Karla Fernanada Muñoz Rosales
Expediente 1825/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 24 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1825/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Karla Fernanada Muñoz Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir la determinación mediante la cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción II del Acuerdo General antes citado, toda vez que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en el que se actúa, el expediente relativo es susceptible de destrucción una vez que trancurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en las carátulas del mismo. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de veinte días otorgado a la parte quejosa mediante auto de catorce de marzo del año en curso, a efecto de que justificara fehacientemente que realizó el trámite para la publicación de los edictos que le fueron entregados el treinta de marzo actual; sin que a la presente data, haya exhibido los mismos ni en su caso, acreditado la imposibilidad económica para su publicación. En consecuencia, se procede a proveer lo conducente: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De lo antes expuesto, este órgano de control constitucional estima se actualiza la causal de SOBRESEIMIENTO prevista en el artículo 61, fracción XXIII y el artículo 62 en relación con el 217 de la Ley de la Materia y la Jurisprudencia 108/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo es improcedente cuando habiéndose ordenado emplazamiento por Edictos al tercero interesado (autoridades responsables en el asunto que nos ocupa), el quejoso incumple con su obligación de recogerlos, de pagar la publicación y exhibirla, aunado a que en el caso a estudio este juzgador no advierte que la parte quejosa hubiere acreditado su imposibilidad para cubrir el gasto de referencia, además de que de los elementos que obren el propio expediente no se desprendan indicios suficientes que demuestren que aquélla no tenga la capacidad económica para sufragar un pago semejante. Criterio que es del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Ahora bien, en el presente asunto se estima que se actualiza el supuesto jurídico que contempla la jurisprudencia reproducida. Antes de determinar lo anterior, se acota que previamente de ordenar emplazar por edictos a las autoridades responsables Centro Universitario de Educación a Distancia, A.C. y/o Centro Universitario de Educación a Distancia, S.C. y Gerardo Eugenio Alvarado Hierro (dueño de ese centro universitario), este órgano de control constitucional procedió agotar los domicilio en los cuales se podía localizar a dichas morales, así como las medidas de investigación para indagar el domicilio de las mismas. En ese contexto, se destaca que el veinte de diciembre de dos mil veintidós, la Actuaria adscrita asentó la imposibilidad de notificar a las autoridades responsables en los domicilios ubicados en las oficinas que ocupa la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo con domicilio en Ex Hacienda Concepción Lote 17, San Juan Tilcualtla, San Agustín Tlaxiaca, ni en el domicilio ubicado en Profra Ángela Barrientos 105-B, Colonia Centro, en Pachuca de Soto, Hidalgo, por los motivos que ahí expone. También se recalca que mediante auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se comisionó al Actuario adscrito a efecto de que emplazara a las autoridades responsables en el diverso domicilio ubicado en Valle Solitario, número 129, Valle de San Javier, Pachuca de Soto, Hidalgo; sin embargo, no se logró su emplazamiento, toda vez que en dicho lugar no pueden ser encontrados. En virtud de la solicitud formulada por la quejosa, mediante auto de doce de enero de dos mil veintitrés, se comisionó de nueva cuenta al fedatario de la adscripción, para que se constituyera en el domicilio ubicado en Profesora Ángela Barrientos número 105-B, colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo; empero, de nueva cuenta asentó su imposibilidad para notificar a las responsables, toda vez que no los conocen ni tienen contacto con las mismas. Luego entonces, mediante auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, se requirió al Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior en el Estado de Hidalgo y Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, para que informaran el domicilio cierto y actual en el cual se encuentra establecida la institución educativa "Centro Universitario de Educación a Distancia, A.C." y/o "Centro Universitario de Educación a Distancia, S.C."; siendo que en respuesta a lo anterior, manifestaron que el único domicilio registrado es el sito en calle Ángela Barrientos, número 105-B, colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo. Por lo anterior, mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se procedió a la investigación correspondiente, girándose los oficios respectivos a los titulares de las dependencias gubernamentales: a) Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores; b) Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Hidalgo; c) Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores Delegación Hidalgo; d) Administrador de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Hidalgo "1"; e) Comisión del Agua del Estado de Hidalgo y f) Director General de la Comisión Federal de Electricidad. Para que en el término de cinco días contado a partir de aquél en que reciban el oficio respectivo, informaran si en las dependencias e instituciones a su cargo existen registros de algún domicilio de las indicadas autoridades responsables. De los informes recibidos se obtuvieron los datos siguientes: Del resultado de esa investigación, por auto de seis de marzo de la presente anualidad, se ordenó al Actuario adscrito a efecto de que se constituyera en el domicilio sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 2009, Interior 5C, colonia Coscotitlan de esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, sin que se obtuvieran resultados como se advierte de la razón actuarial de trece de marzo actual. Lo anterior, originó que por auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés (foja 107), se ordenó el emplazamiento por medio de edictos a las autoridades responsables Centro Universitario de Educación a Distancia, A.C. y/o Centro Universitario de Educación a Distancia, S.C. y Gerardo Eugenio Alvarado Hierro (dueño de ese centro universitario), poniéndole a disposición de la quejosa los correspondientes Edictos, para el efecto de que en el término de veinte días acreditara su publicación, además, que se le hizo del conocimiento que en caso de tener imposibilidad económica para sufragar los gastos relativos a dicha publicación debería manifestar y acreditar de manera idónea dicha circunstancia en el término de tres días de su legal notificación, con el apercibimiento de no cumplir lo señalado, se decretaría el sobreseimiento de este juicio constitucional de conformidad con la fracción II, del artículo 63, en relación con el diverso numeral 27, fracción III, último párrafo, del mencionado cuerpo de normas. Siendo que el treinta de marzo del año que transcurre (foja 113), se le hizo entrega de los referidos edictos a la autorizada de la parte quejosa. Ahora bien, mediante escrito recibido el veintisiete de abril de los corrientes, se tuvo a la quejosa realizando diversas manifestaciones respecto a la imposibilidad que tiene para sufragar el pago de los mismos, sin embargo, no acreditó fehacientemente dicha imposibilidad. Entonces, hasta la presente data, no acreditó haber realizado la publicación de los Edictos, ni haber acreditado la imposibilidad que tuviere para su publicación. Se insiste la quejosa no exhibió la publicación de los Edictos que le fueron entregados el treinta de marzo del presente año, ni acreditó el hecho de que carecía de recursos económicos para el pago de la publicación de edictos para emplazar a las responsables, lo cual conduce a este juzgador a realizar la presente valoración únicamente con base en las constancias que obran en autos. Se precisa, que este órgano de control constitucional considera que no existen elementos suficientes para eximir a la parte quejosa del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; pues para que ello ocurra, debe existir una causa justificada de insolvencia, en términos de la Ley de Amparo, y que ese extremo se encuentre acreditado con las constancias que obran en autos. Ello, debido a que, la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, ha establecido que para que se pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los Edictos para emplazar a la parte tercera interesada (en el presente caso, autoridades responsables), se deben ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, además de su afirmación, se cuente con los elementos suficientes que demuestren que, en realidad, no tiene capacidad económica para sufragar ese pago, sin que en el caso se actualice los supuestos de la materia penal. En concordancia con lo precisado, de un análisis de los autos que integran el presente asunto, no se advierten elementos suficientes que acrediten que la quejosa carece de capacidad económica para pagar la publicación de los edictos de mérito, ni que se ubique en la hipótesis de asuntos del orden penal, en los que el pago de los Edictos deberá ser a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, debido a que de autos no se desprende que la quejosa se encuentre privado de su libertad, aunado a que designó a abogados particulares en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo para la tramitación del presente juicio de amparo. Aún más, se insiste la quejosa no exhibió la publicación de los Edictos que le fueron entregados el treinta de marzo del presente año, ni acreditó el hecho de que carecía de recursos económicos para el pago de la publicación de edictos para emplazar a las responsables, lo cual conduce a este juzgador a realizar la presente valoración únicamente con base en las constancias que obran en autos. Cabe precisar que para hacer efectivo el anterior apercibimiento, no obsta que el numeral 63, fracción II, de la Ley de Amparo1, condicione el sobreseimiento por falta de publicación de los edictos a la realización de "un requerimiento" por parte del quejoso, que se entiende como la solicitud que éste haga al órgano que decretó los edictos de la entrega de los mismos, órgano que no puede ser otro que el propio órgano jurisdiccional ante quien se promovió la demanda de amparo y que ordenó el llamamiento a juicio de las autoridades responsables por dicho medio. Lo anterior, porque no basta considerar la literalidad del aludido artículo, sino que debe atenderse al contenido del diverso numeral 27, fracción III, inciso b), porque regula el mismo supuesto y porque el primer artículo referido hace una remisión expresa al último; el que según se apuntó, en forma categórica establece que si la parte quejosa no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si se realiza o no un requerimiento por parte del quejoso al órgano jurisdiccional. En esta tesitura, cuando la parte quejosa no acredite haber entregado los edictos para su publicación, dentro del término de veinte días siguientes a que se pusieron a su disposición en el órgano de amparo, procede SOBRESEER en el juicio, independientemente de que se hubiera o no requerido su entrega a dicho órgano jurisdiccional. Esta interpretación es acorde con lo ordenado por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que contempla el derecho humano al debido proceso; así como con lo dispuesto en el artículo 17, de tal ordenamiento supremo, que consagra el derecho a que se administre justicia pronta, expedita, gratuita, completa, imparcial y en los términos que fijen las leyes. En la medida que no es constitucionalmente válido que el juicio de amparo quede paralizado ante la contumacia de la parte quejosa de publicar los edictos, al margen de que comparezca o no ante el juzgado constitucional a requerir la entrega de los mismos, pues ello atenta contra la administración de justicia, precisamente por retardarse la solución de un conflicto, sin que ello sea atribuible al órgano de amparo, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés no puede sobreponerse al salvaguardado por el artículo 17 constitucional, dado que los juicios deben resolverse en los términos establecidos en la ley, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes que se constituya válidamente la relación jurídico procesal y se emita la resolución respectiva, pues con ello se contraviene el interés público. De lo anterior se sigue, que al no quedar debidamente integrada la litis constitucional por causas imputables al solicitante de amparo, este Juzgado Federal se encuentra impedido para resolver sobre el fondo del asunto, ya que ello entrañaría la inobservancia de las formalidades del procedimiento en perjuicio de una de las partes; por ende, al tomar en consideración que el interés particular de los solicitantes del juicio constitucional no puede tener preferencia al de orden público, cuyas disposiciones rigen al juicio de garantías y éste no podrá ser paralizado sino que habrá de resolverse dentro de los términos fijados por la Ley. Pues, se reitera que la parte quejosa no exhibió la publicación de los edictos que le fueron entregados el treinta de marzo del presente año, ni acreditó el hecho de que carecía de recursos económicos para el pago de la publicación de edictos para emplazar a las responsables, único supuesto en el que nuestro más Alto Tribunal estableció que el juzgador al ponderar tanto de la afirmación del quejoso como de los elementos que consten en autos que existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante puede determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar a las responsables. Lo anterior es así al advertirse la evidente e ineludible obligación del solicitante del juicio de amparo, de que a su costa se publiquen los edictos con la finalidad de emplazar a la tercero interesada; aunado a que en autos no obra constancia alguna de la cual se desprenda, como ya se dijo, que a la parte quejosa le resulta imposible sufragar ese gasto. En tales condiciones, al actualizarse las causas de sobreseimiento antes citadas, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En razón de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADA EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE LA REFERIDA RESOLUCIÓN A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL ENUNCIA: Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de veinte días otorgado a la parte quejosa mediante auto de catorce de marzo del año en curso, a efecto de que justificara fehacientemente que realizó el trámite para la publicación de los edictos que le fueron entregados el treinta de marzo actual; sin que a la presente data, haya exhibido los mismos ni en su caso, acreditado la imposibilidad económica para su publicación. En consecuencia, se procede a proveer lo conducente: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De lo antes expuesto, este órgano de control constitucional estima se actualiza la causal de SOBRESEIMIENTO prevista en el artículo 61, fracción XXIII y el artículo 62 en relación con el 217 de la Ley de la Materia y la Jurisprudencia 108/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo es improcedente cuando habiéndose ordenado emplazamiento por Edictos al tercero interesado (autoridades responsables en el asunto que nos ocupa), el quejoso incumple con su obligación de recogerlos, de pagar la publicación y exhibirla, aunado a que en el caso a estudio este juzgador no advierte que la parte quejosa hubiere acreditado su imposibilidad para cubrir el gasto de referencia, además de que de los elementos que obren el propio expediente no se desprendan indicios suficientes que demuestren que aquélla no tenga la capacidad económica para sufragar un pago semejante. Criterio que es del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Ahora bien, en el presente asunto se estima que se actualiza el supuesto jurídico que contempla la jurisprudencia reproducida. Antes de determinar lo anterior, se acota que previamente de ordenar emplazar por edictos a las autoridades responsables Centro Universitario de Educación a Distancia, A.C. y/o Centro Universitario de Educación a Distancia, S.C. y Gerardo Eugenio Alvarado Hierro (dueño de ese centro universitario), este órgano de control constitucional procedió agotar los domicilio en los cuales se podía localizar a dichas morales, así como las medidas de investigación para indagar el domicilio de las mismas. En ese contexto, se destaca que el veinte de diciembre de dos mil veintidós, la Actuaria adscrita asentó la imposibilidad de notificar a las autoridades responsables en los domicilios ubicados en las oficinas que ocupa la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo con domicilio en Ex Hacienda Concepción Lote 17, San Juan Tilcualtla, San Agustín Tlaxiaca, ni en el domicilio ubicado en Profra Ángela Barrientos 105-B, Colonia Centro, en Pachuca de Soto, Hidalgo, por los motivos que ahí expone. También se recalca que mediante auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se comisionó al Actuario adscrito a efecto de que emplazara a las autoridades responsables en el diverso domicilio ubicado en Valle Solitario, número 129, Valle de San Javier, Pachuca de Soto, Hidalgo; sin embargo, no se logró su emplazamiento, toda vez que en dicho lugar no pueden ser encontrados. En virtud de la solicitud formulada por la quejosa, mediante auto de doce de enero de dos mil veintitrés, se comisionó de nueva cuenta al fedatario de la adscripción, para que se constituyera en el domicilio ubicado en Profesora Ángela Barrientos número 105-B, colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo; empero, de nueva cuenta asentó su imposibilidad para notificar a las responsables, toda vez que no los conocen ni tienen contacto con las mismas. Luego entonces, mediante auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, se requirió al Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior en el Estado de Hidalgo y Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, para que informaran el domicilio cierto y actual en el cual se encuentra establecida la institución educativa "Centro Universitario de Educación a Distancia, A.C." y/o "Centro Universitario de Educación a Distancia, S.C."; siendo que en respuesta a lo anterior, manifestaron que el único domicilio registrado es el sito en calle Ángela Barrientos, número 105-B, colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo. Por lo anterior, mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se procedió a la investigación correspondiente, girándose los oficios respectivos a los titulares de las dependencias gubernamentales: a) Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores; b) Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Hidalgo; c) Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores Delegación Hidalgo; d) Administrador de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Hidalgo "1"; e) Comisión del Agua del Estado de Hidalgo y f) Director General de la Comisión Federal de Electricidad. Para que en el término de cinco días contado a partir de aquél en que reciban el oficio respectivo, informaran si en las dependencias e instituciones a su cargo existen registros de algún domicilio de las indicadas autoridades responsables. De los informes recibidos se obtuvieron los datos siguientes: Del resultado de esa investigación, por auto de seis de marzo de la presente anualidad, se ordenó al Actuario adscrito a efecto de que se constituyera en el domicilio sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 2009, Interior 5C, colonia Coscotitlan de esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, sin que se obtuvieran resultados como se advierte de la razón actuarial de trece de marzo actual. Lo anterior, originó que por auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés (foja 107), se ordenó el emplazamiento por medio de edictos a las autoridades responsables Centro Universitario de Educación a Distancia, A.C. y/o Centro Universitario de Educación a Distancia, S.C. y Gerardo Eugenio Alvarado Hierro (dueño de ese centro universitario), poniéndole a disposición de la quejosa los correspondientes Edictos, para el efecto de que en el término de veinte días acreditara su publicación, además, que se le hizo del conocimiento que en caso de tener imposibilidad económica para sufragar los gastos relativos a dicha publicación debería manifestar y acreditar de manera idónea dicha circunstancia en el término de tres días de su legal notificación, con el apercibimiento de no cumplir lo señalado, se decretaría el sobreseimiento de este juicio constitucional de conformidad con la fracción II, del artículo 63, en relación con el diverso numeral 27, fracción III, último párrafo, del mencionado cuerpo de normas. Siendo que el treinta de marzo del año que transcurre (foja 113), se le hizo entrega de los referidos edictos a la autorizada de la parte quejosa. Ahora bien, mediante escrito recibido el veintisiete de abril de los corrientes, se tuvo a la quejosa realizando diversas manifestaciones respecto a la imposibilidad que tiene para sufragar el pago de los mismos, sin embargo, no acreditó fehacientemente dicha imposibilidad. Entonces, hasta la presente data, no acreditó haber realizado la publicación de los Edictos, ni haber acreditado la imposibilidad que tuviere para su publicación. Se insiste la quejosa no exhibió la publicación de los Edictos que le fueron entregados el treinta de marzo del presente año, ni acreditó el hecho de que carecía de recursos económicos para el pago de la publicación de edictos para emplazar a las responsables, lo cual conduce a este juzgador a realizar la presente valoración únicamente con base en las constancias que obran en autos. Se precisa, que este órgano de control constitucional considera que no existen elementos suficientes para eximir a la parte quejosa del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; pues para que ello ocurra, debe existir una causa justificada de insolvencia, en términos de la Ley de Amparo, y que ese extremo se encuentre acreditado con las constancias que obran en autos. Ello, debido a que, la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, ha establecido que para que se pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los Edictos para emplazar a la parte tercera interesada (en el presente caso, autoridades responsables), se deben ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, además de su afirmación, se cuente con los elementos suficientes que demuestren que, en realidad, no tiene capacidad económica para sufragar ese pago, sin que en el caso se actualice los supuestos de la materia penal. En concordancia con lo precisado, de un análisis de los autos que integran el presente asunto, no se advierten elementos suficientes que acrediten que la quejosa carece de capacidad económica para pagar la publicación de los edictos de mérito, ni que se ubique en la hipótesis de asuntos del orden penal, en los que el pago de los Edictos deberá ser a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, debido a que de autos no se desprende que la quejosa se encuentre privado de su libertad, aunado a que designó a abogados particulares en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo para la tramitación del presente juicio de amparo. Aún más, se insiste la quejosa no exhibió la publicación de los Edictos que le fueron entregados el treinta de marzo del presente año, ni acreditó el hecho de que carecía de recursos económicos para el pago de la publicación de edictos para emplazar a las responsables, lo cual conduce a este juzgador a realizar la presente valoración únicamente con base en las constancias que obran en autos. Cabe precisar que para hacer efectivo el anterior apercibimiento, no obsta que el numeral 63, fracción II, de la Ley de Amparo1, condicione el sobreseimiento por falta de publicación de los edictos a la realización de "un requerimiento" por parte del quejoso, que se entiende como la solicitud que éste haga al órgano que decretó los edictos de la entrega de los mismos, órgano que no puede ser otro que el propio órgano jurisdiccional ante quien se promovió la demanda de amparo y que ordenó el llamamiento a juicio de las autoridades responsables por dicho medio. Lo anterior, porque no basta considerar la literalidad del aludido artículo, sino que debe atenderse al contenido del diverso numeral 27, fracción III, inciso b), porque regula el mismo supuesto y porque el primer artículo referido hace una remisión expresa al último; el que según se apuntó, en forma categórica establece que si la parte quejosa no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si se realiza o no un requerimiento por parte del quejoso al órgano jurisdiccional. En esta tesitura, cuando la parte quejosa no acredite haber entregado los edictos para su publicación, dentro del término de veinte días siguientes a que se pusieron a su disposición en el órgano de amparo, procede SOBRESEER en el juicio, independientemente de que se hubiera o no requerido su entrega a dicho órgano jurisdiccional. Esta interpretación es acorde con lo ordenado por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que contempla el derecho humano al debido proceso; así como con lo dispuesto en el artículo 17, de tal ordenamiento supremo, que consagra el derecho a que se administre justicia pronta, expedita, gratuita, completa, imparcial y en los términos que fijen las leyes. En la medida que no es constitucionalmente válido que el juicio de amparo quede paralizado ante la contumacia de la parte quejosa de publicar los edictos, al margen de que comparezca o no ante el juzgado constitucional a requerir la entrega de los mismos, pues ello atenta contra la administración de justicia, precisamente por retardarse la solución de un conflicto, sin que ello sea atribuible al órgano de amparo, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés no puede sobreponerse al salvaguardado por el artículo 17 constitucional, dado que los juicios deben resolverse en los términos establecidos en la ley, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes que se constituya válidamente la relación jurídico procesal y se emita la resolución respectiva, pues con ello se contraviene el interés público. De lo anterior se sigue, que al no quedar debidamente integrada la litis constitucional por causas imputables al solicitante de amparo, este Juzgado Federal se encuentra impedido para resolver sobre el fondo del asunto, ya que ello entrañaría la inobservancia de las formalidades del procedimiento en perjuicio de una de las partes; por ende, al tomar en consideración que el interés particular de los solicitantes del juicio constitucional no puede tener preferencia al de orden público, cuyas disposiciones rigen al juicio de garantías y éste no podrá ser paralizado sino que habrá de resolverse dentro de los términos fijados por la Ley. Pues, se reitera que la parte quejosa no exhibió la publicación de los edictos que le fueron entregados el treinta de marzo del presente año, ni acreditó el hecho de que carecía de recursos económicos para el pago de la publicación de edictos para emplazar a las responsables, único supuesto en el que nuestro más Alto Tribunal estableció que el juzgador al ponderar tanto de la afirmación del quejoso como de los elementos que consten en autos que existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante puede determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar a las responsables. Lo anterior es así al advertirse la evidente e ineludible obligación del solicitante del juicio de amparo, de que a su costa se publiquen los edictos con la finalidad de emplazar a la tercero interesada; aunado a que en autos no obra constancia alguna de la cual se desprenda, como ya se dijo, que a la parte quejosa le resulta imposible sufragar ese gasto. En tales condiciones, al actualizarse las causas de sobreseimiento antes citadas, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En razón de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese únicamente a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el escrito firmado por la quejosa ***; sin necesidad de realizar mayor pronunciamiento al respecto, porque en auto de veintiocho de abril del año en curso, se acordó su contenido. Notifíquese.
Quedan 20 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Karina Muñoz Toral193/2023
- Karina Oropeza Mendoza197/2017
- Karina Pérez Tolentino612/2023
- Karina Reyes Reyes864/2023
- Karla Barbara Vite Pérez1191/2023
- Karla Bautista Oaxaca1081/2021
- Karla Fernanda Cruz Roldán900/2022
- Karla Gabriela Lopez Martinez494/2018
- Karla Libier Gracida Macotela1455/2019
- Karla Pamela Salzar Flores684/2020
- Karla Paola Gonzalez Mejia1129/2017
- Karla Patricia Lara Ramos1116/2016