Karla Griselda Guerrero Veyna
Expediente 132/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Karla Griselda Guerrero Veyna
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE 28 DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintidós diciembre de dos mil quince, a fin de que cumpliendo con los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo vigente manifestara si ampliaba su demanda en relación con la diversa autoridad responsable en relación con el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, residente en esta ciudad, sin que haya hecho ninguna manifestación al respecto. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se continúa el procedimiento en el presente juicio de garantías únicamente por las autoridades y actos señalados en el escrito inicial de demanda. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el primero de los oficios recibido vía Fax y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal con sede en Fresnillo, Zacatecas; con su contenido, dese vista a las partes, así como con los diversos informes justificados rendidos por la Procuradora General de Justicia en el Estado de Zacatecas, Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, Director del Centro Regional de Reinserción Social Femenil con Residencia en Cieneguillas, Zacatecas, Director del Centro de Readaptación Social con residencia en Fresnillo, Zacatecas, para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Informe el anterior que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos ópticos o en cualquier otra tecnología, incluyendo desde luego a los que se remiten vía fax, se tiene como auténtico tanto su contenido y firma que lo calza. Finalmente glósese a sus autos para que obre como corresponde el segundo de los comunicados de cuenta, remitido por la citada autoridad responsable, y en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante el diverso oficio 2731/2016 de veintidós del mes y año que transcurre. "
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE 03 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la demanda de garantías promovida por KARLA GRISELDA GUERRERO VEYNA, contra actos de la SEGUNDA SALA CIVIL Y DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías tuteladas por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución General de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 132/2016 que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera cauda manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto transcrito se advierte que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Por su parte, el numeral 369 del Código de Procedimiento Civiles del Estado, consigna: "Artículo 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.". En efecto, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de ocho de diciembre de dos mil quince que declara inadmisible el recurso de queja interpuesto contra del proveído de dos de diciembre de dos mil quince, dictado por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado dentro del toca de A.C. 780/2015; al respecto, debe decirse que, atendiendo a la interpretación del invocado numeral 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al tener la quejosa el carácter de promovente dentro del juicio de interdicción 473/2015, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, es evidente que se encontraba en aptitud de impugnar el citado proveído, a través del medio ordinario de defensa que al efecto establece la legislación instrumental en consulta, como en la especie lo es el recurso de reposición, dado que es el conducto legal por el cual la determinación que se combate puede ser modificada, revocada o nulificada; y en ese contexto, al no haber hecho valer el indicado medio de impugnación, previamente a la interposición del juicio constitucional, deviene improcedente el amparo que en esta vía indirecta promueve, en virtud de que no se agotó el principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo al respecto la Jurisprudencia 8/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja once, del tomo XV, Marzo de 2002, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal.". Sin que por otra parte, se actualice el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o; o en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio. En consecuencia, al no haberse agotado el recurso de reposición previo a la promoción del juicio de garantías, es por ello que en la especie se actualiza la causa de improcedencia analizada; y en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías que se plantea, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley Reglamentaria en vigor de los artículos 103 y 107 constitucionales. Finalmente, como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizados de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a las licenciadas GLADIS ERALU RODRÍGUEZ ALFARO Y VERÓNICA FUENTES ORTIZ, CLAUDIA LIZBET MALDONADO SAUCEDO, quienes cuentan con su cédula con número 2311636, 2853604 y 8337540, respectivamente; registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle de la Unión número 101, Local 38, Plaza Futura, Zona Centro de esta ciudad."
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