Karla González Sánchez

Expediente 555/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
555/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
06/12/2018

Partes del expediente

  • Karla González Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente Karla González Sánchez, recurriera el proveído emitido el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo intentada por la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente y legalmente concluido. En términos de los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veinticinco de abril de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto décimo tercero del propio Acuerdo. En consecuencia, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo mencionado.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente Karla González Sánchez, recurriera el proveído emitido el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo intentada por la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente y legalmente concluido. En términos de los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veinticinco de abril de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto décimo tercero del propio Acuerdo. En consecuencia, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo mencionado.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de cinco días hábiles concedido a la parte promovente para que diera cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, sin que a la fecha lo haya realizado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL PROMOVENTE.Ensenada, Baja California, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Karla González Sánchez, por propio derecho, contra actos de la Directora de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; regístrese su ingreso en el libro de juzgado correspondiente, bajo el número 555/2018. Ahora, previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V y 114, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las partes (se requieren a saber: cinco, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, dos para las autoridades responsables y dos para el incidente de suspensión que solicita); dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos legales la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Primero. Bajo protesta de decir verdad, amplíe los antecedentes del acto reclamado, en el sentido de precisar la fecha exacta en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, toda vez que en el apartado correspondiente no lo hace y este constituye un dato indispensable para verificar su presentación oportuna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2005636, febrero de dos mil catorce, tomo II, materia común, visible a página 1079, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Segundo. Deberá precisar si es su deseo señalar como acto destacado la orden de clausura que refiere en su escrito inicial de demanda, toda vez que en el apartado relativo a los actos reclamados únicamente señala como tales los siguientes: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De LA ORDENADORA.- reclamo.- la ilegal orden de suspensión de mis labores, así como el decomiso o aseguramiento o retención de mi herramienta y producto de mi trabajo, misma que consiste en una carreta, una mina de gas, y tina con elotes que utilizo para desempeñar mis labores. DE LA EJECUTORA.- Reclamo el cumplimiento de la ordenadora consistente en la ilegal orden de suspensión de mis labores, así como el decomiso o aseguramiento o retención de mi herramienta y producto de mi trabajo, misma que consiste en una carreta, una mina de gas, y tina con elotes que utilizo para desempeñar mis labores." Sin embargo, en el capítulo de conceptos de violación indica lo siguiente: "[.] En efecto, resulta infundado e inmotivada la orden de clausura que se impugna. , por lo cual está fuera de toda norma jurídica la orden que se tilda de inconstitucional[.]" Lo anterior, a fin de tener una clara perspectiva del acto reclamado, atendiendo la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, conforme a la jurisprudencia IV.3o.A. J/18 (9a), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 3709. Tomo 5, Libro III, diciembre de 2011, de la Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo". Asimismo, dígase a la promovente que el referido requerimiento deberá ser desahogado por ella y no por autorizado alguno, ya que los hechos que la incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXIV, julio de 2006, visible a página 348, materia común, con número de registro 174745, cuyo rubro y contenido a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo y forma propuesta, se tendrá por no presentada dicha demanda, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional; asimismo, únicamente se autoriza para oír y recibir notificaciones a Manuel Lamberto Astorga Galaviz, toda vez que no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de este órgano jurisdiccional, para que realice las notificaciones inherentes a los acuerdos que se dicten en este juicio de amparo. Se autoriza a la secretaria de juzgado a efecto de que firme los oficios derivados del presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. Finalmente, a fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado.

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