Karla Georgina Arzápalo Uicab

Expediente 694/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
694/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Karla Georgina Arzápalo Uicab

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el diecinueve de julio de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer punto resolutivo se sobreseyó, y en el segundo y tercero se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo agregar a los cuadernos del incidente de suspensión, copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III, del artículo 17 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es conservable. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado, en términos de lo dispuesto en el numeral 17 de citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es conservable, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 17 del citado Acuerdo General relativo. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/1585/2023, de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, firmado electrónicamente por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con el Licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 694/2023-VI-A, promovido por Karla Georgina Arzápalo Uicab, contra los actos atribuidos al Gobernador del Estado de Yucatán, y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Karla Georgina Arzápalo Uicab, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos atribuidos a: Congreso del Estado de Yucatán Gobernador del Estado de Yucatán. c) Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y agente de su adscripción (Jesús Ezequiel Muñoz Góngora). SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, se registró la demanda de que se trata con el número 694/2023-VI-A y se admitió a trámite la misma; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la quejosa reclama de las autoridades responsables, fundamentalmente, lo siguiente: Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Yucatán. La promulgación del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, específicamente los artículos 407 y 408. Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y agente de su adscripción (Jesús Ezequiel Muñoz Góngora). La boleta de infracción con número de folio 766721 de fecha veintinueve de abril de dos mil veintitrés. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto atribuido al Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (promoción 8115), pues así lo señaló al rendir su informe justificado; sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por dicha autoridad y acto, por inexistencia; de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917818, mismo Apéndice, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO.- Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador del Estado de Yucatán (registro 8379), Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (registro 8266) y agente Jesús Joaquín Muñoz Góngora, adscrito a la citada Secretaría (registro 9911), todos con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; por lo que así deben tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." os actos reclamados a las responsables, pues aun cuando negó su existencia, realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el Gobernador del Estado de Yucatán, por conducto del Consejero Jurídico, señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que la parte quejosa únicamente adjuntó copias simples a su escrito de demanda, por lo que no acreditó el interés jurídico para promover el presente juicio constitucional. Resulta infundada la causal de improcedencia en comento, pues tal como se señaló en el auto admisorio de tres de mayo de dos mil veintitrés, la documental relativa a la factura de treinta de noviembre de dos mil diecinueve, con folio TMO000000474, expedida por "AUTOMAYA", Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de la impetrante del amparo, relativa al vehículo marca CHEVROLET, tipo BEAT, número de serie MA6CB5CD5KT070128, fue exhibida con cadena, sello digital y QR, equiparándose a un documento original. Al caso, se cita el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2434, del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Décima Época de la Décima Época, con registro digital 2015428, que señala: "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA ORIGINAL, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA PROBATORIA ES PLENA. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, constituye un medio de prueba que debe valorarse conforme a las reglas específicas contenidas en el propio precepto y no con base en las reglas generales aplicables a las copias simples de documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer la fuerza probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó y, en su caso, si es posible atribuir su contenido a las personas obligadas e, igualmente, si es accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla." De ahí que si de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la boleta de infracción 766721, de veintinueve de abril de dos mil veintitrés, recayó precisamente sobre el vehículo de la marca Chevrolet, modelo Beat, del año dos mil diecinueve (2019), con número de serie MA6CB5CD5KT070128 y número de placas ZBA-935-C del Estado, de su propiedad, deviene incuestionable que, contrario a lo que señala la autoridad responsable, el acto reclamado afecta los intereses de la quejosa. SEXTO. Inexistencia de diversa causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Análisis de la Litis Constitucional en relación a los preceptos legales tildados de inconstitucionales. En primer término se analizará el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 407 y 408 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. En sus conceptos de violación, la parte quejosa aduce que los referidos preceptos legales, vulneran en su perjuicio sus derechos de seguridad, audiencia previa y debido proceso, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque impiden el ejercicio de sus derechos constitucionales para la tutela judicial efectiva, ya que no se le da oportunidad de que, previo al acto privativo como es la multa, se le siga un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales. Dichos motivos de inconformidad, resultan infundados, sin que en el caso proceda la suplencia de la queja al no encuadrar el caso en alguno de los supuestos a que alude el artículo 79 de la Ley de Amparo, razón por la que deberá negarse el amparo y protección de la justicia de la unión que solicita. En efecto, los artículos 407 y 408 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, tildados de inconstitucionales, establecen: Prestación del Servicio Público de Tránsito "Artículo 407. La Secretaría tiene a su cargo la vigilancia y organización del Tránsito en las vías públicas estatales, para lo cual se auxiliara en los agentes quienes estarán facultados para realizar las funciones de control, supervisión y vigilancia de la circulación de vehículos, peatones y semovientes; del cumplimiento de las disposiciones de Vialidad, así como también de aplicar las sanciones a quienes incumplan las disposiciones de la Ley, este Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables. Los agentes, para cumplir con sus funciones, actuarán con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Forma de actuación de los agentes "Artículo 408. Los agentes, en el ejercicio de sus funciones, deberán proceder de la siguiente manera: I. Cuando uno o varios peatones estén en posibilidad de cometer una infracción, de manera cortés, les indicarán que deben desistir sus propósitos, y II. Ante la infracción de alguna norma establecida en la Ley o en este Reglamento, deberán expedir a la persona la boleta de infracción correspondiente, explicándole la falta incurrida y exhortará al infractor para que cumpla con sus obligaciones previstas en la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables. Ahora, es pertinente reproducir lo establecido en el artículo 14, párrafo segundo, Constitucional, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 14... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho..." En relación con el citado precepto Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos precedentes que el derecho fundamental de audiencia involucra cuatro subgarantías, a saber: a) Que la privación se realice mediante juicio, es decir, a través de un procedimiento que se sustancie ante un órgano estatal; b) Que el juicio se tramite ante los tribunales previamente establecidos; c) Que en el juicio correspondiente se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; y, d) Que la privación se realice conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Cabe precisar que tratándose de facultades conferidas por el legislador a las autoridades administrativas, ese Alto Tribunal también ha determinado que el derecho fundamental de audiencia se satisface cuando aquéllas siguen un procedimiento semejante a un juicio en el que se escuche al interesado y se le otorgue oportunidad de defensa, de modo que dichas autoridades se constituyan en auténticos tribunales. Ahora bien, del análisis de la propia Constitución se advierten situaciones en las que no rige el derecho fundamental de audiencia, por ejemplo, del artículo 33 se desprende que el titular del Ejecutivo de la Unión está facultado para expulsar del país a cualquier extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, sin necesidad de sujetarlo a un juicio previo donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, sin que deba satisfacerse el requisito de ser oído y vencido en juicio. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de contribuciones, el derecho fundamental de audiencia que se debe otorgar a los contribuyentes es siempre posterior a la determinación de éstas, pues es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias autoridades el monto y el cobro correspondiente. De lo expuesto, se pone de manifiesto que el derecho fundamental de audiencia no es absoluto, sino encuentra su límite en lo que dispone la propia Constitución, pues como quedó demostrado existen supuestos previstos en ésta en los que dicho derecho fundamental si bien debe observarse en lo esencial, esto es, oír al afectado, el momento de otorgarse puede válidamente ser posterior a la emisión del acto de autoridad correspondiente. Criterio que resulta aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública establecida en el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional, que versa sobre la aplicación de sanciones por infracción a los reglamentos gubernativos y de policía, penas que únicamente pueden consistir en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, dado el carácter ejecutorio de esas determinaciones. También, cabe precisar que el fundamento de la potestad sancionadora de la Administración Pública deriva del carácter ejecutorio de sus determinaciones, en tanto que cuando se imponen deberes y restricciones a los particulares, pueden hacerse efectivos aun contra su voluntad; lo anterior es así, porque la sanción constituye la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Es pertinente puntualizar que toda obligación impuesta en una ley, debe estar provista de medios adecuados con qué exigir al obligado el debido y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, entre esos medios se encuentran las sanciones en caso de incumplimiento, pues de lo contrario el cumplimiento a la obligación sería potestativo y no obligatorio para el particular. Ahora bien, los artículos tildados de inconstitucionales, establecen en términos generales, que las personas que contravengan las disposiciones de Tránsito y Vialidad, serán acreedoras a diversas sanciones, entre ellas, la expedición de una boleta de infracción. De ahí que no opere el derecho de previa audiencia tratándose de la imposición de multas con motivo de la infracción a disposiciones de la Ley o del Reglamento en cuestión, pues se encuentran vinculadas en forma directa, con obligaciones cuyo incumplimiento fue determinado por la autoridad administrativa a través de sus facultades de supervisión. De tal manera que basta con que el afectado sea escuchado en defensa con posterioridad al acto de autoridad, habida cuenta que de no considerarlo así, se afectarían gravemente las funciones que realizan los agentes de tránsito, tendentes a verificar que los conductores de los vehículos particulares se apeguen a la normatividad de la materia. Máxime que se restringiría su potestad sancionadora al tener que instaurarse un procedimiento previo a la imposición de la multa donde se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento, lo que incluso no sería acorde al carácter ejecutorio de esos actos administrativos. Las consideraciones que anteceden tienen apoyo en la tesis I.150.A.148 A, sostenida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "MULTA POR INFRACCIÓN A REGLAMENTOS DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS. RESPECTO DE SU DETERMINACIÓN, NO NECESARIAMENTE TIENE QUE REGIR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que la mencionada prerrogativa, consagrada en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, no es de carácter absoluto, sino que existen supuestos en los que por la naturaleza de la actividad administrativa y su impacto en la esfera jurídica de los particulares, el derecho fundamental de ser oído y vencido en juicio, puede otorgarse con posterioridad a la emisión del acto de autoridad correspondiente. Criterio que resulta aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública establecida en el artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, que versa sobre la aplicación de sanciones por infracción a los reglamentos gubernativos y de policía, penas que únicamente pueden consistir en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, dado el carácter ejecutorio de esas determinaciones, en tanto que imponen deberes y restricciones a los particulares, que deben hacerse efectivos aun contra su voluntad. En ese tenor, tratándose de la determinación de infracciones a los reglamentos de tránsito de vehículos e imposición de las sanciones correspondientes, no necesariamente debe regir la garantía de audiencia previa, por lo que el afectado puede ser escuchado en su defensa con posterioridad a la emisión del acto de autoridad máxime que de no considerarse así, se afectarían gravemente las funciones relativas de la autoridad, al tener que instaurar, en todos los casos, un procedimiento previo, lo que incluso no sería acorde con la naturaleza ejecutoria de esos actos administrativos." Por otro lado, aduce la parte quejosa que los artículos impugnados transgreden en su perjuicio el artículo 21 Constitucional, pues en concepto de multa se le pretenden cobrar cantidades que están por encima de los parámetros permitidos, pues es una estudiante foránea, y empleada con ingresos insuficientes al no tener una remuneración específica (trabajadora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán), por lo que debe de tomarse como multa máxima, un día de salario mínimo. Devienen infundados dichos motivos de disenso, toda vez que la parte quejosa no exhibió documento alguno con el que acredite tales extremos, pues como se estableció en auto admisorio de tres de mayo de dos mil veintitrés, las documentales que adjuntó a su ocurso constitucional, se tratan de copias simples, al no haber manifestado bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada de las originales. En ese sentido, no pueden ser tomadas en cuenta para los fines pretendidos, en razón de que, al ser las copias fotostáticas, simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva; existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento o datos y signos en él contenidos, que se pretende hacer aparecer. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página trescientos setenta y nueve, III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos respecto a los artículos tildados de inconstitucionales, se niega al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación en relación al acto de aplicación (boleta de infracción). Resultan infundados en parte e inoperantes en otra los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante del amparo. En el caso, toda vez que no se consideraron inconstitucionales los artículos reclamados por la parte quejosa, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por vicios propios respecto al acto de aplicación. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En primer término, se analizarán los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa respecto a la boleta de infracción, en los aduce que resultan insuficientes los razonamientos que la autoridad plasma en el apartado de infracciones cometidas, esto es, "utilizar su teléfono celular al conducir su vehículo", es insuficiente y nada dice al gobernado acerca de los motivos y causas generales y particulares por medio de las cuales se le impuso una sanción. Lo anterior es infundado, ya que la quejosa no exhibió prueba alguna para desvirtuar lo asentado en dicha boleta en cuanto a que sí cometió la infracción; esto es, que no hubiere estado conduciendo o que no estuviera haciendo uso de algún aparato de telefonía móvil a su alcance en el momento de los hechos, pues ello no lo desvirtúo en forma alguna, por lo que deben quedar subsistentes los motivos que llevaron a la imposición de la infracción; los cuales se detallan claramente en la boleta respectiva, y dada su naturaleza, no requieren de una mayor motivación que referir la causa por la que se actualizaron los supuestos previstos en la ley, citados en el acto reclamado. Por otra parte, por lo que hace a la imposición de la sanción consistente en la multa, son inoperantes los conceptos de violación, pues todos los argumentos de la parte quejosa, van encaminados a impugnar los motivos de la imposición de la infracción, mas no así la sanción derivada de la misma, por lo que omite atacar frontalmente la actuación del agente policiaco al imponer como sanción una multa de veinticinco Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $2,543.50 (dos mil quinientos cuarenta y tres pesos, cincuenta centavos, moneda nacional). Esto es, omite señalar en forma concreta los defectos legales cometidos por dicha autoridad responsable al imponer una sanción específicamente de veinticinco unidades. De ahí que si con los argumentos aducidos, la parte quejosa no atacó la actuación de dicha responsable, este Juzgado Federal se ve imposibilitado para abordar el estudio de la misma, al no operar en la especie la suplencia de la queja deficiente por no estar la parte quejosa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues se trata de un asunto en materia administrativa que no está fundado en normas generales que hayan sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito, ni se advierte que haya habido en contra de la parte impetrante del amparo una violación evidente de la ley que la hubiere dejado sin defensa, ni que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio; siendo por ello que deben permanecer intocadas, con independencia de su legalidad o ilegalidad. Es aplicable al presente caso, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página sesenta y uno, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Así como la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ciento dieciséis, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". NOVENO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO PRIMERO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por KARLA GEORGINA ARZÁPALO UICAB, respecto del acto reclamado al Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones expresadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a KARLA GEORGINA ARZÁPALO UICAB, respecto del acto reclamado al Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones indicadas en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a KARLA GEORGINA ARZÁPALO UICAB, respecto del acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y agente de su adscripción Jesús Ezequiel Muñoz Góngora, por las razones señaladas en el considerando octavo de este fallo. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando décimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, donde se advierte que aún no transcurre el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio en proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio ******************** acompañado de un anexo, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, con el que, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de seis de los corrientes, remite el informe justificado rendido por el agente de su adscripción ********************. Por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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