Karla Fabiola Tapia Virgen

Expediente 868/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
868/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Karla Fabiola Tapia Virgen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles , se declara que tal determinación ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo , así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21, inciso b), del propio acuerdo ; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. No existen documentos originales Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. Notifíquese.

  2. Principal

    Estado de autos Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la fecha de audiencia constitucional está programada para las diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Precisión del acto reclamado Ahora bien, atendiendo a las constancias que obran en el juicio en el que se actúa, se advierte que en su escrito inicial de demanda la aquí quejosa .................., reclamó diversos actos a las autoridades responsables siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro. B) Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro. C) Secretario de Gobierno del Estado de Querétaro. D) Director del Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" E) Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. F) Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. G) Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro." Sin embargo, en el acuerdo de admisión de veinticinco de agosto de dos mi veintiuno se desechó la demanda con respecto a los actos reclamados a las autoridades identificadas con los incisos c), d), e), f), y g), y se admitió únicamente con respecto a las autoridades Gobernador y Legislatura, ambos del Estado de Querétaro, por lo que la la litis constitucional versó sobre los actos que reclamó de la siguiente manera: "IV. ACTOS RECLAMADOS. A) De la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, reclamo por inconstitucional, la emisión y aprobación de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2021, especialmente el artículo primero de dicha ley en lo referente a los servicio prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Así como la emisión y aprobación de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro que se encuentra en vigor, particularmente el artículo 101 de esa Ley. B) Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, reclamo por inconstitucional, la aprobación, promulgación y publicación de la leyes mencionadas en el inciso a) precedente y en particular, los artículos señalados en dicho inciso, así como la aplicación de esos preceptos reclamados." Ahora bien, acorde a lo que dispone la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar que los actos reclamados en el presente amparo indirecto lo constituyen: a) El proceso legislativo origen de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2021, particularmente el artículo 1º. b) El proceso legislativo origen de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente, particularmente el artículo 101. c) La aplicación y ejecución de las citadas disposiciones legales, que según el dicho de la quejosa tuvo verificativo con motivo del pago de los derechos registrales que se generaron con motivo de la inscripción del acto protocolizado en la escritura pública ............., de treinta de julio de dos mil veintiuno, del protocolo de la Notaría Pública número ................ de la demarcación notarial de esta ciudad. Actualización de causales de improcedencia En principio, se advierte que en relación con el artículo 1º de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2021; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]". De los artículos transcritos se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos de la parte quejosa. Así, en el caso, no se demuestra que dicho numeral se haya aplicado a la parte quejosa, en virtud de que el artículo 1º de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2021, se limita a contemplar las contribuciones que percibirá dicha entidad federativa durante el año de dos mil veintiuno, en el que si bien se incluye el cobro de derechos como un concepto de recaudación, no contiene los elementos constitutivos del tributo que la solicitante del amparo pretende impugnar, en la medida en que reclamó el cobro de derechos originados por el servicio prestado por el Estado relativo a la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del contrato de donación protocolizado en la escritura pública en la escritura pública ............., de treinta de julio de dos mil veintiuno, del protocolo de la Notaría Pública número ............. de la demarcación notarial de esta ciudad. De ahí que si el precepto legal apuntado únicamente contiene disposiciones generales relacionadas con la hacienda pública del Estado de Querétaro; pero no regula supuestos vinculados directamente con el pago de la contribución que se combate -derechos registrales-, es válido sostener que el artículo referido no tuvo una aplicación directa en la esfera jurídica de la parte quejosa. Máxime, que el sentido de la anterior determinación atiende al criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, contenido en la sentencia adoptada el once de febrero de dos mil dieciséis, al resolver el amparo en revisión ............. de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto contra el fallo dictado en el juicio de amparo ............. de la estadística del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en que se aludieron a las mismas razones por las que sobreseyó el presente juicio de amparo con relación al artículo 1° de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, aquí reclamado, esto es, el aludido Tribunal determinó que los artículos 1°, 2°, 3° y 5° de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, únicamente contienen disposiciones generales pero no regulan supuestos directamente vinculados con el pago del tributo ahí controvertido, razones por las que se estima que el criterio descrito es aplicable al caso concreto. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y por ende, se impone sobreseer en el juicio respecto del artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otro lado, por lo que ve al artículo 101 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, se advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, primer párrafo, 6, primera y segunda parte de la fracción XII del numeral 61, todos de la Ley de Amparo, por no estar demostrado en autos la aplicación de los dispositivos legales precisados en perjuicio de la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. A fin de demostrar el aserto que precede, es necesario primeramente traer a glosa el contenido del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, que dispone lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En íntima vinculación con el normativo constitucional reproducido, es necesario de igual modo tener presente el texto de los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, primer párrafo, 6, y segunda parte de la fracción XII del numeral 61, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: --- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. --- Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Las letras reproducidas ponen de manifiesto, por una parte, la posibilidad legal que tiene todo gobernado para combatir -a través del juicio de amparo biinstancial aquellas leyes federales o locales, tratados internacionales o reglamentos expedidos por el Presidente de la República, de acuerdo con la fracción I del artículo 89 Constitucional; reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, cuando estimen que violan sus derechos humanos y fundamentales. Asimismo, los preceptos reproducidos evidencian que el legislador estableció implícitamente dos categorías de normas relacionadas con su modo de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto, esto es, aquellas que con su sola vigencia -es decir, sin necesidad de que se cumpla otra condición- causen un perjuicio al particular, así como las que requieran de un acto posterior que las individualice con relación a la esfera jurídica de un gobernado. También se establece en los preceptos transcritos que si se trata de una norma que requiera -como condición de individualización- de un acto posterior y no se demuestre el mismo durante la dilación procesal del juicio de amparo, la acción de control constitucional se torna inejercitable; lo que así es en función de que la condición de impugnación de normas exige la existencia de un agravio o perjuicio sufrido por el gobernado en alguno de sus derechos humanos y fundamentales, de donde no ser así la acción de control constitucional se tornaría especulativa y carente de sentido restaurativo. Consecuentemente, cuando se tilda de inconstitucional una norma, en principio debe esclarecerse su naturaleza, esto es, si por su sola entrada en vigor es susceptible de ocasionar un perjuicio (autoaplicativas o autoejecutivas), o si la misma requiere para su actualización de un acto diverso que condicione su aplicación al gobernado (ley heteroaplicativa), pues dependiendo de la forma de reclamo es que deberá analizarse la existencia del perjuicio como requisito o presupuesto que satisface el interés jurídico y por ende la procedencia de la acción de control constitucional mediante el juicio de amparo indirecto. En armonía con lo anterior es menester abundar que la existencia del perjuicio o principio de parte agraviada como también se identifica, está relacionado con la definición de interés jurídico para efectos del juicio de amparo, el cual se entiende no como se conceptúa en los términos de la ley civil, es decir, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos humanos y fundamentales de una persona, lo cual lleva implícito -como se dijo- que se debe acreditar fehacientemente la afectación que produzca la norma impugnada por la justiciable; así, sin duda, una norma general y abstracta señalada como acto reclamado puede ser fuente de perjuicio o, más ejemplificativamente dicho, generadora de efectos jurídicos y materiales afectatorios contra los derechos fundamentales y humanos de una persona, y es entonces cuando el ejercicio de la acción de control constitucional no encuentra obstáculo de improcedencia al respecto, tal y como se interpretó por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 46, tomo: parte VII, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y cinco, de rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL". En ese sentido, para la satisfacción del interés jurídico tratándose de la procedencia del juicio de amparo en que se someta a control constitucional una disposición de carácter general, no basta que quien solicite la protección de la Justicia Federal asegure estar dentro de los supuestos de la norma o haber sido afectado con la misma, pues incluso siendo sujeto destinatario de la norma si la disposición general y abstracta establece para su generación de efectos con relación a su destinatario del previo cumplimiento de ciertas condiciones fácticas o de derecho, el juicio de amparo será improcedente por falta de afectación. En esa tesitura, debe evidenciarse pues de forma concreta y material los supuestos de individualización de la misma en la esfera jurídica del particular, sea con motivo de su sola entrada en vigor o cuando se reclame como heteroaplicativa mediante la existencia de un acto concreto que imponga sus efectos; lo anterior así se encuentra interpretado en la Jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, tomo: 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS"; asimismo, en la tesis P.L.VII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 124 del tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del referido órgano de publicidad, de rubro siguiente: "LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO"; también, en la tesis P. XCVII/95, visible en la página 92 del tomo II, noviembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO"; así como en la Jurisprudencia P./J.30/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58 del tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS"; y en la Jurisprudencia 2ª./J.12/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 323 del tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del órgano de difusión citado, cuyo rubro sostiene lo siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO". Pues bien, como se dijo, se actualiza la causal explicada con antelación, dado que no se demuestra que los artículos reclamados por la parte quejosa hayan sido aplicados en su perjuicio, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es decir, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, como se explica enseguida. Debe recordarse que la parte quejosa reclama el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, los cuales refirió le fueron aplicados con motivo de la celebración ante el Notario Público, de la escritura pública ................., de treinta de julio de dos mil veintiuno, en la que se protocolizó un contrato de donación, en el que la quejosa compareció como donataria. Modo de reclamo que se corrobora con las expresiones que vertió la parte quejosa en su escrito de demanda en el sentido de que la norma que reclama le fue aplicada en su perjuicio, esto es, en el pago que refiere, de ahí que puede concluirse que en la especie el ejercicio de control constitucional que enderezó la parte quejosa lo hizo contra normas en su modo heteroaplicativo, esto es, con motivo de un acto concreto. No obstante lo anterior, los medios de prueba que obran en autos, no son conducentes para demostrar la afectación patrimonial en perjuicio de la parte quejosa, con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda, y por ende, que al momento de instar la acción constitucional que se resuelve, la quejosa ya hubiese resentido la aplicación en su perjuicio de los dispositivos legales tildados de inconstitucionales. Como se dijo, en la demanda de amparo se reclama la aprobación y expedición de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, específicamente el artículo 101 que contemplan el pago del derecho por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con motivo del primer acto de aplicación; dispositivo legal que es del tenor literal siguiente: "Artículo 101. Por derechos relativos a donaciones se cubrirá el 10 al millar sobre su importe. Para el cálculo de los derechos a que se refiere este artículo, se considerará que el usufructo y la nuda propiedad, tienen cada uno de ellos, el 50% del valor del bien." El artículo transcrito establece que por la inscripción de donaciones, se causará el derecho a razón del 10 por ciento al millar, sobre su importe; sin que del resto de los ordenamientos legales se advierta si la obligación de pago del derecho de inscripción corresponde, al donante o al donatario. Al respecto, resulta necesario precisar que la afectación al interés jurídico, cuando como en el caso, se reclama la inconstitucionalidad de una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, requiere de la demostración de la afectación patrimonial, misma que se actualiza cuando el sujeto pasivo (persona física o moral que realiza la actividad que es gravada), de los derechos de inscripción entrega los recursos pecuniarios al notario público, en el supuesto en el que dicho fedatario sirva de retenedor, pues en ese momento surge el detrimento patrimonial en perjuicio del impetrante; tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria con que se resolvió el amparo en revisión 1167/2015, de la que emanaron las jurisprudencias de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYENTE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS QUE SE ENTERAN POR AQUÉL." "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL." "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA." Luego, como la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro no precisa si la obligación de pago del derecho de inscripción corresponde, en el caso de la donación, al donante o donatario, resulta necesario acudir al Código Civil del Estado de Querétaro que regula lo relativo a dicho acto jurídico Pues bien, el artículo 2230 determina que para la donación de bienes raíces se aplicarán las mismas formalidades aplicables para la compraventa, y por su parte el diverso numeral 2149 establece que, por lo que ve a la donación compraventa, los gastos de escrituración y registro corresponden por mitad a cada uno de los contratantes, salvo convenio en contrario. Es decir, la legislación civil aplicable deja a la libre voluntad de las partes la decisión de establecer quién debe soportar la carga de sufragar los gastos de inscripción; por lo que el elemento relativo al sujeto a quien va dirijo el tributo se precisa cuando las partes libremente acuerdan quién asumirá el pago de los gastos de inscripción indicados. Precisado lo anterior, de las constancias procesales que integran el presente expediente se advierte que la parte quejosa ofreció como medio de convicción para demostrar la afectación patrimonial que le generó la aplicación del precepto legal impugnado, 1) copia certificada de la escritura pública ............, de treinta de julio de dos mil veintiuno y 2) el recibo de honorarios de folio ............ de uno de septiembre de dos mil veintiuno, expedido por la Notaria Pública Número Treinta y Seis, expedido nombre de la aquí quejosa, en el que obra como uno de los conceptos de cobro el identificado como "RPP" por la cantidad de ............... Asimismo, se obtiene que atendiendo a la fecha de expedición de dicho documento, este juzgador ordenó de manera oficiosa la prueba de informes con cargo al Titular de la Notaría Pública número Treinta y seis, de la ciudad de Querétaro, quien al rendir la información solicitada mediante escrito recibido el trece de octubre de dos mil veintiuno-registrado bajo la promoción con número de folio .......... informó que el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, es decir, después de la fecha de la presentación de la demanda, le retuvo a la aquí quejosa el monto correspondientes al pago de los derechos registrales originados por la inscripción del acto jurídico contenido en la escritura pública de la escritura pública ............., de treinta de julio de dos mil veintiuno. Para corroborar su aseveración, dicho notario remitió a través de diverso escrito recibido en esa misma fecha la documental consistente en copia certificada del comprobante electrónico de pago con cadena original y sello, en el que se hizo constar una transferencia bancaria realizada al titular de la Notaria Pública apuntada por la cantidad de ............... Por ende, a partir de los medios de convicción apuntados, es dable afirmar que la parte quejosa erogó con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo los conceptos que alude para cubrir el pago de los derechos registrales generados por la prestación del servicio de inscripción de los actos celebrados en la escritura pública ..............., de treinta de julio de dos mil veintiuno, del índice de la Notaría Pública número ............. de la demarcación notarial de esta ciudad. Se estima así, ya que al margen que en su escrito inicial la solicitante del amparo haya manifestado que dicha afectación patrimonial sucedió en la misma fecha de la celebración del instrumento público que refiere, es decir, el treinta de julio de dos mil veintiuno, tal circunstancia ha quedado desvirtuada a partir del contenido de los medios probatorios que obran en autos, pues en principio, del contenido de la escritura pública apuntada se demuestra la formalización de un contrato de donación en el que la quejosa compareció en su calidad de "donataria", mientras que con el recibo de honorarios de folio ..............de uno de septiembre de dos mil veintiuno, expedido por la Notaria Pública Número ............. a nombre de la aquí quejosa y con la copia certificada del comprobante electrónico de pago con cadena original y sello digital, adminiculado con la prueba de informes, se demuestra que la retención realizada por el Notario Público número Treinta y seis de la demarcación notarial de esta ciudad, por concepto del pago de derechos registrales originados por la inscripción de dicho acto jurídico que se hizo constar en la escritura pública ..............., aconteció el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Lo anterior, en la medida en que en principio, las manifestaciones vertidas por el Notario número Treinta y Seis se equiparan a una testimonial al tenor de lo considerado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 32/2009, visible en la página 721, Tomo XXIX, Abril 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO. EL INFORME SOLICITADO A UN FUNCIONARIO O AUTORIDAD QUE NO ES PARTE EN EL JUICIO, SOBRE ALGUNA CIRCUNSTANCIA DESCONOCIDA PARA LAS PARTES, ES EQUIPARABLE A UNA TESTIMONIAL. De acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho. En esos términos, será admisible como prueba el informe solicitado a cualquier funcionario o autoridad, aun cuando sea distinta de la responsable, respecto de los hechos que conozca o haya conocido por virtud de sus funciones. Ahora bien, para determinar las condiciones en que éste debe presentarse ante el Juez de Distrito, cabe señalar que gramatical y etimológicamente el informe puede definirse como el medio por el cual se transmite una comunicación antes desconocida. De esa manera, si lo pretendido es aportar alguna copia o documento en poder de aquéllos y de cuya existencia el oferente tenía un conocimiento previo, aun cuando éste solicite que se remita "vía informe", ese medio de convicción tendrá la naturaleza de una prueba documental, sujeta a las reglas que para tal efecto establece el artículo 152 de la Ley de Amparo. En cambio, cuando se pretenda que dicho funcionario o autoridad haga del conocimiento del Juez de Distrito algún suceso o circunstancia, hasta ese momento desconocido por las partes, pero del que puede dar noticia por ser una cuestión relativa a su competencia legal, conforme a los artículos 127, 169, 171 y 174 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en lo conducente de manera supletoria, ese informe, rendido por oficio, puede equipararse a una prueba testimonial y, por tanto, su anuncio debe llenar requisitos de tiempo y forma que es necesario observar para los efectos de su admisión y preparación, conforme al párrafo segundo del artículo 151 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, en caso de considerar el Juez de Distrito que dicho informe no satisface el requisito de idoneidad para demostrar los hechos que se pretenden, está facultado para desecharlo desde su anuncio y no esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional." En ese sentido, tales manifestaciones por tratarse de una declaración singular carece de valor probatorio pleno, por lo que su valoración queda al prudente arbitrio del juzgador; de ahí que, para determinar su eficacia y alcance demostrativo resulta necesario adminicularlo con el esto de medios de convicción desahogados en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 216 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2003365, Décima Época, Materias(s): Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, página 1617, del rubro y texto siguientes: "PRUEBA DE INSPECCIÓN PRACTICADA SOBRE MEDIOS ELECTRÓNICOS O DIGITALES EN UN JUICIO LABORAL. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL. Los avances de la tecnología han tenido niveles acelerados de transformación, logrando mediante el uso del sistema computarizado autorizado el almacenamiento de información y registros de datos inherentes a las personas, los cuales, una vez capturados, pueden visualizarse en pantallas, o bien, reproducirse en discos ópticos y/o impresiones. Ahora bien, para el caso de que se ofrezca la prueba de inspección en un juicio laboral respecto de dichos medios electrónicos, su valor probatorio depende del resultado objetivo de su contenido y su conexión con otros medios de convicción aportados al juicio por las partes, en particular aquellos que por sus cualidades prueben de mejor manera los hechos debatidos o, en caso de objeción, cualquier otro aportado para desvirtuar las objeciones sin que, por otro lado, sea requisito indispensable para su valoración que la inspección se refuerce con la pericial en informática, pues ello llevaría a no dar valor por sí sola a la inspección, que incluso puede constituir un indicio al prudente arbitrio de la autoridad jurisdiccional." Así, la anotada prueba de informes, concatenada con las documentales que obran en autos consistentes en el recibo de honorarios de folio ............ de uno de septiembre de dos mil veintiuno, expedido por la Notaria Pública Número Treinta y Seis, expedido nombre de la aquí quejosa y la copia certificada del comprobante de pago electrónico, pone de manifiesto que existió la retención del tributo combatido precisamente el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, acreditándose así el acto de aplicación de la norma impugnada. En efecto, el recibo de honorarios de folio ............ de uno de septiembre de dos mil veintiuno y el comprobante electrónico de pago de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, con el que asegura el fedatario se cubrió el costo de los derechos por la inscripción de la donación en la que intervino la quejosa y que se protocolizó en la escritura pública ............, es suficiente para corroborar lo vertido en la prueba de informes, en el sentido de que la afectación patrimonial a la quejosa aconteció el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Lo anterior, toda vez que en términos de lo que establecen los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tales documentos contienen los datos que corroboran su fiabilidad, como son la cadena original y sello digital, mismos que ponen en evidencia su existencia, aunado a que en el recibo de honorarios de folio ............. se expidió a nombre de la aquí quejosa y se vinculó con la escritura pública .................... Es por lo anterior, que con las pruebas descritas se tiene como fecha del acto de aplicación el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, por ser esta la fecha en que se materializó la entrega del numerario al referido fedatario público. Por ende, atendiendo a la anterior relación de los medios de prueba que obran en autos se concluye que en el caso no quedó demostrado que haya acontecido antes de la presentación de la demanda la afectación patrimonial en la esfera jurídica de la parte quejosa que lo legitimó para reclamar la inconstitucionalidad del precepto legal impugnado, con motivo de la protocolización del acto jurídico protocolizado en la escritura pública ...............), De ahí que si no quedó de manifiesto la aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, con anterioridad a la presentación de la demanda, es evidente que al momento de solicitar la protección constitucional que ahora se analiza esta no acreditó su interés jurídico para reclamarlos. Lo anterior se corrobora con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el primer acto de aplicación de una norma tributaria puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice la hipótesis normativa en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tal norma realice el propio contribuyente al cumplir con la obligación tributaria principal, o bien aquel particular que en auxilio de la administración pública la aplique. Así mismo, nuestro máximo tribunal concluyó que cuando el acto de aplicación es realizado por un tercero que actúa en auxilio de la administración, debe considerarse que, aun cuando por lo regular ese tipo de actos de aplicación no tienen el carácter de actos de autoridad y que, por ende, no se le puede atribuir vicios propios, ello no obsta para que también existan requisitos que condicionen la procedencia del amparo contra ese preciso acto, entre otros, el consistente en el plazo para promover la demanda de amparo. Finalmente, determinó que las normas tributarias contemplan que los Notarios Públicos, cuando intervienen en la protocolización de algún acto jurídico, actúan como auxiliares del fisco del Estado, para la liquidación y cobro de los impuestos y derechos que se generen, siempre que éstos hubieran sido expensados. Consideraciones que originaron las las invocadas jurisprudencias 81/2019, 82/2019 y 83/2019, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2020054, 2020055 y 2020056, respectivamente, publicadas el catorce de junio de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYENTE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS QUE SE ENTERAN POR AQUÉL. Cuando se controvierte en el juicio de amparo una norma general que regula los elementos de un tributo, con motivo de su acto de aplicación realizado por un tercero en auxilio de la administración, para determinar si la demanda se presentó oportunamente debe considerarse si el pago correspondiente se realiza por aquél con recursos que tiene a su disposición, o bien, si éstos se encuentran bajo resguardo del contribuyente, ya que de actualizarse este último supuesto el entero se llevará a cabo con la concurrencia de la voluntad del contribuyente, pues al tener a su disposición el monto a erogar, es él quien decide, dentro del margen legal para ello, llevar a cabo el pago, el cual implica una afectación patrimonial en su perjuicio en la que se concreta lo previsto en las normas tributarias que regulan el tributo, por lo que el plazo de 15 días hábiles establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda inicia a partir de que el quejoso tiene conocimiento pleno del acto en el cual se dio la referida afectación." "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL. Si una norma general que regula los elementos de un tributo se controvierte en el juicio de amparo con motivo de su acto de aplicación llevado a cabo por un tercero en auxilio de la administración quien realiza el entero respectivo a la hacienda pública, previa entrega de los recursos correspondientes por el contribuyente, la procedencia de ese juicio está condicionada a que la demanda se presente oportunamente respecto de ese acto el cual, en primer lugar, se realiza con la concurrencia de la voluntad de éste, pues al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos es él quien decide, dentro del margen legal respectivo, entregarlos al referido tercero; en segundo, implica una afectación patrimonial en perjuicio del sujeto pasivo del tributo y, en tercer lugar, concreta lo previsto en las normas generales que son fuente de esa afectación. Ante ello, el cómputo del plazo de 15 días señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda contra el acto de aplicación realizado por un tercero, cuando para su actualización es indispensable la voluntad del contribuyente que tiene bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, inicia el día siguiente a aquel en que éste entrega esos recursos, ya que en ese momento tiene noticia plena de la afectación patrimonial correspondiente, máxime que el contribuyente se encuentra en la posición jurídica y material de exigir al tercero que haga de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación en comento, por lo que si opta por realizar el pago respectivo sin conocer su causa legal, el desconocimiento de la normativa aplicada en todo caso le será atribuible al propio contribuyente; sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el inicio del plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes aplicadas con motivo de un pago realizado por éstos con los recursos que se encuentran a su disposición, aun cuando en esos supuestos pueden optar por no sufrir el impacto patrimonial en tanto no tengan conocimiento pleno de la causa legal de la afectación." "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente." Con base en las razones expuestas en las jurisprudencias apuntadas, este juzgador estima que como se dijo, no se demostró la aplicación de los artículos combatidos pues no se demostró la retención por parte del fedatario público antes de la fecha de presentación de la demanda, esto es, que se haya efectuado ciertamente el pago de las contribuciones reclamadas, la fecha en que se hubiere erogado, ni en su caso, el origen de esos recursos, es decir, si proviene del patrimonio de la parte quejosa, por sí o a través de un tercero (afectación patrimonial), de ahí que no haya quedado de manifiesto la aplicación de los preceptos que contemplan dichos derechos, con anterioridad a la fecha en que se instó la presente acción constitucional, por lo que, como se adelantó, no se acredita el interés jurídico de la quejosa para reclamar los artículos que tilda de inconstitucionales. Luego y considerando que la impugnación de una ley heteroaplicativa debe ser a partir del primer acto de aplicación en perjuicio del particular, si en el caso no se advierte aplicación alguna de las normas tildadas de inconstitucionales, en perjuicio de la parte quejosa, el juicio de amparo que se promueve en su contra con motivo de los actos de aplicación consignados en los documentos que adjuntó a su demanda, se torna improcedente al faltar el presupuesto procesal de la acción constitucional, consistente en la legitimación activa. De ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia explicada en líneas precedentes, derivada de lo dispuesto por la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, al no estar demostrada la aplicación de los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de aquéllos, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, incluso sin esperar a la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." IV. Sobreseimiento fuera de audiencia. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. V. Audiencia constitucional sin efectos Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese a la autoridad responsable. VI. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. otifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SIENDO LA PRIMER HORA HABIL SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Estado de autos Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la fecha de audiencia constitucional está programada para las diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Precisión del acto reclamado Ahora bien, atendiendo a las constancias que obran en el juicio en el que se actúa, se advierte que en su escrito inicial de demanda la aquí quejosa .................., reclamó diversos actos a las autoridades responsables siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro. B) Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro. C) Secretario de Gobierno del Estado de Querétaro. D) Director del Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" E) Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. F) Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. G) Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro." Sin embargo, en el acuerdo de admisión de veinticinco de agosto de dos mi veintiuno se desechó la demanda con respecto a los actos reclamados a las autoridades identificadas con los incisos c), d), e), f), y g), y se admitió únicamente con respecto a las autoridades Gobernador y Legislatura, ambos del Estado de Querétaro, por lo que la la litis constitucional versó sobre los actos que reclamó de la siguiente manera: "IV. ACTOS RECLAMADOS. A) De la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, reclamo por inconstitucional, la emisión y aprobación de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2021, especialmente el artículo primero de dicha ley en lo referente a los servicio prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Así como la emisión y aprobación de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro que se encuentra en vigor, particularmente el artículo 101 de esa Ley. B) Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, reclamo por inconstitucional, la aprobación, promulgación y publicación de la leyes mencionadas en el inciso a) precedente y en particular, los artículos señalados en dicho inciso, así como la aplicación de esos preceptos reclamados." Ahora bien, acorde a lo que dispone la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar que los actos reclamados en el presente amparo indirecto lo constituyen: a) El proceso legislativo origen de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2021, particularmente el artículo 1º. b) El proceso legislativo origen de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, vigente, particularmente el artículo 101. c) La aplicación y ejecución de las citadas disposiciones legales, que según el dicho de la quejosa tuvo verificativo con motivo del pago de los derechos registrales que se generaron con motivo de la inscripción del acto protocolizado en la escritura pública ............., de treinta de julio de dos mil veintiuno, del protocolo de la Notaría Pública número ................ de la demarcación notarial de esta ciudad. Actualización de causales de improcedencia En principio, se advierte que en relación con el artículo 1º de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2021; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]". De los artículos transcritos se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos de la parte quejosa. Así, en el caso, no se demuestra que dicho numeral se haya aplicado a la parte quejosa, en virtud de que el artículo 1º de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2021, se limita a contemplar las contribuciones que percibirá dicha entidad federativa durante el año de dos mil veintiuno, en el que si bien se incluye el cobro de derechos como un concepto de recaudación, no contiene los elementos constitutivos del tributo que la solicitante del amparo pretende impugnar, en la medida en que reclamó el cobro de derechos originados por el servicio prestado por el Estado relativo a la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del contrato de donación protocolizado en la escritura pública en la escritura pública ............., de treinta de julio de dos mil veintiuno, del protocolo de la Notaría Pública número ............. de la demarcación notarial de esta ciudad. De ahí que si el precepto legal apuntado únicamente contiene disposiciones generales relacionadas con la hacienda pública del Estado de Querétaro; pero no regula supuestos vinculados directamente con el pago de la contribución que se combate -derechos registrales-, es válido sostener que el artículo referido no tuvo una aplicación directa en la esfera jurídica de la parte quejosa. Máxime, que el sentido de la anterior determinación atiende al criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, contenido en la sentencia adoptada el once de febrero de dos mil dieciséis, al resolver el amparo en revisión ............. de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto contra el fallo dictado en el juicio de amparo ............. de la estadística del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en que se aludieron a las mismas razones por las que sobreseyó el presente juicio de amparo con relación al artículo 1° de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, aquí reclamado, esto es, el aludido Tribunal determinó que los artículos 1°, 2°, 3° y 5° de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, únicamente contienen disposiciones generales pero no regulan supuestos directamente vinculados con el pago del tributo ahí controvertido, razones por las que se estima que el criterio descrito es aplicable al caso concreto. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y por ende, se impone sobreseer en el juicio respecto del artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otro lado, por lo que ve al artículo 101 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, se advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, primer párrafo, 6, primera y segunda parte de la fracción XII del numeral 61, todos de la Ley de Amparo, por no estar demostrado en autos la aplicación de los dispositivos legales precisados en perjuicio de la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. A fin de demostrar el aserto que precede, es necesario primeramente traer a glosa el contenido del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, que dispone lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En íntima vinculación con el normativo constitucional reproducido, es necesario de igual modo tener presente el texto de los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, primer párrafo, 6, y segunda parte de la fracción XII del numeral 61, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: --- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. --- Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Las letras reproducidas ponen de manifiesto, por una parte, la posibilidad legal que tiene todo gobernado para combatir -a través del juicio de amparo biinstancial aquellas leyes federales o locales, tratados internacionales o reglamentos expedidos por el Presidente de la República, de acuerdo con la fracción I del artículo 89 Constitucional; reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, cuando estimen que violan sus derechos humanos y fundamentales. Asimismo, los preceptos reproducidos evidencian que el legislador estableció implícitamente dos categorías de normas relacionadas con su modo de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto, esto es, aquellas que con su sola vigencia -es decir, sin necesidad de que se cumpla otra condición- causen un perjuicio al particular, así como las que requieran de un acto posterior que las individualice con relación a la esfera jurídica de un gobernado. También se establece en los preceptos transcritos que si se trata de una norma que requiera -como condición de individualización- de un acto posterior y no se demuestre el mismo durante la dilación procesal del juicio de amparo, la acción de control constitucional se torna inejercitable; lo que así es en función de que la condición de impugnación de normas exige la existencia de un agravio o perjuicio sufrido por el gobernado en alguno de sus derechos humanos y fundamentales, de donde no ser así la acción de control constitucional se tornaría especulativa y carente de sentido restaurativo. Consecuentemente, cuando se tilda de inconstitucional una norma, en principio debe esclarecerse su naturaleza, esto es, si por su sola entrada en vigor es susceptible de ocasionar un perjuicio (autoaplicativas o autoejecutivas), o si la misma requiere para su actualización de un acto diverso que condicione su aplicación al gobernado (ley heteroaplicativa), pues dependiendo de la forma de reclamo es que deberá analizarse la existencia del perjuicio como requisito o presupuesto que satisface el interés jurídico y por ende la procedencia de la acción de control constitucional mediante el juicio de amparo indirecto. En armonía con lo anterior es menester abundar que la existencia del perjuicio o principio de parte agraviada como también se identifica, está relacionado con la definición de interés jurídico para efectos del juicio de amparo, el cual se entiende no como se conceptúa en los términos de la ley civil, es decir, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos humanos y fundamentales de una persona, lo cual lleva implícito -como se dijo- que se debe acreditar fehacientemente la afectación que produzca la norma impugnada por la justiciable; así, sin duda, una norma general y abstracta señalada como acto reclamado puede ser fuente de perjuicio o, más ejemplificativamente dicho, generadora de efectos jurídicos y materiales afectatorios contra los derechos fundamentales y humanos de una persona, y es entonces cuando el ejercicio de la acción de control constitucional no encuentra obstáculo de improcedencia al respecto, tal y como se interpretó por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 46, tomo: parte VII, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y cinco, de rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL". En ese sentido, para la satisfacción del interés jurídico tratándose de la procedencia del juicio de amparo en que se someta a control constitucional una disposición de carácter general, no basta que quien solicite la protección de la Justicia Federal asegure estar dentro de los supuestos de la norma o haber sido afectado con la misma, pues incluso siendo sujeto destinatario de la norma si la disposición general y abstracta establece para su generación de efectos con relación a su destinatario del previo cumplimiento de ciertas condiciones fácticas o de derecho, el juicio de amparo será improcedente por falta de afectación. En esa tesitura, debe evidenciarse pues de forma concreta y material los supuestos de individualización de la misma en la esfera jurídica del particular, sea con motivo de su sola entrada en vigor o cuando se reclame como heteroaplicativa mediante la existencia de un acto concreto que imponga sus efectos; lo anterior así se encuentra interpretado en la Jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, tomo: 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS"; asimismo, en la tesis P.L.VII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 124 del tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del referido órgano de publicidad, de rubro siguiente: "LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO"; también, en la tesis P. XCVII/95, visible en la página 92 del tomo II, noviembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO"; así como en la Jurisprudencia P./J.30/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58 del tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS"; y en la Jurisprudencia 2ª./J.12/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 323 del tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del órgano de difusión citado, cuyo rubro sostiene lo siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO". Pues bien, como se dijo, se actualiza la causal explicada con antelación, dado que no se demuestra que los artículos reclamados por la parte quejosa hayan sido aplicados en su perjuicio, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es decir, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, como se explica enseguida. Debe recordarse que la parte quejosa reclama el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, los cuales refirió le fueron aplicados con motivo de la celebración ante el Notario Público, de la escritura pública ................., de treinta de julio de dos mil veintiuno, en la que se protocolizó un contrato de donación, en el que la quejosa compareció como donataria. Modo de reclamo que se corrobora con las expresiones que vertió la parte quejosa en su escrito de demanda en el sentido de que la norma que reclama le fue aplicada en su perjuicio, esto es, en el pago que refiere, de ahí que puede concluirse que en la especie el ejercicio de control constitucional que enderezó la parte quejosa lo hizo contra normas en su modo heteroaplicativo, esto es, con motivo de un acto concreto. No obstante lo anterior, los medios de prueba que obran en autos, no son conducentes para demostrar la afectación patrimonial en perjuicio de la parte quejosa, con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda, y por ende, que al momento de instar la acción constitucional que se resuelve, la quejosa ya hubiese resentido la aplicación en su perjuicio de los dispositivos legales tildados de inconstitucionales. Como se dijo, en la demanda de amparo se reclama la aprobación y expedición de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, específicamente el artículo 101 que contemplan el pago del derecho por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con motivo del primer acto de aplicación; dispositivo legal que es del tenor literal siguiente: "Artículo 101. Por derechos relativos a donaciones se cubrirá el 10 al millar sobre su importe. Para el cálculo de los derechos a que se refiere este artículo, se considerará que el usufructo y la nuda propiedad, tienen cada uno de ellos, el 50% del valor del bien." El artículo transcrito establece que por la inscripción de donaciones, se causará el derecho a razón del 10 por ciento al millar, sobre su importe; sin que del resto de los ordenamientos legales se advierta si la obligación de pago del derecho de inscripción corresponde, al donante o al donatario. Al respecto, resulta necesario precisar que la afectación al interés jurídico, cuando como en el caso, se reclama la inconstitucionalidad de una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, requiere de la demostración de la afectación patrimonial, misma que se actualiza cuando el sujeto pasivo (persona física o moral que realiza la actividad que es gravada), de los derechos de inscripción entrega los recursos pecuniarios al notario público, en el supuesto en el que dicho fedatario sirva de retenedor, pues en ese momento surge el detrimento patrimonial en perjuicio del impetrante; tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria con que se resolvió el amparo en revisión 1167/2015, de la que emanaron las jurisprudencias de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYENTE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS QUE SE ENTERAN POR AQUÉL." "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL." "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA." Luego, como la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro no precisa si la obligación de pago del derecho de inscripción corresponde, en el caso de la donación, al donante o donatario, resulta necesario acudir al Código Civil del Estado de Querétaro que regula lo relativo a dicho acto jurídico Pues bien, el artículo 2230 determina que para la donación de bienes raíces se aplicarán las mismas formalidades aplicables para la compraventa, y por su parte el diverso numeral 2149 establece que, por lo que ve a la donación compraventa, los gastos de escrituración y registro corresponden por mitad a cada uno de los contratantes, salvo convenio en contrario. Es decir, la legislación civil aplicable deja a la libre voluntad de las partes la decisión de establecer quién debe soportar la carga de sufragar los gastos de inscripción; por lo que el elemento relativo al sujeto a quien va dirijo el tributo se precisa cuando las partes libremente acuerdan quién asumirá el pago de los gastos de inscripción indicados. Precisado lo anterior, de las constancias procesales que integran el presente expediente se advierte que la parte quejosa ofreció como medio de convicción para demostrar la afectación patrimonial que le generó la aplicación del precepto legal impugnado, 1) copia certificada de la escritura pública ............, de treinta de julio de dos mil veintiuno y 2) el recibo de honorarios de folio ............ de uno de septiembre de dos mil veintiuno, expedido por la Notaria Pública Número Treinta y Seis, expedido nombre de la aquí quejosa, en el que obra como uno de los conceptos de cobro el identificado como "RPP" por la cantidad de ............... Asimismo, se obtiene que atendiendo a la fecha de expedición de dicho documento, este juzgador ordenó de manera oficiosa la prueba de informes con cargo al Titular de la Notaría Pública número Treinta y seis, de la ciudad de Querétaro, quien al rendir la información solicitada mediante escrito recibido el trece de octubre de dos mil veintiuno-registrado bajo la promoción con número de folio .......... informó que el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, es decir, después de la fecha de la presentación de la demanda, le retuvo a la aquí quejosa el monto correspondientes al pago de los derechos registrales originados por la inscripción del acto jurídico contenido en la escritura pública de la escritura pública ............., de treinta de julio de dos mil veintiuno. Para corroborar su aseveración, dicho notario remitió a través de diverso escrito recibido en esa misma fecha la documental consistente en copia certificada del comprobante electrónico de pago con cadena original y sello, en el que se hizo constar una transferencia bancaria realizada al titular de la Notaria Pública apuntada por la cantidad de ............... Por ende, a partir de los medios de convicción apuntados, es dable afirmar que la parte quejosa erogó con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo los conceptos que alude para cubrir el pago de los derechos registrales generados por la prestación del servicio de inscripción de los actos celebrados en la escritura pública ..............., de treinta de julio de dos mil veintiuno, del índice de la Notaría Pública número ............. de la demarcación notarial de esta ciudad. Se estima así, ya que al margen que en su escrito inicial la solicitante del amparo haya manifestado que dicha afectación patrimonial sucedió en la misma fecha de la celebración del instrumento público que refiere, es decir, el treinta de julio de dos mil veintiuno, tal circunstancia ha quedado desvirtuada a partir del contenido de los medios probatorios que obran en autos, pues en principio, del contenido de la escritura pública apuntada se demuestra la formalización de un contrato de donación en el que la quejosa compareció en su calidad de "donataria", mientras que con el recibo de honorarios de folio ..............de uno de septiembre de dos mil veintiuno, expedido por la Notaria Pública Número ............. a nombre de la aquí quejosa y con la copia certificada del comprobante electrónico de pago con cadena original y sello digital, adminiculado con la prueba de informes, se demuestra que la retención realizada por el Notario Público número Treinta y seis de la demarcación notarial de esta ciudad, por concepto del pago de derechos registrales originados por la inscripción de dicho acto jurídico que se hizo constar en la escritura pública ..............., aconteció el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Lo anterior, en la medida en que en principio, las manifestaciones vertidas por el Notario número Treinta y Seis se equiparan a una testimonial al tenor de lo considerado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 32/2009, visible en la página 721, Tomo XXIX, Abril 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO. EL INFORME SOLICITADO A UN FUNCIONARIO O AUTORIDAD QUE NO ES PARTE EN EL JUICIO, SOBRE ALGUNA CIRCUNSTANCIA DESCONOCIDA PARA LAS PARTES, ES EQUIPARABLE A UNA TESTIMONIAL. De acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho. En esos términos, será admisible como prueba el informe solicitado a cualquier funcionario o autoridad, aun cuando sea distinta de la responsable, respecto de los hechos que conozca o haya conocido por virtud de sus funciones. Ahora bien, para determinar las condiciones en que éste debe presentarse ante el Juez de Distrito, cabe señalar que gramatical y etimológicamente el informe puede definirse como el medio por el cual se transmite una comunicación antes desconocida. De esa manera, si lo pretendido es aportar alguna copia o documento en poder de aquéllos y de cuya existencia el oferente tenía un conocimiento previo, aun cuando éste solicite que se remita "vía informe", ese medio de convicción tendrá la naturaleza de una prueba documental, sujeta a las reglas que para tal efecto establece el artículo 152 de la Ley de Amparo. En cambio, cuando se pretenda que dicho funcionario o autoridad haga del conocimiento del Juez de Distrito algún suceso o circunstancia, hasta ese momento desconocido por las partes, pero del que puede dar noticia por ser una cuestión relativa a su competencia legal, conforme a los artículos 127, 169, 171 y 174 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en lo conducente de manera supletoria, ese informe, rendido por oficio, puede equipararse a una prueba testimonial y, por tanto, su anuncio debe llenar requisitos de tiempo y forma que es necesario observar para los efectos de su admisión y preparación, conforme al párrafo segundo del artículo 151 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, en caso de considerar el Juez de Distrito que dicho informe no satisface el requisito de idoneidad para demostrar los hechos que se pretenden, está facultado para desecharlo desde su anuncio y no esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional." En ese sentido, tales manifestaciones por tratarse de una declaración singular carece de valor probatorio pleno, por lo que su valoración queda al prudente arbitrio del juzgador; de ahí que, para determinar su eficacia y alcance demostrativo resulta necesario adminicularlo con el esto de medios de convicción desahogados en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 216 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2003365, Décima Época, Materias(s): Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, página 1617, del rubro y texto siguientes: "PRUEBA DE INSPECCIÓN PRACTICADA SOBRE MEDIOS ELECTRÓNICOS O DIGITALES EN UN JUICIO LABORAL. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL. Los avances de la tecnología han tenido niveles acelerados de transformación, logrando mediante el uso del sistema computarizado autorizado el almacenamiento de información y registros de datos inherentes a las personas, los cuales, una vez capturados, pueden visualizarse en pantallas, o bien, reproducirse en discos ópticos y/o impresiones. Ahora bien, para el caso de que se ofrezca la prueba de inspección en un juicio laboral respecto de dichos medios electrónicos, su valor probatorio depende del resultado objetivo de su contenido y su conexión con otros medios de convicción aportados al juicio por las partes, en particular aquellos que por sus cualidades prueben de mejor manera los hechos debatidos o, en caso de objeción, cualquier otro aportado para desvirtuar las objeciones sin que, por otro lado, sea requisito indispensable para su valoración que la inspección se refuerce con la pericial en informática, pues ello llevaría a no dar valor por sí sola a la inspección, que incluso puede constituir un indicio al prudente arbitrio de la autoridad jurisdiccional." Así, la anotada prueba de informes, concatenada con las documentales que obran en autos consistentes en el recibo de honorarios de folio ............ de uno de septiembre de dos mil veintiuno, expedido por la Notaria Pública Número Treinta y Seis, expedido nombre de la aquí quejosa y la copia certificada del comprobante de pago electrónico, pone de manifiesto que existió la retención del tributo combatido precisamente el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, acreditándose así el acto de aplicación de la norma impugnada. En efecto, el recibo de honorarios de folio ............ de uno de septiembre de dos mil veintiuno y el comprobante electrónico de pago de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, con el que asegura el fedatario se cubrió el costo de los derechos por la inscripción de la donación en la que intervino la quejosa y que se protocolizó en la escritura pública ............, es suficiente para corroborar lo vertido en la prueba de informes, en el sentido de que la afectación patrimonial a la quejosa aconteció el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Lo anterior, toda vez que en términos de lo que establecen los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tales documentos contienen los datos que corroboran su fiabilidad, como son la cadena original y sello digital, mismos que ponen en evidencia su existencia, aunado a que en el recibo de honorarios de folio ............. se expidió a nombre de la aquí quejosa y se vinculó con la escritura pública .................... Es por lo anterior, que con las pruebas descritas se tiene como fecha del acto de aplicación el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, por ser esta la fecha en que se materializó la entrega del numerario al referido fedatario público. Por ende, atendiendo a la anterior relación de los medios de prueba que obran en autos se concluye que en el caso no quedó demostrado que haya acontecido antes de la presentación de la demanda la afectación patrimonial en la esfera jurídica de la parte quejosa que lo legitimó para reclamar la inconstitucionalidad del precepto legal impugnado, con motivo de la protocolización del acto jurídico protocolizado en la escritura pública ...............), De ahí que si no quedó de manifiesto la aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, con anterioridad a la presentación de la demanda, es evidente que al momento de solicitar la protección constitucional que ahora se analiza esta no acreditó su interés jurídico para reclamarlos. Lo anterior se corrobora con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el primer acto de aplicación de una norma tributaria puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice la hipótesis normativa en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tal norma realice el propio contribuyente al cumplir con la obligación tributaria principal, o bien aquel particular que en auxilio de la administración pública la aplique. Así mismo, nuestro máximo tribunal concluyó que cuando el acto de aplicación es realizado por un tercero que actúa en auxilio de la administración, debe considerarse que, aun cuando por lo regular ese tipo de actos de aplicación no tienen el carácter de actos de autoridad y que, por ende, no se le puede atribuir vicios propios, ello no obsta para que también existan requisitos que condicionen la procedencia del amparo contra ese preciso acto, entre otros, el consistente en el plazo para promover la demanda de amparo. Finalmente, determinó que las normas tributarias contemplan que los Notarios Públicos, cuando intervienen en la protocolización de algún acto jurídico, actúan como auxiliares del fisco del Estado, para la liquidación y cobro de los impuestos y derechos que se generen, siempre que éstos hubieran sido expensados. Consideraciones que originaron las las invocadas jurisprudencias 81/2019, 82/2019 y 83/2019, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2020054, 2020055 y 2020056, respectivamente, publicadas el catorce de junio de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYENTE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS QUE SE ENTERAN POR AQUÉL. Cuando se controvierte en el juicio de amparo una norma general que regula los elementos de un tributo, con motivo de su acto de aplicación realizado por un tercero en auxilio de la administración, para determinar si la demanda se presentó oportunamente debe considerarse si el pago correspondiente se realiza por aquél con recursos que tiene a su disposición, o bien, si éstos se encuentran bajo resguardo del contribuyente, ya que de actualizarse este último supuesto el entero se llevará a cabo con la concurrencia de la voluntad del contribuyente, pues al tener a su disposición el monto a erogar, es él quien decide, dentro del margen legal para ello, llevar a cabo el pago, el cual implica una afectación patrimonial en su perjuicio en la que se concreta lo previsto en las normas tributarias que regulan el tributo, por lo que el plazo de 15 días hábiles establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda inicia a partir de que el quejoso tiene conocimiento pleno del acto en el cual se dio la referida afectación." "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL. Si una norma general que regula los elementos de un tributo se controvierte en el juicio de amparo con motivo de su acto de aplicación llevado a cabo por un tercero en auxilio de la administración quien realiza el entero respectivo a la hacienda pública, previa entrega de los recursos correspondientes por el contribuyente, la procedencia de ese juicio está condicionada a que la demanda se presente oportunamente respecto de ese acto el cual, en primer lugar, se realiza con la concurrencia de la voluntad de éste, pues al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos es él quien decide, dentro del margen legal respectivo, entregarlos al referido tercero; en segundo, implica una afectación patrimonial en perjuicio del sujeto pasivo del tributo y, en tercer lugar, concreta lo previsto en las normas generales que son fuente de esa afectación. Ante ello, el cómputo del plazo de 15 días señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda contra el acto de aplicación realizado por un tercero, cuando para su actualización es indispensable la voluntad del contribuyente que tiene bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, inicia el día siguiente a aquel en que éste entrega esos recursos, ya que en ese momento tiene noticia plena de la afectación patrimonial correspondiente, máxime que el contribuyente se encuentra en la posición jurídica y material de exigir al tercero que haga de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación en comento, por lo que si opta por realizar el pago respectivo sin conocer su causa legal, el desconocimiento de la normativa aplicada en todo caso le será atribuible al propio contribuyente; sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el inicio del plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes aplicadas con motivo de un pago realizado por éstos con los recursos que se encuentran a su disposición, aun cuando en esos supuestos pueden optar por no sufrir el impacto patrimonial en tanto no tengan conocimiento pleno de la causa legal de la afectación." "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente." Con base en las razones expuestas en las jurisprudencias apuntadas, este juzgador estima que como se dijo, no se demostró la aplicación de los artículos combatidos pues no se demostró la retención por parte del fedatario público antes de la fecha de presentación de la demanda, esto es, que se haya efectuado ciertamente el pago de las contribuciones reclamadas, la fecha en que se hubiere erogado, ni en su caso, el origen de esos recursos, es decir, si proviene del patrimonio de la parte quejosa, por sí o a través de un tercero (afectación patrimonial), de ahí que no haya quedado de manifiesto la aplicación de los preceptos que contemplan dichos derechos, con anterioridad a la fecha en que se instó la presente acción constitucional, por lo que, como se adelantó, no se acredita el interés jurídico de la quejosa para reclamar los artículos que tilda de inconstitucionales. Luego y considerando que la impugnación de una ley heteroaplicativa debe ser a partir del primer acto de aplicación en perjuicio del particular, si en el caso no se advierte aplicación alguna de las normas tildadas de inconstitucionales, en perjuicio de la parte quejosa, el juicio de amparo que se promueve en su contra con motivo de los actos de aplicación consignados en los documentos que adjuntó a su demanda, se torna improcedente al faltar el presupuesto procesal de la acción constitucional, consistente en la legitimación activa. De ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia explicada en líneas precedentes, derivada de lo dispuesto por la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, al no estar demostrada la aplicación de los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de aquéllos, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, incluso sin esperar a la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." IV. Sobreseimiento fuera de audiencia. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. V. Audiencia constitucional sin efectos Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese a la autoridad responsable. VI. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. otifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; además que, se encuentra transcurriendo el término de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de que la parte quejosa manifestara lo que a su interés convenga respecto de la prueba de informes desahogada por el Notario Público Número Treinta y Seis de esta ciudad. II. Difiere. Consecuentemente, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.

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