Karla Berenice Preciado Rosas

Expediente 1232/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1232/2020
Año
2020
Actuaciones
24
Última actuación
08/12/2021

Partes del expediente

  • Karla Berenice Preciado Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Ciudad de México, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por el que comunica el acuerdo dictado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en su expediente 1335/2021, por medio del cual acusa recibo de la demanda de amparo promovida por Karla Berenice Preciado Rosas; asimismo, manifiesta que aceptó la competencia declinada por este Juzgado mediante acuerdo de doce de noviembre del presente año, por lo que este Juzgado toma conocimiento sobre su contenido. Por otro lado, solicita le sean remitidos los incidentes de suspensión derivados del juicio de amparo a que este cuaderno de antecedentes se refiere. Atento a su solicitud, remítase el cuaderno original y duplicado del incidente que refiere, sin que sea el caso solicitar el acuse correspondiente, ya que se tomará como tal el sello de recibo del oficio que al efecto se ordena girar. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley federal en consulta, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Jorge Alberto González Sosa, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, y del análisis integral que al efecto se realiza a la demanda de amparo, escrito aclaratorio e informe justificado rendido por las autoridades responsables, así como a la totalidad de constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa; se estima necesario abordar el estudio relativo a la competencia de este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al ser de estudio preferente, independientemente de que pudieran advertirse causas de improcedencia, pues en el caso, únicamente se podrá pronunciar al respecto el juez competente. En efecto, por cuestión de estudio y método, debe analizarse en primer lugar si este órgano jurisdiccional es constitucional y legalmente competente para conocer del asunto de que se trata, por ser un aspecto de orden público, estudio preferente y oficioso. Lo anterior, dado que de examinarse dicho aspecto hasta la revisión, podría implicar la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 48, 52, 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se procede a analizar si se tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo que dio origen al sumario constitucional en que se actúa. En principio, conviene destacar que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar, las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito del siguiente modo: Jueces Federales Penales; Jueces de Distrito Especializados para Adolescentes; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal; Jueces de Distrito en Materia Administrativa; Jueces de Distrito Civiles Federales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil; y, Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Asimismo, dispone que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los dispositivos contenidos en el capítulo aludido. Igualmente se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de la autoridad responsable. Los criterios antes señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia ciento ochenta y dos (182), que es del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." (No. Registro: 919,034, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Tesis: 182, Página: 296). En este punto, se estima oportuno imponerse de lo que prevén los artículos 52, 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales son del tenor literal siguiente: Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia del Derecho de Réplica. Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con las disposiciones transcritas, la competencia de los Jueces de Distrito, por razón de materia, se determina esencialmente por la naturaleza de los actos que son motivo de reclamo en el juicio de amparo, lo que se robustece, además, con la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2674 del Tomo CIII, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que señala: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZÓN DE LA MATERIA. De igual forma, tiene aplicación la tesis aislada sostenida por el Tribunal Pleno conforme a la tesis de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA NO CONOCER DE UN AMPARO EN REVISION. DEBE RESOLVERSE EN RAZON A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO DE LAS AUTORIDADES. Los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las distintas fracciones que se refieren a la competencia de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia, contiene dos prevenciones diferentes: La primera, en las fracciones I y II que se refieren al amparo en revisión, y la segunda, en las fracciones tercera, que corresponden al amparo directo. Ahora bien, aquélla distribuye la competencia tomando en cuenta la naturaleza material del acto reclamado, por esa circunstancia, en los incisos b) de cada fracción I que alude al conocimiento de las Salas de este Alto Tribunal, dice que cuando se reclamen del presidente de la República reglamentos federales, por estimarlos inconstitucionales, el conocimiento corresponde a las Salas de esta Suprema Corte, según la materia de que se trate. De esta manera, si el reglamento es de naturaleza penal, corresponde a la Primera Sala, administrativa a la Segunda, civil a la Tercera, y laboral a la Cuarta; eso no obstante que todos los reglamentos serían formalmente administrativos por derivar del ejecutivo de la unión. No sucede lo mismo con las fracciones terceras de cada uno de los preceptos mencionados, que se refieren al amparo directo, en donde se finca la competencia tomando en cuenta fundamentalmente la naturaleza de las autoridades de que deriva el acto y no la materialidad de éste". En la especie, se impone destacar que la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado el siguiente: "(.) IV.- EL ACTO RECLAMADO.- De la Responsable Ordenadora, reclamo la notificación personal efectuada con fecha 02 de diciembre de 2020, con el siguiente: ASUNTO: `Notificación de rescisión del Contrato de Apertura de Crédito y Otorgamiento de Ayuda de Beneficio Social para Adquisición de Suelo, Gastos complementarios, Estudios y Proyectos, Demolición, Edificación, Obra Exterior Mayor y Sustentabilidad de fecha 08 de mayo de 2018, relativo al predio Ubicado en ******************** (.)" [Lo subrayado no es de origen]. En este punto, es oportuno destacar que en sus conceptos de violación la quejosa esencialmente argumenta que no ha incumplido con obligación alguna estipulada en el Contrato de Apertura de Crédito celebrado entre las partes el día ocho de mayo de dos mil dieciocho; no obstante la responsable le notificó la rescisión del mismo y la cancelación del financiamiento por un aparente incumplimiento. Asimismo, alega que de conformidad con el clausulado del contrato respectivo, la autoridad responsable omitió informarle dónde, cuándo y cómo se tendría que constituir el fondo de ahorro (cuya abstención de realizar aparentemente dio lugar a dicha rescisión por parte de la autoridad); aunado a que sostiene que de acuerdo con lo pactado, depende la propia voluntad del acreditado constituirlo o no. Además, asevera que, aun cuando la autoridad responsable no proporcionó la cuenta de ahorro en la que debía constituirse el referido fondo de ahorro, fue voluntad de la aquí quejosa constituirlo por medio del Billete de Depósito número ********************, expedido por Banco del Bienestar, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, que se encuentra a disposición de la responsable en la Dirección de Consignaciones Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; a efecto de cubrir las aportaciones mensuales correspondientes al periodo de mayo de dos mil dieciocho, a diciembre de dos mil veinte, esto es, desde la fecha de firma del contrato. Argumenta, entre otros aspectos, que las cláusulas del contrato suscrito son ambiguas e inconvencionales, en tanto permiten al Instituto cancelar de manera unilateral el financiamiento o crédito. Por su parte, el Instituto responsable, al rendir su informe justificado sostuvo que el contrato de mérito cumple con todas las formalidades generales y legales que debe contener todo acuerdo de voluntades, destacando que del mismo surge la causa de rescisión de que se duele la quejosa; por ende, asevera que al suscribirlo, la ahora quejosa aceptó las condiciones ahí pactadas, particularmente las aportaciones al fondo de ahorro, cuya abstención de constituir implica la rescisión del contrato, al tratarse de una obligación incumplida. Además, refiere el Instituto responsable que en términos de lo previsto por el artículo 1796 del Código Civil para la Ciudad de México, precisa que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley; por ende, sostiene que el presente sumario constitucional deriva por el incumplimiento de la relación contractual que tiene como sustento obligaciones recíprocas que contrajeron las partes. Relatado lo anterior, se impone precisar que las cláusulas de referido contrato, de las cuales sustancialmente deriva la rescisión reclamada, son del tenor literal siguiente: "(.) OCTAVA.- En este acto, "EL ACREDITADO" se obliga a constituir desde el momento de la firma de este contrato y hasta la fecha el momento en que se de la causa del inicio de la recuperación del crédito, un fondo de ahorro, mediante aportaciones en efectivo, a la cuenta de ahorro que previamente le indique "EL INVI". NOVENA.- Las partes convienen que las aportaciones que efectuará "EL ACREDITADO", en términos de lo pactado en la cláusula que antecede, se efectuarán en la siguiente forma: Una aportación mensual, por la cantidad que "EL ACREDITADO" considere oportuna, y que dependerá de su propia voluntad constituir o no. Las aportaciones necesarias para constituir el fondo de ahorro suficiente para cubrir los pagos con recursos propios y los gastos adicionales y extraordinarios que se requieran para el desarrollo del programa habitacional materia del financiamiento objeto de este contrato, acordando ambas partes que dichas aportaciones son de carácter obligatorio para "EL ACREDITADO". (.) DÉCIMA PRIMERA.- Las partes acuerdan en someter expresamente la eficacia, validez y exigencia del presente contrato, a la condición necesaria del cumplimiento de la obligación de "EL ACREDITADO" referente a la constitución del fondo de ahorro y aportaciones, a que se refieren las cláusulas octava y novena inciso B) de este contrato, estableciendo que en caso de que el monto de los recurso del fondo de ahorro, a un mes antes de que se necesite disponer de ellos, no sean suficientes para solventar y garantizar los pagos con recursos propios y los gastos adicionales y extraordinario que se requieran para el desarrollo y total finiquito del programa habitacional materia del financiamiento objeto de este contrato, "EL INVI" procederá a la inmediata sustitución de "EL ACREDITADO" por otra persona que cuente con los recursos necesarios para dar continuidad y poder finiquitar el programa habitacional del que forma parte este financiamiento, teniéndose como terminada la relación contractual con "EL ACREDITADO", y procediendo a la liquidación de cunetas aplicándosele la pena convencional mencionada en la cláusula vigésima novena de este contrato (.) VIGÉSIMA OCTAVA.- Las partes acuerdan que, para el caso de que "EL ACREDITADO", no cumpla con las obligaciones que adquiere por virtud de este Instrumento, "EL INVI" se reserva el derecho de rescindir de manera unilateral el presente contrato o de cancelar el financiamiento y/o crédito y ayudas de beneficio social objeto del mismo, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de declaración judicial y sustituir a "EL ACREDITADO", por tercera persona, como beneficiaria del financiamiento y/o crédito y ayudas de beneficio social objeto del presente instrumento. (.)". De las circunstancias previamente descritas, es posible advertir que la materia de controversia en el presente asunto tiene su origen en la relación contractual entre la quejosa y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, y la problemática a resolver necesariamente implica la interpretación y aplicación del Contrato de apertura de crédito referido, con base en el cual la autoridad en cita determinó rescindir dicho instrumento por el aparente incumplimiento de las obligaciones ahí pactadas. En ese orden de ideas, se estima que este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto, pues los actos reclamados deben considerarse de naturaleza eminentemente civil. En efecto, como ya se dijo, en este sumario constitucional se impugna sustancialmente la rescisión del contrato de crédito aludido; de tal forma, se impone precisar que las obligaciones bilaterales pactadas en el acuerdo de voluntades bajo los principios y las reglas generales que se prevén en las legislaciones sustantivas en materia civil; entonces para este órgano jurisdiccional resulta claro que de este juicio de amparo debe conocer un Juez de Distrito especializado en esa materia; máxime que sólo él podrá determinar la procedencia del juicio. De lo anterior se desprende una fuerza atractiva de la competencia del Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, que se da por exclusión de la competencia que atañe a los Jueces en materia penal, administrativa y laboral, al indicar expresamente que conocerá de los asuntos en materia de amparo que no estén enumerados en los referidos artículos 51, 52 y 55 que regulan la competencia de los Jueces de Distrito de amparo, en las materias penal, administrativa y laboral, respectivamente. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que el estudio del acto reclamado, no corresponde a las autoridades administrativas, toda vez que el mismo se ubica en el ámbito de los actos de naturaleza civil. Sobre el tema particular, es aplicable por analogía la jurisprudencia con número de registro digital 2022350, que es de rubro y texto siguientes: CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBE EJERCERSE EN LA VÍA PROCESAL CIVIL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones discrepantes en torno a cuál es la vía procesal idónea, si la civil o la vía mercantil, para reclamar la rescisión o vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito celebrado con el INFONAVIT. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega a la conclusión de que la vía procesal civil resulta idónea para reclamar la terminación o rescisión de un contrato de apertura de crédito otorgado por el INFONAVIT. Justificación: Considerando que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT) de conformidad con la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional, es el ente público con vocación de servicio e interés social cuya labor primordial es administrar el sistema del Fondo Nacional de Vivienda que permita otorgar a los trabajadores un crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad inmuebles para casa habitación, en el ámbito de la función del derecho privado, celebra contratos de apertura de crédito con los trabajadores para estos fines, los cuales se sujetan e interpretan de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley del INFONAVIT, las reglas de carácter general que al efecto emita el Instituto las cuales son publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las obligaciones bilaterales pactadas en el acuerdo de voluntades bajo los principios y las reglas generales de las obligaciones contractuales que se prevén en las legislaciones sustantivas en materia civil. Por tanto, de incumplirse el acuerdo de voluntades, se da lugar a la acción de rescisión o terminación anticipada del contrato de apertura de crédito en términos del artículo 49 de la Ley del INFONAVIT, acciones que deben ejercerse en la vía procesal civil porque el contrato de apertura de crédito celebrado con el INFONAVIT no constituye un acto de comercio, al carecer de una finalidad de lucro o especulativa, sino que tiene por objeto un financiamiento mediante apertura de crédito con las condiciones más benéficas y favorables al trabajador a fin de que éste pueda liquidarlo sin exceder su capacidad de pago y hacerse propietario de una vivienda digna. (Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2022350; Instancia: Primera Sala; Décima Época; Materias(s): Civil; Tesis: 1a./J. 43/2020 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 839; Tipo: Jurisprudencia). En la ejecutoria que dio origen a la emisión del criterio previamente invocado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que aquí interesa, expuso las consideraciones que a continuación se sintetizan: Que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, ejerce una función de ente privado para la celebración de contratos de apertura de crédito para y con los trabajadores beneficiarios, con el objeto de adquisición de vivienda financiada y construida directamente por ese instituto, o bien para la adquisición de otras viviendas, su construcción, reparación o pago de pasivos, esto es, su personalidad deja de operar en la esfera de autoridad, para realizar actos entre particulares, específicamente para el otorgamiento de los créditos de vivienda. Como órgano garante del acceso a la vivienda de los trabajadores, debe velar porque los recursos de los créditos que se otorguen, se destinen precisamente para el fin de adquisición de vivienda, reparación o construcción. Que ante la falta de cumplimiento de los términos y condiciones del crédito por parte del trabajador, el Infonavit debe acudir a un proceso judicial en el ámbito del derecho privado con el fin de demandar la rescisión o bien terminación anticipada del contrato de crédito otorgado. Indicó que atendiendo a la finalidad del contrato de adquisición o mejoramiento de casa habitación que se celebra con dicho instituto, la vía idónea para incoar la acción de rescisión o terminación anticipada resulta la civil, en tanto su regulación e interpretación se desprende, entre otros aspectos, de las cláusulas estipuladas en cada contrato de crédito bajo los principios y reglas generales de las obligaciones contractuales que están incluidas en las legislaciones sustantivas en materia civil. En la celebración del contrato, adquiere relevancia el principio de autonomía de la voluntad, por ello, las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones adquiridas, se rigen por el derecho civil, en donde adquiere importancia la obligatoriedad del contrato a través del principio de exactitud en el cumplimiento de las obligaciones, pues por regla general, los contratos deben ser puntualmente cumplidos. Que al ser un contrato que versa sobre la adquisición de un derecho real (casa habitación) y que puede ocurrir, atendiendo a las obligaciones pactadas en cada caso, que se limita el dominio del bien materia del crédito y registrarse dicho gravamen, al constituirse como garantía hipotecaria del crédito otorgado, es un hecho notorio que la legislación adjetiva civil de diversas entidades regulan un procedimiento especial para cualquier acción o pretensión que tenga por objeto la nulidad, cancelación, o bien el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice. Consideraciones que se estiman aplicables al presente asunto, en tanto comparte similitudes sustanciales con los actos reclamados y autoridades responsables señalados en el sumario constitucional en que se actúa. Sin que resulte relevante la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, pues como se precisó al realizar la fijación del acto reclamado, la competencia para conocer de un juicio de amparo se debe determinar atendiendo, primordialmente, a la naturaleza del acto reclamado y su contenido. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, y toda vez que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del acto reclamado; por ende, remítase el expediente al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional que se encontraba prevista para llevarse a cabo a las trece horas con veinte minutos del trece de diciembre de dos mil veintiuno. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el juez al que se le declina competencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Karla Berenice Preciado Rosas, quejosa en el presente asunto, por el que realiza diversas manifestaciones en relación al requerimiento formulado a la autoridades responsables el veinte de agosto del año en curso; en consecuencia, y toda vez que por acuerdo de diecinueve de octubre del año actual, se tuvo a Ricardo Molina Teodoro, apoderado del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en representación de las autoridades responsables de dicho Instituto de Vivienda, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, desahogando el requerimiento formulado en autos, dígasele a la quejosa que deberá de estarse a lo ahí determinado. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito signado por Karla Berenice Preciado Rosas, quejosa en el presente asunto, por el que solicita se le aperciba con media de apremio a las autoridades responsables al no atender el requerimiento formulado por este Juzgado; en atención a su contenido, y toda vez que por acuerdo de veinte de octubre del año actual, se tuvo a Ricardo Molina Teodoro, apoderado del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en representación de las autoridades responsables de dicho Instituto de Vivienda, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, desahogando el requerimiento formulado en autos, por lo que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado. Notifíquese.

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