Karla Aquino Villamil

Expediente 290/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
290/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Karla Aquino Villamil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de julio de dos mil veintiuno. SE ORDENA INFORMAR ESTADO DE AUTOS. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; en atención a su contenido, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que mediante proveído de diecinueve de julio del año en curso se declaró cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este expediente, circunstancia que se ordenó hacer de su conocimiento, mediante oficio 5814-1; asimismo, remítase copia autorizada de dicho proveído. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En virtud de lo relatado en el párrafo anterior, devuélvase a la autoridad oficiante las copias certificadas en dos tomos, relativas a la causa penal 12/2017, de su índice, que acompañó a su informe justificado.-. M-VI

  2. Principal

    ....Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de julio de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO. Visto el estado de los autos se advierte que la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, y que transcurrió el término concedido a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento que la responsable dio a dicha ejecutoria de amparo, sin que hiciera uso de ese derecho. Al respecto, el artículo 196 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 196. (.) Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. (.) De acuerdo con el precepto legal transcrito, una vez fenecido el plazo concedido, habiéndose desahogado o no la vista ordenada en autos, el juez de distrito deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y la resolución que se emita podrá ser en los sentidos siguientes: a) Que declare que la sentencia está cabalmente cumplida; b) Que declare que no está cumplida; c) Que al cumplimentarse se incurrió en exceso; d) Que al cumplimentarse se incurrió en defecto; o e) Que existe imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exige, por lo que procede resolver si en el presente asunto se encuentra cumplido el fallo constitucional. En la ejecutoria pronunciada en este juicio se concedió el amparo y protección de la justicia a las quejosas Karla Aquino Villamil y Teresa González Vera, para el efecto de que el Juez Cuarto del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo: ? Dejara insubsistente la resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en la causa penal 12/2017, en el que se fijaron las garantías que deben exhibir las procesadas para que surta efectos el beneficio de la libertad provisional bajo caución; y, pronunciara una nueva resolución en la cual: 1. Al fijar la garantía por concepto de libertad personal, tomara en consideración las condiciones personales y económicas de la quejosa, así como aquellas otras que influyan en la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, estableciendo en qué medida los datos por él aportados al rendir su declaración preparatoria influyeron en la fijación de dicho monto; y, 2. Precisara los motivos que tuvo para determinar la cantidad por concepto de la reparación del daño, debiendo establecer por qué el monto fijado fue el menoscabo sufrido por la parte ofendida. El argumento toral que este juzgado federal tuvo en cuenta para conceder la protección de la Justicia de la Unión fue el hecho de que la autoridad responsable al momento de emitir la resolución reclamada no precisó las razones lógicas y jurídicas para considerar que el monto fijado por concepto de libertad personal es acorde con las condiciones personales y económicas de las inculpadas; además, no ponderó la posibilidad de que la quejosas pudieran o no sustraerse a la acción de la justicia; tampoco expuso los motivos, circunstancias o causas particulares que le sirvieron de base para determinar la cantidad que como garantía por concepto de reparación del daño fijó. Al respecto, la autoridad responsable Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, mediante oficio 257/2021, remitió copia con firmas autógrafas de la resolución veinticinco de marzo del año en curso; constancias que merecen valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que el juez responsable: Dejó insubsistente la resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte dictada en la causa penal 12/2017, y emitió nueva resolución en la que fijo individualmente a las indiciadas Karla Aquino Villamil y Teresa González Vera, las cantidades que debían exhibir relativas a los conceptos de posibles sanciones pecuniarias, obligaciones procesales y reparación del daño, para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, dentro de la causa que les instruye por el ilícito de robo calificado, comedio en agravio de Boja de Hidalgo, Sociedad Anónima de Capital Variable (Prenda Mex). Para ello, precisó las disposiciones normativas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, que aluden a la libertad provisional bajo caución. Luego, con el fin de determinar el monto de la garantía de la libertad personal, procedió a estudiar: 1. Las condiciones personales y económicas de las inculpadas, esto es, los datos que manifestaron las quejosas al momento de rendir su declaración preparatoria; 2. Circunstancias personales del ofendido o la víctima; 3. Naturaleza, modalidades y demás circunstancias del delito; 4. Sanción pecuniaria que pudiera imponerse a las inculpadas Posteriormente, fijó el monto por concepto de caución personal a las quejosas para lo cual refirió: ".. es un derecho humano, que el monto de la caución sea asequible al inculpado, es decir, que dicha suma se encuentre dentro de las posibilidades económicas del procesado a fin de que pueda exhibirla y por ende, tenga la posibilidad de continuar con el proceso que se le instruye, pero en libertad. Atento a lo anterior, no necesariamente se debe de tomar en consideración la cuantía mínima, ni tampoco la máxima de la pena pecuniaria como parámetro para fijar la caución personal, además atendiendo la perspectiva de género, habida cuenta que las inculpadas resultan ser féminas, y con la finalidad de estar a lo más favorable, es por ello, que este Juzgador considera justo y equitativo fijar individualmente a las procesadas KARLA AQUINO VILLAMIL y TERESA GONZÁLEZ VERA por concepto de caución personal, la sanción pecuniaria equidistante entre la mínima y la media que corresponde al tipo penal de robo calificado, que es de cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo de la región al momento en que sucedieron los hechos (2014), por considerar esta autoridad es asequible a su capacidad económica y circunstancias personales (.) y equivalente a $28,696.50 (veintiocho mil seiscientos noventa y seis pesos 50/100 M.N.) y por cuanto hace para garantizar el cumplimiento de las obligaciones procesales de las inculpadas en mérito contraídas con motivo del beneficio concedido se fija la cantidad de $1,303.50 (un mil trescientos tres pesos 50/100 M.N.), garantías antes sumadas que ascienden a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional)." Después, con relación a la garantía de la reparación del daño y perjuicios, tomó en consideración el dictamen pericial en materia de contabilidad elaborado por el perito oficial Carlos Sosa Estrada, que estableció en su apartado de conclusiones como daño patrimonial causado a la víctima la cantidad de $157,953.00 (ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), el cual estimó eficaz para establecer dicha cantidad como monto de la reparación del daño. En ese tenor, toda vez que el juez responsable expuso las razones por las cuales consideró que el monto que fijó a las quejosas por concepto de caución personal es lo más favorable a las inculpadas dada su calidad de género y las condiciones personas que cada una de ellas presentó fundándose en ello en su género, condiciones personales y monto de la multa que en su caso pudiera imponerse; así también precisó los motivos que tuvo para determinar la garantía relativa a la reparación del daño, estableciendo para ello que tomó en cuenta el dictamen pericial en materia de contabilidad. En tales condiciones, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, y se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que interponga los recursos que considere procedentes contra esta determinación. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable, al tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional..-. m-VI

  3. Principal

    ...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: ....Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de julio de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO. Visto el estado de los autos se advierte que la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, y que transcurrió el término concedido a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento que la responsable dio a dicha ejecutoria de amparo, sin que hiciera uso de ese derecho. Al respecto, el artículo 196 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 196. (.) Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. (.) De acuerdo con el precepto legal transcrito, una vez fenecido el plazo concedido, habiéndose desahogado o no la vista ordenada en autos, el juez de distrito deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y la resolución que se emita podrá ser en los sentidos siguientes: a) Que declare que la sentencia está cabalmente cumplida; b) Que declare que no está cumplida; c) Que al cumplimentarse se incurrió en exceso; d) Que al cumplimentarse se incurrió en defecto; o e) Que existe imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, el artículo 77 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exige, por lo que procede resolver si en el presente asunto se encuentra cumplido el fallo constitucional. En la ejecutoria pronunciada en este juicio se concedió el amparo y protección de la justicia a las quejosas Karla Aquino Villamil y Teresa González Vera, para el efecto de que el Juez Cuarto del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo: ? Dejara insubsistente la resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en la causa penal 12/2017, en el que se fijaron las garantías que deben exhibir las procesadas para que surta efectos el beneficio de la libertad provisional bajo caución; y, pronunciara una nueva resolución en la cual: 1. Al fijar la garantía por concepto de libertad personal, tomara en consideración las condiciones personales y económicas de la quejosa, así como aquellas otras que influyan en la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, estableciendo en qué medida los datos por él aportados al rendir su declaración preparatoria influyeron en la fijación de dicho monto; y, 2. Precisara los motivos que tuvo para determinar la cantidad por concepto de la reparación del daño, debiendo establecer por qué el monto fijado fue el menoscabo sufrido por la parte ofendida. El argumento toral que este juzgado federal tuvo en cuenta para conceder la protección de la Justicia de la Unión fue el hecho de que la autoridad responsable al momento de emitir la resolución reclamada no precisó las razones lógicas y jurídicas para considerar que el monto fijado por concepto de libertad personal es acorde con las condiciones personales y económicas de las inculpadas; además, no ponderó la posibilidad de que la quejosas pudieran o no sustraerse a la acción de la justicia; tampoco expuso los motivos, circunstancias o causas particulares que le sirvieron de base para determinar la cantidad que como garantía por concepto de reparación del daño fijó. Al respecto, la autoridad responsable Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, mediante oficio 257/2021, remitió copia con firmas autógrafas de la resolución veinticinco de marzo del año en curso; constancias que merecen valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que el juez responsable: Dejó insubsistente la resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte dictada en la causa penal 12/2017, y emitió nueva resolución en la que fijo individualmente a las indiciadas Karla Aquino Villamil y Teresa González Vera, las cantidades que debían exhibir relativas a los conceptos de posibles sanciones pecuniarias, obligaciones procesales y reparación del daño, para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, dentro de la causa que les instruye por el ilícito de robo calificado, comedio en agravio de Boja de Hidalgo, Sociedad Anónima de Capital Variable (Prenda Mex). Para ello, precisó las disposiciones normativas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, que aluden a la libertad provisional bajo caución. Luego, con el fin de determinar el monto de la garantía de la libertad personal, procedió a estudiar: 1. Las condiciones personales y económicas de las inculpadas, esto es, los datos que manifestaron las quejosas al momento de rendir su declaración preparatoria; 2. Circunstancias personales del ofendido o la víctima; 3. Naturaleza, modalidades y demás circunstancias del delito; 4. Sanción pecuniaria que pudiera imponerse a las inculpadas Posteriormente, fijó el monto por concepto de caución personal a las quejosas para lo cual refirió: ".. es un derecho humano, que el monto de la caución sea asequible al inculpado, es decir, que dicha suma se encuentre dentro de las posibilidades económicas del procesado a fin de que pueda exhibirla y por ende, tenga la posibilidad de continuar con el proceso que se le instruye, pero en libertad. Atento a lo anterior, no necesariamente se debe de tomar en consideración la cuantía mínima, ni tampoco la máxima de la pena pecuniaria como parámetro para fijar la caución personal, además atendiendo la perspectiva de género, habida cuenta que las inculpadas resultan ser féminas, y con la finalidad de estar a lo más favorable, es por ello, que este Juzgador considera justo y equitativo fijar individualmente a las procesadas KARLA AQUINO VILLAMIL y TERESA GONZÁLEZ VERA por concepto de caución personal, la sanción pecuniaria equidistante entre la mínima y la media que corresponde al tipo penal de robo calificado, que es de cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo de la región al momento en que sucedieron los hechos (2014), por considerar esta autoridad es asequible a su capacidad económica y circunstancias personales (.) y equivalente a $28,696.50 (veintiocho mil seiscientos noventa y seis pesos 50/100 M.N.) y por cuanto hace para garantizar el cumplimiento de las obligaciones procesales de las inculpadas en mérito contraídas con motivo del beneficio concedido se fija la cantidad de $1,303.50 (un mil trescientos tres pesos 50/100 M.N.), garantías antes sumadas que ascienden a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional)." Después, con relación a la garantía de la reparación del daño y perjuicios, tomó en consideración el dictamen pericial en materia de contabilidad elaborado por el perito oficial Carlos Sosa Estrada, que estableció en su apartado de conclusiones como daño patrimonial causado a la víctima la cantidad de $157,953.00 (ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), el cual estimó eficaz para establecer dicha cantidad como monto de la reparación del daño. En ese tenor, toda vez que el juez responsable expuso las razones por las cuales consideró que el monto que fijó a las quejosas por concepto de caución personal es lo más favorable a las inculpadas dada su calidad de género y las condiciones personas que cada una de ellas presentó fundándose en ello en su género, condiciones personales y monto de la multa que en su caso pudiera imponerse; así también precisó los motivos que tuvo para determinar la garantía relativa a la reparación del daño, estableciendo para ello que tomó en cuenta el dictamen pericial en materia de contabilidad. En tales condiciones, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, y se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que interponga los recursos que considere procedentes contra esta determinación. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable, al tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional..-. m-VI

  4. Principal

    veintiuno. VISTA CUMPLIMIENTO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, y anexo que acompaña; visto su contenido, se le tiene informando sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con el oficio y anexo de cuenta dese vista a las partes por el término de tres días, computado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de ser omiso sobre el particular, este juzgado federal resolverá el cumplimiento de la ejecutoria, sobre la base de los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable....M-VI

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