Karla Eugenia Pulido Peña
Expediente 969/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/03/2022
Partes del expediente
- Karla Eugenia Pulido Peña
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgado federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se reciba el comunicado que derive del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es, para que remita copia certificada de la orden de pago o título de crédito a nombre de la aquí quejosa que ampara la devolución de la cantidad precisada en el fallo protector a su favor, o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de la quejosa, mediante el cual solicita se autorice la entrega del título de crédito expedido por la autoridad responsable vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, para que se le realice la entrega del mismo, a la persona que menciona. A lo anterior, dígase que el Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, tiene sus políticas internas, por lo que no es facultad de este órgano federal autorizar que el título de crédito le sea entregado a diversa persona, ya que en su caso, deberá ser ante la mencionada autoridad, donde realice las gestiones correspondientes para tal fin, toda vez que los efectos para los que se concedió el amparo son los siguientes: ".SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal, respecto a la norma reclamada, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, autoridad vinculada al cumplimiento, deberá: 1. Abstenerse de aplicar a la parte quejosa la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada-artículo 38, fracción V, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno- sin que lo anterior implique que se le exima de enterar el impuesto a su cargo por concepto de predial. 2. Devolver la cantidad enterada en exceso y que se pagó por concepto del impuesto predial respecto a los predios no edificados materia de la concesión, esto es, lo relativo al recibo oficial 147229. 3. En su lugar, para cuantificar el monto respectivo, le sea aplicado el cálculo (0.000250 hasta 0.000450) según corresponda al predio de la quejosa, previstas en la tabla 1, en el inciso a), de la fracción V del artículo 38 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y deberá efectuarse la devolución del numerario que proceda, a la contribuyente respectiva, por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda; para así respetar el derecho constitucional violado en los términos aquí apuntados. 4. Devolver dicha suma debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido." Es claro, que la devolución autorizada, es a favor de la quejosa, a quien se le entregará de manera personal el título de crédito derivado de la misma, por lo que se insiste, será ante la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector, ante quien deba elevar la petición que ahora pretende. Proporciona datos de contacto. Asimismo, proporciona el correo electrónico y número telefónico que refiere. De lo cual este juzgado toma nota, sin que implique que las notificaciones que se le realicen a su parte por dicho medio electrónico, sino que si por las cargas labores de este órgano jurisdiccional, resulta necesario hacerlas por dicho medio, deberá constar en acta que suscriba el actuario de la adscripción. Finalmente, se precisa a la parte quejosa que en el supuesto de que agotado el procedimiento correspondiente ante la responsable para que se entregue el título de crédito, merced de la concesión otorgada en este juicio de amparo, expedido a su favor a la persona que refiere, tiene expedito su derecho para promover el medio legal que considere pertinente para combatir esa determinación; ello, porque los efectos de esta ejecutoria no abarcan la pretensión de la impetrante, siendo diáfano que el suscrito debe ajustarse a los lineamientos señalados en la propia ejecutoria.
- Principal
Téngase por recibido el comunicado que signa el Delegado de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, en atención a lo que solicita, remítasele copia certificada de la demanda de amparo, de los recibos oficiales exhibidos con el escrito inicial de demanda, así como de la sentencia dictada en este juicio, a efecto de que este en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgado federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, para que en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que se reciba el comunicado que derive del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es, para que remita copia certificada de la orden de pago o título de crédito a nombre de la aquí quejosa que ampara la devolución de la cantidad precisada en el fallo protector a favor, o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 1343/2022, que signa la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, por los motivos que expone, devuelve los autos del juicio de amparo 969/2021, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Estado de autos. Ahora, bien, del análisis del sumario se advierte que en la sentencia emitida en los autos del juicio en que se actúa, los efectos son los siguientes: ".SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal, respecto a la norma reclamada, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, autoridad vinculada al cumplimiento, deberá: 1. Abstenerse de aplicar a la parte quejosa la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada-artículo 38, fracción V, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno- sin que lo anterior implique que se le exima de enterar el impuesto a su cargo por concepto de predial. 2. Devolver la cantidad enterada en exceso y que se pagó por concepto del impuesto predial respecto a los predios no edificados materia de la concesión, esto es, lo relativo al recibo oficial 147229. 3. En su lugar, para cuantificar el monto respectivo, le sea aplicado el cálculo (0.000250 hasta 0.000450) según corresponda al predio de la quejosa, previstas en la tabla 1, en el inciso a), de la fracción V del artículo 38 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y deberá efectuarse la devolución del numerario que proceda, a la contribuyente respectiva, por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda; para así respetar el derecho constitucional violado en los términos aquí apuntados. 4. Devolver dicha suma debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido. Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgado federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las cuales acredite el cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
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