Karina Socorro Vázquez Pérez
Expediente 51/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Karina Socorro Vázquez Pérez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mediante el cual informa que por diverso ............de treinta de enero del año en curso, solicitó el cumplimiento de la sentencia emitida en el presente juicio constitucional y al efecto exhibe la constancia respectiva; de lo cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ...mesa 0
- Principal
AVISO. Se notifica por medio de lista el auto que dice... Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve (fojas 17 a 21), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por KARINA SOCORRO VÁZQUEZ PÉREZ, por propio derecho y en representación de su menor hijo Antonio André Torres Vázquez, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, todos del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el punto Vigésimo del capítulo quinto del citado acuerdo conjunto. Tomando en consideración lo anterior, y toda vez que la parte quejosa, exhibió documentos originales como anexo a su escrito inicial de demanda, los cuales se encuentran así contemplados en el capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro el termino de noventa días comparezca a recoger dichos documentos, mismos que se entregaran cuando las labores lo permitan y de acuerdo a la organización de este órgano jurisdiccional, conforme a los horarios habituales ya establecidos, previo acuerdo con la secretaría correspondiente; apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente, en términos de lo que establece el punto décimo primero, párrafo tercero, del acuerdo conjunto referendo. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el punto décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Finalmente, para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto citado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 51/2019-1. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda... Lo anterior, es así ya que el multicitado principio de definitividad, establece que sólo es procedente el juicio de amparo contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino solo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios, por lo tanto, es claro que el juicio de amparo procede únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso o medio de impugnación alguno, cuestión que no se actualiza en el caso concreto que nos ocupa. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo promovida ...
- Principal
AVISO. Se notifica por medio de lista el auto que dice... Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por KARINA SOCORRO VÁZQUEZ PÉREZ, por propio derecho y en representación de su menor hijo ANTONIO ANDRE TORRES VÁZQUEZ, contra actos que reclama del JUEZ QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA EN TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 51/2019-1. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Causal de improcedencia advertida. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, este juzgado de distrito advierte que en el caso se actualiza, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, cuyo texto a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Para llegar a la anterior conclusión, es necesario precisar el acto que reclama la parte quejosa en el presente juicio, por tanto del contenido íntegro de su escrito inicial de demanda se desprende que dicho acto esencialmente consiste en: "Señalo como tal el AUTO DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, emitido por el JUEZ QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA EN TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, dentro del EXPEDIENTE 784/2018 y NOTIFICADO POR LISTA Y BOLETÍN EL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.". Bajo esta tesitura, este juzgador puede advertir que el acto mencionado, que la hoy quejosa reclama por esta vía constitucional, es susceptible de poder combatirse a través del recurso de revocación, de conformidad con lo previsto por el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, mismo que a la letra refiere: "Artículo 5.74 Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." En consecuencia, si el acto reclamado consistente en el proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de origen, en el cual se resolvió provisionalmente un régimen de visitas entre el menor ANTONIO ANDRE TORRES VÁZQUEZ y su progenitor ANTONIO ALONSO TORRES TOLEDO, no se advierte que sea una determinación susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación, por no encontrarse dentro de los supuesto que expresamente establece la ley, ya que debió haber sido combatido a través del multicitado recurso de revocación, cuya tramitación está contenida en el Libro Quinto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Atento a lo anterior, si la promovente se abstuvo de agotar dicho medio de impugnación antes de acudir ante este órgano jurisdiccional, y por ende no agotó el principio de definitividad, hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de Ley de Amparo. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia 1.4o.C. J/25, visible a fojas 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." De igual sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta también aplicable, la jurisprudencia número 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Distrito, visible en la página 678, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, del Apéndice de 1995, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Lo anterior, es así ya que el multicitado principio de definitividad, establece que sólo es procedente el juicio de amparo contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino solo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios, por lo tanto, es claro que el juicio de amparo procede únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso o medio de impugnación alguno, cuestión que no se actualiza en el caso concreto que nos ocupa. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo promovida por KARINA SOCORRO VÁZQUEZ PÉREZ, por propio derecho y en representación de su menor hijo ANTONIO ANDRE TORRES VÁZQUEZ. Domicilio Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Se habitan días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Transparencia y acceso a la información pública Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. NOTIFÍQUESE.
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