Karla Andreina Parra Dávila
Expediente 668/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- Karla Andreina Parra Dávila
- Marfell Georgina García Paredes
- Cesar Alban Veliz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Cuaderno principal. El expediente en que se actúa es susceptible de depuración, ya que se concedió la suspensión de plano, esto es, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: (.) a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas;" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, auto de concesión de la suspensión de plano, el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes no es necesario requerirlas para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Análisis de constancias. Visto el estado procesal de este expediente, las constancias y las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, resulta necesario precisar lo siguiente: Quejosos. ****************** (SÍ RATIFICÓ); ****************** (SÍ RATIFICÓ); ****************** (SÍ RATIFICÓ): Autoridades responsables. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California Acto(s) reclamado(s). La privación de la libertad al realizar el aseguramiento y/o detención de los quejosos. La aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. La deportación y retorno asistido. Detención por más de treinta y seis horas en la estación migratoria de esta ciudad. Incomunicación. La negativa de llevar el procedimiento administrativo en libertad en términos del artículo 102 de la ley de migración Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora, vistas las razones actuariales de cuenta, se advierte que los directos quejosos Karla Andreina Parra Dávila, Marfell Georgina García Paredes y César Alban Veliz, ya no se encuentran alojados y/o detenidos administrativamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.[ XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Por tanto, si los quejosos en su escrito inicial de demanda señalaron esencialmente como actos reclamados, la incomunicación, orden de deportación y/o retorno asistido, privación de la libertad prolongada en la estación migratoria de esta ciudad, aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración y negativa de llevar el procedimiento administrativo en libertad en términos del artículo 102 de dicha normatividad, a las autoridades del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California, y de las razones actuariales de trece de septiembre y veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se desprende que los referidos quejosos ya no se encuentran alojados en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California; debido a que durante la tramitación del presente juicio de amparo, dichas personas -quejosos- fueron puestos en libertad. Por tanto, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado por los quejosos a las autoridades responsables, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio únicamente respecto a los quejosos Karla Andreina Parra Dávila, Marfell Georgina García Paredes y César Alban Veliz, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica en la siguiente tesis de jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Tesis número: 2a./J. 59/99, Página: 38). "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los directos quejosos, han cesado en los efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del once de noviembre de dos mil veintidós, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Modificación en el SISE. Por tanto, se instruye al analista jurídico a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las modificaciones necesarias en el expediente electrónico para dejar sin efectos la fecha antes señalada y, haga las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Finalmente, debido a que todos los directos quejosos fueron puestos en libertad tal y como se advierte de la razón actuarial de cuenta, notifíquese por lista el presente proveído.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede así como el estado procesal que guarda el presente expediente de se advierte que los quejosos ********************y******************** ya no se encuentran resguardados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración; consecuentemente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo informe el motivo por el cual ya no se encuentran dichas personas en dicho instituto, esto es, informe si fueron liberadas o devueltas a su país de origen; asimismo deberá remitir las constancias que lo acrediten. Apercibido de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, lo que procede es diferir la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar, se fijan las diez horas con diez minutos del once de noviembre de dos mil veintidós, para que se lleve a cabo.
- Principal
se ordena notificar por lista a la parte quejosa el presente proveído que en sintesis dice: Agréguese a los autos la constancia actuarial que antecede, por medio de la cual, la fedataria de la adscripción manifiesta que no le fue posible notificar personalmente a los quejosos Karla Andreina Parra Dávila, Marfell Georgina García Paredes y Cesar Albán Veliz, el proveído de seis de septiembre del año en curso; toda vez que no se encuentran alojados en la Estación Migratoria de esta ciudad. Por lo que si se toma en consideración que los quejosos reclaman esencialmente la detención por parte del Instituto Nacional de Migración, y Karla Andreina Parra Dávila, Marfell Georgina García Paredes y Cesar Albán Veliz ya no encuentran en dicho instituto, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado por los quejosos a la autoridad responsable, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63 fracción V de la Ley de la Materia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página: 38 del : "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama la parte quejosa, han cesado en los efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda, la diversa constancia actuarial que antecede, de la que se advierte que Telma Cristina Romero Sales, parte quejosa, manifestó: "Me desisto del presente juicio y entiendo las consecuencias jurídicas." (sic) Atento a lo manifestado por el quejoso, en cita, se le tiene por desistida de la presente instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto de dicha quejosa. Resulta aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el IUS bajo el registro 192108 del tenor literal siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del seis de octubre de dos mil veintidós, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,825 expedientes
- Karina Paola Ramírez Torres708/2016
- Karina Rovirosa Luengo666/2023
- Karina Ruiz Diaz718/2015
- Karina Sanchez Castro455/2022
- Karla Águeda Partida Maravilla388/2019
- Karla Alejandra Gutiérrez Corral17/2021
- Karla Azucena Arguelles Romero373/2021
- KARLA DEYANIR SARMIENTO AGUILAR y Otros.1554/2015
- Karla Imelda Martínez Rosales781/2021
- Karla Janeth Martín Vega843/2016
- Karla Janeth Martín Vega631/2017
- Karla Karina Ayala Rivera444/2020