Karla Giselle Pergallo

Expediente 628/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
628/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Karla Giselle Pergallo

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el siete de septiembre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******************** ********************y doce copias de la misma; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el libro de gobierno de este juzgado con el número de juicio de amparo ********************/2021-IX. DESECHAMIENTO: El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, como se explica en seguida. De acuerdo con esa disposición, antes de acudir al juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El origen legislativo de la porción normativa señalada se sustenta en que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, que debe promoverse como última alternativa de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado; de lo contrario, el juicio en cuestión será improcedente. Afirmación que encuentra sustento en la tesis I.4o.A.6 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1488, Libro XV, correspondiente al mes de Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, que reza: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna. Así, de la interpretación conjunta de los artículos 52, 57, primer párrafo, 117, fracción III, 122 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se obtiene que las órdenes de traslado deben autorizarse por el Juez competente y la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional, la autorización será posterior a la ejecución del traslado. De lo que se obtiene que, incluso las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, siempre que sea calificada con posterioridad por un Juez. Asimismo, que las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento de controversias contra las órdenes de traslado. Es así, que dicho procedimiento jurisdiccional puede ser conocido por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente. Cuya promoción, a través de una controversia judicial contra la determinación administrativa, puede realizarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma o, dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente; y, para el caso que el juez se pronuncie en el plazo señalado, podrá interponer el recurso de apelación, contra dicha decisión. En resumen, de las disposiciones legales aludidas, se deriva que contra las órdenes de traslado dictadas por autoridades administrativas, las personas privadas de su libertad pueden acudir directamente ante el Juez de Ejecución para que resuelva lo conducente respecto de la controversia que hagan valer, cuya promoción da lugar a la suspensión del acto reclamado. Una vez establecido lo anterior, en el particular, el acto reclamado consiste en la orden de traslado de un reclusión a otro fuera de la ciudad de Veracruz, y fuera del distrito judicial de Veracruz, Veracruz, al encontrarse interno en su calidad de imputado dentro del proceso penal ********************, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Sala "B", por el delito de despojo previsto en el artículo 222 fracción I, del Código Penal del Estado de Veracruz. Por lo que al reclamarse la orden de traslado, se deduce que antes de acudir a la instancia constitucional, quien pide amparo debió promover controversia judicial ante el Juez de Ejecución respectivo. O bien, para el caso que existiera autorización judicial del traslado, lo procedente sería interponer recurso de apelación, al ser ese medio de impugnación, el idóneo para analizar la legalidad del traslado en cuestión y modificarlo, revocarlo o nulificarlo, en términos del artículo 51, primer párrafo, 52, penúltimo párrafo, 131 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen lo siguiente: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. [...]" "Artículo 52. [...] En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]." En consecuencia, al señalarse como autoridad responsable al Juez de Control y Enjuiciamiento del Decimoséptimo Distrito Judicial Sala B, en Veracruz, Veracruz, previamente a la promoción de este juicio debió interponerse el recurso de apelación antes aludido y al no haberse hecho así, se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por tanto, se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2018548, de rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así como la tesis II.3o.P.71 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la página 2339, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, del Semanario oficial, con número de registro 2021589, titulada: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL FACULTA AL JUEZ PARA CALIFICAR SU LEGALIDAD EN EL PLAZO DE CUARENTA Y OCHO HORAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, SIN RECABAR CONSTANCIAS O INFORMACIÓN ADICIONAL A LA REMITIDA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA." Aunado a que la orden de traslado no se encuentra en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad que prevén las excepciones señaladas en los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; ni se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencia precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; tampoco se trata de persona extraña al procedimiento o auto de vinculación a proceso; aunado a que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia referida, de manera manifiesta e indudable, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******************** ********************. Todo lo anterior, es con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio, del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Es aplicable al presente asunto la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."...

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEOSA EL AUTO DE 18/08/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B...Vista la demanda de amparo promovida por ******************** ********************y doce copias de la misma; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el libro de gobierno de este juzgado con el número de juicio de amparo ********************/2021-IX. DESECHAMIENTO: El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, como se explica en seguida. De acuerdo con esa disposición, antes de acudir al juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El origen legislativo de la porción normativa señalada se sustenta en que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, que debe promoverse como última alternativa de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado; de lo contrario, el juicio en cuestión será improcedente. Afirmación que encuentra sustento en la tesis I.4o.A.6 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1488, Libro XV, correspondiente al mes de Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, que reza: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna. Así, de la interpretación conjunta de los artículos 52, 57, primer párrafo, 117, fracción III, 122 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se obtiene que las órdenes de traslado deben autorizarse por el Juez competente y la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional, la autorización será posterior a la ejecución del traslado. De lo que se obtiene que, incluso las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, siempre que sea calificada con posterioridad por un Juez. Asimismo, que las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento de controversias contra las órdenes de traslado. Es así, que dicho procedimiento jurisdiccional puede ser conocido por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente. Cuya promoción, a través de una controversia judicial contra la determinación administrativa, puede realizarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma o, dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente; y, para el caso que el juez se pronuncie en el plazo señalado, podrá interponer el recurso de apelación, contra dicha decisión. En resumen, de las disposiciones legales aludidas, se deriva que contra las órdenes de traslado dictadas por autoridades administrativas, las personas privadas de su libertad pueden acudir directamente ante el Juez de Ejecución para que resuelva lo conducente respecto de la controversia que hagan valer, cuya promoción da lugar a la suspensión del acto reclamado. Una vez establecido lo anterior, en el particular, el acto reclamado consiste en la orden de traslado de un reclusión a otro fuera de la ciudad de Veracruz, y fuera del distrito judicial de Veracruz, Veracruz, al encontrarse interno en su calidad de imputado dentro del proceso penal ********************, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Sala "B", por el delito de despojo previsto en el artículo 222 fracción I, del Código Penal del Estado de Veracruz. Por lo que al reclamarse la orden de traslado, se deduce que antes de acudir a la instancia constitucional, quien pide amparo debió promover controversia judicial ante el Juez de Ejecución respectivo. O bien, para el caso que existiera autorización judicial del traslado, lo procedente sería interponer recurso de apelación, al ser ese medio de impugnación, el idóneo para analizar la legalidad del traslado en cuestión y modificarlo, revocarlo o nulificarlo, en términos del artículo 51, primer párrafo, 52, penúltimo párrafo, 131 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen lo siguiente: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. [...]" "Artículo 52. [...] En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]." En consecuencia, al señalarse como autoridad responsable al Juez de Control y Enjuiciamiento del Decimoséptimo Distrito Judicial Sala B, en Veracruz, Veracruz, previamente a la promoción de este juicio debió interponerse el recurso de apelación antes aludido y al no haberse hecho así, se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por tanto, se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2018548, de rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así como la tesis II.3o.P.71 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la página 2339, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, del Semanario oficial, con número de registro 2021589, titulada: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL FACULTA AL JUEZ PARA CALIFICAR SU LEGALIDAD EN EL PLAZO DE CUARENTA Y OCHO HORAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, SIN RECABAR CONSTANCIAS O INFORMACIÓN ADICIONAL A LA REMITIDA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA." Aunado a que la orden de traslado no se encuentra en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad que prevén las excepciones señaladas en los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; ni se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencia precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; tampoco se trata de persona extraña al procedimiento o auto de vinculación a proceso; aunado a que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia referida, de manera manifiesta e indudable, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******************** ********************. Todo lo anterior, es con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio, del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Es aplicable al presente asunto la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano