Karla Hernández Escalera y Otros.

Expediente 409/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
409/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Karla Hernández Escalera y Otros.
  • Karla Hernández Escalera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA DE LA QUE SE ADVIERTE QUE EL PROVEÍDO POR EL QUE SE SOBRESEYÓ EL JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, EN CONSECUENCIA, ARCHÍVESE; HACIENDO DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Agréguese al expediente el oficio firmado por la Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Cinco, por el que rinde informe justificado; sin que haya lugar a dar vista con él, por las razones que enseguida se exponen. Con apoyo en el citado numeral y el diverso 119 de la legislación de la materia invocada, se tienen como medios de convicción de la aludida autoridad, tres discos versátiles digitales (DVD), así como la documental que en copia certificada adjunta a su ocurso, los que se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. En el entendido de que los mencionados medios electrónicos deberán conservarse en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, bajo resguardo del funcionario encargado. Asimismo, con el anexo remitido fórmese por separado un tomo, para el mejor manejo del presente expediente, respetándose el folio, rúbricas y entresello de origen. Por otra parte, glósese a los autos el escrito signado por los inconformes ************** y **************, mediante el cual informan que en audiencia de seis de junio del año en curso, se determinó cancelar el mandato de captura emitido en su contra, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, se desprende que los referidos quejosos, señalaron como autoridades responsables a: Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Cinco, Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia y Secretario de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México. A quienes les atribuyeron: Las órdenes de aprehensión, reaprehensión o cualquier otra privativa de libertad, así como su ejecución. El Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Cinco de esta ciudad, en esta data al rendir su ocurso de ley manifestó que son ciertos los actos combatidos consistentes en la orden de aprehensión, así como su cumplimiento, señalando al efecto que el veintinueve de marzo pasado en la carpeta judicial **************, a petición de la representación social, libró orden de aprehensión en contra de los quejosos ************** y **************, como forma de reconducción al proceso, dada su inasistencia a la audiencia intermedia, manifestando además, que el delito que se les imputa es el de robo agravado en pandilla, en cual se encuentra previsto en términos de lo que establece el artículo 220, párrafo primero (al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena), actualizándose dos agravantes a saber: 1. encontrándose la víctima en un vehículo de trasporte público, prevista en el numeral 224 y 2. por pandilla establecido en el artículo 252 párrafo segundo, todos del Código Penal para esta ciudad. Asimismo, que dicho delito se encuentra sancionado conforme a los artículos 220, fracción II (con prisión de seis meses a dos años, y sesenta a ciento cincuenta días multa), 224 párrafo primero (de dos a seis años de prisión) y 252, párrafo primero (se impondrá una mitad más de las penas), siendo este un delito que se persigue por querella en términos del artículo 246, párrafo tercero, inciso a), todos artículos del Código Penal para la Ciudad de México y que el monto de la reparación del daño asciende a la cantidad de $10, 111.94 (diez mil ciento once pesos con noventa y cuatro centavos moneda nacional), por lo que dicho delito que se les imputa a los peticionarios, no implica prisión preventiva oficiosa en términos del segundo párrafo del numeral 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, se corrobora con el informe de ley que obra en autos de la responsable Jefe General de la Policía de Investigación (foja 16), del que se advierte que manifestó que es cierto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, dado que mediante oficios ************** y **************, la autoridad judicial responsable solicitó la ejecución de dicho mandato. Sin embargo, no obstante la certeza de los actos reclamados, este órgano de control constitucional advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, que impide su análisis por los motivos que enseguida se exponen. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Del precepto reproducido se aprecia que el juicio de amparo es improcedente cuando las consecuencias del acto reclamado, causantes de un perjuicio a la esfera jurídica del gobernado, han desparecido, es decir, que se haya extinguido el motivo que originó la transgresión a los derechos de una persona, en virtud de la emisión de un nuevo fallo. Lo anterior es así, dado que el citado juez responsable en su informe justificado, también comunicó que en audiencia de seis de junio del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de reconducción al proceso de los imputados ************** y **************, y una vez verificados los requisitos de procedencia fue aprobado el acuerdo reparatorio celebrado entre los aquéllos y el asesor jurídico de la víctima, por lo que al tratarse de un delito patrimonial sin violencia perseguible por querella, se realizó el pago por concepto de reparación del daño, decretándose la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la carpeta judicial en términos del artículo 189 y 327 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, teniendo todos los efectos de una sentencia absolutoria, renunciando las partes el plazo para interponer recurso alguno en contra de dicha determinación, razón por la cual se levantaron las medidas cautelares impuestas a los inconformes de mérito. Manifestaciones, que acreditó con copia certificada de las constancias que integran la carpeta judicial **************; documental que alcanza pleno valor probatorio, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su 2° precepto. En ese contexto, si la autoridad responsable judicial señaló que en el acuerdo reparatorio se realizó el pago por dicho concepto, decretándose la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la carpeta judicial en términos del artículo 189 y 327 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, teniendo todos los efectos de una sentencia absolutoria, y se levantaron las medidas cautelares impuestas a los inconformes, se patentiza que con dicho actuar, los actos de los que se duelen los quejosos, consistentes en la orden de aprehensión como forma de reconducción al procedimiento, así como su cumplimiento, dejaron de tener consecuencias jurídicas en su esfera de derechos ya que éstos ya no surten efecto legal alguno por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente los originó. De tal modo, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está vulnerando su entorno. Pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo fin es reparar las vulneraciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin que de concluirse que el mismo es inconstitucional y se le restituya en el pleno goce de sus derechos fundamentales; circunstancia que no acontece en la especie, por la que deviene incontrovertible la perpetración de la citada causa de inejercitabilidad a que se refiere la aludida fracción XXI del arábigo 61 de la ley reglamentaria, por haber cesado en sus efectos el mandamiento combatido. En consecuencia, en términos del numeral 63, fracción V, en relación con la fracción XXI del precepto 61 de la invocada legislación, se sobresee en este juicio de amparo, fuera de audiencia, respecto de los actos consistentes en las órdenes de aprehensión como forma de reconducción al proceso, así como su cumplimiento efectuados en contra de los impetrantes. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios. Por otra parte, en virtud de que el Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Cinco, Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia y Secretario de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México, al momento de rendir sus informes justificados, negaron los actos que se les atribuyen, consistentes en las órdenes de reaprehensión y privativa de libertad, así como su cumplimiento, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario, se procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de dichos actos y autoridades. Por lo expuesto, comuníquese a las partes que se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que en esta data no se haya dado vista con el informe justificado de la autoridad judicial responsable; ello, en virtud de que de hacerlo se retrasaría la impartición de la justicia pronta, en contravención con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dicho principio, ya que como se señaló en párrafos precedentes, en el escrito de cuenta los propios inconformes manifestaron que fue cancelado el mandato de captura emitido en su contra.

  3. Incidental

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva que solicitó ********************** y **********************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta determinación. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva que solicitó ********************** y **********************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero, para los efectos del cuarto de esta resolución.

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado en representación del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual rinde informe justificado; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con éste dese vista a las partes.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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