Karina Sarahi Yañez Ponce
Expediente 1053/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Karina Sarahi Yañez Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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MESA III. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo lo haya hecho valer en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículos 21, párrafo primero, incisos b), del Acuerdo General citado; por tanto, ambos son susceptibles de destrucción. En virtud de lo anterior, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de que se dictó el presente acuerdo, destrúyase este expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran documentos originales, ni se formó tomo por separado. Notifíquese. QSJA
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MESA VIII. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, tomando en consideración que la parte quejosa señaló como acto reclamado en esencia el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en el que se señaló una fecha errónea para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; ello, en virtud de que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, fijó como fecha el día dieciocho de enero de dos mil veintiuno, a fin de que tuviera verificativo la audiencia de ley, de lo que se colige que existe una vulneración a la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que resulta inviable llevar a cabo la audiencia trifásica que señala el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, y toda vez que de las constancias que allegó a su informe justificado, se aprecia que la autoridad responsable el siete de octubre de dos mil veintiuno, dictó un acuerdo mediante el cual, regularizó el procedimiento de origen, señalando nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia que prevé el numeral 873 del ordenamiento legal en comento, esto es para las once horas del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y lo hizo de conocimiento a las partes el pasado trece y quince del mes y año en curso. Por consiguiente, es dable concluir que se actualiza una causal de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En efecto, en el presente juicio se advierte que opera el supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. En el caso, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en el que se señaló una fecha errónea para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es para el día dieciocho de enero de dos mil veintiuno, de lo que se colige que existe una vulneración a la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que resulta inviable llevar a cabo la audiencia trifásica que señala el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable, se encuentra acreditado que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dictó el proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual, regularizó el procedimiento de origen, señalando nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia que prevé el numeral 873 del ordenamiento legal en comento, y lo hizo de conocimiento a las partes el pasado trece y quince del mes y año en curso; por tanto, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la omisión ha desaparecido. Es aplicable al caso, la tesis número P. CL/97, con número de registro 197367, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Criterio que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basan en la interpretación del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Así las cosas, al haber quedado insubsistente el acto reclamado, tornando improcedente el juicio de amparo, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la multicitada causal, además de que dicha determinación no provoca indefensión al gobernado, pues cuenta con los recursos legales que establece la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Lo anterior, sin que pase inadvertida la falta de emplazamiento de la parte tercero interesada, dado el sentido de esta determinación, pues se estima que éste no trasciende a la esfera jurídica de ninguna de las partes del juicio de origen, resultando innecesario su llamamiento a este juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis VI.2o.C.238 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 2128 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de Marzo de 2006 con el rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO. NO SE CONFIGURA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITE SER REPARADA SI SE APERSONA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO OSTENTÁNDOSE SABEDOR DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO AL QUE NO FUE EMPLAZADO, AUN CUANDO LO HAGA CON UNA ANTICIPACIÓN MENOR A LA QUE LE PERMITA DEFENDER SUS INTERESES, SI DICHO JUZGADOR AL CELEBRAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ADVIERTE QUE EL FALLO QUE EMITA HABRÁ DE SOBRESEER EN EL JUICIO O NEGAR EL AMPARO. Si se considera que el tercero perjudicado debe ser emplazado al juicio con una oportunidad tal a la celebración de la audiencia constitucional que le permita conocer el acto reclamado para, en su caso, poder ofrecer pruebas de las que ameritan anuncio y preparación especial; y que cuando el tribunal que conoce del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia que se pronuncia en la audiencia del juicio debe ordenar la reposición del procedimiento, si advierte que el tercero perjudicado no fue emplazado, siempre que el fallo sea protector, en términos del criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.", publicado con el número P./J. 44/96 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página ochenta y cinco, se concluye que si el tercero perjudicado no emplazado al juicio de amparo indirecto se apersona ante el Juez de Distrito, ostentándose sabedor de la existencia del procedimiento de tutela constitucional, pero con una anticipación menor a la que le permitiría emprender la defensa de sus intereses, dicho juzgador puede celebrar la audiencia constitucional sin necesidad de ordenar su diferimiento, si advierte que el fallo que emita habrá de sobreseer en el juicio o negar el amparo, e idéntica situación acontece para el Tribunal Colegiado de Circuito, quien no debe ordenar la reposición del procedimiento ante tal eventualidad si la sentencia que pronuncie no habrá de otorgar el amparo al quejoso, pues en ese contexto, la indicada irregularidad no trasciende al sentido de la resolución que se emite y, por ende, no se configura una violación procesal que amerite ordenar su reparación." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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MESA III. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Magistrado Titular de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por medio del cual remite copia certificada de diversas constancias que integran los autos del expediente ***, de las que destacan los autos de veintinueve de septiembre y veinte de octubre de dos mil veintiuno, en los que requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrado Titular de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente proveído, remita a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias de notificación realizada a las autoridades demandadas respecto de los proveídos de veintinueve de septiembre y veinte de octubre de dos mil veintiuno, asimismo, deberá adjuntar las documentales de las que se advierta las medidas tomadas a efecto de cumplimentar le ejecutoria dictada en el presente asunto. Conforme a lo anterior, se apercibe a ***, en su carácter de Magistrado Titular de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional) a cada uno y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, aún en el caso de que deje el cargo, si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional de conformidad con los artículos 192, 193, 198, 2381 y 258, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas, consistentes en las documentales, mismas que se desahoga por su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al momento de resolver en definitiva la presente instancia, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. [. . .]Notifíquese. QSJA
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MESA III. Visto lo de cuenta; se tiene por recibido el informe justificado rendido por: Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por sí y en representación del Pleno de la misma. A lo anterior se provee lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos y dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, en relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Igualmente, respecto a las personas que se señalan como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. Además, hacen valer causales de improcedencia, mismas que de ser procedentes serán tomadas en consideración en la resolución que se dicte en el presente asunto. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba ofrecida, consistente en la documental, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al momento de resolver en definitiva la presente instancia, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. En ese sentido, tomando en consideración la voluminosidad de las constancias remitidas, para un mejor manejo de los autos, se ordena formar un tomo de pruebas por separado, el cual quedará identificado con el número I, respetando su folio, rubrica y entresello de origen, en el entendido que las subsecuentes actuaciones judiciales se continuara en el presente expediente. Finalmente, a fin de evitar una violación procesal consistente a una falta de notificación derivado del cambio del titular; se hace del conocimiento de las partes que funge como nuevo titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, el Juez Salvador Flores Martínez, en términos de la sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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