Karla Arriola Delgadillo

Expediente 1199/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1199/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, Morelia, Michoacán
  • Karla Arriola Delgadillo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. ? No se devuelve constancias. Tomando en consideración que inicialmente la demanda de amparo fue presentada a través de la autoridad responsable, por lo que remitió como complemento de su informe, copia certificada del incidente de gastos y regulación de honorarios profesionales del juicio ordinario civil ****** del que deriva el acto reclamado; sin embargo, atendiendo a que no se trata de constancias originales, resulta innecesario ordenar su devolución, y se ordena su archivo de manera conjunta con el presente expediente. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Radicación. Visto el oficio que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, al que adjunta los autos originales del amparo directo civil 672/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Karla Arriola Delgadillo, por propio derecho, así como el informe justificado rendido por la juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, al que adjuntó copia certificada del incidente de gastos y regulación de honorarios profesionales del juicio ordinario civil 551/2016, de su estadística; oficio en el que comunica que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por los citados quejosos; acúsese recibo. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento, fórmese expediente y regístrese con el número 1199/2021, en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 1.2. Actualización de causa de improcedencia. En principio, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Cabe destacar que el estudio que se realiza de la demanda se efectúa en términos de la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al acto reclamado, por los motivos que se expondrán a continuación. En efecto, los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y". En el primer precepto legal transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, el cual establece que dicho medio de defensa únicamente es procedente contra actos definitivos, es decir, aquéllos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En otras palabras, la definitividad del acto reclamado, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicha instancia constitucional, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, se traduce en la obligación impuesta a los gobernados de agotar, previo a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera nulificar el acto que estima afecta su esfera jurídica. Dicho principio, previsto en la ley de la materia, deriva del máximo ordenamiento federal, en su artículo 107, fracción III, inciso b), que prevé la procedencia del amparo contra actos dentro o fuera de juicio que sean de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, aun en materia civil. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Ahora, en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictado por la juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria de veintinueve de junio del año en curso, que declaró parcialmente procedente el incidente de gastos y regulación de honorarios profesionales relativo al juicio ordinario civil 551/2016. Establecido lo anterior, cabe señalar que la fracción II del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, prevé lo siguiente: "Artículo 696. El recurso de queja tiene lugar: (.) II. Contra la denegación de apelación;". Del precepto legal antes transcrito se desprende que procede el recurso de queja contra aquellos actos que denieguen la apelación. En ese orden de ideas, al no haber agotado el medio de impugnación antes aludido -recurso de queja-, resulta inconcuso que no agotó el referido principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que implica que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que ve a dicho acto. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resultan aplicables los siguientes criterios: La tesis aislada XXI.3o.8 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1117, Tomo XIII, de Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "QUEJA, EL AUTO QUE NIEGA DAR ENTRADA A UN RECURSO DE APELACIÓN ES RECURRIBLE EN, Y NO EN AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). El auto por el cual no se da entrada al recurso de apelación, se traduce en una denegada apelación; consecuentemente, con estricto apego a la fracción II del numeral 399 del Código Procesal Civil de la entidad, ese proveído es recurrible en queja y, por tanto, puede ser corregido u ordenarse su reposición mediante la resolución que se dicte en dicho medio de impugnación, tal como lo dispone la fracción VI del artículo 402 del código procesal de referencia. Por tanto, el juicio de amparo que se promueve en contra del auto que deniega dar entrada a un recurso de apelación resulta improcedente, al actualizarse la causal prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ello, es correcto que el Juez de Distrito, con fundamento en el numeral 145 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, deseche la demanda de amparo, al advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías." Y la tesis aislada I.3o.C.22 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 792, Tomo XV, de Febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO RECTOR DEL JUICIO DE AMPARO NO SE COLMA POR HABERSE INTERPUESTO CONTRA EL ACTO RECLAMADO UN RECURSO QUE FUE DESECHADO, SI CONTRA ESTA DETERMINACIÓN PROCEDE UN DIVERSO MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE NO SE AGOTÓ. De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, este medio de defensa constitucional sólo procede contra actos definitivos, entendidos éstos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada; principio que no puede estimarse satisfecho con la circunstancia de que habiéndose interpuesto el medio de defensa ordinario éste se haya desechado, ya que en tal hipótesis resulta imperativo que de existir en contra de ese desechamiento algún otro recurso, éste se agote, y en el supuesto de no existir el acto reclamado en el juicio de garantías se haga consistir en esa inadmisión del recurso ordinario, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio que es el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad; de otra manera podría suceder, incluso, que simplemente por formalismo se interpusiera el recurso aun en una hipótesis en que resultara improcedente, como podría ser, entre otras, la extemporaneidad, para que se tuviera por cumplido el principio de definitividad de que se trata, lo que evidentemente burlaría el objetivo antes enunciado." Por tanto, al existir medio de defensa ordinario que debía interponerse en forma previa a acudir al juicio de amparo respecto del acto reclamado atribuido al juez responsable, es que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Entonces, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio por notoriamente improcedente. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". 1.3. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; asimismo, se autoriza para tales efectos a las personas que menciona.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Radicación. Visto el oficio que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, al que adjunta los autos originales del amparo directo civil 672/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Karla Arriola Delgadillo, por propio derecho, así como el informe justificado rendido por la juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, al que adjuntó copia certificada del incidente de gastos y regulación de honorarios profesionales del juicio ordinario civil 551/2016, de su estadística; oficio en el que comunica que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por los citados quejosos; acúsese recibo. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento, fórmese expediente y regístrese con el número 1199/2021, en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 1.2. Actualización de causa de improcedencia. En principio, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Cabe destacar que el estudio que se realiza de la demanda se efectúa en términos de la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al acto reclamado, por los motivos que se expondrán a continuación. En efecto, los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y". En el primer precepto legal transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, el cual establece que dicho medio de defensa únicamente es procedente contra actos definitivos, es decir, aquéllos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En otras palabras, la definitividad del acto reclamado, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicha instancia constitucional, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, se traduce en la obligación impuesta a los gobernados de agotar, previo a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera nulificar el acto que estima afecta su esfera jurídica. Dicho principio, previsto en la ley de la materia, deriva del máximo ordenamiento federal, en su artículo 107, fracción III, inciso b), que prevé la procedencia del amparo contra actos dentro o fuera de juicio que sean de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, aun en materia civil. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Ahora, en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictado por la juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria de veintinueve de junio del año en curso, que declaró parcialmente procedente el incidente de gastos y regulación de honorarios profesionales relativo al juicio ordinario civil 551/2016. Establecido lo anterior, cabe señalar que la fracción II del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, prevé lo siguiente: "Artículo 696. El recurso de queja tiene lugar: (.) II. Contra la denegación de apelación;". Del precepto legal antes transcrito se desprende que procede el recurso de queja contra aquellos actos que denieguen la apelación. En ese orden de ideas, al no haber agotado el medio de impugnación antes aludido -recurso de queja-, resulta inconcuso que no agotó el referido principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que implica que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que ve a dicho acto. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resultan aplicables los siguientes criterios: La tesis aislada XXI.3o.8 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1117, Tomo XIII, de Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "QUEJA, EL AUTO QUE NIEGA DAR ENTRADA A UN RECURSO DE APELACIÓN ES RECURRIBLE EN, Y NO EN AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). El auto por el cual no se da entrada al recurso de apelación, se traduce en una denegada apelación; consecuentemente, con estricto apego a la fracción II del numeral 399 del Código Procesal Civil de la entidad, ese proveído es recurrible en queja y, por tanto, puede ser corregido u ordenarse su reposición mediante la resolución que se dicte en dicho medio de impugnación, tal como lo dispone la fracción VI del artículo 402 del código procesal de referencia. Por tanto, el juicio de amparo que se promueve en contra del auto que deniega dar entrada a un recurso de apelación resulta improcedente, al actualizarse la causal prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ello, es correcto que el Juez de Distrito, con fundamento en el numeral 145 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, deseche la demanda de amparo, al advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías." Y la tesis aislada I.3o.C.22 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 792, Tomo XV, de Febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO RECTOR DEL JUICIO DE AMPARO NO SE COLMA POR HABERSE INTERPUESTO CONTRA EL ACTO RECLAMADO UN RECURSO QUE FUE DESECHADO, SI CONTRA ESTA DETERMINACIÓN PROCEDE UN DIVERSO MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE NO SE AGOTÓ. De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, este medio de defensa constitucional sólo procede contra actos definitivos, entendidos éstos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada; principio que no puede estimarse satisfecho con la circunstancia de que habiéndose interpuesto el medio de defensa ordinario éste se haya desechado, ya que en tal hipótesis resulta imperativo que de existir en contra de ese desechamiento algún otro recurso, éste se agote, y en el supuesto de no existir el acto reclamado en el juicio de garantías se haga consistir en esa inadmisión del recurso ordinario, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio que es el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad; de otra manera podría suceder, incluso, que simplemente por formalismo se interpusiera el recurso aun en una hipótesis en que resultara improcedente, como podría ser, entre otras, la extemporaneidad, para que se tuviera por cumplido el principio de definitividad de que se trata, lo que evidentemente burlaría el objetivo antes enunciado." Por tanto, al existir medio de defensa ordinario que debía interponerse en forma previa a acudir al juicio de amparo respecto del acto reclamado atribuido al juez responsable, es que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Entonces, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio por notoriamente improcedente. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". 1.3. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; asimismo, se autoriza para tales efectos a las personas que menciona.

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