Karina Rosalinda Maribel Duarte Cab

Expediente 1104/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1104/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Karina Rosalinda Maribel Duarte Cab
  • Karina Rosalinda Maribel Duarte Cab y Otros.
  • Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Se agrega a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio 7100 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada a su favor por este Juzgado Federal. Ahora bien, al no quedar ningún trámite pendiente por realizar en el presente cuaderno de antecedentes, archívese como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en términos del artículo Segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente cuaderno relativo al amparo en el que se declaró la falta de competencia por este Juzgado Federal, constituye un expediente auxiliar, por lo tanto encuadra en el supuesto previsto en el artículo Vigésimo, fracción I, del citado acuerdo, y en esas condiciones se hace la observación que este cuaderno deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la notificación del presente proveído, por lo cual en la carátula del expediente, hágase la anotación correspondiente a la fecha en que se ordena el archivo y que es susceptible de destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Se agrega a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio 6994 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 1104/2018 del índice de este Juzgado Federal e informa que para determinar si dicha superioridad es competente o no para conocer de la demanda de amparo, requirió al Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, remitiera los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil 1012/2018 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo indirecto de cuenta, promovida por Karina Rosalinda Maribel Duarte Cab, en contra de los actos que reclama de la Juez Primero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otra autoridad, exhibida con cuatro copias y un anexo. Del análisis de dicha demanda se advierte que la promovente de amparo señala como acto reclamado, la resolución interlocutoria de veinte de agosto del año en curso, en la que se negó admitir a trámite el juicio ejecutivo mercantil promovido por la aquí quejosa y que le correspondió el número 1012/2018 del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. De lo anterior, es de estimarse que la resolución interlocutoria reclamada, se trata de una resolución que puso fin al juicio de primera instancia; en consecuencia, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación al artículo 34 y 170 de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo. 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) .... - - - b) ... - - - c) ...- En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y" Asimismo, es pertinente citar los preceptos de la Ley de Amparo: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I.-Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán se impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones pueden ser modificadas o revocadas, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos." Así las cosas, al resultar que la resolución reclamada es de aquellas que puso fin al juicio de primera instancia; entonces, debe ser combatida en amparo directo, por tanto, se estima que el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Karina Rosalinda Maribel Duarte Cab, contra el Primero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y el Actuario de su adscripción, lo es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Mérida. Sustenta este criterio, por analogía de razón la Jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo: VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Octava Época, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero, de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También resulta aplicable al caso la Tesis: 1a./J. 97/2017 (10a.) aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2015687, Jurisprudencia, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, visible en la página 241, del rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." En consecuencia, por las razones asentadas y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente expediente que contiene la demanda de amparo de que se trata, a la Oficina de Correspondencia Común de los tribunales colegiados del Decimocuarto Circuito en el Estado, a fin de que la turne al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán; para lo que estime procedente acordar al respecto; solicitando el acuse de recibo respectivo. Fórmese el cuadernillo respectivo con las copias necesarias, como antecedente, para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda de amparo y como autorizados para tal efecto a Juan Pablo Cetina Pérez, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CITATORIO.....Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo indirecto de cuenta, promovida por Karina Rosalinda Maribel Duarte Cab, en contra de los actos que reclama de la Juez Primero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otra autoridad, exhibida con cuatro copias y un anexo. Del análisis de dicha demanda se advierte que la promovente de amparo señala como acto reclamado, la resolución interlocutoria de veinte de agosto del año en curso, en la que se negó admitir a trámite el juicio ejecutivo mercantil promovido por la aquí quejosa y que le correspondió el número 1012/2018 del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. De lo anterior, es de estimarse que la resolución interlocutoria reclamada, se trata de una resolución que puso fin al juicio de primera instancia; en consecuencia, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación al artículo 34 y 170 de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo. 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) .... - - - b) ... - - - c) ...- En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y" Asimismo, es pertinente citar los preceptos de la Ley de Amparo: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I.-Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán se impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones pueden ser modificadas o revocadas, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos." Así las cosas, al resultar que la resolución reclamada es de aquellas que puso fin al juicio de primera instancia; entonces, debe ser combatida en amparo directo, por tanto, se estima que el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Karina Rosalinda Maribel Duarte Cab, contra el Primero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y el Actuario de su adscripción, lo es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Mérida. Sustenta este criterio, por analogía de razón la Jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo: VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Octava Época, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero, de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También resulta aplicable al caso la Tesis: 1a./J. 97/2017 (10a.) aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2015687, Jurisprudencia, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, visible en la página 241, del rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." En consecuencia, por las razones asentadas y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente expediente que contiene la demanda de amparo de que se trata, a la Oficina de Correspondencia Común de los tribunales colegiados del Decimocuarto Circuito en el Estado, a fin de que la turne al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán; para lo que estime procedente acordar al respecto; solicitando el acuse de recibo respectivo. Fórmese el cuadernillo respectivo con las copias necesarias, como antecedente, para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda de amparo y como autorizados para tal efecto a Juan Pablo Cetina Pérez, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

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