Karla Elizabeth Ahumada Sánchez
Expediente 228/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 19/05/2023
Partes del expediente
- Karla Elizabeth Ahumada Sánchez
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los documentos que en copia certificada u originales hubiere exhibido; con el apercibimiento que de no hacerlo así, el documento de que se trate podrá ser destruido junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; así mismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, fracción I), inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver de oficio si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de dos de mayo de dos mil veintidós, se sobreseyó por una parte y, por la otra se concedió la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "OCTAVO. Precisión de los efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para el efecto de que las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, realicen lo siguiente: 1. Den respuesta de inmediato y por escrito (en forma congruente), a la solicitud elevada por la parte quejosa mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veinte. 2. Notifiquen la respuesta otorgada a la aquí quejosa, en términos de la legislación aplicable a la autoridad responsable, dado que no se advierte un domicilio señalado para tal efecto. (.)" Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 285/2022. Causa ejecutoria y requiere cumplimiento. Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, confirmando la sentencia recurrida. En consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: a) Dar respuesta inmediata y congruente a la solicitud realizada por la parte quejosa el siete de enero de dos mil veinte. b) Notificar la respuesta otorgada a la parte quejosa en términos de la legislación aplicable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Previo requerimientos e informes de gestiones, por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la Delegada de la las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; exhibió oficio ******************** de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual da respuesta al escrito de siete de enero de dos mil veinte presentado por la parte quejosa; misma que le fue notificada personalmente el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, por medio de su autorizado legal, de acuerdo a manifestación expresa realizada por escrito y presentado ante este órgano jurisdiccional el veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Asimismo, mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se le tuvo a la autoridad responsable informando la entrega de la cantidad correspondiente por concepto de indemnización global a la parte quejosa; de todo lo anterior, remitiendo constancias que lo acreditan. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Ahora bien, en proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, se le tuvo a Juan Francisco Rodríguez Ibarra, autorizado de la parte quejosa, por desahogada la vista otorgada mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en la que señala que no debe tenerse por cumplida la sentencia de amparo, dado que la responsable omitió exhibir documento en el que especifique que la cantidad devuelta a la parte quejosa, coincide con las cuotas aportadas ante ISSSTECALI, ni la cantidad a la que ascendió, y si aplicó de manera adicional el mes de salario que contribuyó de conformidad con el articulo 87 fracción II de la Ley de ISSSTECALI. Manifestaciones infundadas de la parte quejosa. Se tienen por hechas las manifestaciones del promovente relativas a que, considera, las autoridades responsables no dieron cabal cumplimiento al fallo protector; sin embargo, no le asiste la razón puesto que las consideraciones que vierte son encaminadas a cuestiones y aspectos de legalidad de la respuesta dada por las responsables a la petición de la parte quejosa, aspectos que, se encuentran implícitos en su propia actuación como autoridades, por mandato de diverso precepto constitucional al que se consideró vulnerado -artículo 8° constitucional-; por lo que, en ese orden de ideas, no se debe constreñir a las autoridades responsables, a priori, a respetar un derecho fundamental que no se estimó violado. Cierto, los efectos de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, únicamente constriñeron a las autoridades responsables a dar respuesta al escrito de petición y proceder a su notificación, ya que, precisamente la falta de dicha contestación es lo que constituyó la materia de concesión del amparo solicitado, sin que la sentencia de amparo tenga un mayor alcance al ya referido. En este tenor, se tiene que conforme a la constancia remitida por la autoridad responsable, ésta dio respuesta a la solicitud del quejoso, de manera escrita, fue completa e integral pues atendió a la solicitud planteada. Respuesta que es congruente, en la medida que se aborda frontalmente la petición planteada por el agraviado; al margen que sea correcta o incorrecta dicha contestación, puesto que lo cierto es que, en todo caso, el impetrante podrá combatirla, ante la autoridad competente y a través de los medios ordinarios que considere pertinentes. De ahí, que sean infundadas las manifestaciones de la parte solicitante de amparo. Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de este propio Circuito: "Registro digital: 2024038 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa Tesis: PC.XV. J/6 A (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." Similar criterio, aquí sostenido, fue determinado por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja ********************, interpuesto contra la determinación que decretó el fallo no cumplido de la sentencia de amparo, en el juicio de amparo 70/2021 del índice de este mismo Juzgado de Distrito, el cual se trae a la vista como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º. Tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que invoca lo siguiente: "Registro digital: 187526 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.1o.P. J/25 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002, página 1199 Tipo: Jurisprudencia HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la delegada de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Baja California, mediante oficio ********************, dio contestación a la solicitud de la parte quejosa de siete de enero de dos mil veinte, misma que se advierte que fue debidamente notificada. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a cuatro de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra en el expediente físico ni electrónico, la constancia de notificación personal relativa a la parte quejosa del proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós; en el que se le dio vista con el cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable a la sentencia de amparo, por tanto: Se comisiona al actuario judicial que corresponda. Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a quien corresponda la integración del presente asunto, para que realice lo siguiente: 1) En caso de que dicha notificación ya se encuentre practicada, deberá integrar debidamente el expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, lo anterior dentro del término de tres días; 2) En caso de que no se hubiere llevado a cabo la notificación ordenada, dentro del término con que se contaba para tal efecto, deberá practicarse en forma personal de inmediato e integrarse debidamente el expediente electrónico. Cúmplase. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Dulce Asunción Galindo Jiménez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de diciembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de cinco de diciembre de esta anualidad. Manifestaciones. Ahora, en atención a sus declaraciones, dígasele que se acordará lo conducente a éstas, en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así, lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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