Karla Daniela Monroy Aguilar
Expediente 1425/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1425/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Karla Daniela Monroy Aguilar
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica, por igualdad jurídica, en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), de dicho acuerdo, pues se trata de un sobreseimiento fuera de audiencia; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el oficio enviado por la Secretaria y Presidente del Tercer Arbitro, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos y remite copia certificada del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 01/761/2013, de su índice, así como la constancia de notificación respectiva. Asimismo, con fundamento en lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que adjunta la autoridad responsable, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, así como del oficio de cuenta, se advierte que ha sobrevenido la causal de improcedencia por cesación de efectos del acto reclamado, contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la parte quejosa reclama esencialmente la omisión de la responsable de pronunciarse respecto de la promoción que presentó la parte quejosa el dieciocho de enero de dos mil veintidós, la cual fue registrada con el folio 001657, dentro de los autos del juicio laboral 01/761/2013, de su índice. Sin embargo, de las constancias que adjuntó la autoridad oficiante a su informe de cuenta, se advierte que el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se pronunció respecto de dicha petición y dictó auto de ejecución de laudo, dentro del expediente laboral de origen; determinación que fue notificada a la parte actora, aquí quejosa, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; tal como se advierte de la constancia de notificación que adjuntó a su oficio la autoridad responsable de cuenta, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por autoridad en uso de sus facultades legales. En consecuencia, el estado de las cosas ha quedado como si el acto reclamado nunca hubiera existido, de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, pues dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Novena Época, marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por tal motivo, se deja sin efectos el día y hora señalados para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 21/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado que rinde el Presidente y Tercer Arbitro y Secretaria del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; con su contenido y anexo dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. En términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, se tiene por señalado como domicilio procesal de la autoridad oficiante, para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe de cuenta y respecto de las personas que designa como delegados, se les tiene como tales en términos del artículo 9 de la Ley invocada. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tienen por admitidas las pruebas documentales que anexa a su informe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva el juicio en que se actúa. Se toma conocimiento de lo informado por la autoridad responsable en el sentido de que no existe diverso juicio de amparo que se relacione con el presente asunto. Ahora, toda vez que la autoridad oficiante no remite copia del escrito que le fue presentado el dieciocho de enero de dos mil veintidós, registrado con folio 001657, ni las constancias de notificación respecto del proveído que le recayó a dicha promoción, dentro del expediente laboral número 01/761/13, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación, remita copia certificada del escrito presentado con número 001657, así como copia de la notificación realizada al proveído que le recayó al mismo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo ordenado en el párrafo anterior, dentro del plazo que se le concede o manifestar el impedimento que al respecto se tenga, se le impondrá una multa equivalente de treinta valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260 de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar oportunidad a su debida notificación, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las diez horas con veinte minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
- Principal
Juicio de amparo: 594/2022 Quejosa: Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 594/2022. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el uno de abril de dos mil veintidós, a través del portal de servicios en línea de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ******************** por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra preceptos normativos de diversas municipalidades (********************), correspondientes a diferentes entidades federativas (********************), que con motivo de la separación de los juicios de amparo decretada en el auto de admisión de la demanda del diverso expediente 305/2022, para efectos del presente juicio, se tiene como autoridades responsables al [1] Congreso y [2] Gobernador, ambos del Estado de Puebla, así como al [3] Ayuntamiento Constitucional y [4] Tesorero municipal, ambos del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, por los actos reclamados siguientes: "V. ACTOS RECLAMADOS. La moral quejosa reclama los siguientes actos: (.) LEYES ESTATALES: La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla. LEYES MUNICIPALES: (.) 11. La Ley de Ingresos para el Municipio de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal de 2022. (.)" 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal. 3. Separación de juicios, admisión de la demanda y trámite del juicio. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo indirecto 305/2022, este juzgado ordenó la separación de autos, toda vez que la quejosa reclamaba la inconstitucionalidad de preceptos normativos de diversas municipalidades (********************), correspondientes a diferentes entidades federativas (********************), las cuales se determinó que por su naturaleza debían analizarse mediante resoluciones que por separado se emitieran, por encontrarse desvinculados entre sí, por lo que ordenó elaborar ********************legajos compuestos con copia íntegra de la demanda de amparo, a fin de tramitar por cuerda separada un juicio de amparo por cada uno de los municipios cuya Ley de Ingresos se impugnaba. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2ª./J. 165/2009, con registro digital 166225, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. SI DIVERSOS JUECES DE DISTRITO LA TIENEN POR RAZÓN DE TERRITORIO PARA CONOCER DE LA DEMANDA EN LA QUE SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DERIVADA DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO, Y SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES A LOS TESOREROS DE VARIOS MUNICIPIOS DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SE SURTE A FAVOR DEL QUE PREVINO." Con uno de los legajos de la demanda formados por virtud del auto de referencia, se giró oficio a la Oficina de Correspondencia de Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a efecto de que se turnara a este mismo juzgado, el cual se recibió en dicha oficina el veintiséis de abril de dos mil veintidós, y se registró en este juzgado con el número de expediente 594/2022, en donde por auto de veintisiete de abril siguiente, se admitió a trámite la demanda única y exclusivamente por cuanto hace a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022 y la Ley de Ingresos para el Municipio de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022. Asimismo, se precisó que no había lugar a tener con el carácter de autoridad responsable a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, pues no actuaba como autoridad para efectos del amparo al determinar y recaudar el derecho por el servicio de alumbrado público, sino en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal, dado que sus actos normalmente derivaban de la relación contractual inherente a la prestación del servicio que tiene encomendado; por ello, se le requirió para que en el término de tres días informara la mecánica de cálculo y cobro del derecho de alumbrado público, aplicado a la quejosa en los diversos establecimientos del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento se le impondría una multa, informe que fue rendido en su oportunidad. De igual forma, este juzgado pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no ordenó emplazar tercero interesado al no advertir que le asistiera tal carácter a persona alguna; le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que realizaran manifestación alguna al respecto; y, fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el once de agosto de dos mil veintidós, conforme a lo asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, en razón de que se reclama el cobro del derecho de alumbrado público, que conforme a lo informado por la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, no fue aplicado a la quejosa; por tanto, no tuvo ejecución dicho acto, por lo que la competencia se surte a favor de este juzgado federal que ejerce jurisdicción en todas las materias, por ser el que previno en el conocimiento del asunto, en términos del párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Congreso del Estado de Puebla; y [2] Gobernador del Estado de Puebla. La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla, con motivo de su acto de aplicación. La Ley de Ingresos para el Municipio de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2022, con motivo de su acto de aplicación. [3] Ayuntamiento Constitucional de Izúcar de Matamoros, Puebla; y [4] Tesorero municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. c) El cobro del derecho de alumbrado público correspondiente a febrero de dos mil veintidós (del pago del servicio de energía eléctrica), en relación con los establecimientos comerciales de la parte quejosa que se encuentran dentro del Municipio de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla. lll. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el cobro de la contribución reclamada al [3] Ayuntamiento Constitucional y [4] Tesorero municipal, ambos del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, pues con independencia de que no rindieron informe justificado, no puede tenerse por cierto el acto reclamado, en razón de que la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, informó de forma superveniente en este juicio que en el municipio de referencia no se realizó cobro alguno respecto de los números de servicio de los establecimientos comerciales de la parte quejosa. Además, porque de las citadas autoridades se reclama el cobro del derecho de alumbrado público, correspondiente a febrero de dos mil veintidós, en relación con el establecimiento comercial de la quejosa que se encuentra dentro del municipio citado; sin embargo, del informe rendido por la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, se advierte que en el citado municipio no se realizó cobro alguno a la impetrante, en concepto de derecho de Alumbrado Público en lo que va del ejercicio fiscal 2022. En consecuencia, ya que no se acreditó el acto reclamado al [3] Ayuntamiento Constitucional y [4] Tesorero municipal, ambos del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, lo cual no fue desvirtuado por la parte quejosa y del informe rendido en forma superveniente por la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, no se advierte que se haya realizado el cobro de la contribución reclamada, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto del acto y autoridades responsables precisadas. Existencia de los actos reclamados. Son ciertas las normas reclamadas a las autoridades responsables [1] Congreso y [2] Gobernador, ambos del Estado de Puebla, pues lo aceptaron al rendir su informe justificado, y las leyes no son objeto de prueba, como lo dispone el artículo 86 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; de ahí que se tenga por acreditada la existencia de las normas reclamadas. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, se advierte que respecto de las normas reclamadas al [1] Congreso y [2] Gobernador, ambos del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, -este último aplicado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo, porque no se acreditó un acto de aplicación. Lo anterior, pues el citado artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que tendrá el carácter de quejoso quien aduzca un interés jurídico o legítimo, es decir, la parte quejosa deberá ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa; en consecuencia, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, concede a su titular la facultad de acudir ante la autoridad correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Asimismo, las bases que regulan el amparo contra leyes se establecen en los artículos 17, fracción I, 61, fracción XII y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, fundamentalmente tales disposiciones ubican el momento en que la norma tildada de inconstitucional ocasiona a la persona un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo cual conlleva a determinar a partir de qué momento y de qué plazo dispone el impetrante para ejercer la acción constitucional. También, de esos artículos invocados se sigue que las disposiciones legales de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir: a) Si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al quejoso (autoaplicativas); o bien, b) Si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que, por su sola expedición, le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad; es decir, se trata de leyes que al iniciar su vigencia generan obligaciones de hacer, dejar de hacer o de dar, para las personas a quienes están destinadas. El plazo para impugnar las normas de tal naturaleza es de treinta días a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Por cuanto al segundo supuesto, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa. El término con que cuenta el quejoso para promover el juicio de amparo, en ese caso, será de quince días, según se advierte del artículo 17, párrafo primero, de la ley citada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 198200, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Así, por cuanto a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla y la Ley de Ingresos para el Municipio de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2022, se actualiza la causa de improcedencia explicada, dado que éstas fueron reclamadas con motivo de su primer acto de aplicación, que la quejosa precisó en la demanda de amparo se realizó por la Comisión Federal de Electricidad en febrero de dos mil veintidós, a través del cobro centralizado que le realizó del derecho de alumbrado público en cada uno de los municipios de las entidades federativas especificadas en tal escrito de demanda; es decir, las citadas normas generales fueron impugnadas con el carácter de heteroaplicativas. Sin embargo, en el caso, no le causan perjuicio a la parte quejosa, en la medida de que no le fue aplicado ninguno de los preceptos legales de las citadas legislaciones, que establecen el cobro del derecho de alumbrado público reclamado; pues las referidas normas se impugnaron con motivo del cobro centralizado de tal contribución realizado por la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, en febrero de dos mil veintidós, en relación con el establecimiento comercial de la quejosa que se encuentra dentro del municipio de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla; y, del informe que le fue requerido a la citada Comisión por este órgano jurisdiccional, documental a la que se le otorga valor probatorio en términos del artículo 197 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que en la fecha reclamada -febrero de dos mil veintidós- y en lo que va del ejercicio fiscal 2022, no se realizó cobro alguno en el concepto señalado. Sin que dicho cobro fuera acreditado por la parte quejosa, toda vez que de las impresiones de las facturas y el comprobante de recepción de pagos que adjuntó a la demanda de amparo, expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, los cuales tienen valor probatorio en virtud de que se generan a través de medios electrónicos, cuentan con cadena original y sello digital que permite autenticar su contenido, no se demuestra que se haya realizado el cobro del derecho de alumbrado público en el municipio de referencia. En ese sentido, las pruebas allegadas no revelan que las normas reclamadas le hubieren sido aplicadas a la parte quejosa, pues como se dijo, no le fue cobrada cantidad alguna en concepto de derechos de alumbrado público, como se advierte del informe que en forma superveniente rindió la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, en cuyo concepto "Importe DAP" se informó que en el periodo reclamado se cobró "********************" pesos. Así, toda vez que a la parte impetrante correspondía probar los hechos de sus afirmaciones de conformidad con el artículo 81 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que no se demostró en el presente juicio de amparo conforme a los medios de prueba que obran en autos; entonces considerando que la impugnación de una ley heteroaplicativa debe ser a partir del primer acto de aplicación en perjuicio del particular, si en el caso no se advierte aplicación alguna de las normas tildadas de inconstitucionales, en perjuicio de la parte quejosa, el juicio de amparo que se promueve en su contra es improcedente. Así, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en el juicio de amparo, respecto de las normas generales reclamadas, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados y las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en el considerando III y último de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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