Karla Edith Vazquez Cruz
Expediente 61/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/02/2017
Partes del expediente
- Karla Edith Vazquez Cruz
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA PORLISTA A LA PARTE PROMOVENTE DEL AMPARO, LA RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO EN CUROS, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional, se pronuncia de oficio sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: Obligaciones básicas: ". 1. La Sala responsable, emita una resolución en la que ordene, a quien corresponda, dejar sin efectos el embargo, congelamiento, bloqueo o inmovilización de los fondos existentes en la cuenta bancaria 0409464928, de la Institución de Crédito denominada Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, grupo Financiero Banorte. 2. Para el caso, de que se haya dispuesto y/o realizado alguna trasferencia de cantidad alguna de dicha cuenta bancaria ordene a la institución bancaria correspondiente su inmediata restitución. Protección constitucional que se hace extensiva a los actos de ejecución, atribuidos al 2. Actuario Adscrito a la Primera Sala del Tribunal Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas y 3. Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, dado que los mismos no se reclaman por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la que adolece el acto de la autoridad ordenadora, que como se ha visto es violatorio de garantías." SIC Ahora, mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable 1. Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, 2. Actuario de su adscripción y 3. Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con sede en esta ciudad. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido del oficio TTB/0032/PS/SA/2017, de cinco de enero del año en curso, se advierte que la autoridad responsable tuvo por recibido el diverso con terminación 003/2017, signado por la Jefa de la Unidad Administrativa del Tribunal del Trabajo Burocrático, en el cual remitió copia certificada de la ficha de depósito realizado al Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, a la cuenta 0409464928, a nombre del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por la cantidad de $28,277.64 (veintiocho mil doscientos sesenta y siete pesos con sesenta y cuatro centavos 64/100 M.N.), apreciable a foja doscientos veintiséis. Por tanto, es evidente que el Tribunal responsable restituyó a la parte quejosa, la cantidad total del importe congelado decretado en los fondos existentes de la cuenta bancaria 0409464928. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo solicitado y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Dése vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las copias certificadas de documentos exhibidas en autos; lo anterior, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, apercibida que, en caso de no hacerlo, podrán ser destruidas junto con los expedientes, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir en día hábil en el horario de diez a trece horas. Notifíquese personalmente. ..
- Principal
veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Vista la impresión de demanda que se obtuvo de forma íntegra del Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE), turnada vía electrónica por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, signada por ***, contra actos que reclama del Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 61/2017-XI, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas. Asimismo, de la papeleta impresa por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutierrez Chiapas, se advierte que se asentó no existía la evidencia criptográfica y/o firma electrónica de la promovente ****, al pesentar su demanda de amparo. Ahora bien, previo a estar en aptitud de pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o incompetencia de la demanda de amparo, es menester puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 19, publicada en la página 17, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio que el escrito de amparo debe considerarse un todo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Al caso es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Así, del análisis de la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de una demanda de amparo, es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones: La demanda de amparo fue recibida a través del módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos del artículo 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remitida a través de este último a este órgano jurisdiccional, por lo que es evidente que no es susceptible de estamparse una firma autógrafa. Sin embargo, conforme a los lineamientos establecidos el Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; así como en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma. En el caso en concreto, la demanda de amparo que nos ocupa, no presenta la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la promovente KARLA EDITH VÁZQUEZ CRUZ. Ahora bien, es menester recordar el contenido de los preceptos legales aplicables, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, y demás disposiciones aplicables: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; (.)". Ley de Amparo. "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 24. (.) Cuando el quejoso y el tercero interesado cuenten con Firma Electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior, utilicen o hagan uso de ésta en su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma". Acuerdo General Conjunto número 1/2013. "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados". "Artículo 4. Toda persona física, incluyendo a los servidores públicos, que pretenda tener acceso a la FIREL deberá obtener el certificado digital respectivo, conforme a lo siguiente: a) El certificado digital sólo podrá ser solicitado y autorizado a personas físicas, con independencia de que éstas sean representantes de personas morales públicas o privadas; (.)" "Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. (.)" "Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. (.)" "Artículo 10. Los certificados digitales expedidos por las Unidades de Certificación, son el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad como de una firma autógrafa que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación y además son intransferibles, irrepetibles, personales y únicos, además de que su uso es responsabilidad exclusiva de la persona que los solicita y se le otorgan". Acuerdo General Conjunto 1/2015. "Artículo 64. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña", y vincular al registro su firma electrónica. El registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos". De la interpretación de los numerales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Por otro lado, la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, en el caso de las demandas de amparo promovidas electrónicamente, el uso del certificado digital de firma electrónica es el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad como de una firma autógrafa y permite la identificación del usuario o del autor del documento, en ese sentido, para tener la plena certeza de que la persona que promueve "en línea" es la persona que tiene la voluntad de hacerlo. Es decir, cuando una persona desea presentar una promoción o una demanda de amparo a través de los sistemas establecidos para tal efecto, debe firmar electrónicamente la promoción de que se trata, a fin de que el órgano que conozca de dicha promoción, tenga la plena certeza de que quien la presenta en el sistema que al efecto ha establecido el Consejo de la Judicatura Federal, es la persona que imprime su voluntad en el documento. En ese sentido, se tiene que el certificado de firma electrónica, hace las veces de la firma autógrafa en un documento presentado electrónicamente. Asimismo, de los dispositivos transcritos, se aprecia con claridad que en cuanto a las personas morales, el certificado digital de firma electrónica para promover un juicio de amparo debe corresponder a la persona física que legalmente las represente, pues así se encuentra establecido claramente en el artículo 6. del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. En el caso que nos ocupa, tenemos que la demanda de amparo que promueve KARLA EDITH VÁZQUEZ CRUZ, no presenta la evidencia criptográfica del certificado de firma electrónica de la promovente, es decir, la demanda de referencia no se encuentra firmada por la quejosa. Virtud a lo cual, no se puede tener la certeza de que la promovente, pretenda instar la acción constitucional a través del juicio de amparo. En esos términos, al no estar firmada dicha demanda de amparo por quien aparece como promovente en su texto, trae como consecuencia, que no se ha interpuesto legalmente la misma; pues resulta que la falta de firma torna inexistente a la expresión de voluntad de la quejosa de esta instancia federal. Bajo esas circunstancias, se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de firma electrónica), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo que intenta promover KARLA EDITH VÁZQUEZ CRUZ, con apoyo en el diverso numeral 113, del citado cuerpo de normas. Apoya a lo anterior, la tesis VI.2o.692 K del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 435, tomo XIV, noviembre de 1994, Octava época, Semanario Judicial de la Federación, del siguiente epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimir su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes". Asimismo, en lo conducente, se invoca, la tesis VI.2o.C.215 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, noviembre de 2004, página 2025, registro electrónico 180060, que dice: "SOBRESEIMIENTO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DEMANDA UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO DEVIENE IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior, el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no se puede tener como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII y 4o., ambos de la Ley de Amparo, considerados de manera relacionada". También se invoca, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo VII, enero de 1991, página 210, registro electrónico 223810, que reza como sigue: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTAR SUSCRITA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La demanda de amparo debe estar firmada por quien la formula, pues tal formalidad es indispensable por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si dicha demanda no está suscrita por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no se ha promovido legalmente el juicio de garantías". DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Tomando en consideración que la parte quejosa no señala domicilio para oír y recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese el presente proveído por lista de acuerdos y las subsecuentes notificaciones, en tanto subsane su omisión. Se tiene a la parte quejosa autorizando en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo vigente, a la persona que indica, toda vez que su cédula no se encuentra en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. .
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