Karla Eugenia Maíz Pichardo y Otros.
Expediente 421/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/03/2023
Partes del expediente
- Karla Eugenia Maíz Pichardo
- Edna Darinka Garcia Vazquez
- Karla Eugenia Maíz Pichardo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Amparo en revisión
... agréguese para los efectos legales conducentes el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual se acusa recibo del diverso 512/2023 al cual se adjuntó testimonio de la ejecutoria emitida en el presente asunto, así como los anexos descritos en aquél... este asunto no es de relevancia documental... en su oportunidad, procédase a su depuración... archívese este expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno...
- Amparo en revisión
... PRIMERO. Se REVOCA la resolución recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por... en los términos precisados en el considerando tercero de esta ejecutoria...
- Amparo en revisión
... Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a los quejosos... en auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, sin que haya realizado manifestación alguna; por consiguiente, devuélvase el presente asunto a la Ponencia del Magistrado Juan Carlos Ortega Castro, a fin de que formule el proyecto de resolución respectivo...
- Amparo en revisión
... Vista la cuenta secretarial que antecede, de la cual se advierte que en sesión ordinaria pública virtual llevada a cabo el nueve del presente mes, el Pleno de este Segundo Tribunal Colegiado advirtió oficiosamente que en el presente asunto se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y que por ende, se ordenó dar vista a los quejosos... en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Ahora bien, a fin de que la quejosa esté en posibilidad de desahogar tal vista, hágasele saber que el contenido del considerando tercero de la versión pública del proyecto de resolución del presente medio de defensa, es el siguiente. "(.) TERCERO. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En tal virtud, este Tribunal Colegiado de Circuito, advierte de oficio, que el juicio de amparo promovido contra la contra la resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en el juicio sucesorio intestamentario ********************/2022, es improcedente. En primer lugar, es menester destacar algunos antecedentes del acto reclamado y de la resolución recurrida. 1. ******************** (quejosos), denunciaron la sucesión de sus abuelos paternos ******************** y ******************** y/o ******************** y/o ********************. 2. El Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós, registró el asunto con el número de expediente ********************/2022; y, previno a los promoventes para que exhibieran copia certificada de la sucesión de ******************** y/o ******************** (padre de los denunciantes e hijo de los autores de la sucesión denunciada). 3. Desahogada la prevención, mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós y su aclaración de catorce siguiente, se tuvo por radicada la sucesión intestamentaria a bienes de ******************** y de ******************** también conocido como ******************** y/o ********************. 4. ******************** (quejosos), por escrito de veintinueve de abril de dos mil veintidós, exhibieron el testamento otorgado por ******************** (abuelo paterno). 5. El juez del conocimiento por auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 4.35 del Código Civil del Estado de México, sobreseyó en el juicio sucesorio intestamentario exclusivamente por lo que hace al de cujus ********************, a fin de que los interesados iniciaran el proceso testamentario correspondiente; por otra parte, conforme a una revisión del testamento otorgado por ********************, específicamente, en la declaración marcada con el número cuatro romano, en donde manifestó que realizó el trámite sucesorio de los bienes de su finada esposa ******************** y fue reconocido como único y universal heredero, previno a los promoventes para que exhibieran copia certificada del juicio sucesorio a bienes de ********************. Asimismo, ordenó la devolución del testamento exhibido por los ocursantes. 6. Inconformes con ese auto, ******************** (quejosos) interpusieron recurso de revocación. 7. El Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, por interlocutoria de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictada en el juicio sucesorio intestamentario ********************/2022, confirmó el auto impugnado por lo que respecta al sobreseimiento decretado respecto del de cujus ********************; y, dejó intocado el acuerdo por lo que hace al requerimiento relativo a la exhibición de las constancias del juicio sucesorio a bienes de ******************** (acto reclamado). 8. Contra esa interlocutoria, ******************** (quejosos) promovieron amparo directo. 9. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por ejecutoria de uno de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente 474/2022, declaró carecer de competencia para conocer del asunto, porque la vía directa no era procedente cuando se reclamaba la resolución de un recurso de revocación que confirmó el sobreseimiento decretado en un juicio sucesorio solamente respecto de uno de los autores de la sucesión, pero continuó el trámite por la otra, porque aun cuando la autoridad responsable se pronunció sobre el sobreseimiento, tal determinación no constituía una sentencia definitiva. 10. El Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el expediente 1438/2022-II-C, negó el amparo (resolución recurrida). Puntualizado lo anterior, los artículos 61, fracción XXIII, y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "... "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Sobre el tema, es importante recordar que el Pleno de nuestro Alto Tribunal determinó, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, los alcances de la improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, para concluir que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se dedujo de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De esa forma, es factible concluir que a partir de la Ley de Amparo de dos mil trece, se puntualizó el carácter excepcional de la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos dictados dentro de juicio y, en concordancia con ello, el Pleno al interpretar el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, resolvió de forma tajante la improcedencia del juicio respecto de actos que sólo causen afectaciones adjetivas, como en los casos en los que no se impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente o se trate de afectaciones que dependen de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. En ese sentido, de conformidad a lo que dispone el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y lo resuelto en la jurisprudencia P./J. 37/2014, en el caso, este órgano jurisdiccional está obligado a realizar un análisis del acto reclamado para determinar si se trata de una resolución que ocasiona afectaciones materialmente sustantivas. Así, tomando en cuenta los parámetros anteriores, en el caso específico, se trata una resolución en la que se decretó el sobreseimiento del intestado solamente por lo que respecta a uno de los de cujus, ya que se exhibió el testamento, en consecuencia, se ordenó iniciar el juicio testamentario correspondiente; pero, a la par, se siguió el trámite por la otra de cujus, negando la petición de los quejosos de tramitar ambas sucesiones en esa vía, es decir, se negó la acumulación. Así, la acumulación procesal se define como la reunión material de dos o más expedientes conexos o afines en poder de un mismo Juez a fin de continuar la sustanciación de manera conjunta y ser decididos en una misma sentencia, con la finalidad de evitar sentencias contradictorias. El precepto en el cual la autoridad responsable fundó el acto reclamado dice. "Existencia de testamento en caso de intestado Artículo 4.35.- Si durante la tramitación de un intestado se exhibe el testamento, se sobreseerá aquél, para iniciar el juicio testamentario, a no ser que se refiera a una parte de los bienes hereditarios. En este caso se acumularán los juicios y el albacea será el testamentario; la liquidación y partición serán comunes; los inventarios lo serán cuando se acumulen antes de su formación.". En ese contexto, del análisis de la figura jurídica de la acumulación y de la normatividad que la regula cuando durante la tramitación de un intestado se exhibe el testamento correspondiente, es posible concluir que se trata de una institución procesal que otorga sólo derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que si bien la decisión que se tome en el procedimiento -tanto de acumular o no diversos juicios- pudiera afectar derechos de las partes, éstos no tienen el carácter de derechos sustantivos, pues se trata de derechos adjetivos reconocidos a las partes no por la Constitución, sino por normas ordinarias, como en el caso, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, por lo que cualquier violación cometida derivada de la acumulación, afectará sólo al procedimiento en el que se plantee y a los derechos procesales de las partes, pero no a las personas titulares de derechos sustantivos, en su carácter de personas y no como partes en un juicio. Tampoco la decisión respecto de una acumulación, como figura procesal, puede generar una afectación sustantiva sustentada en la transgresión del artículo 17 constitucional en relación con el derecho a una impartición de justicia de forma pronta, completa e imparcial; lo anterior, pues si bien el referido artículo constitucional tiene como objeto regular de forma eficaz la impartición de justicia, verificando que los procedimientos se integren debidamente, ello no se traduce en una afectación material a un derecho sustantivo que haga procedente el recurso, pues la afectación en su caso se materializará hasta el dictado de la sentencia en donde se determinará si la litis está debidamente integrada y si la parte que aduce la violación procesal no obtuvo sentencia favorable. En esas condiciones, los actos relacionados con la acumulación de juicios, se tratan de resoluciones procesales que no pueden tener una afectación material a derechos sustantivos, que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto que las posibles afectaciones que genera se refieren sólo a cuestiones adjetivas o procesales, en tanto se trata de derechos adjetivos otorgados por leyes secundarias para que los procedimientos puedan desarrollarse de la mejor forma posible; aunado a que las afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamarse se materializarán al dictarse la sentencia, si la parte no obtiene sentencia favorable. En atención a ello, la acumulación de juicios se trata de una figura jurídica procesal que sólo genera afectaciones a derechos adjetivos y, por tanto, la sola naturaleza del acto permite concluir que el amparo indirecto es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto, ya que no se requiere de prueba alguna, para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos. Bajo ese contexto, por virtud del acto reclamado, la autoridad responsable confirmó el auto en el cual decretó el sobreseimiento del intestado únicamente por lo que hace a uno de los de cujus, ya que se exhibió el testamento, en consecuencia, ordenó iniciar el juicio testamentario correspondiente; sin embargo, continuó el trámite en esa vía solamente por lo que respecta a la otra de cujus, ya que no se actualizaba el supuesto de acumulación previsto en el artículo 4.35 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Es decir, por virtud del acto reclamado la autoridad responsable confirmó el auto por virtud del cual se sobreseyó en el intestado y negó acumular ambos juicios (intestamentario y testamentario) para tramitarlos y resolverlos en un solo proceso. En tal virtud, el juicio de amparo indirecto promovido contra esa determinación es improcedente, ya que no afecta de manera directa y actual algún derecho sustantivo de los quejosos, sino que se trata de una infracción de carácter adjetivo o intraprocesal. Es fundamento de lo expuesto, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2016, que dice. "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto.". De igual modo, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 49/95 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 5/94, que dice. "ACUMULACIÓN. LA RESOLUCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución sin ulterior recurso, que declara improcedente el incidente de acumulación de autos solicitado para que juicios conexos que se siguen separadamente sean fallados en una misma sentencia, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que este procedimiento fue instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio; sin que esto determine por exclusión, la procedencia del amparo directo contra tal determinación, al estar debidamente delimitado, tratándose de violaciones procesales, la procedencia de dicho juicio, únicamente cuando se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.". Asimismo, puede citarse la tesis III.2o.C.34 K, interpretada a contrario sensu, que dice. "ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. NO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE ACUMULAR UN JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A OTRO TESTAMENTARIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que por regla general, el amparo indirecto no es procedente en contra de violaciones procesales o adjetivas; empero, también ha sostenido criterio en el sentido de que en forma excepcional, el amparo en tal vía procede tratándose de violaciones procesales que afecten a las partes en grado predominante o superior, el cual debe determinarse tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo en caso de que la afectación se impugnara a través del juicio de garantías. En el anterior contexto, si se reclama en amparo la orden de acumular un juicio sucesorio intestamentario a otro testamentario, tal acto no ocasiona al quejoso una afectación en grado predominante o superior que pueda ser considerada de imposible reparación, porque no se da una afectación de dichas características, dado que el efecto que tendría sería la continuación de ambos procedimientos ante un solo juzgador, y si bien uno de ellos dejaría de tener jurisdicción, no se impediría su prosecución ante el que deba conocer del mismo, por lo que, no se niega acceso a una justicia expedita e imparcial, en términos del artículo 17 constitucional, cuestión que no vulnera derecho alguno de los gobernados, porque aun cuando haya necesidad de realizar diversos trámites o incidentes para lograr la conclusión del asunto, ello no se traduce en una contravención a este último precepto constitucional, pues como se dijo, no se está negando el acceso a la justicia. Además, los juicios sucesorios constan de diversas etapas; cada una de ellas impugnable a través del juicio de amparo indirecto o del directo, según corresponda y, por ende, las violaciones acontecidas durante la tramitación respectiva, serán impugnables contra la determinación que dé por concluida la etapa relativa.". También, se asimila a este caso, en lo que interesa, respecto de las etapas de los juicios sucesorios, la tesis VII.2o.C.70 K (10a.), que dice. "JUICIO SUCESORIO. EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITE PARCIALMENTE EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN SUSTANTIVA CONTRA LA CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PUES NO DA POR CONCLUIDA NINGUNA DE LAS ETAPAS QUE CONFORMAN AQUÉL. Los juicios sucesorios están conformados por cuatro etapas procesales: I. Sucesión; II. Inventarios y avalúos; III. Administración; y, IV. Partición y adjudicación; en ellas, se deciden por separado y mediante una resolución especial las actuaciones y derechos deducidos hasta ese momento procesal, dichas resoluciones, adquieren firmeza plena para las partes que intervienen en esos procedimientos; por ende, al emitirse el auto respectivo no es posible cuestionar aspectos ya decididos en etapas previas. En este sentido, debe señalarse que las violaciones procesales acontecidas durante las tres primeras fases son impugnables en amparo indirecto, en tanto que la última en la vía directa. Por lo que para impugnar las violaciones procesales acontecidas en dichas etapas, debe esperarse a la emisión del auto que da por concluida la sección respectiva; esto es así, pues de impugnarse cada violación procesal se retardaría injustificadamente todo el juicio. En esas condiciones, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra las violaciones cometidas durante un juicio sucesorio deben analizarse dos supuestos: el primero, encaminado a analizar si el acto reclamado vulnera derechos sustantivos y, el segundo, el momento procesal en el que se ejercita la vía constitucional. Lo anterior, ya que si el acto reclamado no vulnera derechos sustantivos debe estarse a la espera de que se emita el auto que finaliza la etapa procesal respectiva (principio de definitividad). En congruencia con lo anterior, el auto mediante el cual se admite parcialmente el escrito inicial de un juicio sucesorio y no por el resto de su contenido, no constituye una violación sustantiva, pues si bien impide el ejercicio de algunas acciones, lo cierto es que esas cuestiones son de carácter meramente procesal que no vulneran de forma actual ni material la vida, el patrimonio, la libertad o algún otro derecho de tal naturaleza; en consecuencia, resulta improcedente el juicio constitucional, pues dicha actuación no da por concluida ninguna de las etapas que conforman el juicio sucesorio.". En tal virtud, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al advertirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la propia Ley, se sobresee en el juicio de amparo. (.)" Finalmente, se deja en la Secretaría de Acuerdos de este tribunal el proyecto de resolución del presente recurso de revisión en versión pública para consulta de los quejosos, y desahogada la vista o transcurrido el plazo hágase del conocimiento al Magistrado ponente para los efectos a que haya lugar...
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