciséis de noviembre de la anualidad en curso-, una vez que se satisfagan los actos indicados a cargo de la defensa y el agente del Ministerio Público; por ende, llegada la audiencia, estará en aptitud de alegar lo que a su interés convenga respecto a la forma en que se llevó a cabo el descubrimiento probatorio por parte del fiscal, a fin de generar contradicción entre las partes, sobre lo cual habrá de pronunciarse la jueza de control; y si tal determinación llegara a afectar algún derecho sustantivo de la quejosa, ello la facultaría para reclamar la actuación de la autoridad judicial, así como las actuaciones que le sirvieron de antecedente y que estime transgredan las normas del procedimiento. En ese contexto, de la actuación de la responsable no se sigue alguna afectación inmediata a la vida, libertad, propiedades o posesiones de la parte quejosa, en tanto que está pendiente de desahogarse tal audiencia, por lo cual, previo a ella, está en aptitud de llevar a cabo todos los actos que resulten favorables a su defensa, en tanto que se le otorgó una prórroga para ello; asimismo, está en aptitud de controvertir lo que pueda generarle alguna afectación en el desarrollo de la etapa actual del proceso penal, sometiéndolo al principio de contradicción; y solo de resultar contraria a su interés alguna decisión emitida en tal audiencia, estará en aptitud de cuestionarla a través de los medios de defensa que corresponda. En ese sentido, es indudable que los actos en cuestión no afectan de manera actual, directa e inmediata, derechos humanos reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera una afectación material a algún derecho sustantivo de la parte quejosa, que sea necesario abordar inmediatamente en este medio de defensa extraordinario. Apoya lo anterior la tesis con datos de localización, rubro y texto: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2020733 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: IV.1o.P.27 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3502 Tipo: Aislada ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b) constitucional, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Autorizados Téngase por autorizados a los profesionistas que indica en su demanda de amparo, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Notificaciones vía correo electrónico No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Acceso expediente electrónico Téngase proporcionando el nombre de usuario "********************, para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notificaciones electrónicas Se autoriza que las notificaciones que deban ser personales se realicen vía electrónica a través del usuario que precisa, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la ley de la materia. Transparencia y acceso a la información Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

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