Karina Ramos Cuevas
Expediente 498/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Karina Ramos Cuevas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado electrónicamente por el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, recibido en línea y en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, téngasele informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, radicando con el toca número 502/2023; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado; esto es, obran en autos las notificaciones a las partes de la sentencia dictada en el presente asunto, así como del recurso de revisión interpuesto. En esas condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se ordena remitir el presente juicio, dos tomos de pruebas, así como el original y duplicado del escrito de agravios, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a fin de que turne estos autos al Tribunal que corresponda, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos, el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ********************; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con dicho extremo, remítanse estos autos, dos tomos de pruebas, así como el original y copia del escrito de agravios que se provee al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Finalmente, se instruye al oficial encargado del SISE, para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos al tercero interesado, por así estar ordenado en autos, la sentencia engrosada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 498/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado el mismo día, Karina Ramos Cuevas promovió juicio de amparo, en contra de actos que atribuyó al Juez Segundo de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz y otra autoridad, los cuales consistieron en: "PRIMERO.- El auto de fecha 8 de junio del año 2022, dictado dentro del expediente judicial 3076/2015 del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, por medio del cual la autoridad responsable notifica mediante lista de acuerdos a la suscrita, para que dentro de un plazo de tres días desahogue la vista de la planilla de adeudo presentado por mi contraparte. SEGUNDO.- El auto de fecha 16 de junio del año 2022, dictado dentro del expediente judicial 3076/2015 del Juzgado Segundo de Primera Instancio del Distrito Judicial de Veracruz, por medio del cual la autoridad responsable turna a resolver la planilla de adeudo. TERCERO.- La resolución de fecha 23 de junio del año 2022, dictado dentro del expediente judicial 3076/2015 del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, por medio del cual la autoridad responsable resuelve sobre la planilla de adeudo. CUARTO.- El auto de fecha 18 de agosto del año 2022, dictado dentro del expediente judicial 3076/2015 del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, por medio del cual la autoridad responsable decreta adjudicación directa del inmueble hipotecado objeto de dicho expediente. QUINTO.- El auto de fecha 9 de mayo del año 2023, dictado dentro del expediente judicial 3076/2015 del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, por medio del cual lo autoridad responsable requiere a la suscita, para que dentro de un plazo de tres días a partir de que se le requiera, acuda a la notario pública número cincuenta y nueve de esta demarcación notarial, a otorgar la escritura pública de adjudicación a favor de la parte actora, BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE respecto del inmueble la casa habitación marcada con el número oficial 1434 con frente a la avenida Guadalupe Victoria, construida sobre el lote de terreno número 34, de la manzana 36, del Cuartel Tercero, de la Colonia Formando Hogar, Veracruz, Veracruz (.)" (fojas 2 a 24). SEGUNDO. Previo el desahogo de prevención formulada por este Juzgado, mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se desechó parcialmente la demanda de amparo, por lo que hace a los actos reclamados marcados con los puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO; asimismo, se ordenó admitir la demanda de amparo respecto del acto designado en el punto QUINTO; por ello, se requirió de las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados; dar la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, así como fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 14 a 21). Mediante auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó emplazar a Banco mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a través de su representante legal en su carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo (foja 30). TERCERO. Agotada la secuela procesal por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (foja 29) así como la constancia de emplazamiento de la parte tercero interesada (fojas 33 y 34) además de contarse con la constancia de notificación de la Fiscal Federal adscrita (foja 26) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción III, inciso b) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales relacionados con la garantía de audiencia y debido proceso, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado tiene efectos dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman al 1. Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz y 2. Oficial Administrativo en funciones de Actuario adscrito al Juzgado responsable, con sede en Veracruz, Veracruz,, siendo en este caso los siguientes: El auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, en la sección de ejecución del juicio especial hipotecario 3076/2015 del índice del juzgado responsable, por medio del cual se requiere a la quejosa para que dentro del plazo de tres días, acudiera a la Notaría Pública designada a otorgar la escritura pública a favor de la parte actora, respecto del inmueble número 1434 con frente a la avenida Guadalupe Victoria, construida sobre el lote 34, manzana 36, del Cuartel Tercero, de la Colonia Formando Hogar, Veracruz, Veracruz. De esta forma, establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al 1. Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz y 2. Oficial Administrativo en funciones de Actuario adscrito al Juzgado responsable, con sede en Veracruz, Veracruz, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (foja 29). Lo que además se corrobora con las copias certificadas del Juicio Especial Hipotecario 3076/2015 del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en las que se aprecia el auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés (foja 45 del tomo II de prueba) así como las demás diligencias correspondientes a dicho juicio; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Al no advertirse de oficio alguna causa de improcedencia del juicio, ni se invoca por las partes, a continuación se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa Karina Ramos Cuevas en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, pues no hay disposición legal que obligue a su transcripción, ni irrogarle perjuicio a las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Constitucionalidad de los actos reclamados. El concepto de violación expresado que en el presente asunto resulta infundado por los motivos que más adelante se indicarán. MARCO NORMATIVO Como preámbulo se destaca que, atendiendo a que, por una parte el quejoso cita indistintamente la trasgresión de sus derechos fundamentales relativos al derecho de acceso a la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional; la de audiencia reconocida en el diverso artículo 14 y la de legalidad y fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la carta magna, entonces ello inciden en la necesidad de distinguir esos derechos fundamentales a fin de exponer en mejor medida la conclusión que guarda la presente sentencia. Así, debe señalarse que jurisprudencialmente se ha establecido que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, el cual se integra a su vez, entre otros, por los principios de justicia pronta, completa, imparcialidad y gratuita. También se ha sostenido que ese derecho fundamental se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, que se encuentran internacionalmente reconocidas; las que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, finalmente, subyacen al citado derecho fundamental, pues éstas detallan sus alcances en cuanto establecen: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial, y 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por su parte, el artículo 14 constitucional, en su primer párrafo, establece la obligación que tiene toda autoridad en el ámbito de su competencia, de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, previo a generar un acto privativo de libertad, propiedad, posesiones o derechos, contemplando el derecho a la garantía de audiencia. De lo anterior, es preciso señalar que se establecen cuatro requisitos para satisfacer el derecho consagrado en el artículo 14 de nuestra máxima ley, que son: el aviso o llamamiento a juicio (emplazamiento), siendo de vital importancia en el proceso, porque se hace conocedor a una persona que existe una situación jurídica en su contra, por consiguiente tiene la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas que desvirtúen los hechos que se le atribuyen, así mismo tiene la posibilidad de alegar lo que a su derecho convenga, y por último el dictado de una sentencia que dirima el proceso Ilustra lo anterior la Jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Así también se precisa que dichas formalidades deben cumplir con la garantía de legalidad contemplada en el diverso artículo 16 constitucional, párrafo primero, del cual se destaca que, en aras de proteger el derecho humano al acceso a la justicia, señala que las autoridades responsables están obligadas a fundamentar y motivar debidamente, por escrito, cualquier acto de molestia que pueda afectar la esfera jurídica de una persona, en el entendido que los fundamentos jurídicos y la motivación deben ser congruentes con el fondo de la decisión que se emita. Por otra parte, se indica que con relación al Juicio Especial Hipotecario, cuando en la sentencia se declare procedente la vía hipotecaria, se procederá al remate de los bienes hipotecados, abriéndose la sección de ejecución e iniciándose el procedimiento de remate, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 45-L del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Cuando en sentencia no existiera condena líquida, o falte por cuantificar parte de lo condenado, en términos del numeral 361 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, la parte ganadora al promover ejecución presentara su liquidación con la cual se dará vista a la parte condenada por el plazo de tres días; si aquella no manifestara nada, se decretará ejecución por la cantidad que prudentemente aprobara el juzgador, pero en caso de inconformidad se dará vista con la misma al promovente por tres días y posteriormente, dentro del mismo término el juez resolverá lo que estime justo, Entre otras cuestiones, a fin de preparar el remate se procederá a elaborar el avalúo de la finca conforme a lo previsto en el Título Sexto, Capítulos II y V de este Código. En torno a lo cual, de acuerdo al artículo 451-M del código procesal civil del Estado, cada parte tendrá derecho a exhibir, dentro de los cinco días siguientes a que sea ejecutable la sentencia, avalúo de la finca hipotecada practicado por corredor público, institución de crédito o perito valuador autorizado, quienes deberán ratificar su dictamen ante presencia judicial al tiempo de su presentación. Para el caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo referido en la fracción anterior, se entenderá su conformidad con el que haya exhibido su contraria; Si ninguna de las partes exhibe el avalúo dentro del término señalado anteriormente, cualquiera de ellas lo podrá presentar posteriormente, considerándose como base para el remate el primero en tiempo. Y si las dos partes exhibieran los avalúos en dicho término y los valores determinados de cada uno de ellos no coincidieran, el Juez citará a una junta de peritos valuadores para que concilien sus posiciones; más si no se pusieren de acuerdo o no se hubiere presentado peritaje por las partes, el Juez designará un Perito cuyo avalúo servirá de base para el remate. Además se precisa que la vigencia del valor que se obtenga por los avalúos será de seis meses para que se lleve a cabo la primera almoneda de remate, y si entre ésta y las subsecuentes mediara un término mayor, se deberán actualizar los valores en la forma prevista en las dos fracciones que anteceden. Una vez valuado el inmueble hipotecado se procederá a remate. El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada, en remate judicial, o por adjudicación, en los casos en que no se presente otro postor. Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, y a efecto de contar con los datos suficientes para la cabal comprensión de esta resolución, tenemos que de las constancias remitidas por el Juez responsable como justificación de sus actos, correspondientes a copias certificadas del Juicio Especial Hipotecario 3076/2021 de su índice destacan (con las que se formaron dos tomos de prueba afectos a este juicio) en lo que aquí importa, los antecedentes siguientes: El juicio especial hipotecario 3076/2015 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz fue promovido por el aquí tercero interesado, Banco Mercantil del Norte S.A., a través de su apoderado general para Pleitos y Cobranzas, en contra de Karina Ramos Cuevas, en el cual se demandó la declaración judicial del vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con intereses y garantía hipotecaria celebrado entre la actora y la demandada, como consecuencia la aplicación de la garantía hipotecaria, así como el pago de la cantidad de $1,872,962.24 (un millón ochocientos setenta y dos mil novecientos sesenta y dos pesos 24/100 M.N.) por concepto de suerte principal, mas pago de intereses vencidos por determinar (fojas 2 a 7 del tomo I de prueba). Luego de que se dictara la sentencia en la que fue condenada la parte demandada, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la resolución del recurso de apelación presentado por la demandada, en la que la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, confirmó la sentencia de recurrida (fojas 162, 189, 191 a 196 del primer tomo de prueba). Por auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se aprobó convenio de transacción que fue exhibido y ratificado por las partes (foja 202 del tomo I de prueba) sin embargo, mediante escrito de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el apoderado legal de la parte actora avisó al órgano jurisdiccional del incumplimiento del convenio por parte de la demandada, y solicitó se le requiriera para que acreditara su legal cumplimiento, lo que se acordó de conformidad (fojas 1, 6 del tomo II de prueba). Dado que a pesar de haber sido notificada del citado requerimiento la demandada no desahogó el mismo, se ordenó proceder a la ejecución del convenio judicial antes mencionado y se tuvo por recibida la planilla de adeudo exhibida por la actora con la que se dio vista a la contraparte (foja 14 del tomo II de prueba). Debido a que la demandada no desahogó la vista que se le concedió se turnó a resolver la citada planilla, dictándose resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós en la que se aprobó la planilla exhibida por la actora (fojas 20 y 21 del segundo tomo probatorio). Por auto de once de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido avalúo del inmueble objeto de la garantía hipotecario exhibido por la actora y en proveído de dieciocho de agosto siguiente, dado que no la demandada no exhibió avalúo propio, se le tuvo por conforme con el ya exhibido (fojas 23 a 33, 36 del segundo cuaderno probatorio). En el mismo proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, a petición de la actora y al tratarse del único acreedor, se decretó la adjudicación directa del inmueble cada habitación número 1434 de la avenida Guadalupe Victoria construida sobre el lote número 34, manzana 36, cuartel tercero de la colonia formando Hogar en Veracruz, Veracruz (fojas 36 a 39 del tomo II de prueba). En auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó requerir a la demandada Karina Ramos Cuevas (aquí quejosa) a efecto que dentro de tres días acudiera a la Notaría Pública número 59 de Alvarado Veracruz, a efecto de otorgar escritura de adjudicación a favor de Banco mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, respecto del inmueble afecto al juicio, apercibida que en caso de no hacerlo el Juez la otorgaría en rebeldía (foja 45 del tomo II de prueba). Proveído que constituye el acto reclamado. Estos son los datos que, en lo que al caso importa, se desprenden del juicio natural. SUBSUNCIÓN Ahora, como se indicó en el apartado de considerandos de la presente sentencia, mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se desecharon diversos actos reclamados en la demanda de origen, relativos a la notificación mediante lista de acuerdos de la planilla de adeudo exhibida por la actora, resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en que se resuelve sobre la citada planilla y del auto de dieciocho de agosto del año en cita en que se decretó la adjudicación directa del inmueble hipotecado en favor de Banco mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, proveído que fue debidamente notificado por vía electrónica por este Juzgado, respecto del cual la parte quejosa no presentó medio de impugnación alguno, por lo que adquirió firmeza. De ahí que el único acto reclamado subsistente en el presente juicio lo es el auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, en que se requirió a la ahora impetrante de garantías para que acudiera ante la Notaría Pública designada a otorgar escritura de adjudicación a favor de la parte actora. Conforme lo anterior, y atendiendo a la materia del presente juicio, esto es, la materia civil, por lo que impera la aplicación del estricto derecho y sólo en casos extremos, debidamente establecidos y por excepción operará la suplencia de la queja, se analizará en el presente asunto, conforme al único concepto de violación relacionado con el citado auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Guarda relación con lo anterior, la tesis 1a. VII/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE ANTE VIOLACIONES EVIDENTES DE LA LEY QUE HAYAN DEJADO SIN DEFENSA AL QUEJOSO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Tanto la Constitución Federal como la Ley de Amparo establecen que tratándose de las materias en las que no opera oficiosamente la suplencia de la queja deficiente, la carga argumentativa de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en el quejoso. De esta forma, no es posible que tratándose de las materias civil, mercantil o administrativa, las cuales se rigen por el principio de estricto derecho, los juzgadores deban, en todos los casos, suplir la queja deficiente; pues ello implicaría ir en contra de lo establecido en el propio texto constitucional, además de que conllevaría que la excepcionalidad de la cual está revestida esta institución se tornara una regla general, lo que desvirtuaría su teleología. De ahí que el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al disponer que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en otras materias cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia ley, no viola el derecho de acceso a la justicia, pues no establece una negación de justicia ni impone una traba innecesaria para que el quejoso pueda acceder al juicio de amparo a defender sus intereses, ya que sólo se trata de un supuesto específico que el legislador incorporó para dar efectividad al medio de protección constitucional en aquellos casos en los que la violación a los derechos fundamentales es palpable y evidente, además de que no excluye una eventual aplicación de las demás fracciones previstas en el artículo 79 citado." En esas condiciones, la quejosa señaló que relacionado al citado proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, con el que se le requirió para que acudiera ante fedatario público para otorgar escritura de adjudicación a favor de Banco mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, respecto del inmueble garantía de la hipoteca; dado que en la razón levantada por el notificador se indicó que se notificó un auto de "treinta y nueve de mayo del año en curso" siendo que en el expediente natural no existe proveído alguno con dicha data, por lo que se le dejó en estado de indefensión sobre el requerimiento formulado. De esta forma, con independencia que dicho motivo de agravio se dirige a atacar la notificación del proveído de nueve de mayo del presente año, dictado en el juico especial hipotecario de origen y no el contenido del proveído en sí, dado que en el presente asunto también se señaló como autoridad responsable al actuario notificado adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia responsable, quien se encontró en aptitud de rendir su informe correspondiente, se procede a dar contestación al argumento formulado. En esas condiciones, se determina que el concepto de violación expresado resulta infundado. Esto es así, puesto que si bien es cierto, en la razón elaborada con motivo de la citada notificación, en efecto se asentó que el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se acudió al domicilio de la demandada, donde fue atendido por quien dijo llamarse Maribel Cuevas Torres, se asentó que por su conducto se notificaba a Karina Ramos Cuevas el auto de "treinta y nueve de mayo de dos mil veintitrés", también es verdad que en la copia de la cédula de notificación relativa a dicha notificación no se aprecia que se hubiere asentado dicha data incorrecta. Pero mayor aún tanto de la citada cédula de notificación, como de la propia documental exhibida por la parte quejosa con su escrito de demanda, se aprecia en la misma existe transcripción del auto notificado, en el que se advierte claramente la fecha de nueve de mayo de dos mil veintitrés, del auto comunicado. De ahí que en el caso no existe el estado de indefensión alegado por la quejosa con relación a la notificación del citado proveído, puesto que tanto de los autos del juicio de origen, como de la prueba aportada por la impetrante de garantías, se aprecia que la misma pudo imponerse del contenido del citado proveído, incluida la fecha correcta del mismo y estuvo entonces en aptitud de hacer valer sus derechos con relación al mismo. Sin que deba perderse de vista que incluso el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, señaló que aun cuando una notificación no se hubiere practicado en la forma prevista por la ley, si la persona a la que va dirigida se hubiere ostentado sabedora de la misma, tal notificación surtirá efectos legales desde entonces, y en el caso la propia quejosa ha realizado manifestaciones que implican que tuvo conocimiento completo del referido proveído. CONCLUSIÓN En ese contexto, al resulta infundado el único concepto de violación relacionado con el acto reclamado subsistente, y al no advertirse violación de garantías individuales con relación directa al mismo en el presente caso, ni existe deficiencia que suplir a favor del quejoso, dada la materia del presente amparo; lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, impetrado por Karina Ramos Cuevas. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles de la misma en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Sin que haya necesidad de realizar mayor pronunciamiento respecto a la publicación de datos personales de la tercero interesada dado que se trata de persona moral y de conformidad con los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hace alusión únicamente a las personas físicas, así conforme a la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria, se RESUELVE PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Karina Ramos Cuevas contra el acto reclamado y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución marcado, por las razones expuestas y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo sentenció y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, que autoriza y da fe, hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.Genoveva Lecona ZamoraGenoveva Lecona Zamora
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