Karla Fernanda Lozada Garcia

Expediente 1078/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1078/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Karla Fernanda Lozada Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA.... EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado, por el que, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese este expediente..., se establece que el presente expediente es destruible, toda vez que en el caso se tuvo por no presentada la demanda de amparo y si obran documentos originales de los previstos por la fracción XX, del artículo 3, del Acuerdo General citado. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, este juzgado procederá a su destrucción..., Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que en el presente asunto el quejoso exhibió un documento original consistente en..., requiérase al peticionario de amparo, para que dentro del plazo de noventa días, se presente en el local de este juzgado a recoger el mismo, apercibido que de no hacerlo dentro del plazo concedido, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente sin responsabilidad para este juzgado. Se hace la observación que el presente expediente no podrá ser destruido hasta en tanto no haya transcurrido el término antes aludido. Asimismo, hágase la anotación de las circunstancias anteriores en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. " NOTIFIQUESE

  2. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA.... EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que mediante proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se requirió a ..., para que desahogara el siguiente requerimiento: (.) Bajo protesta de decir verdad, haga una ampliación de los antecedentes del acto reclamado, esto es, realice una relación sucinta de forma cronológica, señalando cuáles son los hechos o abstenciones que constituyen el acto reclamado, debiendo precisar y relatar las actuaciones más sobresalientes del juicio natural, es decir, desde la presentación de la demanda, si la parte demandada Ericka García Cid contestó la demanda incoada en su contra y si ésta fue oída y vencida en juicio, recursos interpuestos, sentencia definitiva y puntos resolutivos, el auto que declaró la ejecutoria o en su defecto la resolución dictada en segunda instancia, la etapa de ejecución de sentencia hasta el estado procesal en que se encuentre actualmente el juicio; en la inteligencia de que está en posibilidad de desahogar dicho requerimiento, pues puede tener dicho conocimiento por conducto de su arrendadora Ericka García Cid, pues ésta es parte en el mismo, y puede consultar la controversia instaurada en su contra..., Refiera quién tiene la posesión del inmueble que por esta vía combate, pues al existir los juicios de amparo radicados ante este juzgado, en los cuales la quejosa Karla Fernanda Lozada García, manifiesta que Ericka García Cid le arrendó el inmueble que por esta vía defiende, teniéndolo en posesión en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado el trece de julio de dos mil veintiuno y por eso acudió a defender los derechos que tiene de éste, aunado a que como se evidencia, se desechó su demanda. Exhiba tantas copias como partes señale en el presente juicio de amparo, toda vez que las mismas son necesarias para correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para emplazar a la tercera interesada, para las autoridades responsables y para formar los cuadernos incidentales. Debiendo presentar su aclaración en original y copias suficientes, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Amparo, apercibida que de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el último párrafo del artículo 114 de la ley en cita. (...)" Sin embargo, de la certificación de cuenta se advierte que el término de cinco días concedido a la peticionaria de amparo transcurrió del veintisiete de septiembre al tres de octubre actual, sin que haya desahogado tal requerimiento; por lo que este órgano de control constitucional está imposibilitado para proveer sobre la admisión de la demanda planteada. En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mencionado auto y con apoyo en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo..., Notifíquese personalmente a la parte quejosa." NOTIFIQUESE

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de la Juez Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual da cumplimiento a lo ordenado en auto de once de septiembre actual; en esa virtud, resérvese acordar lo procedente hasta en tanto dé cumplimiento la impetrante de amparo, a lo solicitado en proveído de esa misma fecha, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA .., EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otros, fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno como 1078/2023-III. Ahora bien, a efecto de acordar lo procedente respecto de la demanda de amparo, este juzgado toma conocimiento que se señalan como actos reclamados todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente relativo al expediente ******************** promovido ********************, del índice del Juez Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como la orden de ejecución de dichos actos, es decir la orden de lanzamiento y entrega a la parte actora en el juicio de origen respecto del inmueble ubicado en ********************, pretendiendo acreditar su interés con un contrato de arrendamiento celebrado entre ********************, en su carácter de arrendadora y la peticionaria de amparo en su carácter de arrendataria, de ********************. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que en este juzgado se tramitó el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad, en el que señaló como acto reclamado la falta de emplazamiento en el juicio controversia de arrendamiento ********************, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y consecuentemente todos los autos, acuerdos, resoluciones y la orden de lanzamiento y entrega del inmueble ubicado en la ********************, demanda que se desechó por extemporánea; y, el diverso ********************, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, en el que señaló como acto reclamado todos los autos, acuerdos, resoluciones y la orden de lanzamiento y entrega del inmueble ubicado en la ********************, en el juicio controversia de arrendamiento ********************, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; habiéndose proveído sobre dicha demanda el ********************, donde se desechó por extemporánea, en atención a que en ese juicio de amparo la quejosa refirió haber tenido conocimiento del acto reclamado desde el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, misma que quedó firme en proveído de diecisiete de abril del año en curso. En consecuencia, como claramente quedó advertido, en la demanda que ahora se analiza se reclama la orden de lanzamiento respecto del inmueble referido, y a efecto de acordar lo procedente respecto de la demanda de amparo, requiérase a la promovente, para que en el término de cinco días, con fundamento en las fracciones II y V del artículo 108, en relación con el artículo 114, fracciones I, II, ambos de la Ley de Amparo, precise lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, haga una ampliación de los antecedentes del acto reclamado, esto es, realice una relación sucinta de forma cronológica, señalando cuáles son los hechos o abstenciones que constituyen el acto reclamado, debiendo precisar y relatar las actuaciones más sobresalientes del juicio natural, es decir, desde la presentación de la demanda, si la parte demandada ******************** contestó la demanda incoada en su contra y si ésta fue oída y vencida en juicio, recursos interpuestos, sentencia definitiva y puntos resolutivos, el auto que declaró la ejecutoria o en su defecto la resolución dictada en segunda instancia, la etapa de ejecución de sentencia hasta el estado procesal en que se encuentre actualmente el juicio; en la inteligencia de que está en posibilidad de desahogar dicho requerimiento, pues puede tener dicho conocimiento por conducto de su arrendadora ********************, pues ésta es parte en el mismo, y puede consultar la controversia instaurada en su contra. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial del Federación, Novena Época, tomo X, noviembre de 1999, visible en la página 32, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. Es un requisito formal que debe manifestarse de manera expresa en el escrito de demanda de amparo, que no puede ser sustituido por la expresión final "protesto lo necesario" y cuya omisión puede llevar al juzgador de amparo a tener por no interpuesta la demanda. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una formula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Refiera quién tiene la posesión del inmueble que por esta vía combate, pues al existir los juicios de amparo radicados ante este juzgado, en los cuales la quejosa ********************, manifiesta que ******************** le arrendó el inmueble que por esta vía defiende, teniéndolo en posesión en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado el ******************** y por eso acudió a defender los derechos que tiene de éste, aunado a que como se evidencia, se desechó su demanda. Exhiba tantas copias como partes señale en el presente juicio de amparo, toda vez que las mismas son necesarias para correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para emplazar a la tercera interesada, para las autoridades responsables y para formar los cuadernos incidentales. Debiendo presentar su aclaración en original y copias suficientes, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Amparo, apercibida que de no dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el último párrafo del artículo 114 de la ley en cita. El requerimiento señalado en párrafos que anteceden, se sustenta en el hecho de que al promover el presente juicio de amparo podría retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, lo que se traduciría en una transgresión a la impartición de justicia expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que deben respetar todas las autoridades del Estado Mexicano. Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que constituye un hecho notorio que los conflictos del orden jurisdiccional, generan, en la gran mayoría de los casos, el resentimiento entre las partes, sobre todo en el vencido, ya sea por considerar -entre otros supuestos- que el litigio no fue equitativo, que no fue debidamente representado o que su falta de recursos económicos se constituyó en factor determinante para el sentido de la sentencia firme; circunstancias las anteriores, que provocan la resistencia de quien no fue favorecido en la controversia para aceptar y cumplir, a título voluntario, con la decisión emanada de una contienda en la que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. La resistencia de que se viene hablando, se patentiza aun cuando es de explorado derecho que la sentencia firme, es decir, la que decide el juicio en lo principal y que no admite ningún medio de impugnación ordinario o extraordinario, que ha adquirido la categoría de cosa juzgada, característica que se presenta cuando lo decidido en ella es inmutable y en consecuencia debe ser atendida como la verdad legal, debe ejecutarse con independencia de la voluntad contraria de la parte derrotada o de cualquier otra persona que sin haber intervenido en el litigio pretenda hacer valer prerrogativas en contra del cumplimiento de aquélla. Así pues, la ejecución de las sentencias firmes derivadas de las controversias jurisdiccionales, generan en la mayor parte de los casos, la deslealtad del interesado que fue derrotado o, en su defecto -por lo general-, la intervención de terceros relacionados con aquél, ostentándose tanto a título de terceros extraños a juicio como en su calidad de supuestos justiciables que pretenden pasar por encima de la voluntad de los órganos jurisdiccionales y, desconocer en consecuencia, los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que derivan de la sentencia firme que resolvió la contienda de origen en lo principal. Dentro de las maniobras apuntadas, los pretendidos "terceros extraños a juicio", abusan de la institución del juicio de amparo y de los principios inherentes de buena fe y legalidad que prevén a favor de todo gobernado, entre otros, los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se constituyen además en los principios rectores que norman el actuar de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que integran el Poder Judicial de la Federación. Al promover el juicio de derechos fundamentales, se ha establecido como una práctica perniciosa por parte de los indicados "terceros extraños a juicio", ostentarse como poseedores del bien inmueble cuya desocupación y restitución ya fue ordenada en sentencia firme, razón por la cual, para acreditar su posesión y la certeza de sus afirmaciones como el interés jurídico que dicen les asiste para instar la tutela constitucional, exhiben, en la mayoría de los casos, documentos privados -contratos privados, comprobantes de domicilio, estado de cuenta, etcétera- que por lo regular en nada prosperan en la acción constitucional promovida, pues al momento de emitirse la sentencia respectiva son asuntos que no progresan al no quedar acreditado el interés jurídico por parte del promovente, obteniendo con ello el entorpecimiento de una ejecución en el juicio de origen, pues con tales documentos no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico, porque para que tal cosa ocurra resulta obligado que los referidos títulos sean de fecha cierta, lo cual únicamente acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público o desde la muerte de cualquiera de los firmantes. Resulta aplicable, por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXVII, abril de 2008, materia civil, visible en la página 11, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." En efecto, en la mayoría de las ocasiones la interposición de los sumarios constitucionales por parte de los "terceros extraños a juicio", tiene por objeto retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por tanto, la ratificación de la firma de la demanda de amparo, ante la presencia de Fedatario Judicial, permitirá a esta juzgadora federal formarse la plena convicción de que el libelo constitucional no se interpone con el fin referido, sino con el objetivo de acreditar y demostrar la ilegalidad del acto que se reclama. En la especie, no es obstáculo que la parte quejosa se ostente arrendataria del inmueble materia de la litis; pues lo cierto es que con la promoción de este juicio podría entorpecer la ejecución del expediente de origen; como se advierte de las demandas que dieron lugar a la instauración de los diversos juicios de amparo ******************** y ********************. Por lo cual, hágase del conocimiento a la quejosa que al desahogar el presente requerimiento y al emitirse la sentencia correspondiente, de estimarse que aun así el presente juicio de amparo se promovió con la intención de entorpecer la ejecución en el juicio de origen, se hará acreedor a una sanción conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, según las circunstancias del caso que se estimen pertinentes. Lo anterior se robustece con la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo CXXIX, visible en la página 250, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "MULTA, POR INTERPONER AMPARO SIN MOTIVO. El artículo 81 de la Ley de Amparo claramente, y sin dejar lugar a dudas, establece que siempre que en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento o se niegue la protección constitucional por haberse interpuesto la demanda sin motivo, se impondrá al quejoso o a sus representantes en su caso, al abogado o ambos, una multa de doscientos a mil pesos. Para los efectos de este artículo, se entenderá que la demanda fue interpuesta sin motivo, cuando, aparezca que sólo se interpuso el amparo con el fin de demorar o entorpecer la ejecución del acto reclamado, según prudente apreciación del sentenciador. En tal virtud, si el propio quejoso reconoce que tuvo conocimiento de los actos reclamados y la demanda fue presentada con el fin de entorpecer la ejecución de ellos, se impone confirmar la sentencia que le impone la aludida sanción." En ese tenor, el actual precepto 261 de la ley de la materia sustancialmente establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, a la parte quejosa, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado, o si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. En atención a lo expuesto, en caso de que se observe alguna irregularidad en el presente asunto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a efecto de que manifieste lo que a su representación social corresponda. Por otra parte, con independencia de lo anterior, gírese oficio al Juez Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de veinticuatro horas, informe si la impetrante de amparo, es parte en el juicio ********************, o ********************, y si en el mismo han tenido recursos o incidentes, asimismo, realice una relación sucinta de las actuaciones más sobresalientes de dicho procedimiento, hasta su estado procesal, de igual forma, informe si con anterioridad en el aludido expediente se ha promovió diverso juicio de amparo, dado el caso, proporcione el nombre del o los quejosos, el número de expediente y juzgado en el que se radicó y estado procesal de ser posible; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del veintiocho siguiente, de conformidad con lo previsto por los artículos 236, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que indica en el escrito de cuenta; asimismo, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que menciona, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y ante los órganos jurisdiccionales; a quienes también de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente, no así para recibir valores, mismos que por seguridad de las partes, únicamente serán entregados a la quejosa, a su apoderado o representante legal con facultades suficientes para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario adscrito a este juzgado para que en días y horas inhábiles practique la notificación de este acuerdo o cualquier otra diligencia relacionada con el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. " NOTIFIQUESE

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