Karla Alejandra Sánchez Rodríguez
Expediente 793/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2022
Partes del expediente
- Karla Alejandra Sánchez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista, La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de veinte de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por el quejoso susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 793/2022-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Ahora bien, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que torna improcedente el juicio de amparo biinstancial, en términos del artículo 113 del cuerpo legal en comento, por los motivos que a continuación se expresan: Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a).- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b).- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c).- Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d).- Que por virtud de dicho medio, la resolución reclamada pueda ser modificada, revocada o nulificada. Ahora, de la lectura que se hace a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el auto de ejecución con efectos de mandamiento, dictado en el juicio laboral 86/2017, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el que a decir de la parte quejosa, se omitió requerir a la condenada Banco Santander México, Sociedad Anónima, el pago del 2% (dos por ciento), de intereses a que se refiere el artículo 48, de la Ley Federal del Trabajo, respecto de la cantidad de $71,162.10 (setenta y un mil ciento sesenta y dos pesos 10/100 moneda nacional), por concepto de indemnización constitucional; así como, el pago de la cantidad de $70,851.00 (setenta mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de aportación antigüedad, previstos en el resolutivo segundo del laudo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Conviene precisar que, aun y cuando la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, lo cierto es que, el acto reclamado es atribuible a su Presidente y no a la junta como órgano colegiado; lo anterior de conformidad con los artículos 617, fracción IV, 618, fracción II, 940, 949 y 950, todos de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta antes de la reforma de treinta de abril de dos mil diecinueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo siguiente, conforme a su artículo Séptimo Transitorio, ya que el juicio de origen se inició en el año dos mil diecisiete, previo a la vigencia de esa reforma. Expuesto lo anterior, este resolutor estima que contra el auto reclamado procede el recurso de revisión contra actos del Presidente en ejecución de laudo, previsto en los artículos 849 y 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, que disponen lo siguiente: "Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850.- De la revisión conocerá: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas;." En efecto, del análisis sistemático de los artículos antes transcritos, se pone de manifiesto que con la interposición del recurso antes mencionado, se puede revocar, nulificar o modificar el acto del que se duele la promovente de amparo, constituyendo el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a su favor, luego entonces, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, es inconcuso que dicha demanda resulta improcedente. Lo anterior es así, porque al encontrarse el juicio de laboral de origen en etapa de ejecución y siendo que el auto reclamado está dirigido directamente a ejecutar el laudo dictado en ese juicio, el citado recurso es el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar ese proveído, siendo indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación de interponerlo, y al no agotar ese recurso antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, pues es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que la quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, salvo en los casos de excepción, previstos en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Apoya lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Karla Alejandra Sánchez Rodríguez, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes analizada. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señalan en su escrito. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por tratarse de un asunto en materia laboral en donde la quejosa es parte trabajadora. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 793/2022-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Ahora bien, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que torna improcedente el juicio de amparo biinstancial, en términos del artículo 113 del cuerpo legal en comento, por los motivos que a continuación se expresan: Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a).- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b).- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c).- Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d).- Que por virtud de dicho medio, la resolución reclamada pueda ser modificada, revocada o nulificada. Ahora, de la lectura que se hace a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el auto de ejecución con efectos de mandamiento, dictado en el juicio laboral 86/2017, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el que a decir de la parte quejosa, se omitió requerir a la condenada Banco Santander México, Sociedad Anónima, el pago del 2% (dos por ciento), de intereses a que se refiere el artículo 48, de la Ley Federal del Trabajo, respecto de la cantidad de $71,162.10 (setenta y un mil ciento sesenta y dos pesos 10/100 moneda nacional), por concepto de indemnización constitucional; así como, el pago de la cantidad de $70,851.00 (setenta mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de aportación antigüedad, previstos en el resolutivo segundo del laudo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Conviene precisar que, aun y cuando la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, lo cierto es que, el acto reclamado es atribuible a su Presidente y no a la junta como órgano colegiado; lo anterior de conformidad con los artículos 617, fracción IV, 618, fracción II, 940, 949 y 950, todos de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta antes de la reforma de treinta de abril de dos mil diecinueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo siguiente, conforme a su artículo Séptimo Transitorio, ya que el juicio de origen se inició en el año dos mil diecisiete, previo a la vigencia de esa reforma. Expuesto lo anterior, este resolutor estima que contra el auto reclamado procede el recurso de revisión contra actos del Presidente en ejecución de laudo, previsto en los artículos 849 y 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, que disponen lo siguiente: "Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850.- De la revisión conocerá: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas;." En efecto, del análisis sistemático de los artículos antes transcritos, se pone de manifiesto que con la interposición del recurso antes mencionado, se puede revocar, nulificar o modificar el acto del que se duele la promovente de amparo, constituyendo el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a su favor, luego entonces, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, es inconcuso que dicha demanda resulta improcedente. Lo anterior es así, porque al encontrarse el juicio de laboral de origen en etapa de ejecución y siendo que el auto reclamado está dirigido directamente a ejecutar el laudo dictado en ese juicio, el citado recurso es el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar ese proveído, siendo indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación de interponerlo, y al no agotar ese recurso antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, pues es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que la quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, salvo en los casos de excepción, previstos en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Apoya lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Karla Alejandra Sánchez Rodríguez, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes analizada. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señalan en su escrito. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por tratarse de un asunto en materia laboral en donde la quejosa es parte trabajadora. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes
- Karina Janeth Cortazar Velázquez890/2023
- Karina Janeth Cortazar Velázquez347/2023
- Karina Odet Zenteno Álvarez77/2022
- Karina Odet Zenteno Alvarez2057/2016
- Karina Rincón García325/2023
- Karina Solís Domínguez257/2021
- Karla Amada Santiago Martínez y Otros.645/2017
- Karla Anahí Martínez Manga1559/2022
- Karla Angélica Fentanes Gutiérrez Zamora1427/2019
- Karla Elena Rovelo Aguilar262/2022
- Karla Elena Rovelo Aguilar946/2023
- Karla Elena Rovelo Aguilar619/2023