Karla Gabriela Cervantes Torres

Expediente 971/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
971/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Karla Gabriela Cervantes Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación y cuenta que anteceden, se declara que ha quedado firme el auto en cita. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese. MESA* I

  2. Principal

    citatorio se notifica por medio de lista el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós a la parte quejosa De acuerdo con el precepto 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. *************** Ahora, del análisis de la demanda de amparo se desprende que reclama: El auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el expediente 1700/2021, por el Juez Décimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que expresó que la hoy quejosa se debería estar al resultado de la diligencia celebrada en la misma fecha. Partiendo de esa base, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, Administrativo o del Trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Expuesto lo anterior, se advierte que el quejoso se duele del auto dictado por el juez natural en el que expresó que la hoy quejosa se debería estar al resultado de la diligencia celebrada en la misma fecha. Ahora, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, en el Título Décimo Sexto denominado "De las controversias del orden familiar", en la parte que interesa, establece: "Artículo 950. Las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore". "Artículo 951. Salvo en los casos previstos en el artículo 700, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin garantía". "Artículo 952. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta. Son procedentes en materia de recursos, igualmente los demás previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo y además de los casos ya determinados expresamente en esta Ley, para lo no previsto al respecto, se sujetará a las disposiciones generales correspondientes". Además de los preceptos transcritos, la misma legislación en los numerales 79 y 691, indican: "Artículo 79. Las resoluciones son: I. Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; II. Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales; III. Decisiones que tienen fuerzas de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV. Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V. Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; VI. Sentencias definitivas." "Artículo 691. (.) Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva." De los preceptos transcritos, se desprenden las premisas siguientes: a) Las resoluciones sobre cuestiones del orden familiar pueden ser apeladas. b) Se consideran resoluciones, entre otras, aquellas determinaciones que se ejecuten provisionalmente y se llaman autos provisionales, así como simples determinaciones de trámite, que se denominan decretos. c) Los autos e interlocutorias son apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. d) La sentencia definitiva dictada en los juicios del orden familiar, es apelable. Entonces, resulta inconcuso que el acto reclamado es impugnable a través del recurso de apelación, dado que se parte del hecho consistente en que el litigio primigenio es una controversia del orden familiar, misma que por su propia naturaleza es de cuantía indeterminada, por lo que las reglas atinentes a los recursos son las establecidas para ese tipo de contiendas, sin que puedan variar en lo concerniente a los incidentes que se deriven de la controversia principal. El artículo 688 de la legislación en cita, establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del juez. En ese contexto, debió agotar el recurso de apelación previsto en la ley ordinaria, antes de la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior es así, porque al ser impugnable la actuación reclamada a través del recurso de apelación, es indudable que antes de acudir a promover demanda de amparo, la quejosa tenía la obligación de interponerlo, y al no agotarlo, el acto reclamado carece de definitividad, pues es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de definitividad, el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa previstos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado. Así, los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que, previamente al ejercicio de la acción constitucional, deben agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él, es necesario agotar en la vía ordinaria, en el caso concreto, el recurso de apelación contemplado en los preceptos antes anotados, salvo en los casos de excepción, contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, los recursos que procedan, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que el afectado los haga valer conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Por tanto, si el señalado recurso de apelación tiene por finalidad revocar o modificar la actuación reclamada, es evidente que a través de dicho medio de impugnación, la promovente pudo hacer valer los agravios que considerara le depara la determinación del juez de origen. ***************************** ************************** Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite comenzar un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Ello, con independencia que en el juicio de origen intervienen un menor de edad y se argumente que el acto reclamado es de imposible reparación, pues tales circunstancias no generan, per se, una excepción a la regla de definitividad, en virtud que ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos combatidos, sin que el interés superior de los menores constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. *********************** Por lo expuesto, se determina que el promovente tenía la carga de interponer el recurso de apelación en contra del auto reclamado, por lo que previo al juicio de amparo debió agotar dicho medio de defensa, de acuerdo con lo establecido en el inciso b), fracción III, del precepto 107 constitucional, pues existe la posibilidad de que pudiera ser revocado o modificado, y así desaparecer el agravio que dice sufrió. Por ende, al no hacerlo se debe tener por actualizado el motivo de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. ************************** Además, tratándose de actos dictados en el procedimiento judicial, la fracción XVIII del arábigo 61 de la legislación reglamentaria únicamente señala como excepciones al principio de definitividad, los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, y cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. **************************** Debe destacarse que no se está en el supuesto de excepción al referido principio, pues no hay una determinación que encuadre en dicho supuesto o ponga en peligro al menor. Asimismo, se manifiesta que el recurso aludido puede suspender el procedimiento, y este, al ser de índole familiar y tratándose de alimentos procede admitirlo sin exhibir garantía alguna En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos invocados y 113 de la ley de la materia, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente de amparo. MESA* I

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