Karla Eugenia Mendoza Mandujano

Expediente 1390/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1390/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • Karla Eugenia Mendoza Mandujano y Otros.
  • Karla Eugenia Mendoza Mandujano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado actual de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en razón que este expediente se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción II, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un expediente en el que se decretó el sobreseimiento y a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III del punto Vigésimo del aludido acuerdo, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, en razón que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XVI y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada. Asimismo, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa por conducto de su representante común, para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito realice lo siguiente: Precise si a su interés legal conviene llamar a juicio al Presidente de la República y, en su caso, atribuirle como acto reclamado la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. En caso de señalar como autoridad responsable a la antes referida, deberá exhibir una copia adicional de su escrito inicial de demanda y, en su caso, de las ampliaciones correspondientes, a fin de emplazarla al juicio y se encuentre en aptitud de rendir su informe justificado. Se apercibe a las promoventes que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo señalado, acompañando en su caso copias del escrito de la demanda de amparo, así como del aclaratorio necesarias para correr traslado, se tendrán como autoridades responsables únicamente a aquellas que señaló en el capítulo correspondiente de su escrito inicial de demanda y las que incluso ya fueron llamadas a juicio. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 30/96, publicada en la página 250, tomo III, junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia PC.III.A. J/70 A (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo debe expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos de Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley, pues de la evolución de dicha disposición normativa desde la Ley de Amparo abrogada, se advierte que el legislador consideró insoslayable que tratándose del amparo contra normas generales se llame a la autoridad que promulgó la ley, lo que además encuentra sentido si se tiene en cuenta que la participación del titular del Poder Ejecutivo, ya sea local o federal, no es de simple trámite, sino que incide de manera importante en el proceso legislativo, pues con la promulgación de la ley se hace ejecutable y adquiere valor imperativo, carácter que no tenía antes de pasar de la jurisdicción del Congreso a la del Ejecutivo. En estas condiciones, es indispensable que en el amparo contra normas generales se señale como autoridad responsable al órgano promulgador, con independencia de que se reclamen o no vicios propios al acto promulgatorio, condicionante que únicamente debe entenderse dirigida a los actos de las autoridades encargadas de su refrendo y publicación, como así se advierte de la iniciativa del proyecto de la Ley de Amparo vigente; además de que esa autoridad está facultada para hacer valer los medios de defensa previstos en la ley de la materia. Por tanto, si en un amparo contra normas generales el promovente decide no señalar como autoridad responsable al titular del órgano de Estado encargado de la promulgación del decreto impugnado, no obstante que el juzgador de amparo lo requirió para tal efecto, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo provocaría la improcedencia de la acción constitucional, es claro que se actualiza la causal de improcedencia derivada de la interpretación conjunta del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." Para dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese; personalmente a la quejosa y en su caso, por oficio a las autoridades una vez que reanuden sus labores.

  3. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el recurso de revisión presentado por la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución interlocutoria de dieciséis de julio del año en curso. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, incluido al Ministerio Público Federal, copia del oficio de agravios y dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, remítase el original del oficio de agravios, copia del mismo y copia certificada de las constancias de notificación respectivas a los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, en términos del numeral CUARTO del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para la sustanciación y resolución del recurso de referencia. Finalmente, se reserva el envío del recurso de revisión interpuesto por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acordado en proveído de veintinueve del mes y año en curso, hasta en tanto se cuente con las constancias de notificación del presente auto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y en su caso por oficio a las autoridades responsables una vez que reanuden sus labores.

  4. Principal

    Por lo antes expuesto y fundado: S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio por los motivos expresados en el cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Por las razones y motivos señalados en el considerando último de esta sentencia, la misma deberá publicarse con supresión de datos. Notifíquese.

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