Karla Cecilia Cota Valenzuela

Expediente 128/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
128/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Karla Cecilia Cota Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de junio de dos mil veintidós. I. Estado procesal. Del estado de los autos se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si las responsables cumplieron con los lineamientos de la sentencia protectora. II. Relación de constancias. Mediante sentencia de veinticinco de abril de la presente anualidad, en la cual se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal para que las responsables, en el ámbito de sus atribuciones realizaran lo siguiente: "Emita proveído en que haga efectivo el apercibimiento y declare cerrada la instrucción. Hecho lo anterior, prosiga la secuela procesal hasta el dictado del laudo en el juicio laboral 5024/2012" Posteriormente, por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se declaró que causó ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada; en consecuencia, se requirió a la responsable por el cumplimiento de la ejecutoria, antes mencionada. III. Calificativo de cumplimiento. En ese orden de ideas, por oficio recibido en este juzgado el veinticuatro de mayo pasado, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitió las constancias de once y treinta de marzo del presente año, de las cuales se advierte que hizo efectivo el apercibimiento decretado, declaró cerrada la etapa de instrucción y seguidos los actos dictó el laudo en el expediente de origen 5024/2012. IV. Vista de cumplimiento. Por lo anterior, mediante acuerdo de veintisiete de mayo de la anualidad que transcurre, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído se manifestara al respecto, con la prevención de que transcurrido dicho plazo este juzgador se pronunciaría sobre el cumplimiento de ejecutoria, sin que al respecto hiciera manifestación alguna. Por las consideraciones vertidas la sentencia de amparo se califica como totalmente cumplida sin exceso ni defecto para todos los efectos legales a que haya lugar. V. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, depúrese el presente una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió el amparo solicitado y archívese este asunto como concluido. V. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Del estado de los autos se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada, para el efecto de que la responsable en el ámbito de sus atribuciones realice lo siguiente: "( Emita proveído en que haga efectivo el apercibimiento y declare cerrada la instrucción. ( Hecho lo anterior, prosiga la secuela procesal hasta el dictado del laudo en el juicio laboral 5024/2012." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. Conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que en plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe sobre el cumplimiento de la sentencia, esto es, que remita las constancias que acredite el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente sumario -cuyos efectos se precisaron previamente-. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Apoyan a lo anterior las tesis de rubros siguientes: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con veintinueve minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, el informe justificado, rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora; y, con las constancias de notificación de la totalidad de las partes - quejosa y fiscal federal adscrito-; asimismo, se hace constar que ya transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con la documental ofertada por la junta responsable. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidos y desahogados por su especial naturaleza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 128/2022 L-III; y, Resultando: Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Por escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese mismo día, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Karla Cecilia Cota Valenzuela, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. 2. El diez de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Conciderandos: I. Competencia. 3. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado 4. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 5024/2012. 5. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. 6. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Existencia del acto reclamado. 7. Es cierto el acto atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. 8. Certeza que se corrobora con las diversas constancias relativas al juicio laboral 5024/2012 que la Junta responsable remitió el mediante oficio de veintidós de marzo de dos mil veintidós, las cuales se tienen a la vista para resolver y que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. IV. Consideraciones jurídicas 9. Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se configure alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. 10. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, dado que la responsable no se ha ajustado a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo para el dictado del laudo. 11. El concepto de violación es fundado, toda vez que el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados el derecho de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla los subderechos o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. 12. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." 13. Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. 14. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. 15. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 16. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. 17. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. 18. Por su parte, de los numerales 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que una vez desahogada la totalidad de las pruebas y formulados los alegatos de las partes, el secretario hará la certificación correspondiente y se dará vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con la precisión que de no realizar manifestación alguna, de oficio se procederá al cierre de instrucción. 19. Una vez cerrada la instrucción, el auxiliar de la junta, dentro del plazo de diez días, formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará copia a los integrantes de ésta, quienes a su vez, dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrán ordenar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo dentro de un lapso de ocho días. 20. Después de haber transcurrido dicho plazo o desahogadas las diligencias pendientes, el presidente de la junta citará a los miembros para la audiencia discusión y votación, la que se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes al que haya concluido el término fijado, o el desahogo de las diligencias respectivas. 21. Finalmente, una vez aprobado el proyecto de resolución, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los integrantes de la junta, el cual, se pasará al actuario para que lo notifique personalmente a las partes; lo anterior, suma un aproximado de treinta y tres días. 22. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado, se advierte que por proveído de ocho de diciembre de dos mil quince, la responsable declaró terminado el periodo de alegatos y concedió el término de tres días a fin de que manifestaran su conformidad con la certificación de dicho tribunal laboral y si quedaban pruebas pendientes por desahogar; y, no realizaban manifestación alguna dentro del término concedido, se le tendrían por desistidos de las mismas y se acordaría lo conducente; de lo anterior, quedó debidamente enterada, notificada y apercibida la parte actora por conducto de su representante legal, en el mismo momento de la diligencia de desahogo de pruebas y alegatos; asimismo, ordenó notificar personalmente a la parte demandada mediante cedula de notificación que se fije en los estrados de ese tribunal laboral; circunstancias que aconteció el ocho de enero de dos mil dieciséis. 23. Por lo que es notorio que la responsable no se ha ajustado a los plazos que rigen el procedimiento laboral, toda vez que a la fecha han transcurrido más siete años y tres meses, sin que se advierta que se hubiere hecho efectivo el apercibimiento decretado y, como consecuencia de ello, se hubiere cerrado la instrucción y ordenado la remisión del expediente a la sala de dictámenes para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, en términos de los artículos 885 del Ley Federal del Trabajo. 24. En ese tenor, se concluye que vulnera el derecho a una administración pronta y expedita de justicia que tutela a favor de los justiciables el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que, como lo refiere la parte quejosa, el tribunal responsable ha retardado la resolución del juicio; por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. 25. Finalmente, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que le impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. V. Decisión 26. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable en el ámbito de sus atribuciones realice lo siguiente: Emita proveído en que haga efectivo el apercibimiento y declare cerrada la instrucción. Hecho lo anterior, prosiga la secuela procesal hasta el dictado del laudo en el juicio laboral 5024/2012. 27. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve 28. Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Karla Cecilia Cota Valenzuela, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados IV y V de este fallo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de abril de dos mil veintidós. Integración del oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexo firmado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; mediante el cual exhibe pruebas documentales, al respecto dígasele que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña, sin perjuicio de hacer relación de ellas al dictarse la sentencia respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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