Karla Azucena López González

Expediente 784/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
784/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
03/10/2018

Partes del expediente

  • Karla Azucena López González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico (fojas 165 a la 166), manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diez de agosto del año en curso (folio 167), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Sin que pase inadvertido que por un error se asentó como fecha del acuerdo el diez de agosto de la presente anualidad, siendo el correcto el diez de septiembre del año en curso, dado que fue el que se notificó y en esencia, se le hizo del conocimiento de la parte quejosa el acatamiento a la sentencia concesoria del amparo informado por la autoridad responsable. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 100 a la 116), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte gestionante del amparo lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la misma, asimismo, para que se le devolviera la cantidad de $17,534.48 (diecisiete mil quinientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional), que resulta lo pagado por concepto de la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos de Fomento a la Educación, Asistencia Social y Universidad Autónoma de Nayarit, debidamente actualizada y sin la cantidad de "$280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde a la cuota fija mínima de las contribuciones adicionales a que está obligado el contribuyente, respectivamente; asimismo, sin el cobro correspondiente a cancelación de inscripción que ascendió a $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), de cuya resta se obtiene el numerario de $17,106.48 (diecisiete mil ciento seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, en el mes de septiembre de dos mil dieciocho, se efectúo la entrega de la cantidad actualizada a la parte quejosa, mientras que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, por lo que el periodo de actualización comprende dicho lapso, sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual inmediato anterior al período involucrado, tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492 y para el mes de febrero de dos mil dieciocho de 132.009. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.761251126817111; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $17,106.48 (diecisiete mil ciento seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional). Ante ello, a través del oficio recibido enunciado con anterioridad, al Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia bancaria en favor de la parte promovente de garantías por la cantidad de $17,290.16 (diecisiete mil doscientos noventa pesos con dieciséis centavos moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva (foja 166). Luego, al restar a la cantidad de previa mención la diversa correspondiente al remanente a devolver, se aprecia que devolvió un excedente de $183.68 (ciento ochenta y tres pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional); empero, dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de requerirla, así como los que efectúe el quejoso para entregarla, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico (fojas 165 a la 166), manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diez de agosto del año en curso (folio 167), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Sin que pase inadvertido que por un error se asentó como fecha del acuerdo el diez de agosto de la presente anualidad, siendo el correcto el diez de septiembre del año en curso, dado que fue el que se notificó y en esencia, se le hizo del conocimiento de la parte quejosa el acatamiento a la sentencia concesoria del amparo informado por la autoridad responsable. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 100 a la 116), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte gestionante del amparo lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la misma, asimismo, para que se le devolviera la cantidad de $17,534.48 (diecisiete mil quinientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional), que resulta lo pagado por concepto de la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos de Fomento a la Educación, Asistencia Social y Universidad Autónoma de Nayarit, debidamente actualizada y sin la cantidad de "$280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde a la cuota fija mínima de las contribuciones adicionales a que está obligado el contribuyente, respectivamente; asimismo, sin el cobro correspondiente a cancelación de inscripción que ascendió a $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), de cuya resta se obtiene el numerario de $17,106.48 (diecisiete mil ciento seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, en el mes de septiembre de dos mil dieciocho, se efectúo la entrega de la cantidad actualizada a la parte quejosa, mientras que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, por lo que el periodo de actualización comprende dicho lapso, sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual inmediato anterior al período involucrado, tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492 y para el mes de febrero de dos mil dieciocho de 132.009. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.761251126817111; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $17,106.48 (diecisiete mil ciento seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional). Ante ello, a través del oficio recibido enunciado con anterioridad, al Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia de la transferencia bancaria en favor de la parte promovente de garantías por la cantidad de $17,290.16 (diecisiete mil doscientos noventa pesos con dieciséis centavos moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva (foja 166). Luego, al restar a la cantidad de previa mención la diversa correspondiente al remanente a devolver, se aprecia que devolvió un excedente de $183.68 (ciento ochenta y tres pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional); empero, dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de requerirla, así como los que efectúe el quejoso para entregarla, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta presentado por la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Director General Jurídico, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, acompaña copia de la transferencia bancaria a favor de la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte gestionante del amparo, con el escrito de cuenta y anexo, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito suscrito por la quejosa *******, se le tiene proporcionando su registro federal de contribuyentes, la clave interbancaria, copia de la credencia de elector y comprobante de domicilio a efecto de que se le realice la transferencia bancaria por la cantidad amparada en autos; en consecuencia, agréguense a sus autos para que obren como corresponda y al efecto remítase atento oficio acompañándosele los anexos de cuenta a la responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el presente proveído inserto para su conocimiento. En el entendido, que le continúan subsistiendo los apercibimientos efectuados en los presentes autos a la autoridad de mérito. Fnalmente, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por disposición expresa de su precepto 2, se autoriza la devolución del recibo de consumo de energía eléctrica, que acompañó la parte quejosa a su escrito de cuenta, una vez cotejado el mismo, previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos la promovente y copia certificada que de éste se deje en el presente expediente.

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