Karla Acosta Ortiz

Expediente 956/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
956/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
18/08/2017

Partes del expediente

  • Karla Acosta Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido el auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Con motivo de lo decretado anteriormente, se ordena devolver al Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, la copia certificada del expediente 119/2017, de su índice, sin que sea necesario requerirle acuse de recibo, en virtud de que la constancia de notificación hace sus veces.....IV-A

  2. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 28/07/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO KARLA ACOSTA ORTIZ EL AUTO DE 27/07/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Intégrese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a través del cual, en atención a lo solicitado en auto de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, remite las constancias relativas al juicio de amparo 924/2017, de su índice, mismas que serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. Ahora, de la demanda y de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que diversas autoridades responsables negaron categóricamente la existencia de los actos que se les atribuye; en esa razón se actualiza la causal de sobreseimiento marcado en el siguiente numeral. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.)IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que en el juicio de amparo se sobresee cuando aparece de autos que el acto reclamado es inexistente. Ahora, en el caso que nos ocupa la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la orden y/o ejecución de desocupación, desposesión o desalojo forzoso, dictada en su contra, respecto del local comercial ubicado en: Boulevard Hacienda La Gloria número 2, Plaza Comercial "La Gloria", fraccionamiento Hacienda La Gloria, Delegación Carrillo puerto, Municipio de Querétaro, conforme a lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME JUSTIFICADO FOJA (S) 1 JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 15 2 JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 16 3 JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 22 4 JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 17 5 JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL OMISO 6 JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 18 7 JUEZ SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 19 8 JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 39 9 JUEZ NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 35 10 ACTUARIO EJECUTOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO COORDINACION DE ACTUARIOS ADSCRITOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DE QUERETARO. CIERTO 36 En mérito de lo anterior, de los informes justificados, rendidos por las autoridades responsables señaladas del número 1 al 4 y del 6 al 9, se desprende claramente que los actos son inexistentes, asimismo, la parte quejosa no probó la existencia de los mismos. Esto es así, tomando en consideración que la promoción del presente juicio de amparo por parte de la quejosa, fue por existir simple sospecha de la existencia del acto reclamado, el cual, como se ve, no es cierto por parte de las autoridades ya precisadas. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto de los actos atribuidos al Juez Quinto de Primera Instancia Civil de esta Ciudad y al actuario ejecutor adscrito a la Coordinación de actuarios adscritos de este Distrito Judicial de Querétaro, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que a letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La causa de improcedencia prevista en la porción normativa anteriormente trascrita, se traduce en lo que comúnmente se denomina litispendencia, y para que se actualice se requiere la existencia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución. Su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así, de la fracción de referencia se desprende que para que opere la causal de improcedencia en comento, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: a) Que la norma general o acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; b) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, y contra las mismas autoridades responsables, y el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; y, c) Que estos juicios estén pendientes de resolver, ya sea en primera o única instancia, o en revisión. En relación con la identidad de las autoridades Ahora bien, de autos se advierte que el catorce de julio del año en curso, KARLA ACOSTA ORTÍZ, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, misma que por razón de turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, en la que señaló como actos reclamados concretamente "la orden y/o ejecución de desocupación, desposesión o desalojo forzoso, dictada en su contra, respecto del local comercial ubicado en: Boulevard Hacienda La Gloria número 2, Plaza Comercial "La Gloria", fraccionamiento Hacienda La Gloria, Delegación Carrillo puerto, Municipio de Querétaro", y como autoridades responsables a las siguientes: 1.- JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 2.- JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 3.- JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 4.- JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 5.- JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 6.- JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 7.- JUEZ SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 8.- JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 9.- JUEZ NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 10.- ACTUARIO EJECUTOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO 11.- COORDINACION DE ACTUARIOS ADSCRITOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DE QUERETARO. Asimismo, de las copias certificadas derivadas del juicio de amparo número 924/2017, remitidas por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y juicios Federales en el Estado, se advierte que el cuatro de julio del año en curso, KARLA ACOSTA ORTÍZ, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, misma que por razón de turno correspondió conocer a ese órgano jurisdiccional, en la que señaló como actos reclamados: "La orden y/o ejecución de desocupación, desposesión o desalojo forzoso, dictada en su contra, respecto del local comercial ubicado en: Boulevard Hacienda La Gloria número 2, Plaza Comercial "La Gloria", fraccionamiento Hacienda La Gloria, Delegación Carrillo puerto, Municipio de Querétaro", y como autoridades responsables a las ya precisadas en párrafos precedentes. Demanda de amparo que se radicó en auto de cinco de julio siguiente y se señalaron las once horas con treinta minutos del dos de agosto de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por ende, de todo lo narrado se advierte que KARLA ACOSTA ORTÍZ, promovió dos juicios de amparo, el primero (924/2017) el cuatro de julio de dos mil diecisiete, y el segundo (956/2017-IV) el catorce de julio del mismo año, en contra del mismo acto y autoridades responsables, inclusive, el primero citado, aún está en trámite con audiencia para el dos de agosto próximo. Razón por la cual, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, en ambos juicios de amparo la quejosa, designó a las mismas autoridades responsables e impugnó idéntico acto, ante este mismo órgano jurisdiccional, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia previamente reseñada. Apoya lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis con rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Independientemente de lo anterior, también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la materia, que dispone literalmente lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Por su parte, los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Dicho lo anterior, efectivamente, la demanda de amparo que nos ocupa es extemporánea, toda vez que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el trece de junio de dos mil diecisiete. Así, la confesión de la parte quejosa en el sentido de que tuvo conocimiento del acto reclamado en la fecha que refiere, hace prueba plena en su contra. Confesión realizada por la quejosa, que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establecen. "Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ellas las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio.". "Artículo 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.". Apoya lo anterior, por los datos que informa, la jurisprudencia 27/1996, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 294, Tomo LXXXIX, correspondiente a la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "AMPARO, CONFESION EN EL.- Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa". Ahora, el artículo 17 de la ley de Amparo, establece que término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días. En tanto, que el diverso 18 previene tres hipótesis, a partir de las cuales da inicio el referido plazo; La primera de ellas, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Dicho lo anterior, la parte quejosa se encuentra en la tercera de las hipótesis, esto es, a partir de que se ostenta sabedor del acto reclamado (trece de junio de dos mil diecisiete); toda vez que en su demanda refiere que en esa fecha tuvo conocimiento de los actos reclamados. Luego, el término de quince días a que se refiere el numeral 18 de la Ley de Amparo para la interposición del juicio de amparo, corrió desde el día siguiente hábil al en que el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado, es decir, desde el quince de junio al cuatro de julio de dos mil diecisiete (sin tener en cuenta los días inhábiles diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio y uno y dos de julio en curso, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de la materia) Por lo que en esas circunstancias, si la solicitante de amparo, no reclamó el acto dentro de los quince días, siguientes al en que se ostentó sabedora del acto reclamado, sino hasta el catorce de julio de este año, en que presentó su escrito de demanda, según se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es evidente, que en esa fecha ya feneció el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo que, es de inferirse que tácitamente consintió los actos reclamados, al presentar en forma extemporánea su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que se lee así: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS.- No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuando un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera que sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto y, por ende, define qué se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria." (Jurisprudencia 13, sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo VI, Común, Sección Precedente relevante S.C.J.N., Séptima Época, Apéndice 1917-2000) Así como, la tesis que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.- Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." (Tesis 193, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 165, Tomo VI, Común, Sección Precedente relevante T.C.C., del Apéndice 1917-2000, Octava Época) Por las razones apuntadas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, al actualizarse las causales de improcedencia ya analizadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más alto tribunal del país, visible en la página 386 del tomo XVII, marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Adicionalmente cabe dejar en claro que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión el presente asunto, de todas formas se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias; razón por la cual se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, toda vez que la quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente juicio de amparo y acuérdese lo que proced

  3. Incidental

    Visto lo de cuenta, se tiene que el día la fecha se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en los autos del juicio de amparo del que derivan los cuadernos incidentales en que se actúan, por lo que resulta evidente que en el particular se agotó la materia de la suspensión. En consecuencia, se dejan sin efectos las medidas decretadas en autos, sin que resulte indispensable celebrar la audiencia incidental programada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Por otro lado, agréguense únicamente como constancia, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias que le fueron solicitadas en proveído de veintiuno de julio actual; en virtud de lo determinado en líneas que anteceden. En términos de lo dispuesto por el artículo vigésimo fracción lll del Acuerdo general conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la presente resolución. Y se establece que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración en términos del primer párrafo de la fracción lll del artículo Vigésimo Primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede......iv

  4. Principal

    Intégrese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a través del cual, en atención a lo solicitado en auto de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, remite las constancias relativas al juicio de amparo 924/2017, de su índice, mismas que serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. Ahora, de la demanda y de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que diversas autoridades responsables negaron categóricamente la existencia de los actos que se les atribuye; en esa razón se actualiza la causal de sobreseimiento marcado en el siguiente numeral. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.)IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que en el juicio de amparo se sobresee cuando aparece de autos que el acto reclamado es inexistente. Ahora, en el caso que nos ocupa la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la orden y/o ejecución de desocupación, desposesión o desalojo forzoso, dictada en su contra, respecto del local comercial ubicado en: Boulevard Hacienda La Gloria número 2, Plaza Comercial "La Gloria", fraccionamiento Hacienda La Gloria, Delegación Carrillo puerto, Municipio de Querétaro, conforme a lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME JUSTIFICADO FOJA (S) 1 JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 15 2 JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 16 3 JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 22 4 JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 17 5 JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL OMISO 6 JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 18 7 JUEZ SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 19 8 JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 39 9 JUEZ NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL Niega 35 10 ACTUARIO EJECUTOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO COORDINACION DE ACTUARIOS ADSCRITOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DE QUERETARO. CIERTO 36 En mérito de lo anterior, de los informes justificados, rendidos por las autoridades responsables señaladas del número 1 al 4 y del 6 al 9, se desprende claramente que los actos son inexistentes, asimismo, la parte quejosa no probó la existencia de los mismos. Esto es así, tomando en consideración que la promoción del presente juicio de amparo por parte de la quejosa, fue por existir simple sospecha de la existencia del acto reclamado, el cual, como se ve, no es cierto por parte de las autoridades ya precisadas. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto de los actos atribuidos al Juez Quinto de Primera Instancia Civil de esta Ciudad y al actuario ejecutor adscrito a la Coordinación de actuarios adscritos de este Distrito Judicial de Querétaro, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que a letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La causa de improcedencia prevista en la porción normativa anteriormente trascrita, se traduce en lo que comúnmente se denomina litispendencia, y para que se actualice se requiere la existencia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución. Su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así, de la fracción de referencia se desprende que para que opere la causal de improcedencia en comento, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: a) Que la norma general o acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; b) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, y contra las mismas autoridades responsables, y el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; y, c) Que estos juicios estén pendientes de resolver, ya sea en primera o única instancia, o en revisión. En relación con la identidad de las autoridades Ahora bien, de autos se advierte que el catorce de julio del año en curso, KARLA ACOSTA ORTÍZ, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, misma que por razón de turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, en la que señaló como actos reclamados concretamente "la orden y/o ejecución de desocupación, desposesión o desalojo forzoso, dictada en su contra, respecto del local comercial ubicado en: Boulevard Hacienda La Gloria número 2, Plaza Comercial "La Gloria", fraccionamiento Hacienda La Gloria, Delegación Carrillo puerto, Municipio de Querétaro", y como autoridades responsables a las siguientes: 1.- JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 2.- JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 3.- JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 4.- JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 5.- JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 6.- JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 7.- JUEZ SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 8.- JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 9.- JUEZ NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 10.- ACTUARIO EJECUTOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO 11.- COORDINACION DE ACTUARIOS ADSCRITOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DE QUERETARO. Asimismo, de las copias certificadas derivadas del juicio de amparo número 924/2017, remitidas por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y juicios Federales en el Estado, se advierte que el cuatro de julio del año en curso, KARLA ACOSTA ORTÍZ, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, misma que por razón de turno correspondió conocer a ese órgano jurisdiccional, en la que señaló como actos reclamados: "La orden y/o ejecución de desocupación, desposesión o desalojo forzoso, dictada en su contra, respecto del local comercial ubicado en: Boulevard Hacienda La Gloria número 2, Plaza Comercial "La Gloria", fraccionamiento Hacienda La Gloria, Delegación Carrillo puerto, Municipio de Querétaro", y como autoridades responsables a las ya precisadas en párrafos precedentes. Demanda de amparo que se radicó en auto de cinco de julio siguiente y se señalaron las once horas con treinta minutos del dos de agosto de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por ende, de todo lo narrado se advierte que KARLA ACOSTA ORTÍZ, promovió dos juicios de amparo, el primero (924/2017) el cuatro de julio de dos mil diecisiete, y el segundo (956/2017-IV) el catorce de julio del mismo año, en contra del mismo acto y autoridades responsables, inclusive, el primero citado, aún está en trámite con audiencia para el dos de agosto próximo. Razón por la cual, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, en ambos juicios de amparo la quejosa, designó a las mismas autoridades responsables e impugnó idéntico acto, ante este mismo órgano jurisdiccional, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia previamente reseñada. Apoya lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis con rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Independientemente de lo anterior, también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la materia, que dispone literalmente lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Por su parte, los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Dicho lo anterior, efectivamente, la demanda de amparo que nos ocupa es extemporánea, toda vez que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el trece de junio de dos mil diecisiete. Así, la confesión de la parte quejosa en el sentido de que tuvo conocimiento del acto reclamado en la fecha que refiere, hace prueba plena en su contra. Confesión realizada por la quejosa, que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establecen. "Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ellas las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio.". "Artículo 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.". Apoya lo anterior, por los datos que informa, la jurisprudencia 27/1996, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 294, Tomo LXXXIX, correspondiente a la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "AMPARO, CONFESION EN EL.- Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa". Ahora, el artículo 17 de la ley de Amparo, establece que término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días. En tanto, que el diverso 18 previene tres hipótesis, a partir de las cuales da inicio el referido plazo; La primera de ellas, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Dicho lo anterior, la parte quejosa se encuentra en la tercera de las hipótesis, esto es, a partir de que se ostenta sabedor del acto reclamado (trece de junio de dos mil diecisiete); toda vez que en su demanda refiere que en esa fecha tuvo conocimiento de los actos reclamados. Luego, el término de quince días a que se refiere el numeral 18 de la Ley de Amparo para la interposición del juicio de amparo, corrió desde el día siguiente hábil al en que el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado, es decir, desde el quince de junio al cuatro de julio de dos mil diecisiete (sin tener en cuenta los días inhábiles diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio y uno y dos de julio en curso, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de la materia) Por lo que en esas circunstancias, si la solicitante de amparo, no reclamó el acto dentro de los quince días, siguientes al en que se ostentó sabedora del acto reclamado, sino hasta el catorce de julio de este año, en que presentó su escrito de demanda, según se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es evidente, que en esa fecha ya feneció el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo que, es de inferirse que tácitamente consintió los actos reclamados, al presentar en forma extemporánea su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que se lee así: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS.- No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuando un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera que sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto y, por ende, define qué se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria." (Jurisprudencia 13, sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo VI, Común, Sección Precedente relevante S.C.J.N., Séptima Época, Apéndice 1917-2000) Así como, la tesis que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.- Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." (Tesis 193, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 165, Tomo VI, Común, Sección Precedente relevante T.C.C., del Apéndice 1917-2000, Octava Época) Por las razones apuntadas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, al actualizarse las causales de improcedencia ya analizadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más alto tribunal del país, visible en la página 386 del tomo XVII, marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Adicionalmente cabe dejar en claro que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión el presente asunto, de todas formas se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias; razón por la cual se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, toda vez que la quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente juicio de amparo y acuérdese lo que proceda.....ivNotifíquese personalmente.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano