Karla Arely Dempwolff Vera

Expediente 1375/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1375/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Karla Arely Dempwolff Vera

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, primero de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por acuerdo de doce de mayo pasado se reservó proveer en relación con las providencias reservadas en proveídos de cinco, seis, veinticuatro y treinta y uno agosto de dos mil veintiuno, con motivo de la suspensión decretada en el presente procedimiento; así como los medios probatorios ofertados, cuya admisión se reservó mediante autos de trece de mayo y quince de junio, ambos de dos mil veintiuno. En esa virtud, se procede a proveer lo conducente en relación con dichas promociones y medios de convicción ofrecidos por los quejosos. En primer lugar, por lo que ve a los registros 11656, 11689, 12644 y 13087, promociones reservadas en proveídos de cinco, seis, veinticuatro y treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, relativas las tres primeras, a los informes justificados respecto a la ampliación de la demanda de amparo, rendidos respectivamente, por el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Yucatán; la Directora General Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán; y el Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación de la Secretaria de dicha dependencia, y ésta a su vez en representación del Presidente de la República. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, respecto al informe justificado del Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación de la Secretaria de dicha dependencia, y ésta a su vez en representación del Presidente de la República; con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe con justificación. Respecto al diverso registro 13087, promoción reservada en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, relativa al escrito signado por el quejoso Rafael Acosta Solís, y en atención a las manifestaciones que realizó; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las mismas, en vía de alegatos, para ser relacionadas y tomadas en consideración al verificarse la audiencia constitucional respectiva. Ahora bien, en relación con los medios de convicción que los quejosos ofrecieron en su demanda de amparo, marcados con las letras e), f), g), h) y ll), cuya admisión se reservó mediante auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, esta juzgadora acuerda lo siguiente: Respecto al inciso e), consistente en: Las fotografías y videograbaciones de la zona afectada tomadas con un drone, por el Director de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, junto con su asistente, así como la diversa probanza marcada con el inciso ll), consistente en la información y documentación que la Delegación Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Yucatán, y Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, deberán rendir en relación con los siguientes puntos: 1. Los estudios o documentos que acrediten la línea, base previa a los inicios de trabajos en el sitio que los responsables de ejecución de la obra o trabajos para la estabilización costera en los tramos de Chicxulub Puerto a Chuburná Puerto y de Telchac Puerto a Chabihau, hayan presentado. 2. Los estudios de perfiles de playa en las zonas a intervenir y donde ya intervinieron para la colocación de los geotubos. 3. La batimetría costera de la zona de intervención para la colocación de los geotubos. 4. Los estudios de dinámica costera efectuados en al menos un período anual o de mayor plazo en la zona de trabajo y zona de influencia de las acciones para estabilización constera. 5. Los estudios de flujo de corriente y mareas que se hubieran efectuado previo y durante el proyecto de colocación de los geotubos en el sitio en mención. 6. La caracterización de la duna costera a lo largo de la zona de trabajo y en específico, los volúmenes de arena previos a la intervención, durante la colocación de los geotubos y posterior a la colocación de los geotubos. 7. El programa de monitoreo de los parámetros principales y de los indicadores ambientales a medir para evaluar la pertinencia del trabajo a efectuar y su seguimiento de acuerdo al modelo de dinámica costera del sitio. 8. El programa de monitoreo y estimación de volúmenes de arena en la duna costera que mencionan pretende estabilizar. 9. El modelo de dinámica costera previo a la intervención en el sitio. 10. El inventario de flora y fauna que hace uso de la duna costera y zona intermareal, durante un ciclo al menos anual de la zona de intervención para la colocación de los geotubos. Con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitirse, toda vez que la parte agraviada no demostró haber realizado dicha solicitud y que se le haya negado la misma. Es aplicable a lo antes expuesto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, enero de 2018, Tomo IV, página 2220, que señala lo siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL REQUERIMIENTO DEL JUEZ CONSTITUCIONAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS OMISOS EN EXPEDIR LAS COPIAS O DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LAS PARTES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE LA MATERIA, ESTÁ SUPEDITADO A QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE. El artículo 121 de la Ley de Amparo establece como requisitos para que el juzgador constitucional requiera la expedición de copias o documentos a algún servidor público que ha sido omiso en expedir las copias o documentos solicitados por las partes, que la parte interesada demuestre haber hecho la solicitud respectiva, cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para su desahogo. Sin embargo, no dispone que el requerimiento que haga el Juez de amparo a la autoridad omisa en expedir esas constancias, esté supeditado a que el Juez citado califique la pertinencia e idoneidad de las copias o documentos, como medio de prueba, sino sólo a los requisitos mencionados". Así como el criterio aislado del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, octubre de 2018, Tomo III, página 2455, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EXISTE LA PRESUNCIÓN DE QUE EL QUEJOSO NO SE ENCONTRABA EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LA CARGA PROCESAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, O LOS ELEMENTOS PARA COLEGIR QUE PUEDE ESTAR EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA O SU VIDA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIR LOS DOCUMENTOS OFRECIDOS Y ADMITIDOS AL SERVIDOR PÚBLICO QUE LOS POSEA. De conformidad con el precepto mencionado, existen dos supuestos en que el juzgador puede requerir a otras autoridades la remisión de documentos ofrecidos como pruebas por las partes en el juicio de amparo indirecto, esto es, cuando: a) estén bajo el resguardo de algún servidor público, ante la eventualidad de que su expedición o entrega no se lleve a cabo a pesar de haber sido requeridos oportunamente; y, b) se trate de actuaciones concluidas originales, a petición de cualquiera de las partes. Hipótesis las anteriores que no son aplicables cuando exista: i) la presunción de que el interesado, por la calidad en la que se encontraba (recluido), no tenía posibilidad de cumplir con la carga procesal impuesta en el propio artículo, es decir, allegarse de los documentos respectivos que ofreció como prueba en el juicio de amparo, solicitándolos a las autoridades responsables y, en caso de negativa de éstas, pedir al Juez Federal que efectuara un requerimiento a las omisas, a fin de que los remitieran directamente en un plazo no mayor a diez días, o bien, ii) elementos para colegir que puede estar en riesgo la integridad física o la vida del quejoso; circunstancias en las que será suficiente que dichos medios de convicción se oferten, a fin de que el Juez de Distrito los requiera al servidor público que los posea, y se cumpla con el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". La marcada con el inciso f), consistente en el informe que rinda Toshio Julián Yokoyama Cobá, en su carácter de Director de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del Gobierno del Estado de Yucatán, en relación al estado de destrucción total en que se encuentra la playa que existía en el área afectada, así como las causas de esa abrupta erosión y destrucción con motivo de la instalación indebida de los denominados "geotubos"; con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se desecha pues la parte quejosa pretende obtener una confesión de dicha autoridad, en relación con hechos que a ella le corresponde probar, medio de convicción estrictamente prohibido por el artículo 119 de la Ley de Amparo. La marcada con el inciso g), consistente en un informe que rinda la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad (CONABIO), respecto del estado que tenía la playa correspondiente al área afectada, así como su total destrucción, después de la implementación de los denominados "geotubos", al amparo del proyecto reclamado "Acciones para la estabilización costera en los tramos de Chicxulub Puerto a Chuburná Puerto y de Telchac Puerto a Chabihau"; con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se desecha dicho medio de prueba, al no ser la idónea para demostrar las pretensiones de los oferentes, en el sentido que con dicho informe se pueda advertir las condiciones físicas en que se encontraba el área afectada antes de la implementación de los geotubos, así como posterior a ello, en todo caso la prueba pertinente sería una pericial en materia de impacto ambiental, cuyo ofrecimiento han realizado los agraviados, y en relación con su admisión se acordará lo conducente líneas abajo. La marcada con el inciso h), consistente en copia certificada de la resolución reclamada firmada por el suplente del Titular de la Delegación Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Yucatán; no ha lugar a admitirse, toda vez que la resolución de dos de julio de dos mil veinte, contenida en el oficio 726.4/UGA-0343/000678, fue remitida por dicha autoridad responsable al rendir su informe justificado, del cual se le dio vista a los quejosos mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno. Finalmente respecto a la prueba de inspección judicial ofrecida bajo el inciso j), la cual versará en la visualización, observación e inspección que el actuario judicial realice de las afectaciones sufridas en el tramo contiguo a sus propiedades, derivado de la colocación de los "geotubos", con la finalidad de acreditar la existencia de los tubos, así como dicha afectación a la playa, a la costa y al medio ambiente; con fundamento en el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no es de admitirse, toda vez que la inspección judicial se desahogará cuando lo que se pretende probar no requiera conocimientos técnicos especiales, pues con dicha probanza se pretende demostrar, que con la instalación de los "geotubos", se produjo una afectación a la playa, a la costa así como al medio ambiente, lo cual no es susceptible por medio de los sentidos del fedatario, pues él no podría determinar en caso de que existiera dichas afectaciones, si las mismas fueron producidas por la instalación de los "geotubos", pues para ello se requiere otro tipo de medios de convicción, que determinen si existe dicha afectación, y en caso de ser así, si la misma es causada por los mencionados "geotubos", aunado al hecho que las responsables reconocieron haberlos instalado en los tramos que los quejosos alegan. Sirve de apoyo la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de 1993, página 459, que dice lo siguiente: "INSPECCION JUDICIAL, PRUEBA DE. La prueba de reconocimiento o inspección judicial, es un medio de convicción directo, a través de la percepción directa, pero momentánea, del órgano jurisdiccional, sobre los lugares, personas u objetos relacionados con la controversia. En el desahogo de la diligencia se describe el objeto a inspeccionar, haciéndose constar cuál es, sus características, señales o vestigios, es decir, sus cualidades o aspectos físicos, a fin de crear una reseña lo más cercana a la realidad; luego entonces, la finalidad de este elemento de prueba, contingente y momentáneo, es la de crear la convicción en el juez, de aspectos reales o cuestiones materiales, susceptibles de apreciarse con los sentidos". Y la de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXVII, Cuarta Parte, página 50, que señala: "CONSTRUCCIONES, LA INSPECCION JUDICIAL Y LA PRUEBA PERICIAL NO SON APTAS PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DE LAS. La inspección judicial y la prueba pericial son inaptas para acreditar la propiedad de las construcciones y mejoras efectuadas en un predio, pues dichas pruebas por su naturaleza y finalidad procesal no son adecuadas para ese objeto". En otro orden, mediante acuerdo de quince de junio del año próximo pasado, se reservó acordar respecto la prueba pericial en materia de impacto ambiental y riesgo ambiental; en ese sentido, téngase por anunciada dicha prueba, y a fin de estar en posibilidad de designar un perito en la ciencia en que versará la misma, requiérase al Fiscal General del Estado; al Delegado en Yucatán de la Fiscalía General de la República, por conducto de la Agente del Ministerio de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes al de la notificación del presente acuerdo, en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, proporcionen a este órgano de control constitucional, el nombre de un perito en materia de impacto ambiental y riesgo ambiental, con el objeto de que rinda su dictamen de ley, en relación a la prueba pericial anunciada; con el apercibimiento, que de no cumplir con lo requerido, sin causa justificada, dentro del plazo fijado, se harán acreedores a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con apoyo en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia, toda vez que se traduciría en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Así mismo, córrase traslado a las autoridades responsables, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia del escrito de referencia, por el término de tres días, legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora bien, y toda vez que la parte oferente, propuso como perito de su parte al biólogo Rubén Armando Presuel Polanco, para el desahogo de la prueba en comento, quien tiene su domicilio ubicado en la calle nueve, número ciento noventa y ocho, de la colonia "Montevideo" de esta ciudad; en tal virtud, comisiónese al actuario de la adscripción para que se sirva notificar personalmente al perito Rubén Armando Presuel Polanco, la presente determinación, en el predio en comento, para que en del término de tres días, se presente ante ese Órgano de Control Jurisdiccional, a fin de protestar el cargo que le han sido conferido, lo anterior, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, ni manifieste el impedimento que tiene para ello, se hará acreedora a una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, con apoyo en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de la Materia. Así, una vez que los peritos designados tanto por parte de este Juzgado, como de la parte quejosa, hayan protestado el cargo, se procederá a fijar fecha y hora, para el desahogo de la prueba en comento. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 81, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que AMPARÓ a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las autoridades responsables SECRETARIO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATAN, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados; apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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