Karina Serrano Lara

Expediente 299/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
299/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Karina Serrano Lara
  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito Al Juzgado Tercero de Distrito En el Estado de Veracruz, En Boca del Río, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó por auto este asunto, por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a la anterior determinación la circunstancia de que no obre la constancia de notificación a la autoridad responsable en el presente asunto, en virtud que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, la autoridad carece de legitimación para recurrir, cuando este se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó el asunto y, carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintisiete de enero de dos mil veinticinco. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada; por lo que en términos del artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el veintisiete de enero de dos mil veinticinco. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veintisiete de julio de dos mil veintidós. Insértese copia de este proveído en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otro lado, devuélvase al Juzgado de Control y Proceso Penal Oral Sala "D", residente en Veracruz, Veracruz autoridad sustituta del Juzgado Microregional de Cardel, Veracruz, el disco versátil digital relativo al proceso de origen remitido como justificación de su actuación. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el sobre devuelto de cuenta, para que surta sus efectos legales conducentes, mismo que contiene el auto del catorce de diciembre de dos mil veintiuno y dirigido a la autoridad Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional de La Antigua, Veracruz, por el motivo asentado relativo a que "no existe autoridad". Ahora bien, del estado de autos se advierte que con fecha once de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo como autoridad responsable sustituta al Juzgado de Control y Proceso Penal Oral Sala "D", residente en Veracruz, Veracruz, ello en atención la circular 18 de treinta de junio de dos mil veintiuno, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de junio de dos mi veintiuno, determinó el cierre de once juzgados denominados microrregionales, entre ellos, el Juzgado Microregional de Cardel, Veracruz. Asimismo, se advierte de dicho proveído de once de agosto del año pasado que en el Juzgado de Control y Proceso Penal Oral Sala "D", residente en Veracruz, Veracruz, se encuentra radicado el proceso penal de origen 06/2021, mismo que fue registrado bajo el número 631/2021 de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que la autoridad responsable sustituta Juzgado de Control y Proceso Penal Oral Sala "D", residente en Veracruz, Veracruz esté debidamente notificada, reexpídase el oficio 4347-V, para que se imponga de su contenido. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio 1090/2021-D, signado por el Juez de Enjuciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial y anexo que acompaña consistente en un disco compacto DVD, el cual indica contiene la audiencia llevada a cabo el nueve de diciembre del año en curso, dentro de los autos del proceso penal 631/2020 de su índice, que se instruye a la aquí quejosa por el delito de robo específico en su modalidad de detentación de vehículo robado y alterado, en la que se dictó auto de sobreseimiento. Ahora, en el caso concreto, del escrito de demanda y del proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se desprende que en el juicio de amparo que se actúa, se señalaron como actos reclamados los siguientes: 1. La resolución del incidente de nulidad de actos procedimentales promovido por el abogado defensor de la quejosa emitida dentro del proceso penal 06/2021 del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional de la Antigua, con residencia en la ciudad de José Cardel, Veracruz, resolución emitida el treinta de marzo de dos mil veintiuno. 2. El auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado Mixto Microregional de la Antigua con residencia en José Cardel, dentro del proceso penal 06/2021 de cuatro de abril de dos mil veintiuno. Destacándose que mediante Circular 18 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria de cuatro de junio de la presente anualidad, se determinó el cierre de once juzgados denominados Microregionales, entre ellos el Juzgado Microregional de Cardel, Veracruz, que fuera señalado originalmente como autoridad responsable en este juicio de amparo, por lo que en proveído de once de agosto del año en curso, se tuvo al Juzgado de Control y Proceso Penal Oral Sala "D", del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, como autoridad sustituta, quien radicó el proceso penal de origen, bajo el número 631/2021 de su índice. Es así que, este órgano de control constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. El artículo y fracción antes transcritos establecen la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ahora bien, en torno al tema atinente a la justicia restaurativa que acontece cuando el imputado acepta concluir el proceso penal a través de un acuerdo reparatorio o suspensión del proceso a prueba, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, determinó lo siguiente: a) Que con la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema de justicia en general y, por supuesto, en materia penal, a través de la creación de nuevos caminos de solución para encausar, mediante los mecanismos alternativos, todos aquellos conflictos de naturaleza penal que podrían encontrar mejor solución que en el juicio; asimismo, que la justicia restaurativa no deja de tener como presupuesto la comisión de un delito, no busca declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, ya que su prioridad es reparar el daño causado por la comisión de un delito; además, de que se sustenta en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en el conflicto penal son los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público), como decisor (Juez). b) Que los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado, acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione; precisando que los beneficios inmediatos hacia los partícipes - reparación del daño para la víctima y para el imputado evitar la tramitación de un proceso que culmine con la imposición de una pena privativa de libertad- no llega al extremo de considerarse un asunto privado, razón por la cual es necesario que el Estado regule su aplicación, en atención a la naturaleza de los derechos tutelados y los que pueden ser renunciables. c) Que los mecanismos de solución alterna, invocados en los casos resueltos por los tribunales contendientes se hicieron consistir en los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, constituían mecanismos alternativos de solución al conflicto penal, que si bien no dejan de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito, en razón de que los dos caminos de solución alterna, que buscan justicia restaurativa, requieren como presupuesto el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, dado que ese consentimiento no es gratuito, pues a cambio logra paralizar la continuación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad. Asimismo, que una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio o transcurrido el plazo -si se trata de la suspensión del proceso a prueba- que se fije, sin que la suspensión fuere revocada, pagada la reparación del daño material y cumplidas las condiciones establecidas, en ambos casos el Juez decretará la extinción de la acción penal, lo que se traduce en la conclusión del conflicto penal sin necesidad de imponer una pena, principalmente de prisión, sino privilegiando la voluntad de las partes que las llevó a una solución alterna del conflicto; en cambio, si el imputado decide incumplir con las obligaciones pactadas en el acuerdo o incurre en alguna causa de revocación de la suspensión del proceso a prueba, asumirá como consecuencia la reanudación del proceso penal con todo lo que implica: enfrentar un juicio y una eventual condena, con la limitante de que la información que se genere como producto de esos mecanismos alternativos no podrá ser utilizada dentro del proceso penal. d) Que en atención a lo anterior, cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales, porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva; esto es, que se le imponga una pena privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. e) Que lo anterior, propicia una adecuada interacción entre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Juicio de Amparo, pues implica que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, el Juez constitucional pondere que la paralización del proceso motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, se debe al único propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin sanción penal, pues estimar lo contrario, no solamente se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. En ese sentido, que si el consentimiento del auto de vinculación a proceso acontece antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 461, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, con registro digital 2014495, de rubro y texto siguientes: CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, los artículos 184, 186, 188, 189 y 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen las formas de solución alterna del procedimiento, entre las cuales se encuentra el acuerdo reparatorio, mismo que puede ser celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado y una vez aprobado por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplido en sus términos, tiene como efecto la extinción de la acción penal. Asimismo, los acuerdos reparatorios proceden desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio y en los casos en que se haya dictado auto de vinculación a proceso hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio, el Juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por treinta días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. Además, los artículos mencionados establecen que una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, el juez decretará la extinción de la acción haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. Así, del disco compacto DVD remitido por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Veracruz, Veracruz, a la cual se le otorga valor probatorio pleno al tratarse de una documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, sin necesidad de desahogarse en audiencia especial, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", se obtiene que mediante resolución de nueve de diciembre del año en curso, sobreseyó en el proceso penal 631/2021 (minuto 17:30); lo anterior debido a que la quejosa llegó a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito en el proceso penal de origen. En este orden de ideas, es evidente que los actos reclamados fueron consentidos por la quejosa al optar por el acuerdo reparatorio referido, por lo que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia en estudio. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; personalmente a la parte tercero interesada, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercero interesada.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA AARÓN GUTIÉRREZ SOBERANO, EN SU CARCATER DE APODERAOD LEGAL DE SEGUROS BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. EL PROVEÍDO DE 14 DE DICIEMBRE DE 20219, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B: "...Boca del Río, Veracruz, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio 1090/2021-D, signado por el Juez de Enjuciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial y anexo que acompaña consistente en un disco compacto DVD, el cual indica contiene la audiencia llevada a cabo el nueve de diciembre del año en curso, dentro de los autos del proceso penal 631/2020 de su índice, que se instruye a la aquí quejosa por el delito de robo específico en su modalidad de detentación de vehículo robado y alterado, en la que se dictó auto de sobreseimiento. Ahora, en el caso concreto, del escrito de demanda y del proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se desprende que en el juicio de amparo que se actúa, se señalaron como actos reclamados los siguientes: 1. La resolución del incidente de nulidad de actos procedimentales promovido por el abogado defensor de la quejosa emitida dentro del proceso penal 06/2021 del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional de la Antigua, con residencia en la ciudad de José Cardel, Veracruz, resolución emitida el treinta de marzo de dos mil veintiuno. 2. El auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado Mixto Microregional de la Antigua con residencia en José Cardel, dentro del proceso penal 06/2021 de cuatro de abril de dos mil veintiuno. Destacándose que mediante Circular 18 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria de cuatro de junio de la presente anualidad, se determinó el cierre de once juzgados denominados Microregionales, entre ellos el Juzgado Microregional de Cardel, Veracruz, que fuera señalado originalmente como autoridad responsable en este juicio de amparo, por lo que en proveído de once de agosto del año en curso, se tuvo al Juzgado de Control y Proceso Penal Oral Sala "D", del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, como autoridad sustituta, quien radicó el proceso penal de origen, bajo el número 631/2021 de su índice. Es así que, este órgano de control constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. El artículo y fracción antes transcritos establecen la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ahora bien, en torno al tema atinente a la justicia restaurativa que acontece cuando el imputado acepta concluir el proceso penal a través de un acuerdo reparatorio o suspensión del proceso a prueba, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, determinó lo siguiente: a) Que con la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema de justicia en general y, por supuesto, en materia penal, a través de la creación de nuevos caminos de solución para encausar, mediante los mecanismos alternativos, todos aquellos conflictos de naturaleza penal que podrían encontrar mejor solución que en el juicio; asimismo, que la justicia restaurativa no deja de tener como presupuesto la comisión de un delito, no busca declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, ya que su prioridad es reparar el daño causado por la comisión de un delito; además, de que se sustenta en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en el conflicto penal son los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público), como decisor (Juez). b) Que los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado, acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione; precisando que los beneficios inmediatos hacia los partícipes - reparación del daño para la víctima y para el imputado evitar la tramitación de un proceso que culmine con la imposición de una pena privativa de libertad- no llega al extremo de considerarse un asunto privado, razón por la cual es necesario que el Estado regule su aplicación, en atención a la naturaleza de los derechos tutelados y los que pueden ser renunciables. c) Que los mecanismos de solución alterna, invocados en los casos resueltos por los tribunales contendientes se hicieron consistir en los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, constituían mecanismos alternativos de solución al conflicto penal, que si bien no dejan de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito, en razón de que los dos caminos de solución alterna, que buscan justicia restaurativa, requieren como presupuesto el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, dado que ese consentimiento no es gratuito, pues a cambio logra paralizar la continuación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad. Asimismo, que una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio o transcurrido el plazo -si se trata de la suspensión del proceso a prueba- que se fije, sin que la suspensión fuere revocada, pagada la reparación del daño material y cumplidas las condiciones establecidas, en ambos casos el Juez decretará la extinción de la acción penal, lo que se traduce en la conclusión del conflicto penal sin necesidad de imponer una pena, principalmente de prisión, sino privilegiando la voluntad de las partes que las llevó a una solución alterna del conflicto; en cambio, si el imputado decide incumplir con las obligaciones pactadas en el acuerdo o incurre en alguna causa de revocación de la suspensión del proceso a prueba, asumirá como consecuencia la reanudación del proceso penal con todo lo que implica: enfrentar un juicio y una eventual condena, con la limitante de que la información que se genere como producto de esos mecanismos alternativos no podrá ser utilizada dentro del proceso penal. d) Que en atención a lo anterior, cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales, porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva; esto es, que se le imponga una pena privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. e) Que lo anterior, propicia una adecuada interacción entre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Juicio de Amparo, pues implica que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, el Juez constitucional pondere que la paralización del proceso motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, se debe al único propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin sanción penal, pues estimar lo contrario, no solamente se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. En ese sentido, que si el consentimiento del auto de vinculación a proceso acontece antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 461, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, con registro digital 2014495, de rubro y texto siguientes: CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, los artículos 184, 186, 188, 189 y 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen las formas de solución alterna del procedimiento, entre las cuales se encuentra el acuerdo reparatorio, mismo que puede ser celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado y una vez aprobado por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplido en sus términos, tiene como efecto la extinción de la acción penal. Asimismo, los acuerdos reparatorios proceden desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio y en los casos en que se haya dictado auto de vinculación a proceso hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio, el Juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por treinta días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. Además, los artículos mencionados establecen que una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, el juez decretará la extinción de la acción haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. Así, del disco compacto DVD remitido por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Veracruz, Veracruz, a la cual se le otorga valor probatorio pleno al tratarse de una documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, sin necesidad de desahogarse en audiencia especial, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", se obtiene que mediante resolución de nueve de diciembre del año en curso, sobreseyó en el proceso penal 631/2021 (minuto 17:30); lo anterior debido a que la quejosa llegó a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito en el proceso penal de origen. En este orden de ideas, es evidente que los actos reclamados fueron consentidos por la quejosa al optar por el acuerdo reparatorio referido, por lo que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia en estudio. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; personalmente a la parte tercero interesada, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercero interesada.

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