Karla Gabriela Gómez Cazares
Expediente 749/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/07/2022
Partes del expediente
- Karla Gabriela Gómez Cazares
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA RESOLUCION DE TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, PORQUE NO FUE A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, NO OBSTANTE EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL UNO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EL AUTO DICE VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 383/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado el uno de diciembre de dos mil veinte al Juzgado Sexto de Distrito, +++e +++, ambos de apellidos +++, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos que se precisan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Congreso del Estado de Jalisco 2. Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco 3. Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco 4. Comisión Municipal de Regularización del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco 5. Presidente Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco 6. Presidente de la Comisión Municipal de Regularización del Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco 7. Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco 8. Director de Ingresos de Hacienda Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco 9. Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco 10. Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización del Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco 11. Director de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Autlán de Navarro, Jalisco. Jefe de la Oficina Departamental del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Autlán de Navarro, Jalisco. ACTOS RECLAMADOS: "[.] La aprobación y consecuente promulgación del decreto número 20,920 (veinte mil novecientos veinte) para la regularización de fraccionamientos y titulación de lotes, emitido y publicado con fecha 28 veintiocho de julio del año 2005 dos mil cinco, así como igualmente la aprobación y promulgación de la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbano en el Estado de Jalisco, mediante el Decreto número 24985/LX/14 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 09 nueve de octubre del año 2014 dos mil catorce [.] La emisión del dictamen de procedencia de regularización cuya fecha desconocemos y que no necesariamente, declaró como PROCEDENTE la regularización del fraccionamiento, dentro del cual se ubican los citados lotes urbanos de nuestra exclusiva propiedad y domicilio [.] El ilegal, inconstitucional y violatorio de nuestras garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, así como de nuestros derechos humanos, trámite llevado a cabo del procedimiento administrativa, que culminó con los títulos de propiedad, ambos de fecha 06 seis de junio del año 2019 dos mil diecinueve y su cumplimiento [.] Todo lo actuado en los procedimientos administrativos, respecto de los cuales se desprendieron o derivaron las resoluciones números +++ Y ++++, ambas de fecha 06 seis de junio del año 2019 dos mil diecinueve, reclamando igualmente su cumplimiento [.] La totalidad de lo actuado y autorizaciones respectivas de todas las actuaciones administrativas, que dentro de los procedimientos administrativos antes indicados de donde emanan los actos reclamados, que haya autorizado con su firma [.] La tramitación a nuestras espaldas de los Procedimientos Administrativos combatidos mediante esta vía constitucional, sin habérsenos otorgado nuestra garantía de audiencia-defensa ni haberse dado la intervención que legalmente nos competía en nuestra calidad de legítimos propietarios de los inmuebles antes referidos [.] La apertura de las cuentas catastrales, cuyas claves desconocemos, pero que como consecuencias de la expedición de los títulos de propiedad de referencia, fueron abiertas a nombre de los terceros interesados. [.] Los registros llevados a cabo en su oficina, de fecha 21 veintiuno y 24 veinticuatro de junio del año 2019 dos mil diecinueve [.] Todo los actuado en los Procedimientos Administrativos de donde emanan los actos reclamados [.] Todas y cada una de las consecuencias jurídicas que de los actos reclamados se desprendan, en cuanto afecten a mis garantías individuales, derechos humanos, propiedades, posesiones y derechos. La falta de debida motivación y fundamentación de las resoluciones aquí combatidas [.]" Actos que estimaron violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación del juicio de amparo en el Juzgado Sexto de Distrito. Por auto de tres de diciembre de dos mil veinte, el Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en Zapopan, Jalisco, ordenó registrar la demanda bajo el número +++, y requirió a los quejosos para el efecto de que señalaran con exactitud qué artículos reclamaban del Decreto para la Regularización de Fraccionamientos y Titulación de Lotes, publicado el veintiocho de julio de dos mil cinco, así como de la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida mediante decreto 24985/LX/14, publicado el nueve de octubre de dos mil catorce, y si dichas normas las reclamaban de manera autoaplicativa o heteroaplicativa, y en su caso, qué autoridad emitió el primer acto de aplicación y la fecha de éste, así como la data en que lo conoció. Asimismo, y toda vez que los quejosos reclamaron actos emitidos en diversos expedientes administrativos, se formuló prevención para que señalaran por cuál procedimiento deseaban que se siguiera esa instancia constitucional (juicio de amparo +++). Posteriormente, los promoventes desahogaron los requerimientos aludidos y manifestaron que ya no era su intención señalar como responsable al Congreso del Estado de Jalisco, ni combatir los actos atribuidos a dicha autoridad; de igual forma, indicaron que su pretensión era que esa instancia constitucional se siguiera respecto al procedimiento administrativo +++, y de forma separada en otra instancia el diverso procedimiento administrativo. En auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado Sexto de Distrito, ordenó la ratificación del desistimiento por cuanto hace a los actos reclamados del Congreso del Estado de Jalisco, y por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno tuvo por no presentada la demanda de amparo por lo que ve a dicha autoridad. Igualmente, ordenó la separación de juicios, se avocó únicamente al conocimiento de los actos reclamados respecto del procedimiento administrativo +++, y remitió copia certificada del juicio de amparo +++de su índice a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, para que turnara al Juzgado de Distrito, en turno dichas copias a efecto de conocer respecto de los actos reclamados en el diverso procedimiento administrativo +++. TERCERO. Trámite del juicio en este juzgado. La demanda de amparo, por lo que hace a los actos emanados del procedimiento administrativo de trato, fue turnada a este Juzgado Decimoquinto de Distrito, el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, y mediante proveído de veintidós siguiente se solicitó al homólogo federal que remitiera copia certificada de la totalidad de los anexos allegados por la parte quejosa al juicio de amparo +++. En auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los anexos solicitados, se avocó al conocimiento del asunto, se registró la demanda con el número 383/2021 y se admitió a trámite; fue solicitado a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde, y se emplazó a los terceros interesados +++ y +++. De igual forma, se desahogaron las pruebas pericial en materia de topografía y georreferenciación, y la testimonial a cargo de +++y +++. Finalmente, fue señalada fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad del Estado de Jalisco, cuya ejecución tiene lugar precisamente en esta circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se obtiene que los actos reclamados consisten en: 1. La emisión del Dictamen de Procedencia de Regularización, a través del cual se declaró procedente la regularización del fraccionamiento, dentro del cual se ubican los predios que dicen ser de su propiedad. 2. La falta de llamamiento al procedimiento administrativo +++ todo lo actuado dentro del mismo, el cual culminó con la emisión de los Títulos de Propiedad de seis de junio de dos mil diecinueve a favor del tercero interesado +++, así como su ejecución, entre ellas, la apertura de las cuentas catastrales a nombre de los terceros interesados y su registro ante la Oficina Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Autlán de Navarro, Jalisco.1 . TERCERO. Verificación de certeza del acto reclamado. Actos ciertos. La autoridad responsable Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación lo aceptó. Por su parte, las autoridades responsables Secretario General, Síndico Municipal, Encargada de la Hacienda Municipal, Director de Catastro y Presidente Municipal por sí y en representación del Pleno, así como Director de Desarrollo Urbano en representación de la Comisión Municipal de Regularización y del Presidente y Secretario Técnico, adscritos a dicha dependencia, todos del Ayuntamiento Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, en su informe justificado no se pronunciaron en cuanto a la existencia de los actos, no obstante, realizaron manifestaciones de las que se evidencia su certeza; lo que además se corrobora con las constancias que anexaron, así como de la copia certificada de la resolución dictada en el procedimiento administrativo +++, que por su carácter de documentales públicas adquieren el valor probatorio pleno a que se refieren los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, el Jefe de la Oficina Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Autlán de Navarro, Jalisco, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido oportunamente notificado, como se advierte de autos, por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados. 1 Precisión que se realiza conforme a la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". (Jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Máxime que la existencia de los actos atribuidos a dicha potestad se corrobora con las constancias que remitió, en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, consistentes en copia certificada de la boleta registral relativa al expediente administrativo +++. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. 1. El siete de marzo del dos mil, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió un dictamen en el que resultó procedente la acción de regularización del lote +++ en Autlán de Navarro, Jalisco. 2. El doce de diciembre de dos mil once, la Comisión Municipal de Regularización del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, declaró factible la regularización del predio mencionado en el punto anterior. 3. El veintiséis de noviembre de dos mil doce, se declaró formalmente regularizado el fraccionamiento +++. 4. Posteriormente, +++ presentó una solicitud a efecto de que se le reconociera el derecho de propiedad del predio ubicado en la manzana +++, lote +++ fraccionamiento +++. 5. En el procedimiento administrativo+ ++, el seis de junio de dos mil diecinueve se reconoció como propietario a +++, respecto del predio mencionado. 6. En esa misma fecha se expidió el título de propiedad del predio a favor de +++, casado por sociedad legal con +++. 7. La resolución emitida en el procedimiento administrativo se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. QUINTO. Estudio de procedencia del juicio de amparo. Causa de inviabilidad actualizada. Se debe analizar este aspecto por ser cuestión de orden público y estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de la falta de interés jurídico de la parte peticionaria de amparo, conforme a los siguientes razonamientos. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) - - - XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Así, por cuestión de orden resulta pertinente precisar que el artículo 5 de la Ley de Amparo, en su fracción I, indica que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, en el párrafo cuarto, dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De ese modo, el presupuesto que permite a las personas combatir actos u omisiones provenientes de tribunales judiciales, que estimen lesivos a los derechos humanos, será el que sean titulares de un derecho subjetivo y que, además, se afecte de manera personal y directa. Al respecto, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló al interpretar el contenido del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos vigente, que constituye la base constitucional de la actual redacción del artículo 5 de la Ley de Amparo, reglamentaria de aquél precepto, que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, del que es titular el agraviado, es decir, enfatizó, tenga un interés jurídico. Lo anterior, dentro de la tesis de los datos de identificación, rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella.2 " De ese modo, el concepto titularidad de un derecho subjetivo, está asociado al interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional. 3 " Por tanto, es plausible estimar que el interés jurídico es el derecho subjetivo derivado de alguna norma en particular o sustentado en alguna figura jurídica, que concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sobre el particular son aplicables, por las razones que las informan, las tesis cuyos datos de identificación y contenido son del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. SOBRE LA BASE CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, SE TIENE PARA EXIGIR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODO DERECHO HUMANO FRENTE A UN ACTO DE AUTORIDAD. El concepto de interés jurídico ha sido desarrollado a través de la jurisprudencia; ha sido estático, no dinámico, aunque con ciertas precisiones, pero en lo esencial, sigue la línea de identificación con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derivado de la norma objetiva que se concreta en forma individual y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sin embargo, es necesario reconstruir dicho concepto para que, en la medida de lo permisible, pueda ser útil y eficaz para salvaguardar los derechos humanos y garantizar la vigencia de una Constitución Normativa que instituye a éstos como pilares en el Estado constitucional democrático de derecho; por ello, no puede afirmarse que un derecho esté tutelado o protegido sin establecer prerrogativa a favor de un sujeto o medio para garantizarlo de manera efectiva. De este modo, desde la perspectiva constitucional, si el interés jurídico tiene su origen en la norma jurídica que otorga al particular la facultad de exigencia y las normas constitucionales e internacionales que reconocen derechos humanos son eminentemente jurídicas, entonces, sobre la base constitucional e internacional (tratados sobre derechos humanos), se tiene un interés jurídico o facultad para exigir el respeto y cumplimiento de todo derecho humano frente a un acto de autoridad. En otras palabras, se está frente a la invocación de un derecho humano que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas.4 " INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías.5 " "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE. Tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada garantía.6 " En ese contexto, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar un acto de autoridad, deviene de la afectación que éste pudiera ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. Luego, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, por otra, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados. Se invoca el criterio siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa.7 " En suma, tratándose de actos que emanen de tribunales judiciales, para que proceda la acción constitucional es necesario que se acredite plenamente y no con base en presunciones, que la persona que ejerce la acción constitucional, es la titular del derecho subjetivo derivado de una norma o figura jurídica y que la afectación sea de manera personal y directa. Son aplicables al caso, los criterios siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto8 ." "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción.9 " Ahora, los quejosos acuden al presente juicio como terceros extraños y reclaman, esencialmente, la emisión del Dictamen de Procedencia de Regularización, mismo que declaró procedente la regularización del Fraccionamiento, dentro del cual se ubican los predios que dicen ser de su propiedad, así como la falta de llamamiento al procedimiento administrativo +++, todo lo actuado dentro del mismo, el cual culminó con la emisión de los Títulos de Propiedad de seis de junio de dos mil diecinueve, así como su ejecución, entre ellas, la apertura de las cuentas catastrales a nombre de los terceros interesados y su registro ante la Oficina Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Autlán de Navarro, Jalisco. Por otra parte, se toma en consideración la naturaleza de terceros extraños al procedimiento administrativo de origen, que detentan los quejosos, misma que se corrobora al imponerse del contenido de las constancias certificadas de la resolución emitida en el procedimiento +++, de la que se advierte que los peticionarios no fueron parte material en el mismo; por lo que resulta indispensable que acrediten fehacientemente el interés jurídico por el cual afirman tener el derecho de propiedad sobre el inmueble relacionado con el procedimiento de origen, pues ese es el supuesto básico en que descansa su reclamación. Esto es, deben probar que cuentan con un título jurídico que sustente ese derecho de propiedad que dicen tener. Sustenta lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia pronunciada por el máximo tribunal de país del contenido literal siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común10." Sentado lo anterior, se destaca que la acción constitucional tiene como presupuesto la comprobación plena del derecho de propiedad que dice la parte quejosa le asiste, lo que sigue es determinar si ésta lo acreditó o no, pues de lo contrario, la consecuencia necesaria deberá ser concluir que carece de interés jurídico para acudir en demanda de amparo. A efecto de acreditar el derecho que dice ejercer sobre el inmueble en cuestión, la parte agraviada ofreció como pruebas de su intención: 1. Contrato de Cesión de Derechos, del que se advierte que +++, por su propio derecho y con consentimiento de su esposo +++, cedieron en pago a +++ por sí y como gestor oficioso de +++ (aquí quejosos) los lotes cinco y seis, con extensión superficial de 276.51 metros cuadrados y 183.06 metros cuadrados, respectivamente, con las medidas y colindancias que se especifican en el mismo, los cuales se encuentran en el fraccionamiento denominado como "+++". 2. Los contratos de arrendamiento de quince de abril de dos mil nueve, quince de junio de dos mil quince, quince de abril de dos mil dieciséis y quince de junio de dos mil veinte, celebrados entre +++ y +++, respeto de los lotes cinco y seis, con extensión superficial de 276.51 metros cuadrados y 183.06 metros cuadrados, respectivamente, con las medidas y colindancias que se especifican en el mismo, los cuales se encuentran en el fraccionamiento denominado como "+++". 3. Los estados de cuenta emitidos por el Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad a nombre de +++ bien inmueble ubicado en la calle +++, paseo del +++, +++ Jalisco, código postal +++. 4. Pericial en materia de topografía y georreferenciación, a cargo de los expertos ++++ (perito del quejoso) y +++ (perito oficial). 5. Testimoniales a cargo de +++ y +++. Sin embargo, tales medios de prueba son insuficientes para demostrar que los quejosos son propietarios del inmueble que defienden en la presente contienda constitucional. Lo anterior es así, pues en principio, el contrato reseñado en el punto 1, carece de fecha cierta, atento a las siguientes razones. Las características que debe cumplir un documento privado en el que se haga constar un acto traslativo de dominio, como ocurre con el de cita, para que adquiera eficacia probatoria y produzca efectos contra terceros, es necesario que sea de fecha cierta, lo que tiene como consecuencia dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable, de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa, esto es, que se antedatara o posdatara por las partes suscribientes. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia, con los siguientes datos de localización: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades11". De ahí que los hechos que hacen cierta la fecha en un documento privado, son: a) La inscripción del documento en que conste el acto en el Registro Público de la Propiedad. b) La entrega del documento a un funcionario público en razón de su oficio. c) La muerte de cualquiera de los que los firmen, y: d) La presentación del documento privado ante un fedatario público para que certifique la autenticidad de las firmas plasmadas en él; que ante su presencia se ratifique su contenido, o bien, sea presentado con la finalidad de que emita copias certificadas del mismo. De no suscitarse alguno de estos supuestos, sería imposible otorgar valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos, tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Es aplicable al caso, la jurisprudencia con los siguientes datos de localización: "DOCUMENTOS PRIVADOS DE FECHA CIERTA. Es verdad que conforme a lo dispuesto por el artículo 2034, fracción III del Código Civil, y las tesis de jurisprudencia emitidas, respectivamente, por la otrora Tercera Sala y la actual Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS." e "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.", los hechos que hacen cierta la fecha en un documento privado, son: la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; la entrega del documento a un funcionario público en razón de su oficio, y la muerte de cualquiera de los que lo firmen. Sin embargo, la circunstancia de que el documento privado en sí no tenga alguna de esas características, no veda a quien lo exhibe de su derecho para acreditar, por cualquier otro medio, su certeza; pero esos hechos que se invoquen y demuestren deben ser tales, que de ello surja como consecuencia necesaria la existencia del documento al tiempo en que se verificaron, es decir, deben ser capaces de eliminar la posibilidad de que sea de una fecha diversa12". Asimismo, la jurisprudencia con los datos de localización siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales13." En el caso, el contrato de cesión de derechos a favor de los quejosos respecto del predio materia del presente asunto, carece de fecha cierta, porque su simple lectura muestra que no fue celebrado ante fedatario público o funcionario autorizado, a más de que en el presente sumario no obra constancia de que fuera presentado ante un Registro Público, ni ante un funcionario público en razón de su oficio, tampoco de que hubiera muerto alguna de las personas que lo suscribieron, ni que se presentara ante notario público para la certificación de firmas o ratificación de su contenido. Conforme a lo antedicho es por lo que se determina que ese documento carece de eficacia probatoria para demostrar el derecho de propiedad que afirman tener los quejosos sobre el inmueble descrito. Mientras que el resto de las documentales aportadas, y descritas en los arábigos 2 -relativas a los contratos de arrendamiento celebrados entre el quejoso +++ y +++- y 3 -consistentes en los estados de cuenta emitidos por el Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad a nombre de +++, respecto del bien inmueble ubicado en la calle ++++ Jalisco, código postal +++; tampoco son eficientes para acreditar el interés jurídico. Se estima así, puesto que los contratos de arrendamiento, al margen de que tampoco son de fecha cierta por las razones expuestas en párrafos precedentes, únicamente acreditan que +++ celebró un acto jurídico con +++, sin que ello implique que quien se ostenta como arrendador, efectivamente contara con la propiedad del predio arrendado. De igual forma, los estados de cuenta aportados solo son aptos para demostrar que ++++, celebró un contrato de prestación de servicios con la Comisión Federal de Electricidad, más no dan cuenta del derecho de propiedad que aducen tener los quejosos. Máxime que estas documentales tampoco dotan al contrato de cesión de derechos aportado, de fecha cierta. Por su parte, las periciales en materia de topografía y georreferenciación, a cargo de los expertos ++++ (perito del quejoso) y +++ (perito oficial), ofrecida por el quejoso +++ , tampoco son aptas ni suficientes para tener por demostrado el interés jurídico que dice tener el impetrante de derechos fundamentales. Dicho aserto se basa en que, si bien aquellas experticias valoradas en términos de lo establecido en el numeral 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, permiten la plena identificación del bien que el quejoso defiende en esta instancia constitucional, pues de ellos se advierte que el bien descrito en el contrato de cesión derechos es el mismo que el predio materia de la resolución emitida en el procedimiento administrativo +++; lo cierto es que de ninguna manera proporcionan convicción siquiera de manera indiciaria sobre el derecho de propiedad que los quejosos aseveran contar sobre dicho inmueble. En el mismo sentido, las testimoniales a cargo de +++ y +++, no demuestran que los peticionarios en efecto detentan la propiedad del inmueble materia de la litis, toda vez que tales atestes solamente convienen en señalar que tienen conocimiento de que +++ y +++ son propietarios del inmueble ubicado en +++, en virtud de que, desde hace trece años aquéllos rentan dicho predio, pero no refieren por qué les consta dicha circunstancia, esto es, si en algún momento presenciaron la celebración de un acto jurídico por el cual se trasladara el dominio del predio a los quejosos. Además, aunque los atestes manifestaron que saben que los quejosos tienen la posesión pública, pacífica, continúa, de buena fe y a título de propietarios del inmueble, en razón de que durante los trece años que tienen arrendándolo, nunca se ha presentado algún problema con los señores quejosos, lo cierto es que esta última circunstancia no justifica por sí sola que los peticionarios realmente tengan la posesión originaria del predio en mención; máxime que, se insiste, los testigos no dan cuenta de algún acto jurídico del que se derive el derecho a poseer el predio, aunado a que su dicho constituye un mero indicio que no se encuentra corroborado con algún otro medio de convicción. Consecuentemente, tal prueba testimonial analizada a la luz del artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuya valoración queda al prudente arbitrio de esta juzgadora, carece de eficacia probatoria para acreditar plenamente la propiedad que dicen tener los promoventes sobre el multireferido bien; toda vez que, como ya se dijo, de la lectura del interrogatorio exhibido por la oferente de la prueba, así como de las respuestas dadas por los testigos, a lo sumo se podría desprender que los atestes son arrendadores del predio. Por tanto, dicho medio de convicción es insuficiente para acreditar el interés jurídico de que se habla, ya que por su propia naturaleza, no es apta para evidenciar el derecho de propiedad aducidos ni cuál es la causa jurídica generadora de la posesión que refiere tener sobre el predio sobre el que versa el acto reclamado. Por tanto, si las pruebas ofrecidas no son las idóneas para probar que los promoventes del amparo son propietarios del inmueble de referencia y, ante su omisión de aportar a la presente contienda constitucional algún elemento probatorio fehaciente con el que demostraran la afectación a su esfera jurídica, opera el motivo de inviabilidad anunciado, y por ende, se impone sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado es extensivo a los actos consecuentes en el procedimiento de origen. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese personalmente
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